A la calificación de "inaceptable", a la decisión del gobierno provincial de desviar 25 millones de pesos de fondos de reserva destinados a la Educación para publicidad y propaganda, el Sadop Rosario suma un estudio del Instituto de Programación Económica Financiera (Ipef) de la Fundación Para la Integración Regional, para argumentar por qué ha generado tanto malestar esta decisión oficial.

Más allá de que la ministra de Educación, Claudia Balagué, ha desmentido que se haya tocado el presupuesto educativo, admitió que esos 25 millones de pesos "tenían una función vinculada a Educación".

Esta vez se ha decidido quitarle recursos al área de Educación, que tanto los necesita, para ser destinados a publicidad justamente en el transcurso de un año electoral.

"¿Por qué irrita tanto que la plata de Educación vaya para financiar el gasto en publicidad?" Se pregunta el análisis difundido por el Sadop, cuyo autor es el investigador del Ipef Fermín Oyarzabal. La nota avanza “sobre la modificación presupuestaria que realizó el Gobierno Provincial para ampliar los montos destinados a publicidad, la comunidad educativa en pleno mostró su malestar, mientras que desde el Gobierno sostienen que es una mera reasignación de recursos cotidiana y no entienden el porqué de tal reacción".

"En primer lugar, es real que es una práctica cotidiana la modificación de los presupuestos aprobados y los Poderes Ejecutivos están facultados para realizarlas dentro de ciertos cánones, lo que otorga cierta flexibilidad al Gobierno para desempeñar su gestión. Pero no menos cierto es que haciendo uso de estas facultades esta vez se ha decidido quitarle recursos al área de Educación, que tanto los necesita, para ser destinados a publicidad justamente en el transcurso de un año electoral”, dice el especialista.

"¿Es real que el Ministerio de Educación puede prescindir de esos fondos? —continúa— En absoluto, si la reasignación de partidas hubiera tenido otro destino pero dentro del propio Ministerio estos se podrían haber utilizado para la inversión en infraestructura que el mismo debe realizar en el transcurso de este año y frenar el estado de deterioro en que la misma se encuentra. Es de notorio conocimiento que la inversión pública del Estado Provincial viene en franca caída, ubicándose en niveles cercanos al año 2002, producto de la cotidiana subejecución de las partidas presupuestarias destinadas a ese fin".

De acuerdo con el análisis de Oyarzabal, “la gravedad de la situación es tal que la Provincia de Santa Fe en el período 2008-2011 fue la segunda provincia con menor grado de inversión pública de todo el país. De esta forma, el Ministerio de Educación no ha podido mantenerse al margen y ha sufrido, tanto o más que otras reparticiones del Estado Provincial, la merma en su nivel de inversión. Así, lo que el Ministerio gasta todos los años en infraestructura y destina principalmente a las refacciones edilicias, ha sido en el año 2012 menor a la cifra del año 2008".

El experto dice además que "el monto de la modificación presupuestaria que hoy está en discusión no fue menor y su reasignación adentro del propio Ministerio hubiera tenido una notoria incidencia, ya que 25 millones representan aproximadamente el 35% de lo invertido en 2012 por el Ministerio para reparar las escuelas. Lo que el Gobierno no comprende es que lo que molesta más aún que el hecho de invertir cada día menos, es no gastar la plata que se tiene".

También se indica “que el año pasado de los Gastos de Capital presupuestados, sólo se ejecutó el 26%, quedando 200 millones sin ejecutar. Es decir, de cada 4 pesos que se presupuestaron como inversión sólo se gastó 1 peso. Es entendible que haya proyectos presupuestados que por uno u otro motivo no deban ser realizados u otros que puedan ser pospuestos por falta de fondos debido a caídas transitorias en la recaudación. Esas situaciones pueden ser comprendidas por la comunidad educativa".

"Lo que es imposible pedirle —concluye el análisis— es que tolere que sistemáticamente, año tras año, se le prometan una cierta cantidad de obras en el presupuesto que luego no se ejecutan. De esta manera, cuando hoy se le intenta explicar que el aumento en publicidad y la reducción en obras para educación es una mera reasignación presupuestaria sin efectos concretos es más que entendible que ésta reaccione de la forma en que lo hizo. Hoy lo que le sobran son fundamentos, lo que le faltan son obras que le prometieron".

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: La Capital

Ese monto es más de la mitad de lo que cuesta el Cemafe, paralizado por deudas que el gobierno provincial mantiene con la empresa que realiza la obra.

En un año electoral algunos gobiernos modifican prioridades: sin embargo, no deja de llamar la atención la decisión del gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, que a través de un decreto decidió modificar el presupuesto 2013 para aumentar en 25 millones de pesos el dinero destinado a la publicidad oficial. ¿Dónde debía ir ese monto? Según se desprende de la información divulgada de manera oficial por el Ejecutivo, estaba destinado a Educación.

El decreto lleva la firma del gobernador, del Ministro de Economía, Ángel Sciara, y de quien, a partir del mismo, comenzó a manejar ese dinero: el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi.

El decreto lleva la firma del gobernador, del Ministro de Economía, Ángel Sciara, y de quien, a partir del mismo, comenzó a manejar ese dinero: el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, ya que los 25 millones fueron a parar a la cartera que él controla.

ARGUMENTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL

“La necesidad de refuerzo de la partida se fundamenta en la permanente difusión de las actividades desarrolladas en el marco de la gestión de gobierno, como así también en el cumplimiento de los requisitos legales atinentes a la publicación de licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y similares que la normativa exige, a lo que se agrega el fuerte impacto de los incrementos de tarifas de una gran cantidad de medios que a la fecha se han debido autorizar para poder utilizarlos como vías de difusión”, según el decreto.

La información, que puede chequearse en la propia página del Gobierno de Santa Fe, fue publicada por el blog Nestornautas. Según ese artículo, “el gobierno provincial podrá gastar en este año electoral, a $ 168.039.000, o lo que es lo mismo, al 0,42 % del presupuesto total; lo que sería el equivalente en la Nación a que Cristina gastara $ 2.640.593.416 en publicidad oficial; más de dos Fútbol Para Todos”.

“De acuerdo con el Presupuesto nacional 2013, la publicidad oficial son unos $ 621.105.869; lo que implica que. en un presupuesto 15,66 veces más grande que el de Santa Fe, Cristina gasta en publicidad (en plata) 3,69 veces lo que gasta Bonfatti”, agrega.

La cifra es significativa y bien vale otra comparación: el monto original de la obra del Cemafe era de $42.375.274,19. Hoy la obra está paralizada (como informó Código 3000, al igual que la construcción del resto de los hospitales anunciados por el gobierno provincial) y la UOCRA se manifestó en varias ocasiones por el despido de trabajadores. Es decir que Bonfatti decidió girar a publicidad oficial más de la mitad de lo que costaba, en un primer momento, el Cemafe. 

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Redacción Santa Fe

Ya suman cinco los efectivos apresados en el marco esa pesquisa.

Fuentes judiciales y policiales informaron que los detenidos son el comisario Cristian Floiger, jefe de la sección Inteligencia Zona Sur de ex Drogas Peligrosas, y el comisario Guillermo Cardini, segundo jefe de la División Automotores.

Ambos fueron apresados anoche por orden del juez de Instrucción 5 de Rosario, Juan Carlos Vienna, en el marco de la causa en la que se investiga desde septiembre pasado a policías por presuntamente facilitar información y procurarle protección a las redes vinculadas a homicidios y tráfico de estupefacientes en Rosario, detallaron los voceros.

Fuentes judiciales y policiales informaron que los detenidos son el comisario Cristian Floiger, jefe de la sección Inteligencia Zona Sur de ex Drogas Peligrosas, y el comisario Guillermo Cardini, segundo jefe de la División Automotores.

"El comisario Floiger quedó detenido anoche y se encuentra incomunicado a disposición del juez", informó oficialmente esta mañana el jefe de la división ex-Drogas Peligrosas de la Policía de Santa Fe, comisario Sergio Gorosito.

El jefe policial explicó que Floiger fue citado anoche al despacho de la división, ubicada en la zona sur de Rosario, lugar donde se le informó que quedaba detenido por orden judicial.

El comisario Gorosito sostuvo "que la decisión judicial causa conmoción en la fuerza pública" al tiempo en que resaltó "el compromiso de otros muchos policías".

En tanto, el comisario Cardini, sobre quien pesaba un pedido de captura librado por el juez Vienna, se presentó anoche en forma espontánea en la sede de la jefatura de policía de Rosario, donde quedó detenido e incomunicado, consignaron las fuentes.

Ambos oficiales, al igual que otros tres detenidos el mes pasado, están acusados de actuar en presunta connivencia o en asociación ilícita con bandas de narcotraficantes de la zona sur de la provincia de Santa Fe, que comenzaron a ser
investigadas por el juez a partir del crimen de Martín "El fantasma" Paz, un sindicado jefe de la banda narco "Los Monos", que fue acribillado a balazos en septiembre del año pasado.

El 27 de junio último, en el marco de la misma causa, fue detenido el subcomisario Angel Alvaro Avaca y una semana antes habían sido apresados el comisario Gustavo "Gula Gula" Pereyra y el sargento Juan "Chavo" Maciel.

Fuentes judiciales indicaron que tanto Pereyra como Maciel formaban parte de la estructura de la flamante secretaría de Delitos Complejos del ministerio de Seguridad de Santa Fe, creada a partir del escándalo por la detención del ex jefe de Policía de Santa Fe, comisario Hugo Tognoli, procesado por la supuesta protección a un narco.

Las detenciones de Pereyra y Maciel llevaron a que la secretaria de Delitos Complejos, Ana Viglione, compareciera en el mes de junio pasado ante la Cámara de Diputados provincial para brindar explicaciones.

Los supuestos vínculos entre policías santafesinos y las organizaciones relacionadas con el narcotráfico también se investigan en la causa que se tramita en la órbita de la Justicia Federal en la que está implicado el ex jefe Tognoli junto a un comisario y un suboficial, cuyos procesamientos fueron confirmados el mes pasado por la Cámara Federal de Rosario.

Mientras tramita la causa, el juez Vienna denunció que fue amenazado y que sabe que se ofrecen 500.000 pesos "por su cabeza".

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

ESCUCHA TAMBIÉN: La Guerra Narco en Rosario

La tasa de homicidios dolosos registrada en el departamento Rosario en el año 2012 fue de 15,1 cada 100.000 habitantes, cifra que supera a los distritos con mayores tasas del Conurbano.

Mientras tanto, en el departamento judicial La Matanza, donde residen 1.775.816 personas se cometieron 171 homicidios, arrojando una tasa de 9,62 cada 100.000 habitantes.

La tasa más alta del Conurbano se dio en el Departamento Judicial San Martín (comprende los partidos de San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero y San Miguel): fue de 11,18 (181 homicidios, entre una población de 1.618.813).

En el Departamento Judicial Lomas de Zamora se registraron 216 homicidios, lo que implicó una tasa de homicidios de 8,86 cada 100.000 habitantes.

RÉCORD EN LA PAMPA HÚMEDA

Además el informe revela que la cantidad de homicidios en Rosario es muy superior a los registrados en provincias vecinas. Entre 2008 y 2012 el departamento Rosario triplicó el número de homicidios dolosos, mostrando una tasa que aumentó más del 30%. Hace 5 años, en Rosario hubo 121 asesinatos. Y la cifra trepó a 182 homicidios dolosos el año pasado.

Esto no ocurrió en provincias cercanas, como Buenos Aires. Allí, en los mismos 5 años, los homicidios dolosos bajaron un 21% en términos absolutos, según datos publicados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en su Informe de Estadística Criminal de la Provincia de Buenos Aires.

La investigación sostiene que en el 2012 la tasa de homicidios dolosos registrada en el departamento Rosario fue de 15,1 cada 100.000 habitantes. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, en el año 2012, la tasa de homicidios se ubicó en 7,6 cada 100.000 habitantes.

Siguiendo las comparaciones, y pasando a otra provincia, podemos destacar que en toda la provincia de Córdoba (3,3 millones de habitantes) se registraron 64 homicidios dolosos entre enero y abril de 2013, mientras que sólo en el departamento Rosario (1,1 millones de habitantes) en el mismo período hubo 82 asesinatos, un 28 por ciento más que en toda la provincia mediterránea.

FUERTE CRECIMIENTO DEL CRIMEN

En los primeros cinco meses del 2013 se ha registrado un notable incremento de los homicidios respecto a años anteriores, Indica la investigación. En los primeros cinco meses de 2008 hubo 33 asesinatos y en lo que va de 2013 se cuentan más de 95 homicidios dolosos. Estos elementos de este informe fueron expresados en una nota de opinión del recientemente designado Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi.

La curva de homicidios dolosos cometidos en Rosario en los primeros cinco meses del año fue siempre en crecimiento desde que asumió la gobernación Hermes Binner. Entre enero y mayo de 2009 hubo 49 homicidios dolosos; en el 2010 se registraron 48; hubo 67 en el 2011; y 75 en el año 2012.

CONCLUSIONES

Las deducciones que desarrollan los investigadores que elaboraron este trabajo sostienen que: “No se puede dejar de tener en cuenta que la situación que se vive en la ciudad es alarmantemente más grave que en el resto del país”.

Finalmente el último párrafo de la investigación sostiene que: “El nivel de complicidad entre la policía y las bandas narcos hace que las cifras del delito sean de las más altas del país. Finalmente, si hiciéramos el ejercicio de ubicar al departamento Rosario en un cuadro donde comparáramos las tasas de homicidios de los diferentes países de la región, encontraríamos al departamento Rosario por encima de los registros de países como Nicaragua (12,6 homicidios cada 100.000 habitantes), Paraguay (11,5 homicidios cada 100.000 habitantes) y Perú (10,3 homicidios cada 100.000 habitantes), entre otros”. 

 

FUENTE: Infonews

El magistrado ya había procesado a ambos policías por tráfico de estupefacientes, pero volvió a analizar la situación procesal de los imputados ante un pedido de la fiscalía federal 2 de Rosario, que reclamó agravantes en la figura aplicada, según informaron fuentes de la investigación.

El fiscal Juan Patricio Murray había solicitado al juez Vera Barros que aplicara a Fernández y Quintana los agravantes por la intervención de tres o más personas organizadas para cometer el delito de tráfico de estupefacientes y la condición de funcionario público de ambos acusados

El juez dictó este jueves un nuevo auto de procesamiento en el que imputó los agravantes a Fernández pero dictó la falta de mérito en el caso del cabo Quintana, dijeron fuentes judiciales.

De todos modos, Quintana continúa procesado por el delito de tráfico de estupefacientes, añadieron los informantes.

El comisario Néstor Fernández era el jefe de la Brigada Operativa Departamental de la localidad santafesina de Venado Tuerto cuando en 2009 el presunto narco Ascaíni llamó a una comisaría de Villa Cañás para solicitar información sobre un vehículo que lo perseguía, recordaron voceros del caso.

Según el expediente, el cabo Quintana atendió la llamada de Ascaíni y tras verificar que los vehículos que lo seguían pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se lo comunicó al hombre que hoy está procesado por narcotráfico.

Ese aviso le permitió a Ascaíni eludir un allanamiento que la PSA realizó en su domicilio de la localidad de Villa Cañás, sostuvo el juez Vera Barros en el auto de procesamiento.

Fuentes del caso recordaron que para acceder a la base de datos del Registro Nacional de Propiedad Automotor, desde donde se cotejó que los vehículos que seguían a Ascaíni pertenecían a la PSA, se utilizó una clave de seguridad a nombre del comisario Fernández.

Ahora el juez volvió a procesar a Beto Fernández con los agravantes solicitados por la fiscalía, mientras que dictó la falta de mérito en el caso de Quintana.

“El juez entendió que por la baja gradación de Quintana, que es cabo, no podía integrar una empresa criminal conjunta con el fin de proteger las actividades presuntamente ilícitas de Ascaíni”, dijo una fuente con acceso al expediente.

En tanto, esta semana la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario deberá resolver las apelaciones presentadas por las defensas del ex comisario Tognoli y e de Ascaíni contra el procesamiento dictado por el juez Vera Barros.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Redacción Rosario

El agua y la energía eléctrica volverán a aumentar en la provincia de Santa Fe. Ambos servicios subirán en el orden del 26 por ciento, en dos partes.

Así lo anunciaron este viernes en conferencia de prensa realizada poco antes del mediodía los titulares de la empresa Aguas Santafesinas (ASSA), Alberto Daniele, y de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Daniel Cantalejo.

En un alarde de creatividad argumentativa, los dos funcionarios volvieron a justificar los aumentos afirmando que se deben a “las consecuencias del proceso inflacionario” y a la necesidad de “llegar a cubrir los costos operativos y afrontar las grandes inversiones”.

El titular de ASSA indicó que la tarifa subirá un 15 por ciento en junio y un 10 por ciento a partir del primero de octubre.

Como la segunda parte del incremento se aplicará sobre la suba anterior, el promedio de la actualización será de 26,5 por ciento.

En tanto, Cantalejo, de la EPE, anunció que la empresa también aumentará sus tarifas a los usuarios. En el encuentro con la prensa precisó que el aumento se aplicará en dos etapas, el primero, del 13 %, desde el 15 de abril y el segundo, del 9 %, desde octubre.
 

El comisario Hugo Tognoli, sumó el segundo pedido de procesamiento en la misma semana que el juez federal Carlos Vera Barros ya lo procesó. El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó al juez federal N° 2, Francisco Miño, que procese al ex jefe de Policía de la provincia y a otros dos acusados, en la causa que investiga el supuesto "encubrimiento" a un vendedor de sustancias ilegales, Daniel "Tuerto" Mendoza -detenido con 13,6 kilos de cocaína en su poder y una cocina de estupefacientes- y un operativo de "extorsión" a su denunciante, Norma Castaño, referente de la organización Madres Solidarias. Los otros imputados son, precisamente, el propio Mendoza y un agente de Drogas Peligrosas, Mauricio Otaduy, quien filmó un video que --según la justicia-- se utilizó para coaccionar a Castaño.

En la causa ya está procesado el ex subjefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas, comisario José Luis Baella, por "encubrimiento agravado" a Mendoza, "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "partícipe necesario del delito de coacción" a Castaño. Pero como Baella no apeló los cargos, el fiscal solicitó que esa parte del expediente se eleve a juicio oral. Y lo mismo solicitó con la otra investigación, en la que "Tuerto" Mendoza está procesado y preso desde julio de 2012 por "fabricación" y "comercio" de estupefacientes, con lo cual es probable que ambas se unifiquen en un solo debate ante el Tribunal Oral de Santa Fe.

En el pedido del juicio oral a Baella, el fiscal dijo que el comisario "ayudó a Mendoza a eludir las investigaciones judiciales" y lo consideró un "engranaje de una compleja estructura dinámica y subrepticia" que "generó beneficios económicos" difícil de cuantificar y saber su destino, "atento a las ganancias exponenciales derivadas del tráfico de drogas". Pero el doctor Rodríguez cree que "Baella no actuó solo" y apuntó, entre otros, contra Tognoli, que era jefe de Drogas Peligrosas "en el momento de los hechos" y "tenía con Baella una relación que excedía la meramente funcional".

Ahora, en otro dictamen el que tuvo acceso Rosario/12, el fiscal consideró que "se han reunido los elementos de convicción suficientes" para que el juez Miño "dicte el auto de procesamiento" de Tognoli, Otaduy y Mendoza por "todos los hechos" que se les imputaron en las indagatorias. "Ninguno de los descargos ha logrado conmover las imputaciones", agregó.

El fiscal sumó más pruebas que podrían complicar la situación de Tognoli, quien negó conocer "las investigaciones a Mendoza". "Yo tomaba conocimiento de aquellos oficios que eran muy puntuales, y estaban expresamente dirigidos a mí", se defendió en la indagatoria. El fiscal lo desmintió. El 20 de mayo de 2011, Asuntos Internos, mandó un oficio "urgente" dirigido al propio Tognoli para que informe si Mendoza era "infractor a la ley 23.737" de estupefacientes. Y éste le contestó con una lista de varios Mendoza, pero ninguno de ellos era el "Tuerto", a pesar de que la dependencia a su cargo "tenía el prontuario y una fotografía" de Daniel Mendoza desde febrero de 2005. Y del video que Otaduy filmó por orden de Baella, en marzo de 2011, dos meses antes del pedido de Asuntos Internos.

Por lo tanto, ante una pedido de informes sobre "delitos vinculados al narcotráfico", Tognoli "no sólo informó sobre casos de menor cuantía (como simple tenencia de estupefacientes para consumo personal), sino que omitió comunicar la existencia de investigaciones por infracción a la ley 23.737 seguidas contra Daniel Mendoza".

"Tognoli tenía efectivo conocimiento de las investigaciones a Mendoza", concluyó el fiscal.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Página12

En su resolución, el juez federal número 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, también procesó y ordenó que continúe preso el otro imputado en la causa, Carlos Ascaíni, el presunto jefe narco al que protegía Tognoli.

El magistrado consideró que ambos son coautores del delito de "tenencia de estupefacientes" y de "comercio de estupefacientes en forma organizada", agravada por la intervención de tres o más personas, y en el caso de Tognoli por ser "funcionario público".

En la misma resolución, Vera Barros ordenó que ambos detenidos sean trasladados a dependencias del Servicio Penitenciario Federal, por lo que serán llevados a otra ciudad, ya que en Rosario no hay ese tipo de cárcel.

Por otra parte, el juez convocó a los otros dos policías involucrados en la misma investigación que permanecen en libertad, el comisario Néstor `Beto` Fernández y el cabo Carlos Quintana, a que amplíen su declaración indagatoria para los primeros días de abril.

Tognoli se encuentra detenido desde el 7 de marzo pasado, luego de negarse a declarar ante el juez Vera Barros, quien en noviembre del año pasado le había dictado momentáneamente la falta de mérito en la misma causa.

El ex jefe de la policia santafesina había sido acusado por el fiscal federal 2 de Rosario, Juan Patricio Murray, de formar una "empresa criminal conjunta" con otros dos policías santafesinos -el comisario Fernández y el cabo Quintana- y el presunto narcotraficante Ascaíni, quien fue detenido el último 9 de marzo.

Según el representante del Ministerio Público Fiscal, el comisario Fernández y el cabo Quintana facilitaron información a Ascaíni para que pudiera eludir un allanamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en su vivienda de la localidad santafesina de Villa Cañás.

Fernández era al momento de los hechos, en 2009, el jefe de la brigada de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la localidad de Venado Tuerto, y Quintana se desempeñaba en la seccional de Villa Cañás.

De acuerdo a la acusación, Ascaíni llamó a esa comisaría para preguntar a quién pertenecían dos vehículos que lo seguían, llamado que fue recibido por Quintana.

Según el expediente, el cabo avisó a Ascaíni que los vehículos pertenecían a la PSA, tras una averiguación que se hizo mediante un clave de acceso al Registro Nacional de Propiedad Automotor a nombre del comisario Fernández, lo cual le permitió eludir un allanamiento de la fuerza federal.

El fiscal Murray considera además que Tognoli, en ese entonces jefe provincial de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones (ex Drogas Peligrosas de Santa Fe), no verificó que un subordinado suyo empleara una clave con un fin que no era el debido.
 

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam