Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda determinaron que el recurso de la defensa de Tognoli "no constituye acción o recurso alguno que habilite la competencia ordinaria o extraordinaria de la Corte Suprema"

En el mes de junio último, la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal rehusó hacer lugar a un recurso interpuesto por el abogado Carlos Edwards, defensor de Tognoli, contra la decisión del mismo tribunal que le había denegado otro planteo.

"A nuestro juicio, los agravios formulados por la defensa no han logrado conmover los fundamentos brindados por el Tribunal a quo (la Cámara de Apelaciones de Rosario), ello de acuerdo al grado de certeza exigido según el estadio procesal por el que transitan las presentes actuaciones", señala la resolución de entonces, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani.

Tognoli está procesado en esa causa como presunto "autor del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por haberse cometido para ocultar un delito especialmente grave, cuando ha existido ánimo de lucro y el autor fuere funcionario público", recuerda la resolución.

Esa calificación es "en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y denegación de justicia, todos en concurso real con el delito de amenazas coactivas contra Norma Castaño, en calidad de partícipe necesario", añade.

La investigación le atribuye a Tognoli, cuando era jefe de la ex división Drogas Peligrosas de Santa Fe, haber "auxiliado" al presunto narco Daniel Mendoza para realizar el video de un encuentro con Norma Castaño, titular de la ONG Madres Solidarias, con el fin de amenazarla con su difusión si la mujer no retiraba una denuncia contra el jefe policial.

 

FUENTE: Rosario.com

El ministro de Planificación, Julio De Vido, afirmó este lunes durante la presentación de ofertas para la construcción del gasoducto del Noreste que la obra “sanará la enorme deuda histórica que la Argentina tiene con los 3,5 millones de habitantes de la provincia de Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones”.

“Cuando lanzamos el plan energético el 11 de Mayo de 2004, hace ya 10 años no encontramos registro alguno de un plano o mapa tentativo para la construcción de este gasoducto”, afirmó el funcionario.

Asimismo, explicó que el gobierno nacional tuvo “que hacer todo de cero”, y recordó que “pasó lo mismo con la ruta 14 y también con la autopista Rosario, Córdoba”.

“Estamos trabajando con distintos gobernadores para la convergencia tarifaria, y buscamos instar al gobierno santafesino en avanzar en este acuerdo que no significa quitar las autonomías que tiene la provincia sino todo lo contrario. A través de una convergencia consensuada tener una mejor distribución eléctrica federal”

De Vido aprovechó la ocasión para instar “a las autoridades de Santa Fe a tratar de avanzar en el acuerdo de convergencia tarifaria para poder llevar adelante los 700 millones de pesos en obras eléctricas de media y extra-alta tensión” y ratificó la voluntad del gobierno nacional de realizar las obras.

“Creo que estamos cerca, es cuestión de poner un poquito de esfuerzo y tal vez en los próximos días podamos firmar este convenio tan importante con tal vez la última provincia que queda por firmarlo”, agregó.

El ministro de Planificación ya había lanzado esa invitación al gobierno santafesino, cuando visitó e pasado 30 de abril, las obras en la Central Térmica de Energía Sorrento. En esa oportunidad le pidió al gobierno provincial que “se sume” al Programa Federal Eléctrico. “Estamos trabajando con distintos gobernadores para la convergencia tarifaria, y buscamos instar al gobierno santafesino en avanzar en este acuerdo que no significa quitar las autonomías que tiene la provincia sino todo lo contrario. A través de una convergencia consensuada tener una mejor distribución eléctrica federal”, aseguró aquella vez el funcionario nacional.

Gasoducto

La presentación formal de las ofertas para el gasoducto del Noreste se realizó durante un acto celebrado en el Palacio de Hacienda del que participaron De Vido, integrantes de su gabinete, y representantes de 14 localidades santafesinas.

Tres conglomerados de empresas presentaron este lunes sus propuestas económicas para construir 265 kilómetros del Gasoducto del Noreste, en el tramo correspondiente a la provincia de Santa Fe, una obra que demandará una inversión de 1.120 millones de pesos. “Cuando muchos dicen que Argentina tenía autoabastecimiento de gas en el 2003, se olvidan que casi 13 provincias no tenían ningún tipo de conexión” con un gasoducto troncal, subrayó De Vido, durante el acto, y reiteró que en este invierno “no habrá faltante del fluido”.

El tramo santafesino va desde Sauce Viejo hasta la localidad de Vera, y conecta a 14 localidades entre las que se encuentran Gobernador Crespo, Escalada, San Justo, entre otras.

Los cuatro conglomerados de empresas que presentaron sus ofertas técnicas son las integradas por “BTU, Esuco” y Víctor Contreras”; “IECSA, Austral” y “Walter Mario, Isolux”.

El ducto que bajo licitación se conectará con el gasoducto Juana Azurduy, que une a la localidad boliviana de Yacuiba con la planta compresora de Campo Durán, en Salta.

En esa localidad salteña se emplazó una planta receptora y de separación y medición del gas importado de Bolivia, que posteriormente se inyecta al sistema de transporte existente.

El Gasoducto del Noreste proveerá fluido proveniente de Bolivia a las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, y Santa Fe, a través de un caño de 40 pulgadas de diámetro y una extensión de casi 800 kilómetros, con una inversión total para toda la obra de 5.225 millones de pesos.

En este primer tramo está previsto invertir 1.005 millones de pesos en Salta, otros 1.350 millones en Formosa y 1.120 millones en Santa Fe.

De Vido explicó que “ya están en proceso de análisis” las ofertas económicas recibidas la semana pasada para realizar los 230 kilómetros de Salta, y las de Formosa.

 

FUENTE: Redacción Rosario

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Bernardina Spila.
 

Los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Javier Echaniz y Martín Degrati, manipularon la Mac del empresario asesinado Luis Medina a la medianoche del doble crimen, el 29 de diciembre, a las 23.59, según el acta de Pericias Informáticas de la Policía. La fiscal de Cámara, María Eugenia Iribarren llegó a las 0.20, veinte minutos después, para gestionar la autorización judicial. La jueza Raquel Cosgaya --que actuaba en ese momento- informó esta semana a cuatro diputados de la comisión de Seguridad, que ella recibió el primer llamado a las 0.40 --cuarenta minutos después- y ratificó lo que ya había dicho en público, que "nunca" autorizó la supuesta "intervención técnica" de Echaniz y Degrati. Cosgaya les dijo a los legisladores que su celular registró la llamada entrante el 30 de diciembre, a las 0.40, con lo cual ratificó lo que dice el acta policial, pero amplió la brecha, que ya no es de 21 minutos sino de 41 minutos, desde que Echaniz y Degrati intervinieron la computadora hasta que Cosgaya fue anoticiada por teléfono por el abogado Mariano Ríos Artacho, secretario de la jueza María Luisa Pérez Vara, que estaba de turno pero no intervino.

 "La jueza nos confirmó lo que había dicho en algunos medios, que ella no había autorizado el acceso a la computadora, que nunca había pedido la asistencia del Poder Ejecutivo para ese acceso"

El presidente de las comisión de Seguridad, Héctor Acuña y sus colegas Eduardo Toniolli (PJ), Oscar Urruty (PPS) y Germán Mastrocola (Pro) entrevistaron en los Tribunales de Rosario a los dos jueces que subrogaron a Pérez Vara en las horas siguientes del asesinato de Medina y de su pareja. Primero, se reunieron con el juez Gustavo Pérez de Urrechu (Instrucción 13) -que ordenó el secuestro de la Mac y el celular del empresario- y luego con Cosgaya (Instrucción 6), que les confirmó que "nunca autorizó la intervención de los funcionarios del Poder Ejecutivo". Hoy, la causa está a cargo de la jueza Alejandra Rodenas (Instrucción 2), quien al día siguiente del doble homicidio cuando se enteró que la computadora y el celular de Medina estaban en Santa Fe, en oficinas Echaniz y Degrati, ordenó suspender la pericia y se la encargó a Gendarmería. El teléfono de Medina no pudo ser desbloqueado: "No pudieron hacer nada con el celular", les dijo el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, a los diputados que lo interpelaron en la Cámara, el 6 de febrero.

Galassi aseguró en la Legislatura que la "intervención técnica" de Echaniz y Degrati fue "convalidada" por Cosgaya. La fiscal Iribarren llamó al secretario Ríos Artacho, quien "convalidó esta actuación", dijo el ministro. Y agregó: "Yo digo lo que dijo la fiscal Iribarren después de comunicarse con el doctor Ríos Atacho, quien según relata la fiscal, habló con la jueza Cosgaya, quien convalidó lo que se había hecho hasta ese momento, que era reiniciar la computadora y como el sistema no se podía peritar por las características, se propuso su traslado al otro día a Santa Fe". Según el acta policial, esa medianoche del 29, Degrati no sólo reinició la Mac: hizo un backup, "un respaldo completo del directorio en formato comprimido, que luego fracciona en archivos de 1gb por si fuera necesario copiarlo a un medio de almacenamiento de menor tamaño que el del archivo en cuestión", dice el documento. Y al día siguiente, en Santa Fe, "se realizó una vista general del contenido del equipo" y se almacenaron los archivos en un "disco extraíble" provisto por Echaniz, hasta que la jueza Rodenas ordenó "suspender la pericia" y llevar de vuelta la Mac y el celular de Medina, a Rosario.

Galassi, en su relato en la Legislatura mencionó seis veces a Ríos Artacho, por el nombre o el cargo. En realidad, fueron siete veces. Esta semana, Urruty y sus colegas de la comisión de Seguridad fueron a los Tribunales de Rosario para preguntarle a la doctora Cosgaya si había autorizado el desbloqueo de la Mac. "La jueza nos confirmó lo que había dicho en algunos medios, que ella no había autorizado el acceso a la computadora, que nunca había pedido la asistencia del Poder Ejecutivo para ese acceso", dijo Urruty.

Toniolli coincidió: "La doctora Cosgaya nos habló de un celular (de Medina) y que ella dio la autorización para que se pasara a una unidad especial porque los que tenían en sus manos aducían que no tenían la capacidad técnica para desbloquear ese teléfono. Pero en todo momento habló un celular", relató el legislador.

-¿Nadie le dijo que ya habían revisado la computadora?

-La jueza en ningún momento habló de una computadora.

-¿Y ustedes deducen que no dio la orden para intervenir esa computadora?

-No lo deducimos. Es lo que dijo ella, que no dio una orden para desbloquear una computadora porque nadie le habló de una computadora. Eso es importante. Pero más importante es el horario de la llamada, que es 0.40 porque ya hay un dato objetivo que nadie discute, que la computadora se abrió a las 23.59.

-¿El horario quedó registrado en el teléfono de la doctora Cosgaya?

-Sí, nos dijo que no tiene problemas en presentarlo porque tiene el registro de la llamada entrante. Lo más contundente de la reunión fue eso. Acá, nos planteó que la primera llamada la recibió a la 0.40 (del 30 de diciembre).

"La jueza Cosgaya zanjó la polémica", dijo Toniolli. "¿Para qué dio la habilitación? ¿Para un celular o la computadora? Ella nos dijo que fue para el celular", agregó. "Ahora, más allá de eso, no existe orden judicial, aunque ella la hubiera dado, cosa que no sucedió, no existe orden judicial que convalide un peritaje a posteriori. No existe en ningún Código. Cuando uno solicita una orden judicial, se designan peritos y éstos aceptan el cargo. Acá nada de eso ocurrió. Acá hubo una intervención previa a cualquier pedido de la justicia".

Los legisladores entrevistaron también al juez Pérez de Urrechu, que ordenó el secuestro de la computadora y el celular de Medina. "Fue muy claro", dijo Urruty. "Contó que lo llamaron ese día 29, alrededor de las 11 de la mañana. Lo llamó el secretario de la doctora Pérez Vara, Ríos Artacho, porque la jueza tenía una indisposición, cosa que el juez confirmó porque llamó a la casa de la jueza y le dijeron lo mismo. Ríos Artacho le planteó que estaban en poder de la policía las llaves de una habitación del hotel Pullman, en el City Center, donde se había alojado Medina, que había unos elementos y necesitaban una orden de allanamiento. El juez firmó esa orden, y a partir de ese momento no tuvo ningún contacto más con la causa. Fue claro, lo repitió dos o tres veces. Cuando le dijimos lo que habían dicho Galassi y el ministro de Justicia (Juan Lewis) en la Cámara, lo que comentó es que no podía decir nada más, que su actuación era la relató", agregó Urruty.

-¿Ya tienen alguna conclusión de las entrevistas con los dos jueces?

-Oscurecieron el relato de los ministros (Galassi y Lewis) en la Cámara. Hay un proyecto para crear una comisión investigadora, creemos que tiene que ser aprobado y desentrañar los hechos. Esto revela cómo está la provincia de Santa Fe, que el poder político se interrelacione de la manera que lo hizo con el Poder Judicial nos preocupa porque también les preocupa a los ciudadanos -concluyó Urruty.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Rosario12

El secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, Marcos Escajadillo, dijo a Télam que el fenómeno “se produjo después de las 9.30” y abarcó a localidades de “tres departamentos” del sur santafesino.

“No hubo impacto en tierra, no tenemos heridos y no se reportó ningún siniestro a través de la red de comunicación de los bomberos”

“No hubo impacto en tierra, no tenemos heridos y no se reportó ningún siniestro a través de la red de comunicación de los bomberos”

Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de Santa Fe Según la información que le brindaron especialistas, explicó que se trató de “material interplanetario que al ingresar a la atmósfera produce ese ruido”, un gran estruendo que sacudió a varias localidades de esta provincia.

“El ruido fue importante y se produjo en altura”, añadió Escajadillo, quien dijo que se reportaron daños menores como roturas de mamposterías, pero no hubo heridos.

El estruendo se escuchó en ciudades como Las Parejas, Cañada de Gómez, Carcarañá, San Jorge, María Susana y Armstrong, y afectó a parte de los departamentos Iriondo, San Martín y Belgrano, explicaron fuentes oficiales.

El astrónomo Jorge Coghlan, del Museo del Espacio Code, indicó a medios santafesinos que el estruendo "fue un bólido, un meteoro, que se desintegró en la atmósfera, provocando esa vibración".

Si bien en un primer momento trascendió que podría tratarse de la caída de un meteorito, el funcionario santafesino descartó esa hipótesis.

El astrónomo Jorge Coghlan, del Museo del Espacio Code, indicó a medios santafesinos que el estruendo "fue un bólido, un meteoro, que se desintegró en la atmósfera, provocando esa vibración".

"Esto sucedió a unos 60 kilómetros de altura, es una roca del espacio que se va frenando en la atmósfera; por eso, en un radio tan amplio, de más de 40 kilómetros, fue oído, porque sucedió a gran altura", explicó el especialista.
 

 

FUENTE: Télam 

Los diputados provinciales Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli, integrantes del Movimiento Evita, denunciaron penalmente este lunes a los funcionarios políticos y judiciales que intervinieron en las primeras horas de la causa en que se investiga el homicidio de Luis Medina, y en el desbloqueo y manipulación de su computadora sin orden judicial.

Los legisladores se presentaron este lunes a las 11 horas en los tribunales provinciales de Rosario para denunciar a la jueza Inés Pérez Vara por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de tareas y al secretario de Tecnologías, Javier Echaniz y al y subsecretario Martín Degrati, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y comisión de delitos informáticos.

A su vez, los tres diputados provinciales del bloque del Movimiento Evita, incluyeron en su presentación una solicitud para que se investigue la responsabilidad del ministro Rubén Galassi en los hechos, en la medida que él mismo reconoció estar en pleno conocimiento de lo actuado al producirse la intervención de sus dos subordinados, Echaniz y Degrati.

Los denunciantes precisaron que la presentación realizada este lunes fue acompañada de la versión taquigráfica de la reciente intervención de los ministros Rubén Galassi y Juan Lewis en la Cámara baja provincial.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Redacción Rosario

Hermes Binner sabía quién era Hugo Tognoli. El fallo de La Cámara Federal de Rosario (Sala B) que confirmó el procesamiento del ex jefe de Policía de la provincia menciona dos veces al ex gobernador al valorar pruebas agregadas a la causa: dos cartas que la líder de Madres Solidarias, Norma Castaño, le presentó en la Casa Gris, el 7 y el 9 de febrero de 2011, para advertirlo cómo operaba Tognoli y denunciar la supuesta "connivencia" con el narco Daniel "Tuerto" Mendoza. Las notas están dirigidas a Binner, pero fueron entregadas en el Ministerio de Gobierno, por entonces a cargo de Antonio Bonfatti, aunque después la propia Castaño se encargó de aportarlas a la justicia. "Yo confié en usted, le pido como padre y esposo que me ayude ante esta gente que vive en connivencia con los asesinos de nuestros hijos", le escribió Castaño. Binner desatendió el pedido, porque el 12 de diciembre de 2011, Bonfatti ascendió a Tognoli de jefe de Drogas Peligrosas a jefe de Policía de la provincia.

"(Castaño) presentó dos notas sumamente críticas dirigidas a quien fuera gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, las cuales tienen cargo de recepción en el Centro Unico de Atención del Ministerio de Gobierno, los días 7 y 9 de febrero de 2011"

La causa investiga una trama narco policial y una operación sucia a Castaño con un video que luego fue subido a Youtube. Hay cuatro imputados: Tognoli y dos de sus subordinados en Drogas Peligrosas: el ex subjefe de Inteligencia, José Luis Baella y Mauricio Otaduy. El cuarto es Mendoza. En diciembre de 2012, el juez federal Francisco Miño procesó a Baella por supuesto "encubrimiento agravado" a Mendoza y "coacción" a Castaño, pero como no apeló, el expediente pasó a juicio oral. En abril de 2013, el magistrado amplió las mismas imputaciones a Tognoli y consideró a Mendoza y a Otaduy como presuntos "autor" y "partícipe necesario" en las coacciones a Castaño. Ahora, la Cámara ratificó los procesamientos de estos tres. La investigación "deja al descubierto la conexión existente entre los altos mandos de la estructura policial" con Mendoza, quien en julio de 2012 fue detenido con 13,6 kilos de cocaína y una cocina de estupefacientes en su casa, dice el fallo.

El fiscal federal Walter Rodríguez ya había valorado las dos cartas de Castaño a Binner que ella dejó en la Casa de Gobierno y después llevó a la justicia. Pero ahora, la Cámara las mencionó en su fallo por "compartir su valoración", dijo. Y citó: "(Castaño) presentó dos notas sumamente críticas dirigidas a quien fuera gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, las cuales tienen cargo de recepción en el Centro Unico de Atención del Ministerio de Gobierno, los días 7 y 9 de febrero de 2011". Poco después, el 3 de marzo, como no tenía respuestas, Castaño formalizó "la denuncia penal Nº 782/2011" y entregó las cartas al fiscal de turno, en Tribunales.

"En las notas -señaló la Cámara- hizo una concreta alusión al presunto encubrimiento desplegado por el funcionario policial Hugo Tognoli respecto de la comercialización de estupefacientes desarrollado por parte de Daniel Mendoza en la ciudad de Santa Fe". Y "sugestivamente", ese mismo 3 de marzo en que Castaño, presentó la denuncia penal, "la repartición a cargo de Tognoli y por intermedio de Baella, inició actuaciones sumariales contra Mendoza, aunque ahora se sabe con ninguna perspectiva de que la investigación prospere", agregó.

La Cámara recordó que Tognoli está preso por otra causa en Rosario como presunto "partícipe necesario del delito de comercio de estupefacientes", que la misma sala B confirmó en junio de 2013. "Una de las pruebas valoradas" en ese fallo que "guarda relación con lo ponderado" en la causa de Santa Fe es el testimonio de Castaño en aquel expediente, "cuyos dichos aluden a una conducta omisiva de Tognoli" en la lucha contra el narcotráfico.

Castaño dijo que cuando Tognoli asumió como jefe de Drogas Peligrosas, en el gobierno de Binner, fue con otra madre a verlo "para que los vendedores barriales dejen de vender y sean puestos presos. Hicimos la denuncia en un Juzgado porque ese día que fuimos a decirle que había una persona que vendía paco, fue un día alrededor de las 10 de la mañana. Y a las 5 de la tarde, me llama la mamá con la que habíamos ido a ver a Tognoli y me dijo que enfrente de su casa, donde vive el vendedor, su hijo le decía que había un móvil policial. Lo llamo a su celular a Tognoli, le pregunto que estaba haciendo en la casa del vendedor, me dice que él estaba en su despacho, le digo que me está mintiendo porque la mamá lo está viendo de su casa que vive enfrente del vendedor y él me dice que está él haciéndose cargo de la investigación. El se va y a la noche me llama otra vez la mamá, para decirme que este vendedor se había cruzado y le había dicho que le iba a incendiar la casa por buchona. Yo lo denuncio ante el juez provincial Troncoso. Los datos que le había dado de Mendoza al señor Tognoli, hago la denuncia en el Juzgado provincial y a los dos o tres días se acerca Mendoza a mi casa, ofreciéndome plata para que retire la denuncia en contra de Tognoli.

"Los dichos de Castaño -ante la justicia ordinaria, en notas presentadas a representantes del gobierno de la provincia de Santa Fe y en las causas en el fuero federal- se encuentran respaldados por todo el plexo probatorio", concluyó la Cámara.

Binner ha defendido en público a Tognoli, quien se consideró un "preso político". "Lo tienen detenido y no saben por qué", llegó a decir el ex gobernador, para quien "hubo una orden a nivel nacional" para que quedara preso. Y hasta justificó el ascenso de su defendido: Tognoli "llegó por méritos propios, por su foja de servicio y su nivel adquirido dentro de la fuerza", afirmó.

 

FUENTE: Rosario12

La naturaleza de la PC es la proximidad con el territorio donde debe actuar y la interrelación con sus actores. Por lo tanto, si hablamos de prevención, nadie puede estar en contra de acercar la seguridad pública a la población. Es más, si pensamos en una prevención en serio toda la policía que recorre las calles debería ser siempre comunitaria, de proximidad o como quieran llamarle. Lo importante no es el nombre del producto sino su contenido.

Pero vayamos por partes. ¿Por qué el gobierno provincial llega a esta instancia? Si bien la conducción política de la policía siempre fue compleja, claramente, en nuestra provincia desde la gestión de Hermes Binner la conducción de la policía se desmadró. A tal punto que el Jefe de la policía provincial designado por Antonio Bonfatti, al asumir la gobernación fue Hugo Tognoli, quien continúa preso y procesado por múltiples delitos. Tognoli había asumido como Director General de Prevención y Control de Adicciones (ex Dirección de Drogas Peligrosas), en 2008, designado por Binner. A esto hay que sumarle que el Estado municipal, en los mismos momentos que la policía provincial comenzaba a autogobernarse, se retiraba de los barrios por decisión del ex intendente Miguel Lifschitz desmantelando los Centros Crecer, por citar uno de los hechos más emblemáticos. Sin intención de simplificar la inserción del narcotráfico en la ciudad, queda claro que el autogobierno policial y la retirada del Estado en su función social fueron elementos indispensables para que las bandas narcos se adueñaran de los territorios más vulnerables de la ciudad. Cuando el Estado abandona el territorio sienta las bases perfectas para el caldo de cultivo de la ilegalidad, la violencia y el delito. Si no está lo público, el territorio se privatiza. Esto pasó en Rio de Janeiro, en Medellín y en tantas ciudades hermanas de Latinoamérica donde los narcos se adueñaron del territorio.

¿Qué podrán hacer estos jóvenes e inexpertos policías en las zonas más violentas de la ciudad, formando parte de una fuerza viciada y autogobernada sin conducción política y con los narcos como amos y señores del territorio?

A una fuerza policial viciada por la corrupción y el desprestigio social hay que sumarle los pocos agentes que están disponibles y capacitados en las calles dado que un porcentaje enorme se encuentra realizando tareas administrativas, licencias prolongadas y horas extras formales e informales para poder llegar a fin de mes. Por todo esto y mucho más, en el sur de la provincia no se llegan a cubrir los cupos disponibles para entrar a la fuerza policial. ¿Quién quiere ser policía con este panorama? Es muy común encontrar a jóvenes policías recorriendo la ciudad provenientes de departamentos del norte provincial. Estos agentes no conocen la ciudad ni sus actores ni sus costumbres y resulta imposible que realicen una prevención efectiva. Pero el negocio de la inseguridad sigue creciendo en alarmas, rejas, blindajes, videocámaras y en seguridad privada donde los trabajadores de ese sector ya son más que los policías en la ciudad. Es oportuno señalar que las agencias de seguridad privada son controladas por la provincia poco y mal.

Terminó enero con record de homicidios; no menos de uno por día de promedio. La violencia crece día a día y no precisamente porque los vecinos reclamen contra la EPE por los extensos e insoportables (en todo sentido) cortes de energía. Ante esta realidad ¿la PC podrá reducir la tasa de homicidios y de violencia en Rosario? La policía de proximidad se pensó en otros lugares como una policía amigable que se instalaba en los barrios violentos una vez que se habían expulsado a los narcos. Por ejemplo, en Rio de Janeiro la UPP (Unidad de Policía de Pacificación) ingresa a las favelas cuando los capos narcos son apresados o huyen. Su ingreso tampoco es en soledad, lo hace el Estado en toda su dimensión (salud, justicia, educación, transporte, infraestructura, etc.) ocupando nuevamente el territorio que había sido privatizado por los narcos. ¿Qué podrán hacer estos jóvenes e inexpertos policías en las zonas más violentas de la ciudad, formando parte de una fuerza viciada y autogobernada sin conducción política y con los narcos como amos y señores del territorio?

El modelo de policía centralizada fracasó indudablemente. No podemos seguir con una sola policía que dependa del gobernador. Debemos avanzar hacia la descentralización y especialización de las fuerzas de seguridad. El gobierno provincial todavía no cree en estos cambios y por ello despedazó la ley de Policía Judicial que había sancionado la Legislatura. No cree en cambios profundos y sigue pensando en la chapa y pintura cuando la mecánica no funciona más. El vehículo no arranca, no tiene fuerza, se para.

Como hay que tomar medidas de fondo, nosotros propusimos hace un año la creación de la Policía Municipal (PM). El proyecto está inspirado en uno que presentó el especialista en seguridad Marcelo Sain en provincia de Buenos Aires.

Se pretende dotar a los intendentes municipales de herramientas para ejecutar políticas activas en materia de seguridad pública, y se plantea un sistema de organización de la seguridad pública municipal desde la perspectiva de una policía de proximidad (especializada en prevención), sujeta al poder político (Intendente a cargo de la policía) y a las instituciones democráticamente estatuidas, proponiéndose un cambio radical en la relación entre la policía, el poder político y la ciudadanía.

La PM convivirá con otras policías provinciales especializadas que dependan del gobernador, pero será una policía nueva con otros paradigmas.

No queremos al personal policial de la PM en labores propias de administración, burocráticas, ni ninguna otra labor que no sea la prevención. Tampoco debe recibir denuncias. Se encuentra aprobado nuestro proyecto de fiscalías y defensorías descentralizadas. No queremos a la PM de carcelera. Los detenidos y presos que hoy son custodiados por la policía deben ser puestos a disposición del Servicio Penitenciario, responsable de su custodia en lugares que respeten los preceptos constitucionales. Las comisarías como hoy las conocemos ya no tendrán razón de ser. Si no hacen trámites, ni reciben denuncias ni cuidan presos no se justifica su existencia.

Con todo lo expresado queda claro que no somos muy optimistas con la creación de la PC. Estamos perdiendo grandes oportunidades de realizar grandes cambios para solucionar grandes problemas. Los gobiernos provincial y municipal deberían aprovechar que sus "opositores" políticos que tienen ambición de poder no quieren suceder a gobiernos de los que solo heredarían caos. ¿quién quiere gobernar el caos, lo ingobernable? ¿quién quiere ser títere de las bandas narcos? Hay una oportunidad histórica de detener a un poder criminal hasta ahora desconocido por estos lugares. Como diría León: Por favor, perdón y gracias.

 

(*) Presidente del Bloque de Concejales, Frente para la Victoria PJ.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Rosario12

A horas de terminar el turno de la primera quincena de enero, la jueza Alejandra Rodenas hizo un balance de la investigación por el homicidio de Luis Medina y Justina Pérez Castelli. Lo consideró "positivo" porque "más allá de los actos fallidos al inicio de la pesquisa, las pruebas se preservaron". Al mismo tiempo, habló de "tres hipótesis interesantes" en el marco de la causa por el hecho cometido el 29 de diciembre, en el acceso sur y Ayolas, pero no dio precisiones. Se refirió a los "actos fallidos" con la "inusual" situación con la computadora Mac de Medina, y a las "excusas" de tres agentes de la División Judiciales que intentaron ingresar al country de Pilar, donde vivían las víctimas, sin orden judicial y un día antes del allanamiento previsto. También confirmó que el jefe de esos agentes, Cristian Romero, está citado a declaración informativa para el 6 de febrero. "Me llamó la atención que no se presentara espontáneamente", deslizó. A modo de reflexión, dijo que "la narcocriminalidad configura un nuevo paradigma; y los poderes judicial, político y legislativo requieren de nuevas herramientas ante el fenómeno".

La jueza de Instrucción Nº 2 se tomó unos minutos antes de referirse a la causa, y habló del fenómeno de la narcocriminalidad en Rosario. "El Poder Judicial se está enfrentado a la complejidad de una investigación interceptada por otras matrices que son diferentes a las que veníamos trabajando, durante estos años. Esto nos pone frente a un nuevo paradigma, un nuevo modelo de investigación y a un modelo social que de alguna manera se nos está imponiendo. Este nuevo paradigma es el de los crímenes en el marco de la llamada narcocriminalidad", reflexionó. "Los jueces y los fiscales de la provincia investigamos los homicidios, que son nuestra competencia; todo aquello que tenga que ver con la narcocriminalidad es competencia de la Justicia Federal. Pero lamentablemente, esto hace que el fenómeno se complejice. La narcocriminalidad invadió la competencia de los juzgados provinciales. Yo creo que, como ya dije, esto llegó para quedarse. Aun estando frente a este fenómeno que atraviesa la sociedad, la conmueve y la preocupa, esto no debe hacernos olvidar de las garantías del debido proceso. La demanda social se lee". En otro tramo, agregó que "el poder político tomó medidas que consideró adecuadas y no soy quién para establecer si lo son o no".

Al hablar de la investigación en la que está trabajando sin descanso, a igual que con la decena de homicidios que hubo durante el turno de la primera quincena de enero, Rodenas prefirió no dar precisiones sobre las líneas de investigación y se limitó a decir que existen "tres hipótesis interesantes" sobre presuntos autores materiales o intelectuales. Y agregó: "Se dice que Medina era parte de una organización criminal, y hay ríos de tinta escritos sobre esto. La señora (Daniela) Ungaro define a su ex pareja como un empresario, y de hecho hay dos empresas a su nombre. Hay especulaciones, pero las puntas de la investigación nos van a llevar a esas cuestiones, tanto sobre los supuestos negocios como sobre personas que llegaron a tomar tamaña decisión. Alguien ordenó matar a Medina, o alguien fue a matarlo directamente. En esos alguienes (sic) estamos trabajando". En ese sentido, destacó el "compromiso" de los fiscales Esteban Franicevich y Cristina Rubiolo; y el "acompañamiento" del procurador Jorge Barraguirre.

Rodenas aclaró que investiga el doble crimen tiene a la pareja como víctima, y recordó que mandó oficios a la Procunar para contar con "garantías de mayor información", como se les solicitó también a la Justicia Federal de Rosario y a la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial, "para que informen sobre algún dato que pueda llevar a autores materiales e intelectuales", aclaró.

Para Rodenas "es claro que ante la aparición del nuevo paradigma, el poder judicial, político y la policía como brazo armado, debemos tener en claro que las respuestas deben ser diferentes frente al fenómeno".

"Actos fallidos". Las dos situaciones confusas que se dieron durante los primeros días de la investigación fueron calificadas así por la magistrada, en referencia a la pericia sobre la computadora Mac de Medina, que fue enviada a Santa Fe para ser analizada por funcionarios políticos; y el intento de ingreso de tres policías de la división Judiciales a la casa de Medina en el country de Pilar, donde estaba ordenado un allanamiento para dos días posteriores a la confusa situación que terminó con los tres efectivos en disponibilidad y su jefe citado a declarar en el juzgado.

Rodenas dijo que las "excusas" de los efectivos que "intentaron cruzar las barreras del country" de Pilar, sin orden judicial, para llegar a la casa del presunto narco asesinado, no la dejaron satisfecha. Consideró el suceso como "una muy grave irregularidad". Y planteó que esas justificaciones "escondían los verdaderos propósitos". Según indicó, no pudo "definir cómo fue la cadena de órdenes" porque cuando citó a Romero le comunicaron que había salido de licencia desde el 8 de enero al 5 de febrero. Así, quedó citado para el día siguiente a su regreso. La magistrada dijo que le sorprendió que "ante tamaño hecho -registrado el sábado 4 de enero- el comisario Romero no se haya presentado espontáneamente". Los tres policías a su cargo tienen una causa en Pilar por abuso de autoridad.

En tanto, sobre el desbloqueo de la notebook, consideró "inusual" que dos funcionarios de gobierno prestaran colaboración antes de que la jueza la solicitara o diera la orden de intervención, la misma noche que ocurrió el homicidio. Si bien se aclaró que fue la jueza Raquel Cosgaya quien dio la orden de que así se hicieran las cosas, habló de una orden telefónica a las 23.59 del domingo del homicidio, día en el que fue imposible comunicarse con la jueza que correspondía al turno, María Luisa Pérez Vara. Las dudas están en que previo a que Cosgaya fuera consultada desde la oficina de pericias, dos funcionarios llegaron desde la secretaría de Tecnología del gobierno.

La jueza recordó ayer que luego de que fuera secuestrada la notebook de la habitación 241, que Medina ocupaba en el Hotel Pullman, la Mac fue llevada a Pericias Informáticas de la policía. Tal como expresa el acta, cuando estaba por ser precintada a la espera de una orden judicial, llegaron dos funcionarios de la Secretaria de Ciencia y Tecnología. Luego se hizo presente la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren, que se encontró con que ya estaban en el lugar dos personas (Echaniz y Degrati) ajenas al Poder Jdicial, funcionarios del ministro (de Seguridad, Raúl) Lamberto, "en colaboración". Recién entonces fue consultada Cosgaya. "Son criterios judiciales de evaluación de la prueba", dijo Rodenas sobre la decisión de su colega. "Lo que me resulta inusual o extraño es por qué había dos funcionarios provinciales en el lugar antes de que la jueza diera la orden", planteó.

Apenas Rodenas tomó la causa, el 30 de diciembre, ordenó que la computadora volviera a Rosario para ser trasladada a Buenos Aires, por personal de Gendarmería Nacional, dependencia que le da "garantías de imparcialidad".

 

FUENTE: Rosario/12

La consulta con el secretario del juzgado de Cosgaya fue posterior, cuando los técnicos ya habían accedido a la clave. El 29 de diciembre pasado, cuando la noticia del crimen del presunto narco Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli sacudía la modorra dominguera de las redacciones, el subcomisario Nicolás Martín Llanes, jefe de la Sección Pericias Informáticas de la Policía de Rosario, se disponía a labrar un acta burocrática que, unos días después, sería la piedra fundamental de un escándalo político.

Refiriéndose a él en tercera persona, escribe: “A los fines legales que diera lugar hace constar que”. Y allí anota datos claves de una de las polémicas que sobrevuela la causa por el asesinato de Medina. “Se hacen presentes en esta sección los señores Javier Echaniz y Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnología del Ministerio de Gobierno, los cuales fueron enviados por el Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Dr. Lamberto a los fines de que brinden colaboración en el desbloqueo del teléfono celular marca Samsung (…) y de una Macbook (ultrabook) marca Apple (…), elementos que fueron secuestrados en relación a una causa caratulada NN s/homicidio víctima Luis Medina”.

La misma acta revela que los funcionarios “enviados” por Lamberto llegaron antes de que la policía realizara la correspondiente consulta con la justicia para entregar los elementos de prueba a los funcionarios políticos del gobierno. El documento deja constancia de que también estaba en la Jefatura de Policía el jefe y subjefe de la Agrupación Unidades Especiales, Guillermo Morgans y Javier Leiva, y el jefe de la Brigada de Homicidios subcomisario Lanche.

El acta revela que los funcionarios “enviados” por Lamberto llegaron antes de que la policía realizara la correspondiente consulta con la justicia para entregar los elementos de prueba a los funcionarios políticos del gobierno.

LA ORDEN

Luego, el acta labrada por el subcomisario Llanes señala que “se hace presente además a las 00.20 hs la señora fiscal de Cámaras Dra. Iribarren (María Eugenia), quien consultada por el temperamento a seguir con los elementos de prueba bloqueados, la misma efectúa una consulta telefónica con el Dr. Acosta, secretario del juzgado interviniente, quien previa consulta con la Sra. jueza en turno, Dra. Raquel Cosgaya, el mismo dispone que de acuerdo a lo ordenado por la magistrada, dichos elementos bloqueados sean remitidos a la Secretaría de Tecnología del Ministerio de Gobierno a los fines de que se realice la medida pericial requerida (…)”.

Así, el acta policial del día del crimen de Medina, a la que tuvo acceso Redacción Rosario, revela tres datos importantes sobre la polémica: que los funcionarios del área tecnológica llegaron “enviados” por el ministro Lamberto; que lo hicieron antes de que la fiscal de Cámaras Iribarren solicitara que se hiciera la consulta con la jueza en turno; y que la jueza habría dado la orden en forma telefónica al secretario del juzgado, quien la transmitió a los policías.

El 2 de enero, la jueza de instrucción Raquel Cosgaya desmintió al diario La Capital haber sido quien dio la orden de enviar la notebook y el celular de Medina a manos de funcionarios del gobierno de Bonfatti. Dijo: “La policía que intervenía me consultó si efectivos de la Agrupación Unidades Especiales podían registrar un celular y no una computadora. En un momento en que había que actuar con rapidez respondí que el criterio debía ser que interviniera dentro de la policía quien tuviera aptitud para hacerlo. Pero nunca autoricé a un funcionario del Poder Ejecutivo”.

Cosgaya tuvo que intervenir ante la imposibilidad de los policías de ubicar a la jueza que estaba en turno ese día, la titular del juzgado de instrucción 5ta, María Luisa Pérez Vara, quien nunca atendió el teléfono que utilizan los magistrados en turno. De esa acta se toman los funcionarios de la Casa Gris, y hasta el propio gobernador, para asegurar que el envío de los elementos tecnológicos secuestrados en el hotel donde estaba hospedado Medina fuera a parar a manos de Echaniz y Degrati.

LA HORA

Pero existe otra acta, labrada el 30 de diciembre en la ciudad de Santa Fe por el sargento Franco Arana, numerario de la División Asuntos Internos, que revela otro dato clave sobre la polémica en relación al cuidado de las pruebas del crimen de Medina. Arana había sido designado el día antes por la fiscal de Cámara Iribarren para que sea quien traslade la computadora y el teléfono del presunto narco hasta el Centro de Cómputos de la provincia, donde se realizaría la pericia. Junto a otros policías que lo acompañaban, el sargento Aranda llegó al edificio del área de Tecnología a las 11.26 del penúltimo día del año 2013.

Dejó constancia de que allí lo recibieron Echaniz, Degrati, el director provincial de Comunicaciones, Guillermo Porchietto, y un suboficial de la División Informática de la policía santafesina. Pero lo más importante del acta es cuando registra que “el licenciado Degrati relata que en el día 29 del corriente, siendo las 23.59 aproximadamente, encontrándose en la oficina de pericias informáticas de la UR II (Rosario), en oportunidad en que procedió a examinar dicha ultrabook, de acuerdo a las órdenes impartidas por la autoridad judicial mencionada (la jueza Cosgaya), notó que el acceso al sistema operativo se encontraba restringido mediante una contraseña y al ingresar sin clave aparecía una ayuda con el texto: “me llamo al revés”, por lo que se ingresa el nombre de pila del usuario en forma regresiva, SIUL, logrando iniciar sesión”.

Aranda también da cuenta que Degrati “realizó un respaldo completo del directorio raíz en formato comprimido” y que fraccionó los datos por si fuera necesario “copiarlo a un medio de almacenamiento de menor tamaño que el archivo en cuestión”. Y asegura que esos archivos fueron guardados en la misma computadora. Lo sorprendente es que según esta acta Degrati realizó esa operación el 29 de diciembre a las 23.59, mientras que de acuerdo al documento anterior la fiscal Iribarren llegó a las 00.20, es decir 21 minutos después, y recién allí indicó que se realizara la consulta con el secretario Acosta, del juzgado de Cosgaya, quien habría dado la orden de que la notebook fuera peritada por los funcionarios del gobierno provincial. Según los documentos oficiales, el subsecretario de Tecnología desbloqueó el equipo informático antes de la presunta orden telefónica de la jueza a través del secretario de su juzgado.

PERICIA INTERRUPTUS

De acuerdo a esos documentos, que están en manos de la jueza de instrucción Alejandra Rodenas, quien finalmente se hizo cargo del caso, la pericia no llegó a completarse en Santa Fe. De todos modos, se “realizó una vista general del contenido del equipo” y capturas de pantalla de contraseñas utilizadas por Medina, búsqueda de correos electrónicos y movimientos de archivos de los 15 días anteriores al crimen de su propietario. Pero la tarea no pudo completarse. Escribe el sargento Arana: “Siendo las 13.47, recepciono en mi celular un llamado del comisario inspector Guillermo Morgans, jefe de Agrupaciones Unidades Especiales de la URII, quien trasmite en el acto lo ordenado por la Dra. Alejandra Rodenas, a cargo en la actualidad en suplencia del juzgado de instrucción 5ta, de suspender la pericia en el estado en que se encuentra y secuestrar todos los elementos utilizados para realizar la pericia hasta el momento del llamado”.

Por las dudas, Arana realizó una consulta telefónica con un superior, “quien ratifica lo ordenado” por Morgans. La notebook y el celular de Medina comenzaban a desandar nuevamente la autopista hacia Rosario, donde los esperaba la jueza Rodenas para hacerlos peritar por Gendarmería nacional.

 

FUENTE: Redacción Rosario
 

Personal de Gendarmería se reunió en Rosario con Alejandra Rodenas, jueza a cargo de la causa del doble homicidio, con quien acordaron que la apertura del aparato se hará en presencia de un veedor judicial local.

Tal como lo recibió de la Provincia por expreso pedido propio, la jueza entregó el material –la computadora personal de Medina, hallada en la habitación del hotel Pullman donde se alojaba, y un celular que llevaba en su poder cuando lo mataron– en una caja sellada.

Dado que la computadora alcanzó a ser operada y desbloqueada por parte de un funcionario ajeno al poder judicial, ahora los hombres de Gendarmería deberán reconstruir cuáles fueron los últimos pasos realizados sobre el aparato y constatar si hubo eliminación de datos.

Rodenas había ordenado la inmediata devolución de ese material ni bien tomó conocimiento de que la evidencia en cuestión había sido manipulada por el secretario de Tecnología de la provincia, Javier Echaniz, quien había logrado desbloquear la computadora, algo que no habían conseguido los expertos policiales, según afirmaron desde el Ejecutivo.

Si bien el gobierno alegó que el área técnica del Ejecutivo actuó con una orden judicial, la jueza Raquel Cosgaya, quien estuvo a cargo de la causa durante los primeros dos días, lo desmintió: “La policía que intervenía me consultó si efectivos de la Agrupación Unidades Especiales podían registrar un celular y no una computadora. En un momento en que había que actuar con rapidez respondí que el criterio debía ser que interviniera dentro de la policía quien tuviera aptitud para hacerlo. Pero nunca autoricé a un funcionario del Poder Ejecutivo”, afirmó la magistrada.

Dado que la computadora alcanzó a ser operada y desbloqueada por parte de un funcionario ajeno al poder judicial, ahora los hombres de Gendarmería deberán reconstruir cuáles fueron los últimos pasos realizados sobre el aparato y constatar si hubo eliminación de datos.

En la reunión de este lunes, de la que también participó la fiscal de Cámaras Cristina Rubiolo, se acordó que la primera apertura de la Mac se hará en la Capital Federal. En un contexto viciado de dudas y cuestionamientos por el presunto manoseo de la evidencia, los gendarmes solicitaron que ese acto sea presenciado por un funcionario judicial rosarino.

 

FUENTE: Redacción Rosario