La semana pasada, cuando abordábamos el análisis político de cierta oposición en la Argentina (VER), sosteníamos que la pandemia había generado una especie de división entre los que tenían la responsabilidad de la gestión y quienes participan desde la irresponsabilidad que pueden habilitar las redes sociales y los medios hegemónicos.

Decíamos también que, ante el escándalo del espionaje macrista de la Agencia Federal de Inteligencia, al ala más dura de la conducción de Juntos por el Cambio le cabían tres acciones concretas: negar todo, ir para adelante y radicalizar su discurso. Este último fin de semana, y a partir del asesinato de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Fernández y supuesto arrepentido en la causa de los cuadernos, pudimos confirmar que esos mismos referentes, a cargo de la conducción institucional de los tres partidos políticos que conforman la alianza política, eligieron el peor camino: el de la desestabilización política del gobierno nacional. 

Los hechos se desencadenaron con la velocidad de Internet. El viernes trascendió la noticia de la desaparición del ex funcionario y entre redes y portales, el hashtag “#CristinaAsesina” era tendencia en twitter para el día sábado. El paquete se cerraba con los títulos (vergonzosos) de los diarios dominantes de ese día. Muchos imaginaron la segunda versión del caso Nisman. 

Pero la desmentida llegó rápido. Tal vez por desconocimiento cabal del tema desde la distancia, tal vez por no tener periodistas propios en el lugar, lo cierto es que el desarme de la operación iniciada a última hora del día viernes, fue desmentida para media mañana del sábado, confirmando la muerte de Gutiérrez como un hecho policial. A partir de allí, cierta bonomía podía hacernos suponer que el tema pasaría al olvido en términos político-institucionales. Pero no. La respuesta vino de la mano de un comunicado firmado por la conducción de los tres partidos que componen Juntos por el Cambio (PRO, UCR y Coalición Cívica) y que dejaba un manto de dudas sobre la responsabilidad del propio Poder Ejecutivo en el asunto. Con una serie de presunciones de baja estofa, con un marcado desconocimiento de algunos elementos básicos consagrados por la Constitución Nacional, se abrió un camino peligroso y de posible no retorno.

En un contexto de polarización marcada, cierta oposición juega con cosas que no tienen repuesto (recuerde estimado/a lector que desde esta columna sostenemos que la oposición más visceral en la Argentina se complementa con el peso específico de los grandes medios y de las redes donde pululan personeros de cierta cloaca de ocasión). Así las cosas, pudimos ver en algún canal porteño a una heredera televisiva preguntando a “sesudos representantes de la república”, si el gobierno llegaría al final de su mandato. Todo esto complementado con el clima que se intenta crear de supuesta violación de la libertad de prensa y de expresión, ya que un pseudo periodista que daba a conocer escuchas ilegales y que tenía sólidos vínculos con los ahora investigados, estaría severamente complicado en la causa del espionaje macrista.

La pregunta aquí es ¿quién representa a quién? Desde la educación cívica básica, siempre se ha enseñado que los partidos políticos eran los actores institucionales que canalizaban las demandas de la sociedad. Por lo tanto, los dirigentes políticos eran la expresión, racional, de un conjunto de ciudadanos con una mirada determinada del mundo. Se suponía la responsabilidad y la prudencia como condición básica del hombre de gobierno. Ahora bien, cuando desde la conducción de Juntos por el Cambio, se firma un documento del tenor de lo que se dio a conocer este fin de semana, cuesta creer que esos conceptos se estén imponiendo. Si la grieta extrema era un mal negocio para el kirchnerismo de hace algunos años, resulta un suculento regocijo para Bullrich y sus amigos.

En ese sentido, hay que pensar la dinámica desde este sector opositor, desde dos fenómenos que se retroalimentan. Por un lado, la coyuntura internacional demuestra una persistencia marcada de cierta derecha que, a los “valores” que pregona, la acompaña con dosis elevadas de odio, cinismo y xenofobia que se expresa de múltiples maneras de acuerdo a la realidad de cada región y de la que nuestro país no escapa. Allí están a mano los casos de Donald Trump, Jair Bolsonaro y Jeanine Áñez, por poner algunos nombres.

Y por otro lado, desde la concreta y cruda coyuntura de estos días: esa dirigencia y esos medios de comunicación necesitan desesperadamente correr el foco de atención social de la cuestión del espionaje ilegal. La combinación de relaciones promiscuas entre referentes de cierta prensa, un sector del poder judicial y parte del entramado de la AFI, podría jubilar políticamente a varios, pero también, poner a la sombra a “intocables” de estas corporaciones.

Esto es lo que está en juego en la Argentina de estos días. Entre tanto ruido y cinismo, entre pandemia y cuarentena, entre el obvio deterioro de la economía y de nuestro día a día, parte de la oposición amarilla juega un juego muy peligroso y con cosas que, como dice el viejo catalán, no tienen repuesto. Es obvio, entre esos tipos y yo hay algo personal. ¿Y con usted? 

(*) Analista político de Fundamentar

Santa Fe se convirtió en el epicentro de una lucha por el poder político nacional, en donde los principales actores partidarios que disputan llegar a la Casa Rosada, fijaron su atención en los comicios locales. Una victoria provincial de determinado partido político, aportaría más credibilidad a la oferta partidaria en las elecciones nacionales. Sin embargo, el triple empate técnico en la provincia dejó sin “foto” a los principales “presidenciables” y con sabor amargo a los candidatos locales.

El domingo después de las elecciones, nada lograba arrojar un resultado certero sobre el ganador de los comicios en la categoría de gobernador y vice, y el escenario se prestó para todo tipo de oportunismos partidarios, chicanas políticas, shows de la “victoria” y denuncias televisivas de fraude, que deslegitimaban cualquier resultado final que se pudiera conseguir.

Con unas PASO que fueron desordenadas y un escrutinio bajo dudas, el sistema electoral de la provincia impedía proyectar sobre las dos fuerzas arriba en votos (el Frente Progresista y Unión PRO) un eventual escenario de ballotage y salir del conflicto. Incluso, aunque el recuento definitivo de votos pudiera ofrecer un ganador, casi 70% de los santafesinos no había votado por el gobernador electo, lo que en términos políticos se traduce en falta de legitimidad para gestionar la Casa de Gobierno.

La normativa provincial de 1962 busca garantizar la gobernabilidad del partido electo; la técnica electoral de “boleta única” introducida en 2009, busca favorecer la representatividad de los partidos políticos en la lucha electoral. 

La victoria ajustada del candidato por el FPCyS, Miguel Lifschitz, con una ínfima ventaja sobre sus contrincantes de Unión Pro (Miguel Del Sel) y del FjpV (Omar Perotti) abrió interrogantes sobre la gobernabilidad de la provincia y la estabilidad política del Frente Progresista.

El escenario político presenta dos aristas. Por un lado, la falta de credibilidad del escrutinio tras la mala gestión de la Secretaria Electoral, Claudia Catalín. Que provocó tensiones entre los principales partidos políticos y nuevos desequilibrios al interior del Frente Progresista, que bien podrán observarse en el armado del futuro gabinete provincial. Los que “suban” sentirán que les falta reconocimiento; los que “bajen”, que no se merecen el desplante.

Por otro lado, un problema de mayor alcance obligará a las fuerzas políticas a buscar destrabar el sistema electoral de la provincia y lograr consensos para incorporar un ballotage o “segunda vuelta” en la Constitución provincial.

LA CONSTITUCIÓN OLVIDADA

La carta magna santafesina data de 1962 y dispone como tal el marco institucional en el cual se desarrollan las elecciones de autoridades locales. Dicho instrumento resuelve que “gobernador” y “vice” son elegidos en simultáneo por simple mayoría de votos, y le otorga al partido ganador, una mayoría automática de 28 miembros en la Cámara baja. Los otros 22 restantes, son repartidos a las otras fuerzas partidarias por sistema D’Hont. Sin embargo, la introducción de la “boleta única” en 2009, trajo desequilibrios no contemplados para el sistema de partidos provincial. Esto hizo que cada categoría electoral (gobernador y vice, diputados provinciales, etc.) funcionara como una elección en sí misma. Lo que posibilitó escenarios en donde la categoría de diputados no tuvo coherencia con la de gobernador, haciendo que un gobernador electo con amplia adhesión contara con un poder legislativo dominado por la oposición, o escenarios donde la situación podría darse a la inversa.

La importancia del sistema electoral radica en que es el encargado de garantizar las preferencias de la sociedad y traducirlas en una distribución de poder acorde a los cargos públicos en disputa. En el caso santafesino, el sistema electoral no es el único fenómeno histórico-contingente, sino que se encuentra atravesado por distintos mecanismos y acuerdos políticos de distintas contextos político-sociales.

La Constitución del 62’ buscó garantizar la gobernabilidad del partido ganador, en una coyuntura política minada por las amenazas militares que buscaban desplazar a los gobiernos democráticos cuando mostraban algún tipo de debilidad en la toma de decisiones. La “boleta única” introducida en 2009, buscó alimentar mayores niveles de representatividad y superar a la “Ley de Lemas” (acoples) que había arrojado por el piso los niveles de legitimidad del sistema político. Hoy en día, la Constitución y la “boleta única” coexisten con casi 50 años una de otra. Sus coyunturas políticas que les dieron origen, sus acuerdos partidarios y sus técnicas operativas son distintas y permanecen en tensión.

En conclusión, la normativa provincial de 1962 busca garantizar la gobernabilidad del partido electo; la técnica electoral de “boleta única” introducida en 2009, busca favorecer la representatividad de los partidos políticos en la lucha electoral. Ambos procedimientos conviven en un sistema electoral que tiene detractores y defensores de un lado y del otro. Los que defienden la gobernabilidad sostienen la necesidad imperiosa de que las instituciones tengan un control político claro y que se ejecute estable en el tiempo. Los que se inclinan por la representatividad, aseguran que protege a las minorías y contiene a las distintas expresiones políticas que emanan de la sociedad. Para los partidos más chicos, la gobernabilidad presente en la Constitución significa el “autoritarismo” del partido ganador; para los partidos más institucionalizados, la “boleta única” da lugar a que cualquier personaje “famoso” pueda acceder a la estructura del Estado, sin estructura partidaria.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Dilatar los lazos sensibles de la representatividad entre representantes y representados, podrá afectar la credibilidad del sistema político dando espacio a que expresiones anti-sistema vayan ganando adhesión entre la ciudadanía.

El escrutinio final trae consigo sabor amargo para “ganadores” y “perdedores”. Terminada las elecciones se abre un debate al interior del Frente Progresista que podrá atentar contra la hegemonía del Partido Socialista en la conducción del espacio. Al exterior del frente, la gobernabilidad de la Casa Gris se verá afectada por la escasa legitimidad política del gobernador electo. Serán necesarios nuevos acuerdos partidarios para corregir el sistema electoral y brindar previsibilidad democrática a la provincia.

La tarea no será sencilla, pero obligará a las fuerzas políticas a debatir sobre la posibilidad de un ballotage en la Constitución, tener creatividad instrumental para hacer de la “boleta única” un instrumento más acorde con la oferta de partidos y no de personas (diferencia sustancial entre “proyecto colectivo” y “aspiración individual”); como también nuevos debates tabú para la administración socialista: la posibilidad de extender de 2 años a 4 los mandatos de las comisiones comunales que están obligadas a vivir en permanente campaña proselitista, al igual que negociar la incorporación de 100 mil nuevos electores jóvenes de 16 y 17 años que pueden votar al presidente de la nación pero que la provincia no les permite elegir a su concejal local.

El desafío no es menor, significa que los tres principales frentes partidarios se sienten a negociar al interior de sus fuerzas y al exterior de las mismas. Pero dilatar los lazos sensibles de la representatividad entre representantes y representados, podrá afectar la credibilidad del sistema político dando espacio a que expresiones anti-sistema vayan ganando adhesión entre la ciudadanía. Las elecciones se cerraron, pero el debate queda abierto. Que empiece la función.  

 

(*) Investigador de la Fundación para lla Integración Federall