Los jefes de Gobierno y Estado de la Comunidad del Caribe (Caricom) acordaron el martes, instar al Gobierno de Estados Unidos a que se eliminen las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela para permitir que los países caribeños se beneficien de la iniciativa PetroCaribe.

La declaración se hizo pública al cierre de la 43 reunión regular de la Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno de la Caricom, la cual se celebró desde el domingo y hasta el martes en Surinam y más adelante dice que con la medida buscan poder avanzar  en la explotación de los recursos naturales transfronterizos, entre ellos, los yacimientos de gas entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

Ya durante la clausura, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves mencionó los efectos de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela en relación al programa Petrocaribe.

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Ralph Gonsalves condenó en su intervención “las sanciones unilaterales impuestas por la administración de Estados Unidos durante la época del presidente Donald Trump en relación con Venezuela (que) pusieron fin en la práctica al acuerdo Petrocaribe”.

El jefe de Gobierno sanvicentino subrayó la afectación que la medida ha provocado en “varios países del Caribe, incluidos los países independientes [miembros] de la OEA, y otros países dentro de la Caricom”.

Caricom es una organización integrada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

 https://twitter.com/CARICOMorg/status/1544688905693306881?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1544688905693306881%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcumbre-caricom-insta-eeuu-levantar-sanciones-petroleo-venezuela-20220706-0029.html

En junio pasado, en ocasión de los 17 años de creación de PetroCaribe, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, recordó que se trata de un mecanismo para la seguridad energética de los pueblos latinoamericanos y caribeños. "Estoy seguro que muy pronto, vamos a recuperar la capacidad de este instrumento. ¡Es el camino!", dijo entonces.

FUENTE: TeleSUR

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Dana Vazquez

Gran Bretaña

Tras la moción de censura por parte de su propio partido, Boris Johnson continúa ocupando su cargo de Primer Ministro británico. Así lo confirman los 221 parlamentarios que dieron su respaldo al premier británico mientras que 148 representantes de su propio partido han votado en contra.

Debido a los escándalos por las fiestas en Downing Street durante los confinamientos, y lo que un informe administrativo detalló como “violaciones a las reglas anticoronavirus”, Boris Johnson debió enfrentar este lunes (06.06.2022) el voto de confianza de sus propios colegas conservadores. A pesar de contar con un 40% de votos en contra entre las filas de su propia formación, logró obtener la suficiente cantidad de afirmaciones para seguir detentando el puesto de Primer Ministro.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1533930426477297664

México

Luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador haya anunciado su ausencia en la Cumbre de las Américas debido a la no extensión de la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela por parte de los Estados Unidos, una comitiva formada por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía encabezados por el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, han manifestado sus intenciones de plantear una inversión para frenar la migración de América Central.

“Voy a tener la oportunidad de plantearles (a Estados Unidos) lo que opinamos sobre Centroamérica, porque no ha habido la inversión que quisiéramos”, dijo Ebrard en rueda de prensa.

Por su parte, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, anunció próximos compromisos de inversión privada en el norte de Centroamérica en el marco del plan “Llamada de la Acción” por un valor de 1.900 millones de dólares.

Diálogo Alemania- Ucrania: Guerra y crisis alimentaria

Con el objetivo de no agravar la ya declarada crisis alimentaria, los esfuerzos del canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, han sido llegar a acuerdos que permitan desbloquear los puertos ucranianos para el acceso de cereales y evitar que continúe el aumento de los precios. Por su parte, el mandatario ruso, Vladimir Putin, aseguró que Rusia no impondrá “ninguna condición” y añadió que se garantizará “el transporte pacífico, el acceso seguro a esos puertos, además de la entrada y trasiego de barcos extranjeros”.

Dicha búsqueda de alternativas para aliviar la inseguridad alimentaria mundial además se vio respaldada por la necesidad de “fortalecer” las defensas ucranianas. Ambos presidentes reiteraron las obligaciones que atañen a Rusia según las normas de derecho internacional en cuanto al tratamiento de los prisioneros de guerra.

Con respecto al material bélico, Scholz recalcó el compromiso de Alemania de continuar enviando armas a la región, incluido armamento pesado, armas antimisiles, vehículos blindados y municiones a Ucrania, con el fin de ampliar su apoyo.

América Latina. Conflicto por petróleo y gas

Aumentan las especulaciones sobre el sector energético debido a la invasión rusa a Ucrania y así lo manifiesta América Latina, en particular Nicaragua y Bolivia.  

Nicaragua está buscando reemplazar el crudo norteamericano por el petróleo de Irán. Según sostiene el diario “La prensa” de dicho país, el gobierno sandinista de Daniel Ortega plantea cambiar las importaciones del país porque la lógica del gobierno es la de obtener energía de un Estado que esté ideológicamente de su lado.

Por su parte, Bolivia desea imponer un precio de mercado estándar sobre el consumo de gas de Brasil y que este equipare el precio que paga Argentina. Esto se debe a que el acuerdo de 1999 sobre el suministro de gas entre Bolivia y Brasil no ha sido renovado por parte de Brasil en el año 2019, según cuenta el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasília, Roberto Goulart Menezes.

Argelia- España

Mediante un comunicado oficial, Argelia anunció la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, firmado con España en el año 2002. Dicha decisión recae en el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental del gobierno español de Pedro Sánchez.

El abandono de la histórica neutralidad y el respaldo al plan marroquí sobre la autonomía de la antigua colonia española bajo su control, para Argelia es interpretado como una decisión en detrimento al movimiento independentista Frente Polisario respaldado por dicho país.

En consecuencia, la Asociación de Bancos y Entidades Financieras (ABEF) comunicó a los directores de establecimientos financieros el “congelamiento de las domiciliaciones bancarias de operaciones de comercio exterior de productos y servicios desde y hacia España a partir del jueves 9 de junio”.

Siria- Israel

Este viernes, Siria cerró el aeropuerto de Damasco tras un nuevo ataque israelí, el cual dejó una persona herida y varios daños materiales. Las autoridades mantendrán la decisión de suspender toda actividad hasta que “el equipamiento sea reparado” y se garantice la seguridad de las operaciones.

Siria ha venido fortaleciendo sus capacidades militares para soportar una serie de ataques por parte de Israel, así como también poder contrarrestar aquellos grupos terroristas que se encuentran extendidos en su territorio.

Al respecto, y de manera conjunta, Siria y Rusia desplegaron maniobras y patrullas a lo largo del Golán sirio y las fronteras de la nación árabe con las zonas ocupadas y con Turquía.

El mencionado ataque se suma a una serie de ataques israelíes que llevó al gobierno de Bashar al-Ásad a criticar el silencio de Naciones Unidas ante estos hechos y a reafirmar su “derecho a defender su territorio por medios legítimos”.

(*) Analista internacional de Fundamentar.

La guerra en Ucrania disparará la pobreza y la crisis alimentaria en América Latina y el Caribe por el aumento en los precios, en una región impactada aún por la pandemia, advirtió el martes (24.05.2022) el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

"Millones de personas podrían verse empujadas a la pobreza y la inseguridad alimentaria si continúa el conflicto en Ucrania", dijo Lola Castro, directora para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), con sede regional en Panamá.

Según esta agencia de las Naciones Unidas, actualmente la inseguridad alimentaria afecta al menos a 9,3 millones de personas en los países latinoamericanos, cifra que "en el peor de los casos" podría "ascender a 13,3 millones" si la guerra "continua sin cesar".

"Los precios de las materias primas y de la energía han aumentado por el conflicto en Ucrania. El aumento de la inflación alimentaria amenaza a la región, con varios países muy dependientes de las importaciones de cereales", especialmente las islas del Caribe, alerta el PMA.

Rusia y Ucrania desempeñan un papel clave en el suministro mundial de materias primas estratégicas para uso industrial y alimentario.

La guerra y la sanciones económicas de occidente impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania ha provocado el riesgo de desabastecimiento y el alza de precios de productos básicos.

Además, el conflicto en Europa, según el PMA, ha agravado la crisis que ha provocado en América Latina la pandemia de coronavirus, que ya había aumentado los costos por la compra y el envío de alimentos por la interrupción en la cadena de suministros.

"La región ya está lidiando con el COVID-19, el aumento de los costos y los extremos climáticos", dijo Castro.

FUENTE: Made for minds

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Dana Vazquez

El desarrollo de las fuerzas productivas orientadas por el impulso de la demanda externa forma parte de América Latina y el Caribe desde su integración a la economía mundial. En ese origen, las necesidades metropolitanas se imponían sobre las locales a la hora de ordenar qué se produce y cómo se lo hace, lo cual implicó una trayectoria de más de trescientos que fue definiendo qué negocios privilegiar y generó estructuras productivas, actores sociales e imaginarios, todos ellos factores que pesan a la hora de pensar alternativas de desarrollo.

La modalidad primario-exportadora fue la privilegiada a la hora de establecer la inserción de la región en el mundo decimonónico, bajo el peso privilegiado no solo de los mercados externos sino de los capitales extranjeros en las economías recientemente nacionales. Las incipientes burguesías locales crecieron asociadas a este impulso. No es de extrañar entonces que aparecieran tan mezcladas las ideas de independencia nacional y la sociedad con los capitales extranjeros.

Esta fusión fue puesta en duda en todo el continente en las vísperas de los centenarios de las revoluciones independentistas, y fermentó en un clima con rasgos antiimperialistas más o menos generalizados. Este ánimo fue usado, a su vez, por muchos gobiernos de la época para renovar sus esfuerzos de nacionalización de la cultura, persecución de extranjeros «indeseables» y represión de la protesta social. Este reverdecer nacionalista se combinó con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que fue un primer traspié para el hasta entonces motor de la acumulación, que terminó de desbaratarse durante el interregno abierto entre la crisis de la década de 1930 y la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

Ese período abrió la oportunidad al desarrollo de industrias locales ante la interrupción del abastecimiento externo. Con dudas y reticencias de las elites locales, fueron décadas en las que la acumulación debió reorientarse ante la destrucción masiva de las economías centrales europeas y su desplazamiento por Estados Unidos. Fueron los años de la llamada industrialización por sustitución de importaciones, apoyada en la amplia red de talleres desarrollada en las márgenes durante la etapa previa. Casi todas las economías de la región atravesaron cierto impulso industrializador en esas décadas.

Sin embargo, a partir del final de la guerra, con la presión por volver a los negocios «como siempre» de las multinacionales, la continuidad del proceso se restringió a las economías de mayor tamaño relativo, cuyos Estados tuvieron un rol protagónico. Muchos de los proyectos iniciados en esos años madurarían décadas más tarde, dando lugar a «anómalas» producciones de alto valor agregado o composición tecnológica. Durante estas décadas, los flujos de intercambio externo jugaron un rol menos significativo que en el pasado, sin por ello dejar de tener importancia.

La deuda como organizadora de la producción

Esa desconexión relativa empezó a quebrarse en la década de 1970. Operó entonces una reconfiguración de la acumulación a nivel mundial. El ascenso neoconservador en Estados Unidos y Gran Bretaña pondría fin no solo a los arreglos internos en torno a los Estados de Bienestar, sino a los acuerdos monetario-financieros de Bretton Woods, que moldearon los intercambios internacionales por tres décadas. El inicio de las reformas de apertura en China se conjugó en este escenario, para facilitar la incipiente reestructuración de la producción, en forma de cadenas globales de valor y el despliegue de un vigoroso proceso de financiarización. En este momento crítico de quiebre, se inició lo que luego se conocería como neoliberalismo.

Vale resaltar que en un gran número de países de la región —incluidas las poderosas economías argentina y brasileña— la adaptación a estos cambios se dio de la mano de sangrientas dictaduras. No sería preciso suponer que se contaba con un modelo claro de antemano. Por supuesto, existían grupos de presión en el campo de las ideas, donde la ortodoxia neoliberal había ganado presencia con think tanks, becas, publicaciones y cuadros técnicos, todo en estrecho vínculo con las empresas de mayor porte. Pero también existían al interior de estas mismas dictaduras quienes daban relevancia a la industria y a ciertos sectores estratégicos por un problema de soberanía militar. La confluencia se encontraba en la orientación represiva, excluyente y contraria a la organización de las mayorías sociales.

La llave del cambio vino por un canal financiero. La acumulación de dólares excedentes en los sistemas financieros de los países centrales fue reciclada en forma de préstamos casi compulsivos a los países latinoamericanos. Pautados a tasas bajas, pero variables, renegociados anualmente, sin destino específico, sirvieron para responder al impacto de la suba de precios del petróleo como para financiar el terrorismo de Estado. En muy pocos casos los préstamos se canalizaron a la inversión productiva. También fueron a empresas estatales que no precisaban de esos fondos, pero luego deberían pagarlos, lo que reducía su capacidad operativa. Esta abundancia de fondos se vio abruptamente interrumpida a inicios de los años 80, tras la suba de las tasas de referencia en Estados Unidos. Los fondos se retiraron de la región de manera súbita, dirigiéndose a los países centrales. Así, como castillo de naipes, casi todos los países de la región entraron en problemas de pagos. Tanto la entrada masiva de capitales como su salida en estampida fueron definidas por prioridades y arreglos en los países centrales. Pero la crisis recayó sobre la periferia.

¿Por qué es importante remarcar esto? Porque la gestión de la crisis de la deuda en la década de 1980 terminó de dar forma al giro en torno al desarrollo de la región. A pesar de los intentos de organizar clubes de deudores, la presión de los acreedores se impuso. Durante la llamada «década perdida» la región prácticamente no creció, lidió con severos problemas de inflación y una regresividad manifiesta, debió ajustar sus presupuestos, enfrentó términos de intercambio desfavorables, pero al mismo tiempo transfirió valor en forma de pagos. Aun así, su deuda creció. Poco importó el origen de dudosa legalidad y legitimidad, las violaciones de derechos humanos de los gobiernos que recibían los fondos ni la corresponsabilidad de los acreedores.

La cesación de pagos generalizada ponía en crisis los balances contables en las casas matrices, lo cual podía hacer tambalear las economías centrales. Por eso, los Estados intervinieron de manera oficial, negociando durante una década hasta dar forma, tras el hito del plan Baker, al plan Brady, que permitió a inicios de la década de 1990 canjear la deuda en mora por nueva deuda en regla, a cambio de la aplicación de una serie de «recomendaciones» que ya se conocían como Consenso de Washington. Si durante la década de 1980 maduraron proyectos puestos en marcha por el Estado en décadas previas, y se aceleró el proceso de reconversión productiva para obtener divisas, en la de 1990 esto se terminó de organizar con la quita de mecanismos de regulación estatal, privatizaciones, «desregulación» de una multiplicidad de mercados (incluido el laboral), firma de tratados de inversión y de libre comercio, y apertura comercial. La mayor parte de estos cambios se sostuvieron en la región hasta el presente.

¿Qué exportaciones?

La nueva orientación exportadora se forjó no para sostener los niveles internos de consumo ni el desmanejo fiscal, sino para pagar deuda. Con matices, la región se consolidó como exportadora de materias primas, sobre todo de productos agropecuarios, piscícolas, forestales, metalíferos y mineros así como su procesamiento básico. Para ello ha sido clave la falta de estándares ambientales. Algunos pocos países lo combinaron con la exportación de hidrocarburos, en ciertos casos, con muy bajo grado de procesamiento (por ejemplo, México exporta crudo para luego comprar gasolinas procesadas).

Esto es lo que se suele llamar «extractivismo», a saber la explotación a gran escala de recursos naturales o comunes, con alto grado de estandarización, intensivos en capital, para obtener productos de bajo valor agregado normalmente destinados a la exportación. O «neoextractivismo», cuando se combina con captura parcial de la renta asociada por parte del Estado, a través de impuestos o mediante su participación en la producción. Esto no quita que, en algunos casos, en estas producciones se paguen salarios relativamente altos. Pero se hace a costa de segmentar el mercado de trabajo, estableciendo una creciente heterogeneidad entre sectores económicos, que terminan por obstruir cualquier otra actividad productiva: ¿Qué otras producciones son compatibles con esta especialización? A esto se suma además del grado de precarización y menor remuneración de las actividades conexas en la cadena de valor, mayormente subcontratadas en condiciones más pauperizadas. Los salarios de estos sectores son relativamente altos respecto de una media social precisamente desvalorizada para garantizar cierto nivel de competitividad externa.

Es habitual que las comunidades ubicadas en torno a los grandes proyectos no sean consultadas. Se trata de un derecho reconocido internacionalmente en el caso de comunidades originarias. Incluso cuando tentadas por posibles puestos de trabajo las comunidades saben que los empleos vienen de la mano de la destrucción de fuentes alternativas (¿cuántas granjas ha arruinado la explotación petrolera por fractura hidráulica, por ejemplo?) y la afectación directa de la salud de las poblaciones vecinas a los emprendimientos extractivos. Las economías regionales devastadas por el huracán neoliberal hoy son presentadas así como zonas de sacrificio.

Muchas de estas críticas son descartadas, consideradas fatuas no solo por partidarios de visiones ortodoxas de la economía, sino por quienes se consideran neodesarrollistas. No se ha reparado lo suficiente en esta llamativa coincidencia en la veneración a las ventajas comparativas —basadas en la dotación dada de factores o recursos con que cuentan las naciones, como «dones» naturales—. Lo que la ortodoxia abraza como mandato, el neodesarrollismo parece aceptarlo como resignación. Aunque siempre se afirma la necesidad de agregar valor y crear empleo sobre estas ventajas, no se cuestiona la preeminencia de esta fuente de acceso a divisas por la vía exportable.

En algunos países, la especialización primaria se combinó con la provisión de fuerza de trabajo barata, a través del emplazamiento de industrias bajo el modelo de maquilas. Se trata centralmente de la industria textil, la electrónica y la del transporte, orientadas a la exportación a Estados Unidos, como ocurre en Centroamérica y México. Este conjunto de economías se especializa en el uso de fuerza de trabajo mal remunerada para la especialización orientada a la exportación. A este fenómeno Ruy Mauro Marini lo llamó superexplotación de la fuerza de trabajo. Menos teorizado se lo puede entender como el caso de quienes tienen empleos que no les permiten salir de la pobreza. Debe añadirse que en este caso que la desigualdad de género es particularmente explotada como fuente de ganancias: mujeres peor pagas y con peores condiciones laborales como motor de desarrollo.

Finalmente, el turismo es el único servicio en que la región obtiene superávit en el comercio exterior. Esto habilita a múltiples proyectos de inversión que aprovechan la belleza paisajística y la fuerza de trabajo relativamente barata. Al igual que la maquila, se distinguen de la explotación de recursos por ser más demandantes de trabajo, predominantemente mujeres, y en muchos casos con niveles de calificación relativamente bajos. Debe anotarse que, en materia de especializaciones en la provisión de divisas, se pueden anotar dos variaciones más: el envío de remesas por parte de migrantes que debieron irse de su país de origen por falta de oportunidades, y remiten fondos a sus familiares, y las economías que funcionan como guaridas fiscales, lo que les provee cierto excedente de divisas. Aquí, claro, la ventaja está en la baja tributación y escaso control de las operaciones financieras. Ninguno de estos casos parece poder proponerse de forma explícita como proyecto de desarrollo, de modo que se evita resaltarlos en la agenda económica.

Ahora bien, las tres primeras especializaciones señaladas (extractivismo, maquila industrial y turismo internacional) estuvieron centradas en el desmantelamiento de las estructuras productivas internas. No respondieron a necesidades nacionales o a programas de desarrollo, sino a la crisis y la necesidad de obtener recursos externos y fiscales para pagar deuda. Es decir, no fueron puestas en marcha para sostener el consumo ni la inversión. En algunos casos, las exportaciones tienen baja demanda de fuerza de trabajo y en otras dependen de remunerar mal a la misma. No parecen ser promesas de desarrollo atractivas.

Un fetiche de exportación

Las especializaciones productivas de exportación en la región no se fundamentan en programas de desarrollo nacional, ni en el objetivo de superar las barreras impuestas por la escala de mercado, ni en prioridades internas de consumo o inversión, ni siquiera de recaudación. Tampoco se sostienen sobre mecanismos de integración de segmentos clave de las cadenas de valor, ni en la aplicación de conocimientos generados en la región. Se justifican en la urgencia de obtener divisas, como mandato ante la aparente escasez que limita el crecimiento. Sin embargo, la tracción importadora asociada al crecimiento está basada en la propia apertura temprana de las economías latinoamericanas, que desmanteló actividades que bien podrían realizarse localmente.

Más aún, la región no muestra una situación de déficit sistemático en su comercio exterior, ni tampoco los superavits y déficits están asociados a fases de crecimiento o crisis. Mientras que el saldo agregado tiene cierta variabilidad, la salida de divisas por el pago de intereses y de utilidades es sistemático. El saldo negativo de estas rentas se multiplicó por siete en las últimas cuatro décadas, permaneciendo en torno a 3% del PBI desde 1990. Esta brecha debe cubrirse de alguna manera, y es allí donde las exportaciones juegan el rol crucial, tanto para la ortodoxia como para parte de la heterodoxia, que no cuestionan la dinámica de la deuda o el rol del capital extranjero en general.

La inversión extranjera directa, muchas veces asociada a grandes proyectos de desarrollo, se muestra en las últimas décadas como una suerte de pinza, en la que cada vez se necesita más inversión para dejar un mismo aporte de divisas, descontando lo que se va en materia de utilidades remitidas al exterior. En la última década (2011-2020), esta inversión dejó un aporte neto de divisas similar a la fase 1994-2003, pero con un nivel de inversión dos veces y media mayor (lo que representa un menor aporte en el PBI total). Es decir, el esfuerzo para atraer inversiones es cada vez mayor. No en vano, la mayor parte de la región ha sostenido su adhesión a la institucionalidad de los tratados de inversión (con las excepciones de Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela). América Latina y el Caribe es la región con más demandada por inversores ante tribunales internacionales y 70% de resoluciones fueron favorables a sus intereses. Acumula 21.807 millones de dólares en arreglos desfavorables, lo que es equivalente a toda la inversión extranjera neta de 2020.

El fetiche de las exportaciones como fuente de desarrollo se basa en la omisión de esta clase de consideraciones. Por supuesto, para la ortodoxia económica y los defensores de las grandes corporaciones, esto no constituye un problema. Para una gran parte de la heterodoxia, que no ignora el problema, se trata de un mandato de realpolitik. Incluso cuando no ocupan cargos de gobierno. Esto es extraño, porque al mismo tiempo que reconoce la necesidad de incrementar exportaciones para pagar estas salidas de divisas, elude cualquier consideración respecto de la capacidad de lobby y el peso estructural que adquieren los actores asociados. Su promoción no parece compatible con posteriores controles o regulaciones, a menos que se tenga una idea precaria de las dinámicas de poder o ilusiones respecto de la capacidad de los Estados (en especial, los subnacionales) de eludir la captura por parte de estos actores poderosos. ¿Por qué motivo los actores económicos especializados en actividades tal como existen hoy cederían recursos económicos y políticos para su propio debilitamiento?

Ante la insuficiencia de argumentos para responder estas dudas, no pocas veces hemos visto la reacción conservadora, incluso agresiva, por parte de ortodoxos y heterodoxos que demandan exportar más, ahora mismo, relegando la distribución del ingreso a un «futuro promisorio» si se logra primero consolidar un modelo de crecimiento traccionado por exportaciones. La urgencia se basa en la imposibilidad de cambiar las relaciones externas o discutir procesos de largo alcance. Y al hacerlo, suelen ridiculizar las objeciones de ambientalistas, comunidades locales o incluso sindicatos. Está claro, nadie a esta altura supone que una economía puede sobrevivir aislada del intercambio con el mundo. La propuesta no es aislacionismo y primitivismo, sino desarrollo basado en las necesidades locales, en garantizar niveles de vida decentes para toda la población. Y en esto, la orientación exportadora de las últimas décadas, bajo gobiernos de diferentes ideologías, tiene un número elevado de cuentas pendientes. 

(*) Francisco Cantamutto es investigador asistente de CONICET, con sede de trabajo en el IDAES de la UNSAM. Licenciado en Economía (UNS-Argentina), Maestro en Ciencias Sociales (FLACSO-México), Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Sociología (FLACSO-México). Es docente. Se especializa en temas de economía y procesos políticos, con especial referencia a América Latina.

(**) Martín Schorr es Doctor en Ciencias Sociales y actualmente trabaja como investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín.

FUENTE: Nueva Sociedad

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Elizabeth Hernández

La administración de Joe Biden en Estados Unidos concita la atención mundial. Primero, tuvo amplia repercusión el discurso del 29 de abril frente al Congreso, en el que el presidente norteamericano pareció confirmar el giro a la izquierda con respecto a las gestiones precedentes (republicanas, obviamente, pero también demócratas). En la Argentina, en particular, aún resuenan los ecos, amplificados por la dirigencia local, sobre la propuesta de Biden: "Es hora de que el 1% más rico pague su parte". A los pocos días, alcanzó con apenas una declaración de intenciones para alterar el tablero geopolítico: Estados Unidos apoyará la suspensión de patentes de vacunas contra el COVID-19. 

Para hablar de estos temas, y de las relaciones del Estados Unidos de Biden con América Latina y, en particular con la Argentina, El País Digital dialogó con el internacionalista y profesor Bernabé Malacalza, quien recientemente, en un artículo de su autoría, consideró que Biden plantea hacia la política exterior una pugna con las autocracias, principalmente con China.

EPD: ¿Cuáles son los cambios más notorios entre el Gobierno de Trump y el de Biden?

BM: En materia internacional, diría que son cuatro.

El primero, el fin del negacionismo pandémico. Biden reconoce que es primordial salir de la pandemia para resolver los problemas de Estados Unidos. Recuperar su economía y resolver la cuestión sanitaria requiere en primer lugar de acrecentar el ritmo del proceso vacunatorio, priorizar a los norteamericanos en ese proceso, y además, inyectar capital a la economía y proteger a las empresas norteamericanas.

En segundo lugar, la promoción de los derechos humanos, que aparece abiertamente en lo discursivo, con un tono muy confrontativo con relación a las autocracias, principalmente con respecto a China.

Como tercera cuestión, se vislumbra un mayor activismo en los organismos multilaterales. El reingreso al Acuerdo de París, la incorporación a la OMS, la organización de la Cumbre del Clima, son aspectos que tienen que ver con esta revitalización al multilateralismo.

Finalmente, la suspensión de patentes de las vacunas, el reconocimiento o el apoyo a la propuesta de India y Sudáfrica para suspenderlas y de esa manera permitir que la producción de vacunas se desconcentre.

Creo que esas son cuestiones fundamentales, algunas medidas más relevantes en ese sentido, en relación con estos cuatro principios, tomadas en estos últimos meses, son el retiro de las tropas de Afganistán, poniendo fin a lo que se conoce como las guerras eternas, y el reconocimiento del genocidio armenio.

EPD: Fue muy comentado el discurso de Biden ante el Congreso. ¿Hay un giro a la izquierda por parte de EE. UU.? En tal caso, ¿ese giro se da hacia adentro, como política interna o hacia el exterior?

BM: En relación con el discurso de Biden, destacaría dos aspectos. Uno tiene que ver con lo ambicioso hacia adentro y otro con lo dogmático hacia afuera.

Hacia adentro, el discurso está muy elaborado y es preciso, básicamente ligado a la política interna, con un espíritu más audaz que Obama en sus primeros cien días, una búsqueda de regenerar algo así como un estado de bienestar; sin embargo, se trata de un discurso ambicioso, porque en el corto o mediano plazo es de difícil concreción. Estados Unidos hoy se encuentra con serias contradicciones y brechas domésticas, y con una polarización cruenta a nivel interno, difícil de cicatrizar y, además, no está presente el consenso bipartidista, como sí lo estuvo tras la Segunda Guerra Mundial. Estamos frente a un Estados Unidos cuyos niveles de competitividad no son los de los años 50 o 60, a la vez que la rivalidad con China es diferente. China no es la Unión Soviética, en términos económicos y tecnológicos está mucho mejor posicionada.

Además, lo que se estimaba en términos de generación de empleo, que eran un millón de puestos de trabajo, al momento se han creado 266 mil; es decir, hay una brecha entre lo que se propone y la realidad doméstica.

En lo externo, el discurso tiene un componente fuertemente dogmático. Plantea una pugna entre democracias y autocracias, donde los aliados de EE. UU. son la salvación frente a las autocracias que representa China, principalmente. Esa batalla tiene un tono dogmático, polarizante, rígido, que vuelve a esta confrontación con China a un terreno ideologizante, muy preocupante.

EPD: ¿Qué elementos internos y externos observás como causas de este giro?

BM: El cambio de Biden se explica, desde mi punto de vista, por tres cuestiones: consumo, pandemia y China. El presidente, en lo que respecta al consumo, está buscando inyectar dinero para estimular la economía y la producción, con eje principal en el consumo. En ese sentido, es inyectar dinero en los norteamericanos. Así sucedió en la primavera del 2020 y Biden busca retomar ese impulso a través de la creación de empleo. Ha anunciado que va a subir los impuestos para quienes ganan más de 400 mil dólares al año, las corporaciones principalmente. Es un reconocimiento de que hubo un salto exponencial en las ganancias de estas empresas, sobre todo, las empresas digitales y los laboratorios, en la pandemia.

La segunda cuestión tiene que ver con la pandemia. Hay un entendimiento de Biden de que hay una relación de causa-efecto, entre terminar con la pandemia, a través de la vacunación, y la vuelta a la normalidad, es decir, el crecimiento del empleo.

Si no se termina con la pandemia, no se puede recuperar la economía; entonces, el foco principal es ese. Para ello, Estados Unidos entiende que cumplir con el proceso vacunatorio interno posteriormente va a requerir colaborar con que el resto de los países del mundo rápidamente aceleren sus procesos vacunatorios, pero esto es una cuestión de etapas.

Un tercer punto tiene que ver con China. Biden entiende que la razón de ese retraso económico y tecnológico en algunos campos respecto a China se debe a la falta de inversión doméstica en sectores estratégicos, como energías limpias, ciencia y tecnología. Es decir, la batalla con China se juega adentro de casa. Para Biden es fundamental recuperar esas inversiones para que EE. UU. pueda ponerse a la par de China en los campos en los que están rezagados (tecnología y energías limpias).

EPD: Las demócratas han sido históricamente muy intervencionistas en América Latina, ¿qué podemos esperar con Biden?

BM: La principal preocupación de Biden con respecto a la región es América Central, bajar la presión migratoria sobre la frontera sur, destinar un paquete de ayudas e incentivos económicos a los países del triángulo norte, principalmente para detener el flujo migratorio con ese sentido.

En segundo lugar, Venezuela, Cuba, Nicaragua están identificados como regímenes autoritarios y amenazas a la seguridad de los Estados Unidos. Habrá en esos países un monitoreo férreo, con posibilidades de extender las sanciones económicas vigentes o incluso ir más allá en la coerción.

En tercer lugar, para Sudamérica también habrá un monitoreo férreo en relación a las proximidades que tengan los países con respecto a China y a Rusia. Una aproximación en el campo tecnológico, con la tecnología 5G y la empresa Huawei seguramente generará un mayor nivel de relevancia en el radar de Estados Unidos.

EPD: ¿Y cuál es el caso de Colombia en este contexto?

BM: En el caso de Colombia, se han expresado funcionarios del Gobierno de Biden con preocupación por los sucesos. Claramente, es una retórica menos beligerante para el caso colombiano.

La retórica beligerante se enciende cuando se trata de países que tienen un vínculo fuerte con China o con Rusia.

EPD: Con Bolsonaro en Brasil y la creciente influencia de China, ¿pensás que se abre una oportunidad para la Argentina de convertirse en interlocutor privilegiado con EE. UU.?

BM: Las relaciones entre EE. UU. y Argentina dependerán más de cómo aprovecha algunos espacios y ocasiones nuestro país que de Estados Unidos.

Argentina no está dentro de las prioridades de Biden; sin embargo, hay algunos espacios en los que se puede cooperar.

(Juan Gabriel) Tokatlian señala cinco temas que podría Argentina trabajar con Estados Unidos. El primero son las negociaciones con el FMI, aprovechar en este campo la sintonía entre Biden y el papa Francisco. Biden es el segundo presidente católico de los EE. UU.

Una segunda cuestión es Venezuela, la propuesta argentina de salida negociada de la crisis venezolana puede ser un punto de acercamiento con la administración Biden.

Un tercero es energía, proyectos en torno al litio, en los que el Ministerio de Producción argentino viene avanzando.

El cuarto, derechos humanos: recuperar el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y apoyar una mirada multilateral de la cuestión.

Un quinto sería revitalizar el multilateralismo en la OMC, con la cuestión de la suspensión de las patentes, en la OMS, con la respuesta a la pandemia, también con el cambio climático y el retorno de EE. UU. al Acuerdo de París; es decir, colaboración mutua en todos esos campos.

EPD: Un grupo de legisladores demócratas de EE. UU. piden suspender la deuda con el FMI mientras dure la pandemia, ¿creés que es parte de la nueva relación de Biden con Argentina?

BM: Lo que están proponiendo es que el FMI se oponga a cualquier crédito, garantía, documento o estrategia que conduzca a reducir el gasto público en los países deudores, que están enfrentando la segunda ola del COVID. No tiene que ver esa propuesta estrictamente con la Argentina, sino con una iniciativa de los propios legisladores demócratas, que obviamente está relacionada con la situación de crisis que enfrenta nuestro país.

EPD: ¿Qué evaluación hacés de que tanto Biden como Putin se hayan proclamado acerca de la liberación de las patentes?

BM: El cambio de posición de Biden respecto a las patentes es auspicioso; no obstante, más allá de que la suspensión de las patentes permite acceder a las recetas de las vacunas sin pagar royalties ni penalidades, algo que es positivo para los países en desarrollo, para acelerar los procesos de vacunación estos países se necesitan además transferencias tecnológicas, que se compartan los secretos, los detalles de esa producción, mayor capacidad de producción instalada, capital, financiamiento, infraestructura, recursos humanos, y además, capacidad de distribución y de almacenamiento.

Todo ello requiere de insumos que proveen los países desarrollados, y estos insumos hoy están restringidos por prohibiciones a las exportaciones, entre otros países, de Estados Unidos, que aún hoy las mantiene.

FUENTE: El País Digital

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Elizabeth Hernández

El conservador Alejandro Giammattei será el nuevo presidente de Guatemala al ganar por goleada las elecciones de este domingo en las que obtuvo el 58,1% de los votos. La ex primera dama Sandra Torres quedó muy lejos al obtener el 41,8% de los sufragios.

Giammattei, de 63 años, logró triplicar los apoyos obtenidos en la primera vuelta y obtuvo 1.900.000 votos frente a los casi 1.350.000 de Torres. Giammattei, un exjefe de prisiones que intentaba por cuarta vez el asalto a la presidencia, se aprovechó del fuerte voto negativo que acumula la ex-primera dama para barrer principalmente en las ciudades.

El nuevo mandatario, considerado el heredero político de Jimmy Morales, asumirá el poder en enero de 2020 cuando reemplace al actual mandatario, uno de los presidentes con la tasa de popularidad más baja del continente. Con un discurso conservador en lo social y liberal en lo económico su programa está centrado en la seguridad y en la reactivación económica que ha completado con un sinfín de programas sociales incorporados a última hora.

Sin embargo, la jornada de votación fue un funeral sin emoción democrática ni colas frente a los colegios electorales. El otro ganador de la jornada fue la abstención. Con una participación del 42% el nuevo mandatario resultó elegido con menos de dos millones de votos sobre un padrón de más de ocho. En ese contexto de hartazgo y enojo hacia la clase política y hacia un sistema que dejó fuera a algunos de los candidatos más populares con distintas artimañas, tendrá que asumir el poder con el objetivo de “transformar el país”.

“Yo no voy a ser el primer mandatario sino el primer servidor de la nación. No vamos a ser los gobernantes perfectos, pero vamos a ser los gobernantes correctos para transformar el país” dijo en sus primeras palabras ante sus simpatizantes. Una intervención en la que no hizo ni una sola referencia a la pírrica legitimidad con la que llega al poder, de hecho, Giammattei obtuvo un millón de votos menos que Morales hace cuatro años.

“El abstencionismo se explica porque ninguno de los dos candidatos satisface las aspiraciones de los votantes. Sandra Torres es la representante más conspicua de la vieja política, mientras Giammattei solo es una persona obsesionada por el poder, sin más meta que alcanzar la presidencia sin ningún programa de gobierno”, señala Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

“Para empezar a gobernar, Giammattei tendrá que tomar en cuenta que la población no tiene ninguna confianza en la clase política. En consecuencia, tendrá que comprometerse a fondo en buscar solucionar la principal preocupación del hombre de la calle: una lucha a fondo en contra de la corrupción. Si no lo logra, la confianza se mantendrá bajo mínimos”, añade el analista.

El combate a la corrupción, la lucha contra el desempleo y la violencia serán los ejes centrales de su gestión, tal y como anunció el ganador de los comicios. La mejor noticia de la jornada electoral fue la ausencia de disturbios y la celeridad y transparancia con la que se publicaron los resultados, despejando de esta forma los rumores de fraude y las dudas con el sistema informático que gravitaban sobre los comicios y que añadirían más tensión al ambiente.

“Ambos representan un sistema que la gente rechaza, que ya no tiene legitimidad, Dos dignos representantes de un sistema caduco. EL nuevo presidente tendrá un camino muy cuesta arriba, porque Giammattei no tiene el músculo político necesario para revertir el ánimo de la gente ni, mucho menos, garantizar la gobernabilidad, cuando su representación en el Congreso es mínima: 16 diputados de 160 escaños” explica Manfredo Marroquín, exanalista de Transparencia Internacional.

FUENTE: El País

EDICIÓN Y RELEVAMIENTO: Santiago Toffoli

Los precandidatos presidenciales

Para poder comprender mejor el escenario se debe tener en cuenta las fuerzas mayoritarias a presentarse. Por un lado, está el Frente Amplio, partido que de momento se encuentra en el poder con Tabaré Vázquez a la cabeza, y por otro lado se encuentran los partidos que históricamente se han disputado el poder en Uruguay; el Partido Nacional o mejor conocido como Partido Blanco que se consolida como la oposición firme y el Partido Colorado que aparece como la tercera fuerza en disputa. 

Por el Frente Amplio se presenta como candidato favorito a ganar la interna el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. No obstante, debe disputarse contra Óscar Andrade, actual Secretario General del SUNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos); Mario Bergara, ex Ministro de Economía y Finanzas y presidente del Banco Central de Uruguay durante dos períodos; y por último Carolina Cosse, actual Ministra de Industria, Energía y Minería. 

A pesar de la interna, el Frente en su cierre de campaña se muestra unido, con un acto realizado en Las Piedras donde se presentaron los cuatro precandidatos juntos. Esta es la estrategia que los diferencia del Partido Nacional, principal opositor, donde las rispideces entre el favorito, Luis Lacalle Pou y Juan Sartori, quien llegó a ocupar la segunda posición en las encuestas, son mayores. A estas diferencias se le suma una campaña de “fake news” que intenta desestimar al multimillonario Sartori. 

Por el Partido Nacional el favorito es el senador Luis Lacalle Pou quien ya se había postulado en las elecciones de 2014 obteniendo el 30,88% de los votos en la primera vuelta y el 43,50% en la segunda vuelta. Los contendientes son Juan Sartori, multimillonario quien no se ha desempeñado en política, sino que ha sido director y accionista de UAG (Union Agriculture Group); Enrique Antía, intendente de Maldonado; Carlos Iafigliola, representante nacional por Montevideo; y Jorge Larrañaga, Senador desde el año 2000 y precandidato presidencial en 2009 y 2014.

Por último, por el Partido Colorado el favorito es Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay en los años 1985 y 1995. Debe disputarse con José Amorin Battle, Senador desde el año 2010 y precandidato presidencial en 2009 y 2014; Edgardo Martínez Zimarioff, ex Ministro de la Corte Electoral; Ernesto Talvi, ex director del CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social); José Gonzalez Querio; y Pedro Etchegaray, precandidato presidencial en 2009.

Influencia del contexto internacional en Uruguay

El panorama en la región desestabiliza la situación en Uruguay. Tanto la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el viraje hacia la derecha en algunos países europeos, como la situación interna en Argentina y Brasil, podrían condicionar las elecciones en Uruguay. 

Siendo China el principal exportador de Uruguay, las trabas comerciales que Estados Unidos le está imponiendo al gigante asiático podrían perjudicar su posibilidad de compra en Latinoamérica. Esto genera adhesiones a las posiciones más nacionalistas.

Por otro lado, el viraje de algunos países europeos hacia la derecha (caso de Italia, Austria, el triunfo de Le Pen en las elecciones parlamentarias en Francia, entre otros) y los gobiernos de derecha ya instaurados en América Latina podrían ser un catalizador de las elecciones próximas. 

Por último, la situación económica imperante en Argentina y la falta de certeza sobre las fórmulas políticas que se presentarán a las elecciones primarias de agosto muestra un panorama incierto sobre el pensamiento imperante en la región. No obstante, es difícil creer que las elecciones en Uruguay pudieran verse influidas por las de Argentina, y viceversa.

A modo de conclusión, no puede establecerse un “claro ganador” ya que los sondeos realizados muestran un panorama turbulento. Sumado a que los precandidatos presidenciales, 28 en total, son numerosos; provenientes la mayoría de los 3 Partidos tradicionales y con posturas sumamente divergentes. Las campañas de desestimación a algunos candidatos sólo han logrado aumentar su popularidad y desestabilizar al favorito.

(*) Analista del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)

Las principales potencias de América Latina rechazan una intervención militar en Venezuela. Sin citar explícitamente las declaraciones ni el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las cancillerías de los principales países han trasladado un mensaje similar de repudio a lo largo de la mañana de este sábado, a cualquier participación extranjera en el país caribeño.

El primer Gobierno en salir al paso ha sido el colombiano. La Cancillería emitió un comunicado en el que “rechaza medidas militares y el uso de la fuerza en el sistema internacional” en Venezuela. El Gobierno de Juan Manuel Santos, sin embargo, no hace ninguna referencia a Trump, consciente de que este domingo el vicepresidente Michael Pence comienza su gira latinoamericana en Cartagena de Indias, donde se reunirá con el presidente colombiano.

“Todas las medidas deben darse sobre el respeto de la soberanía de Venezuela a través de soluciones pacíficas”, continúa el comunicado. “A pesar de las dificultades actuales para lograr una salida pacífica y negociada, seguimos creyendo que este camino es el adecuado para encontrar soluciones de largo plazo”. Colombia ha condenado de manera reiterado lo que consideran “una ruptura constitucional” en el país vecino desde que se votara el pasado 30 de julio la nueva Asamblea Constituyente del mandatario Nicolás Maduro.

En todo momento, la postura del Gobierno se ha remitido al consenso regional que se materializó en la Declaración de Lima del 8 de agosto pasado. Además, de hacer un llamamiento constante al Secretario General de Naciones Unidas para que “utilice los mecanismos que pongan fin a la crisis de ruptura democrática en Venezuela”.

En el mismo tono que Colombia se pronunció poco después la Cancillería de México, cuyo responsable, Luis Videgaray, ha sido uno de los mayores críticos con la deriva autoritaria de Nicolás Maduro en los últimos meses. La diplomacia mexicana rechaza "el uso o la amenaza de uso de las fuerzas en las relaciones internacionales" y añade que "la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante acciones militares, internas o externas.

Tras endurecer sustancialmente en los últimos días su actitud con Venezuela, los países del Mercosur también han dejado claro que rechazan con la misma contundencia la hipótesis de una intervención militar exterior. Las palabras de Trump tuvieron como respuesta un comunicado del bloque comercial, ahora mismo bajo presidencia brasileña, en el que, sin citar de forma expresa al presidente de EE UU, los Gobiernos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay manifiestan de forma conjunta su censura a las amenazas veladas de Washington.

“Los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia”, señala la nota del Mercosur. Los cuatro países del gran bloque comercial de Sudamérica incluso equiparan una eventual acción militar con el uso de la violencia por parte del Gobierno de Nicolás Maduro contra sus opositores: “El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es irrenunciable y constituye base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en el de las relaciones internacionales”.

Después de algunas semanas de titubeos, debido fundamentalmente a los recelos del Gobierno izquierdista de Uruguay, los cancilleres de los cuatro países del Mercosur decidieron el pasado día 5 en São Paulo ponerse firmes con Maduro y suspendieron definitivamente a Venezuela en aplicación de la “cláusula democrática” del tratado comercial. Una semana después, los gobiernos constatan que “aumentaron la represión, las detenciones arbitrarias y el cercenamiento de las libertades individuales”, un comportamiento del Gobierno de Caracas que “reduce aún más el espacio para el debate político y la negociación”. Aun así los países del Mercosur seguirán abogando “de forma individual y colectiva” por una política de presión pacífica sobre Maduro para que asuma “la democracia como única forma de Gobierno aceptable en la región”.

Otro de las cancillerías más activas ha sido la de Perú. El Gobierno andino trató en un primer momento de lograr una declaración conjunta de las potencias latinoamericanas, según informó Reuters. No obstante, y hasta conseguirla, también la Cancillería del país andino repudió las palabras de Trump. "La Declaración de Lima es la reacción regional para defender el último órgano democrático vigente en Venezuela: la Asamblea Nacional electa libremente", expresó la diplomacia peruana. "Una negociación de buena fe, con objetivos claros y plazos precisos, es la única vía aceptable para recobrar la democracia en Venezuela. Todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza socava el objetivo de restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, así como los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El Perú rechaza cualquier amenaza o el uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", insistió.

FUENTE:  El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El título con el que el (FMI) encabeza su último informe sobre la economía mundial lo dice casi todo: “Ajustándose a precios más bajos en las materias primas”. China, la economía que marca el paso en la demanda de productos básicos, no crece como antes. Los países exportadores de metales, petróleo o alimentos, en buena parte emergentes o en vías de desarrollo, sufren. Y la recuperación de las economías avanzadas marcha a “un ritmo persistentemente modesto”. Así que lo que se ajusta, a la baja, es el pronóstico de crecimiento. Los expertos del FMI liman otras dos décimas a lo que creen que avanzará el PIB mundial en 2015 para dejarlo en un 3,1%, la tasa más baja en seis años.

“Para los mercados emergentes y los países en vías de desarrollo, nuestra predicción es que 2015 será el quinto año consecutivo de crecimiento declinante”, subraya el nuevo economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld, en la introducción del informe, presentado este martes en Lima (Perú), que acoge esta semana la asamblea anual del organismo. Un lustro de avance debilitado se traducirá en un aumento del 4% del PIB de este amplio y heterogéneo grupo de países, encabezado por China, India, Brasil o Rusia. Una tasa muy baja para el que ha sido el motor del crecimiento mundial: en las dos últimas décadas, solo en 2009 (3,1%), tras la Gran Recesión en las economías avanzadas y en 2001 (3,8%), cuando estalló la burbuja de las puntocom, avanzaron a un ritmo más bajo. En la antesala de la Gran Recesión, en 2007, los emergentes y países en vías de desarrollo crecían al 9%. Y China, al 14%.

Lo llamativo del nuevo pronóstico es que, si bien “la ralentización del crecimiento de China” es la razón esencial del empeoramiento de las previsiones para el resto de economías emergentes (y algunas avanzadas), el gigante asiático escapa de esas revisiones a la baja. Ni las acentuadas caídas en la Bolsa de Shanghái este verano, ni los crecientes indicios de que la inversión inmobiliaria o la producción industrial han dejado de marchar a buen ritmo, hacen variar la estimación de los expertos del FMI, que destacan el nuevo soporte del consumo privado. Como a principio de año, el Fondo estima que el PIB chino crecerá un 6,8% en 2015 y un 6,3% en 2016.

“Las repercusiones de la ralentización china más allá de sus fronteras son mayores de lo estimado inicialmente”, justifica el Fondo. “Eso se refleja en una caída de los precios de las materias primas y en las exportaciones, más débiles, a China”, añade.

La cotización del petróleo ha bajado un 46% en el último año, según los datos del FMI, mientras que el precio de los principales metales ha caído un 22% y en el de los alimentos, un 17%. El Fondo anticipa que este periodo de bajos precios en productos básicos se extenderá, al menos, dos años más, y detraerá entre 1 y 2,25 puntos porcentuales al crecimiento anual de los países exportadores entre 2015 y 2017.

REVISIÓN A LA BAJA EN AMÉRICA LATINA

América Latina es la región que sale peor parada de este nuevo escenario, protagonizado también por el endurecimiento de las condiciones financieras para los países emergentes -la inminente subida de los tipos de interés en EE UU marca el fin de la abundancia de liquidez-, o la salida de capitales hacia los refugios tradicionales (Estados Unidos, Japón o la zona euro). La nueva previsión es que el PIB conjunto de las economías latinoamericanas y del Caribe retroceda este año un 0,3%, frente al aumento del 0,5% que se anticipaba en julio.

Venezuela (-10%), Brasil (-3%) y Ecuador (-0,6%) son los que muestran una peor evolución, tras un sustancial recorte respecto a la última predicción, pero también se ralentiza el crecimiento de los países integrantes de la Alianza del Pacífico (Chile, México, Colombia o Perú), más boyante, con avances en el entorno del 2,5%. Argentina se apunta una ligera mejora este año, aunque solo para postergar la recesión (-0,7%) a 2016, mientras Bolivia mantiene aún una tasa del 4,1%, beneficiada en parte porque los contratos de gas natural se renegocian en plazos largos.

Rusia, tan afectada por la bajada del precio del petróleo como por el conflicto con Ucrania y las sanciones económicas, también encara un pronóstico peor, con un retroceso previsto del 3,8%, frente al 3,4% que el FMI le auguraba en julio. La predicción sobre la economía de India también sufre una mínima corrección, pero aún así su crecimiento (7,3% en 2015) será esta vez mayor que el de China.

FUENTE: ElPaís