Los representantes de las fuerzas de seguridad de Santa Fe y de Nación iniciaron este martes el trabajo conjunto en el marco del Comité Operativo, creado en el convenio presentado por el gobernador Miguel Lifschitz y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

El encuentro se realizó ayer por la mañana en el Destacamento móvil 2 de Gendarmería, en Rosario. El primer paso fue compartir información sobre los recursos, la distribución en el territorio santafesino de las fuerzas provinciales y las posibilidades de colaboración de las fuerzas federales en cada una de las ciudades, informaron fuentes oficiales de Santa Fe. Además, se puso en conocimiento a los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación del trabajo que viene realizando la provincia en la construcción de los mapas del delito en sus distintas localidades, la implementación del patrullaje por cuadrículas, el avance en la edificación del nuevo centro tecnológico para la prevención del delito y la puesta en  marcha  de nuevas tecnologías para el personal policial.

Toda esta información fue recogida por los jefes de las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad, quienes acordaron una próxima reunión para la semana siguiente, a fin de continuar avanzando en el despliegue conjunto de los efectivos. La comitiva nacional estuvo conformada por Darío Oroquieta, subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, y Martín Verrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, ambos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. También concurrieron representantes de la Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y Policía Federal.

Por parte de la provincia participaron el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; el director general de Policía de la Provincia de Santa Fe, comisario general José Luis Amaya; los Jefes de la Unidad Regional I y II, director de Policía Luis María Siboldi y Director de Policía Marcelo Villanúa y el Jefe de la Policía de Investigaciones PDI - Santa Fe, Director de Policía Daniel Corbellini.

FUENTE: Rosario3

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

El gobernador Lifschitz, el viernes en conferencia de prensa, decidió apuntar todos los cañones contra Bullrich y demostrar la intención de mantener el diálogo con funcionarios de más alta escala, llámese Rogelio Frigerio (ministro del Interior). A partir de esto, el gobierno nacional entendió que la discusión llegó a un punto cercano al no retorno y decidió que el tema lo tome el propio presidente.

De esta manera, a partir de las 17, el gobernador se sentará frente a Macri y en lo que será más un gesto de poner paños fríos, ya que el convenio se cerrará entre las carteras de Seguridad. Justamente el punto del conflicto fue la cláusula N°6, anexada a por el ministerio nacional. La misma deja en claro que la Nación podrá tener el control operacional de las fuerzas, y ejercer un control directo de la policía santafesina a partir de requerir información directa del accionar policial.

Rápidamente el gobierno santafesino afirmó que “es inviable desde el punto de vista constitucional”. Más allá de los términos con que se lo caracterice, las pretensiones de la ministra Bullrich indicaban una suerte de intervención en la fuerza provincial. Incluso la discusión se tensó cuando el jueves, horas antes de la segunda marcha Rosario Sangra, la ministra dijo que el gobernador "no quiere asumir el compromiso de depurar y hacer cambios estructurales" en la policía.

Ahora se deberá establecer qué tipo de trabajo conjunto se resuelve, cuántos gendarmes desembarcarán una vez más en la ciudad de Rosario, y por cuánto tiempo. Según se presume, esta tarde habrá fumata blanca.

FUENTE: Rosario Plus

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

"Nosotros estamos acá por decisión de la Presidenta, porque no vamos a permitir que ninguna fuerza policial extorsione al poder político. Porque las armas que le dio las constitución son para defender los derechos de los ciudadanos", remarcó el secretario de Estado en diálogo con la prensa local.

A horas de terminar el turno de la primera quincena de enero, la jueza Alejandra Rodenas hizo un balance de la investigación por el homicidio de Luis Medina y Justina Pérez Castelli. Lo consideró "positivo" porque "más allá de los actos fallidos al inicio de la pesquisa, las pruebas se preservaron". Al mismo tiempo, habló de "tres hipótesis interesantes" en el marco de la causa por el hecho cometido el 29 de diciembre, en el acceso sur y Ayolas, pero no dio precisiones. Se refirió a los "actos fallidos" con la "inusual" situación con la computadora Mac de Medina, y a las "excusas" de tres agentes de la División Judiciales que intentaron ingresar al country de Pilar, donde vivían las víctimas, sin orden judicial y un día antes del allanamiento previsto. También confirmó que el jefe de esos agentes, Cristian Romero, está citado a declaración informativa para el 6 de febrero. "Me llamó la atención que no se presentara espontáneamente", deslizó. A modo de reflexión, dijo que "la narcocriminalidad configura un nuevo paradigma; y los poderes judicial, político y legislativo requieren de nuevas herramientas ante el fenómeno".

La jueza de Instrucción Nº 2 se tomó unos minutos antes de referirse a la causa, y habló del fenómeno de la narcocriminalidad en Rosario. "El Poder Judicial se está enfrentado a la complejidad de una investigación interceptada por otras matrices que son diferentes a las que veníamos trabajando, durante estos años. Esto nos pone frente a un nuevo paradigma, un nuevo modelo de investigación y a un modelo social que de alguna manera se nos está imponiendo. Este nuevo paradigma es el de los crímenes en el marco de la llamada narcocriminalidad", reflexionó. "Los jueces y los fiscales de la provincia investigamos los homicidios, que son nuestra competencia; todo aquello que tenga que ver con la narcocriminalidad es competencia de la Justicia Federal. Pero lamentablemente, esto hace que el fenómeno se complejice. La narcocriminalidad invadió la competencia de los juzgados provinciales. Yo creo que, como ya dije, esto llegó para quedarse. Aun estando frente a este fenómeno que atraviesa la sociedad, la conmueve y la preocupa, esto no debe hacernos olvidar de las garantías del debido proceso. La demanda social se lee". En otro tramo, agregó que "el poder político tomó medidas que consideró adecuadas y no soy quién para establecer si lo son o no".

Al hablar de la investigación en la que está trabajando sin descanso, a igual que con la decena de homicidios que hubo durante el turno de la primera quincena de enero, Rodenas prefirió no dar precisiones sobre las líneas de investigación y se limitó a decir que existen "tres hipótesis interesantes" sobre presuntos autores materiales o intelectuales. Y agregó: "Se dice que Medina era parte de una organización criminal, y hay ríos de tinta escritos sobre esto. La señora (Daniela) Ungaro define a su ex pareja como un empresario, y de hecho hay dos empresas a su nombre. Hay especulaciones, pero las puntas de la investigación nos van a llevar a esas cuestiones, tanto sobre los supuestos negocios como sobre personas que llegaron a tomar tamaña decisión. Alguien ordenó matar a Medina, o alguien fue a matarlo directamente. En esos alguienes (sic) estamos trabajando". En ese sentido, destacó el "compromiso" de los fiscales Esteban Franicevich y Cristina Rubiolo; y el "acompañamiento" del procurador Jorge Barraguirre.

Rodenas aclaró que investiga el doble crimen tiene a la pareja como víctima, y recordó que mandó oficios a la Procunar para contar con "garantías de mayor información", como se les solicitó también a la Justicia Federal de Rosario y a la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial, "para que informen sobre algún dato que pueda llevar a autores materiales e intelectuales", aclaró.

Para Rodenas "es claro que ante la aparición del nuevo paradigma, el poder judicial, político y la policía como brazo armado, debemos tener en claro que las respuestas deben ser diferentes frente al fenómeno".

"Actos fallidos". Las dos situaciones confusas que se dieron durante los primeros días de la investigación fueron calificadas así por la magistrada, en referencia a la pericia sobre la computadora Mac de Medina, que fue enviada a Santa Fe para ser analizada por funcionarios políticos; y el intento de ingreso de tres policías de la división Judiciales a la casa de Medina en el country de Pilar, donde estaba ordenado un allanamiento para dos días posteriores a la confusa situación que terminó con los tres efectivos en disponibilidad y su jefe citado a declarar en el juzgado.

Rodenas dijo que las "excusas" de los efectivos que "intentaron cruzar las barreras del country" de Pilar, sin orden judicial, para llegar a la casa del presunto narco asesinado, no la dejaron satisfecha. Consideró el suceso como "una muy grave irregularidad". Y planteó que esas justificaciones "escondían los verdaderos propósitos". Según indicó, no pudo "definir cómo fue la cadena de órdenes" porque cuando citó a Romero le comunicaron que había salido de licencia desde el 8 de enero al 5 de febrero. Así, quedó citado para el día siguiente a su regreso. La magistrada dijo que le sorprendió que "ante tamaño hecho -registrado el sábado 4 de enero- el comisario Romero no se haya presentado espontáneamente". Los tres policías a su cargo tienen una causa en Pilar por abuso de autoridad.

En tanto, sobre el desbloqueo de la notebook, consideró "inusual" que dos funcionarios de gobierno prestaran colaboración antes de que la jueza la solicitara o diera la orden de intervención, la misma noche que ocurrió el homicidio. Si bien se aclaró que fue la jueza Raquel Cosgaya quien dio la orden de que así se hicieran las cosas, habló de una orden telefónica a las 23.59 del domingo del homicidio, día en el que fue imposible comunicarse con la jueza que correspondía al turno, María Luisa Pérez Vara. Las dudas están en que previo a que Cosgaya fuera consultada desde la oficina de pericias, dos funcionarios llegaron desde la secretaría de Tecnología del gobierno.

La jueza recordó ayer que luego de que fuera secuestrada la notebook de la habitación 241, que Medina ocupaba en el Hotel Pullman, la Mac fue llevada a Pericias Informáticas de la policía. Tal como expresa el acta, cuando estaba por ser precintada a la espera de una orden judicial, llegaron dos funcionarios de la Secretaria de Ciencia y Tecnología. Luego se hizo presente la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren, que se encontró con que ya estaban en el lugar dos personas (Echaniz y Degrati) ajenas al Poder Jdicial, funcionarios del ministro (de Seguridad, Raúl) Lamberto, "en colaboración". Recién entonces fue consultada Cosgaya. "Son criterios judiciales de evaluación de la prueba", dijo Rodenas sobre la decisión de su colega. "Lo que me resulta inusual o extraño es por qué había dos funcionarios provinciales en el lugar antes de que la jueza diera la orden", planteó.

Apenas Rodenas tomó la causa, el 30 de diciembre, ordenó que la computadora volviera a Rosario para ser trasladada a Buenos Aires, por personal de Gendarmería Nacional, dependencia que le da "garantías de imparcialidad".

FUENTE: Rosario/12

La consulta con el secretario del juzgado de Cosgaya fue posterior, cuando los técnicos ya habían accedido a la clave. El 29 de diciembre pasado, cuando la noticia del crimen del presunto narco Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli sacudía la modorra dominguera de las redacciones, el subcomisario Nicolás Martín Llanes, jefe de la Sección Pericias Informáticas de la Policía de Rosario, se disponía a labrar un acta burocrática que, unos días después, sería la piedra fundamental de un escándalo político.

Refiriéndose a él en tercera persona, escribe: “A los fines legales que diera lugar hace constar que”. Y allí anota datos claves de una de las polémicas que sobrevuela la causa por el asesinato de Medina. “Se hacen presentes en esta sección los señores Javier Echaniz y Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnología del Ministerio de Gobierno, los cuales fueron enviados por el Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Dr. Lamberto a los fines de que brinden colaboración en el desbloqueo del teléfono celular marca Samsung (…) y de una Macbook (ultrabook) marca Apple (…), elementos que fueron secuestrados en relación a una causa caratulada NN s/homicidio víctima Luis Medina”.

La misma acta revela que los funcionarios “enviados” por Lamberto llegaron antes de que la policía realizara la correspondiente consulta con la justicia para entregar los elementos de prueba a los funcionarios políticos del gobierno. El documento deja constancia de que también estaba en la Jefatura de Policía el jefe y subjefe de la Agrupación Unidades Especiales, Guillermo Morgans y Javier Leiva, y el jefe de la Brigada de Homicidios subcomisario Lanche.

El acta revela que los funcionarios “enviados” por Lamberto llegaron antes de que la policía realizara la correspondiente consulta con la justicia para entregar los elementos de prueba a los funcionarios políticos del gobierno.

LA ORDEN

Luego, el acta labrada por el subcomisario Llanes señala que “se hace presente además a las 00.20 hs la señora fiscal de Cámaras Dra. Iribarren (María Eugenia), quien consultada por el temperamento a seguir con los elementos de prueba bloqueados, la misma efectúa una consulta telefónica con el Dr. Acosta, secretario del juzgado interviniente, quien previa consulta con la Sra. jueza en turno, Dra. Raquel Cosgaya, el mismo dispone que de acuerdo a lo ordenado por la magistrada, dichos elementos bloqueados sean remitidos a la Secretaría de Tecnología del Ministerio de Gobierno a los fines de que se realice la medida pericial requerida (…)”.

Así, el acta policial del día del crimen de Medina, a la que tuvo acceso Redacción Rosario, revela tres datos importantes sobre la polémica: que los funcionarios del área tecnológica llegaron “enviados” por el ministro Lamberto; que lo hicieron antes de que la fiscal de Cámaras Iribarren solicitara que se hiciera la consulta con la jueza en turno; y que la jueza habría dado la orden en forma telefónica al secretario del juzgado, quien la transmitió a los policías.

El 2 de enero, la jueza de instrucción Raquel Cosgaya desmintió al diario La Capital haber sido quien dio la orden de enviar la notebook y el celular de Medina a manos de funcionarios del gobierno de Bonfatti. Dijo: “La policía que intervenía me consultó si efectivos de la Agrupación Unidades Especiales podían registrar un celular y no una computadora. En un momento en que había que actuar con rapidez respondí que el criterio debía ser que interviniera dentro de la policía quien tuviera aptitud para hacerlo. Pero nunca autoricé a un funcionario del Poder Ejecutivo”.

Cosgaya tuvo que intervenir ante la imposibilidad de los policías de ubicar a la jueza que estaba en turno ese día, la titular del juzgado de instrucción 5ta, María Luisa Pérez Vara, quien nunca atendió el teléfono que utilizan los magistrados en turno. De esa acta se toman los funcionarios de la Casa Gris, y hasta el propio gobernador, para asegurar que el envío de los elementos tecnológicos secuestrados en el hotel donde estaba hospedado Medina fuera a parar a manos de Echaniz y Degrati.

LA HORA

Pero existe otra acta, labrada el 30 de diciembre en la ciudad de Santa Fe por el sargento Franco Arana, numerario de la División Asuntos Internos, que revela otro dato clave sobre la polémica en relación al cuidado de las pruebas del crimen de Medina. Arana había sido designado el día antes por la fiscal de Cámara Iribarren para que sea quien traslade la computadora y el teléfono del presunto narco hasta el Centro de Cómputos de la provincia, donde se realizaría la pericia. Junto a otros policías que lo acompañaban, el sargento Aranda llegó al edificio del área de Tecnología a las 11.26 del penúltimo día del año 2013.

Dejó constancia de que allí lo recibieron Echaniz, Degrati, el director provincial de Comunicaciones, Guillermo Porchietto, y un suboficial de la División Informática de la policía santafesina. Pero lo más importante del acta es cuando registra que “el licenciado Degrati relata que en el día 29 del corriente, siendo las 23.59 aproximadamente, encontrándose en la oficina de pericias informáticas de la UR II (Rosario), en oportunidad en que procedió a examinar dicha ultrabook, de acuerdo a las órdenes impartidas por la autoridad judicial mencionada (la jueza Cosgaya), notó que el acceso al sistema operativo se encontraba restringido mediante una contraseña y al ingresar sin clave aparecía una ayuda con el texto: “me llamo al revés”, por lo que se ingresa el nombre de pila del usuario en forma regresiva, SIUL, logrando iniciar sesión”.

Aranda también da cuenta que Degrati “realizó un respaldo completo del directorio raíz en formato comprimido” y que fraccionó los datos por si fuera necesario “copiarlo a un medio de almacenamiento de menor tamaño que el archivo en cuestión”. Y asegura que esos archivos fueron guardados en la misma computadora. Lo sorprendente es que según esta acta Degrati realizó esa operación el 29 de diciembre a las 23.59, mientras que de acuerdo al documento anterior la fiscal Iribarren llegó a las 00.20, es decir 21 minutos después, y recién allí indicó que se realizara la consulta con el secretario Acosta, del juzgado de Cosgaya, quien habría dado la orden de que la notebook fuera peritada por los funcionarios del gobierno provincial. Según los documentos oficiales, el subsecretario de Tecnología desbloqueó el equipo informático antes de la presunta orden telefónica de la jueza a través del secretario de su juzgado.

PERICIA INTERRUPTUS

De acuerdo a esos documentos, que están en manos de la jueza de instrucción Alejandra Rodenas, quien finalmente se hizo cargo del caso, la pericia no llegó a completarse en Santa Fe. De todos modos, se “realizó una vista general del contenido del equipo” y capturas de pantalla de contraseñas utilizadas por Medina, búsqueda de correos electrónicos y movimientos de archivos de los 15 días anteriores al crimen de su propietario. Pero la tarea no pudo completarse. Escribe el sargento Arana: “Siendo las 13.47, recepciono en mi celular un llamado del comisario inspector Guillermo Morgans, jefe de Agrupaciones Unidades Especiales de la URII, quien trasmite en el acto lo ordenado por la Dra. Alejandra Rodenas, a cargo en la actualidad en suplencia del juzgado de instrucción 5ta, de suspender la pericia en el estado en que se encuentra y secuestrar todos los elementos utilizados para realizar la pericia hasta el momento del llamado”.

Por las dudas, Arana realizó una consulta telefónica con un superior, “quien ratifica lo ordenado” por Morgans. La notebook y el celular de Medina comenzaban a desandar nuevamente la autopista hacia Rosario, donde los esperaba la jueza Rodenas para hacerlos peritar por Gendarmería nacional.

FUENTE: Redacción Rosario
 

Personal de Gendarmería se reunió en Rosario con Alejandra Rodenas, jueza a cargo de la causa del doble homicidio, con quien acordaron que la apertura del aparato se hará en presencia de un veedor judicial local.

Tal como lo recibió de la Provincia por expreso pedido propio, la jueza entregó el material –la computadora personal de Medina, hallada en la habitación del hotel Pullman donde se alojaba, y un celular que llevaba en su poder cuando lo mataron– en una caja sellada.

Dado que la computadora alcanzó a ser operada y desbloqueada por parte de un funcionario ajeno al poder judicial, ahora los hombres de Gendarmería deberán reconstruir cuáles fueron los últimos pasos realizados sobre el aparato y constatar si hubo eliminación de datos.

Rodenas había ordenado la inmediata devolución de ese material ni bien tomó conocimiento de que la evidencia en cuestión había sido manipulada por el secretario de Tecnología de la provincia, Javier Echaniz, quien había logrado desbloquear la computadora, algo que no habían conseguido los expertos policiales, según afirmaron desde el Ejecutivo.

Si bien el gobierno alegó que el área técnica del Ejecutivo actuó con una orden judicial, la jueza Raquel Cosgaya, quien estuvo a cargo de la causa durante los primeros dos días, lo desmintió: “La policía que intervenía me consultó si efectivos de la Agrupación Unidades Especiales podían registrar un celular y no una computadora. En un momento en que había que actuar con rapidez respondí que el criterio debía ser que interviniera dentro de la policía quien tuviera aptitud para hacerlo. Pero nunca autoricé a un funcionario del Poder Ejecutivo”, afirmó la magistrada.

Dado que la computadora alcanzó a ser operada y desbloqueada por parte de un funcionario ajeno al poder judicial, ahora los hombres de Gendarmería deberán reconstruir cuáles fueron los últimos pasos realizados sobre el aparato y constatar si hubo eliminación de datos.

En la reunión de este lunes, de la que también participó la fiscal de Cámaras Cristina Rubiolo, se acordó que la primera apertura de la Mac se hará en la Capital Federal. En un contexto viciado de dudas y cuestionamientos por el presunto manoseo de la evidencia, los gendarmes solicitaron que ese acto sea presenciado por un funcionario judicial rosarino.

FUENTE: Redacción Rosario

Efectivos del Escuadrón 22 “San Antonio de los Cobres” interceptaron la marcha de un camión procedente de la ciudad de Salta en un retén sobre la Ruta Nacional N° 51 presumiblemente con rumbo a Bolivia.

Al efectuar la requisa del rodado, los gendarmes constataron la existencia de 24.900 kilos de carbonato de sodio (componente que puede ser empleado para la elaboración básica de cocaína procesada en el exterior), contrariamente el remito de la empresa figuraba como carga del rodado un mineral conocido como “reproceso de borax 10”.

Intervino el Juez Federal Nº 1 de la ciudad de Salta, quien dispuso el secuestro del camión y la incautación de la sustancia por ser considerada precursor químico esencial para la elaboración de estupefaciente. Por su parte, el conductor del camión quedó supeditado a la causa por encontrarse en infracción a la Ley 26045 que regula la creación del registro nacional de precursores químicos ya que no figuraba inscripto en la base de datos de la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contar el narcotráfico (Sedronar).

El operativo Escudo Norte se enmarca en directivas emanadas por los Ministerios de Seguridad y de Defensa de la Nación, utilizando modernos radares militares, helicópteros, aviones, embarcaciones y recursos humanos de los sistemas de Seguridad y Defensa puestos al servicio de la lucha contra el crimen organizado.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Gendarmería

Al salir al cruce del reclamo formulado por funcionarios provinciales del gobierno de Santa Fe, que conduce Antonio Bonfatti, Berni aseguró que "la Gendarmería no hace seguridad ciudadana en Santa Fe".

"Aquel que cree que 150 gendarmes hacen a la seguridad de Santa Fe, la verdad que no entiende nada", consideró el funcionario sobre la desafectación de gendarmes que cumplían funciones en distintos puntos de la provincia.

"Si bien se trata de un delito federal, la lucha debe estar encabezada por los gobernadores, con la seguridad ciudadana y no porque lo diga yo, sino porque lo dice nuestra Constitución"

Asimismo, aseguró que "el gobierno nacional destinó más gente -a la seguridad- que los gendarmes que reclama" la administración provincial.

En declaraciones formuladas a LT8-Rosario, Berni sostuvo que "estamos haciendo un gran aporte a la provincia de Santa Fe".

"Por cada hombre gendarme hay otros muchos de las fuerzas federales afectados a las tareas de inteligencia y contrainteligencia y a veces se enojan porque no se enteran de nuestro trabajo y esto es parte de la metodología con que se trabaja, porque hay mucha infiltración", añadió.

"Muestra de ello es el resultado obtenido la semana pasada. La cocina más grande de droga que hemos detectado en la Argentina, estaba en la puerta de Rosario", consignó Berni al referirse al megaoperativo concretado el último jueves en el sur provincial, en el que se incautaron más de 300 kilogramos de cocaína y se detuvo a 12 personas, entre ellos a un líder narco.

Aclaró que "aquí no se trata de confrontar con nadie, se trata de aportar para combatir el flagelo de la droga".

Enfatizó que "si bien se trata de un delito federal, la lucha debe estar encabezada por los gobernadores, con la seguridad ciudadana y no porque lo diga yo, sino porque lo dice nuestra Constitución".

"Sabemos que en las políticas públicas los espacios no existen; espacio cedido es espacio ocupado y la verdad es que cuando no hay una fuerte presencia policial en los barrios más vulnerables es cuando los narcotraficantes toman el control", consideró.

Para Berni, "una de las causas para el gran asentamiento de los narcotraficantes en Rosario y en el sur provincial es la connivencia con la policía de Santa Fe, con la custodia de los bunkers, y esto no lo digo yo, sólo hay que dedicarse a leer los expedientes de la justicia".

"La verdad que es un gran embrollo, es una trama muy difícil de romper, para lo cual estamos trabajando responsablemente", consideró finalmente Berni.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam