Según la Real Academia Española, el término dislocado contiene tres acepciones: sacar algo de su lugar (referido a huesos y articulaciones); torcer un argumento o razonamiento, manipularlo sacándolo de contexto; y hacer perder el tino o la compostura. De alguna extraña manera, el sistema político argentino presenta algunas características de cierto dislocamiento, tanto en la referencia nacional, con un magnicidio que no fue, como en la regional, con un ecocidio que se ha sistematizado desde hace no menos de tres años y que, como señalamos desde este portal hace algunas semanas atrás, pone bajo la lupa la relación entre representantes y representados. Parte de esa sintomatología se evidenció en la semana que acaba de terminar. Pasen y vean. Son todas y todos bienvenidos.

En primera instancia una aclaración. En el presente artículo (bah, siempre lo hacemos de esa manera) pensamos a lo público y lo político como sinónimos, como una forma de abordaje a todo aquello que nos sucede como comunidad, y en ese sentido (junto con la inflación), el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y los incendios que afectan a ambas veras del Paraná resultan problemas políticos que, obviamente, exceden a lo meramente partidario.

En el primero de ellos, ya ha quedado definitivamente demostrado que hubo una organización que aleja cualquier idea inicial de un loco suelto. La investigación judicial y policial va dejando en claro que si bien sólo un par de protagonistas estuvieron en el lugar de los hechos, no son pocos los que, de alguna u otra manera, dieron sustento material, logístico o moral para perpetrar el atentado.

La novedad, si es que tuviera sentido así señalarlo, es que en un país, el nuestro, que tiene una larga lista de episodios atravesados por la violencia política, el protagonismo del ataque le corresponde a un grupo de personas con ciertas características que las diferencian de épocas pasadas. Jóvenes, casi marginales y alcanzados por una evidente informalidad y precariedad laboral. De lo conocido hasta aquí, habrá que esperar para dar juicios definitivos, la banda de “Los Copitos” (y sus referentes satelitales) se distingue por no tener vinculaciones con fuerzas de seguridad, con estructuras parapoliciales o con estructuras partidarias formales.

Varios ejemplos referencian crímenes políticos como signo de cada coyuntura. La Liga Patriótica resultaba una organización parapolicial, integrada por jóvenes de la “alta” sociedad, que se encargaban de perseguir obreros y que derivó en la tristemente célebre Semana Trágica; al Coronel Héctor Varela, el asesino de los obreros de la Patagonia, le dio muerte un anarquista extranjero conmovido por los crímenes perpetrados varios años antes en el sur argentino; el asesinato de Enzo Bordabehere fue producto de la acción de un ex policía que tenía como destino final a Lisandro De la Torre, senador que había denunciado el “negocio de la carne”, anclado en el Pacto Roca – Runciman y que involucraba a frigoríficos de la región; los crímenes de José León Suarez sólo pueden ser entendidos por la violencia comandada desde la ilegalidad propiciada por la policía bonaerense; la lucha armada de los 70’ tenía un claro componente ideológico que tenía el apoyo estatal a través de la Triple AAA que comandaba José López Rega y que derivó en la represión que supo imponer la más sangrienta de las dictaduras.

Algún despistado o alguna atribulada ciudadana podrán suponer que ante los hechos históricos señalados, la banda de “Los Copitos” son unos recién iniciados. Más allá del tiempo de surgimiento de “Revolución Federal” y sus distintos vasos comunicantes (mayo de este año), lo que debe tenerse en cuenta es que la organización surge como una referencia de pleno siglo XXI.

Sin formación política tradicional, conocidos entre sí a través de encuentros casuales que luego se consolidan a través del uso de las redes sociales, sin empleos formales, con, si se quiere, un doble perfil social que no necesita de ocultamientos al formato de las series de espías previos a la caída del Muro de Berlín, nos enfrentamos a un neofascismo que, aunque parezca extraño a la historiografía de las ideologías políticas, abreva en supuestas ideas libertarias que resultan la exaltación, al extremo, del individualismo personal.

No han sido pocos los pensadores que han relacionado el surgimiento de estas ideas en países como la Argentina a la situación de deterioro económico y social que se representa, por ejemplo, en el 40% de pobreza y en los condicionamientos que impone una situación social gravosa. Es cierto que allí puede anidar un germen que le de sustento a ciertos enojos y malestares. Pero tal vez esta explicación no resulte suficiente. Si fuera así, el neofascismo sólo se desarrollaría en países pobres y no en las sociedades ricas y desarrolladas de Europa o en el propio EE.UU. Basta ver ciertos hechos políticos del Primer Mundo, y cómo, en algunos casos, la extrema derecha disputa los espacios de cierta institucionalización (escaños legislativos, presidencias o cargos regionales) para entender que ciertas ideas, más allá de los matices, son globales.

Con todos estos datos puestos sobre la mesa, el día jueves reapareció la vicepresidenta en un acto público que contó con algunas particularidades. Rodeada de religiosos en Opción por los pobres, curas villeros y laicos, eligió al Senado de la Nación como un escenario donde prevaleció la emotividad. Su referencia a que está viva “gracias a Dios y la Virgen” parece haber incomodado a cierto progresismo que ha obviado dos características distintivas de las que nunca ha negado Cristina: el hecho de considerarse una persona de fe y su pragmatismo político. Es el problema de imaginarse liderazgos que tienen más que ver con las ideas del receptor antes que con las características personales de los protagonistas.

https://www.youtube.com/watch?v=_1cHd2MqMDg

A pocas cuadras de allí, ese dislocamiento del que hablábamos líneas más arriba, tuvo su versión regional. El intendente de Rosario y varios jefes de Ejecutivos de la región, decidieron movilizarse al Obelisco porteño para hacer visible el problema que padecemos santafesinos y bonaerenses con el incendio en las islas.

Por esas cosas de los acuerdos geográficos, el fenómeno resulta raro y atípico: los responsables directos del ecocidio no viven en el lugar, los encargados iniciales del control y castigo, sea el Poder Ejecutivo como así también la Justicia Federal representan a otra provincia y las consecuencias ambientales no los afecta (en principio), mientras que quienes lo padecen en su hábitat cotidiano demandan a sus propias autoridades que, más que reclamar, mucho no pueden hacer.

Si, al decir de Andrés Ciro Martinez, “desde lejos no se ve”, algo de ello deben haber entendido Pablo Javkin y sus colegas al llevar sus reclamos al kilómetro 0 de las rutas argentinas, para lograr que la sociedad porteña tomara conciencia de lo que se sufre por estos lares desde unos cuantos años, profundizado en los últimos tres, gracias a los efectos de la bajante del Paraná y la sequía que ha traído La Niña.

Más allá de la mayor o menor cobertura brindada por los medios nacionales y de que cierta institucionalidad pareció prestarle atención a la demanda, en términos políticos, no dejó de llamar la atención la “soledad” del registro fotográfico: una convocatoria anunciada con bombos y platillos reflejó la presencia en el Obelisco de una veintena de personas, entre ellas tres intendentes y tres presidentes comunales, (y esto es una virtud), de distinto color político.

La pregunta huelga por sí sola: ¿por qué en la foto no estuvieron el gobernador, funcionaros provinciales y municipales, legisladores, concejales, referentes políticos de todo el cordón industrial, empresarios, dirigentes de los variados movimientos sociales, comunicadores y protagonistas de la vida social y artística de la región? ¿Prevaleció el arrebato, anunciando una movilización a 300kms, 24 horas antes, o el interés mezquino de apropiarse de una demanda social que se vio reflejada en nuevas pintadas contra la municipalidad y que se expresa durante el fin de semana sobre el puente entre Rosario y Victoria?

Podrá suponerse (o responderse) lo que cada uno quiera, pero da la sensación que a un problema político de esta magnitud (y el ecocidio LO ES),  sólo se lo resuelve con política: en lo institucional, (ya se anunció en la noche del miércoles el tratamiento de la Ley de Humedales en la Cámara de Diputados de la Nación) y en la calle.

La foto en la esquina de 9 de Julio y Corrientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires peca de imagen incompleta, que sólo sirvió para que algún televidente viera a la mañana (horario de menor encendido televisivo) lo que sucede en nuestra región y para el recibimiento de algún funcionario nacional. Tal vez la segunda acepción del término dislocado, esa que refiere a sacar algo de contexto, aplique para esta circunstancia.

El malestar social en las sociedades de nuestro tiempo, se retroalimenta a sí mismo. Como en aquel viejo adminículo de nuestra infancia, el pequeño dínamo que conectábamos en su cabezal al rodamiento de la cubierta de nuestras bicicletas, más nuevas o más viejas, más anticuadas o más elegantes, el sistema se retroalimentaba con nuestra fuerza ya que, a la vez que más pedaleábamos, más energía aportábamos para iluminar, orgullosos, a nuestros rodados.

En un intento de magnicidio, el enojo se justifica en jóvenes desclasados que creen ser merecedores de terminar con la vida de todo aquello que detestan y se refuerza en un rechazo que sólo es parcial ya que, parte de la sociedad y por ende del sistema político, responsabiliza a la víctima. 

En el ecocidio del Delta, el malestar se potencia por la aplicación de la ley del más fuerte que, a la sazón, resultan los menos. Su prevalencia por el interés económico que supone contar con terrenos aptos para el pastoreo, en detrimento de la salud de millones de conciudadanos del que sólo los separa un río, en territorios que suponen miles de hectáreas, sobre el que resulta muy difícil el ejercicio del control estatal y que además cuenta con la connivencia de no pocos responsables del otro lado del río; nos ubica en la posición de ruego a que la naturaleza haga su juego mediante vientos que deriven hacia otros destinos o lluvias que aplaquen tanto fuego.

El ser humano aprendió a través de los milenios a no depender de los caprichos de la naturaleza. Eso fue lo que le permitió erguirse, distinguirse del mono, prevalecer, perdurar en el tiempo y transformarse en un ser político. Espacio que por estas horas aparece corrido, fuera de lugar, dislocado.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

Poco importa si es consciente o no, pero en su delirio vital, el atacante de Cristina Fernández de Kirchner, puso a la joven democracia argentina ante una encrucijada. Desde el análisis político, y como forma de autodefensa de nuestra salud mental, de nada sirve imaginar escenarios de lo que podría haber sucedido en el país si la impericia de Fernando Sabag Montiel en el manejo del arma no era tal.

Tampoco aporta demasiado consolarnos con el intento conformista opositor que afirma que el tirador resulta un “lobo suelto”, antes que alguien que pertenece a una organización que imaginó, diseñó y planificó el ataque. Y mucho menos puede insistirse con la idea de que con este hecho se cruzó un límite (que ya ha sido superado hace tiempo), ya que, en definitiva, cuando el odio se transmite durante veinticuatro horas, por siete días de la semana por trescientos sesenta y cinco días del año, a través de la tv, de la radio y de las redes, con el inestimable apalancamiento de un sector de la política y del partido judicial; el resultado no puede ser otro que distintas formas de violencia desatada. Los modos, en definitiva, pasan a ser un detalle.

Con el hecho producido en la noche del jueves, en las casi cuatro décadas de la democracia que supimos conseguir, la Argentina se enfrentó a tres encrucijadas que la obligó, de alguna manera, a barajar y dar de nuevo, a cambiar y a tomar otros caminos que le permitiera seguir prevaleciendo.

El primero es la alzada carapintada de 1987. Si alguno supone, treinta y cinco años después, que la misma se debió a una asonada protagonizada por un conjunto de militares alucinados por los efectos de la guerra de Malvinas de la que habían formado parte, se equivoca. Aquel intento, más allá de otras sublevaciones que sobrevinieron después, se enmascaró como un reclamo por la política de derechos humanos encarnada por el gobierno de Raúl Alfonsín pero que escondía, si salía bien, el oprobioso intento de reimponer un nuevo gobierno militar. Dos hechos lo impidieron: la respuesta institucional del conjunto de partidos políticos que acompañaron al entonces presidente y la movilización popular producida a lo largo y ancho del país que, sin la inmediatez de la conectividad de nuestros días, supo comprender como nadie, todo lo que se jugaba por aquella época.

La segunda encrucijada se produce en diciembre de 2001. En el contexto de una situación social explosiva, ante la demanda producida en las calles, la respuesta estatal inicial fue la violencia. Con varios protagonistas de aquel entonces que hoy perviven en la política, los gobiernos de Fernando De la Rúa a nivel nacional y de Carlos Reutemann en el plano provincial, decidieron sobre la vida de 39 argentinos. La renuncia del primero de ellos, la semana frenética que supuso la sucesión de otros cuatro presidentes interinos, con la referencia insoslayable de un Congreso de la Nación que, hay que recordarlo, estuvo a la altura de la circunstancias, fueron un punto de inicio para que se alcanzara cierta paz social.

Si nominamos estos hechos y los vinculamos con la idea de encrucijada, es porque a partir de ellos ni la realidad institucional, política o social fueron las mismas. Al período de sublevaciones iniciadas en 1987 y concluidas en 1990, le siguieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que, junto con el indulto otorgado por Carlos Menem intentaron garantizar la impunidad de un conjunto de criminales que el kirchnerismo luego supo desmontar, pero que tuvo como dato indubitable, la contundente respuesta social que demostró que los argentinos no tenían ningún interés en reeditar ciertas conductas del pasado.

A la crisis de 2001, más allá del reguero de muerte, confiscación de depósitos y devaluación atroz, le siguió la comprensión para la clase política de no tener que desoír ciertas demandas sociales cuando un modelo económico había profundizado hasta el ridículo la desigualdad social. La otra enseñanza tal vez refiera a que el Estado tiene mucho para hacer cuando se trata de equilibrar cierto orden social.

El intento de asesinato de la vicepresidenta nos pone ante una nueva encrucijada. Siendo optimistas, y dando por sentado que no existe una organización atrás que haya planificado el hecho (a poco más de dos días, nada demuestra lo contrario), debe decirse que la teoría del loco suelto no refiere a lo sustancial.

El arma no accionada trae consigo un odio viejo, antiquísimo pero a la vez adaptado a estos tiempos. Que el portador sea un ciudadano argentino (a no dejar de tener esto en cuenta, más allá del detalle de su nacimiento), con no más de 35 años, pasa a ser un hecho menor si uno presta atención a ciertos sentimientos pestilentes que vemos en medios, leemos en redes y, a no hacernos los tontos, escuchamos como un mantra en nuestra cotidianidad en vecinos, familiares y amigos.

Ese odio, que no es exclusivo de la Argentina, en el país tiene más de un siglo, y se construye como una línea argumental que se corporiza en la acusación de la supuesta “chusma” que apoyaba a Hipólito Irigoyen, en la tipificación de aluvión zoológico de las masas que parieron el 17 de Octubre, en la vejación del cuerpo de Evita, en los crímenes de José León Suarez, en la violencia de los 70’, en las desapariciones de la última dictadura y, ahora, en tiempos de la modernidad líquida, en la acusación de vagos y planeros a cualquiera que no encaje en cierto modo de relacionamiento social o de dedicación productiva y que tiene como reflejo movilizante guillotinas y cuerpos simulados con nombres propios que aparecen colgados en plazas. Comparado con los grandes hechos de la historia, el intento de asesinato del nazi Sabag Montiel, es un odio comprado en una tienda de baratijas. Pero no por ello es menos doloroso.

Parte de la oposición encarnada en Juntos por el Cambio y en cierta derecha abrevan en esas fuentes. El silencio de estos días de algunos de sus referentes, o la afirmación de que lo sucedido en la noche del jueves no es violencia política sino un hecho policial, representa una negación infantil que no dimensiona la capacidad de análisis de ciudadanos y ciudadanas. Ese sector del espectro político, a simple vista, puede aparecer desorganizado al extremo. En el caso del PRO, autodefiniéndose como una fuerza democrática, sus principales dirigentes no han logrado emitir un texto común que garantice cierta institucionalidad y que vaya más allá de los comunicados de ocasión subidos a Twitter.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1565542924078678016

La señal que brindó la Cámara de Diputados en la sesión especial concluida en los comienzos de la tarde sabatina, al aprobar por amplia mayoría una resolución que condena los hechos y pese a la ausencia en el recinto del partido conducido por Patricia Bullrich, brinda cierta mesura en momentos donde un rechazo taxativo, habría significado una sobre exposición que en nada le sirve a las fuerzas amarillas.

Las diferencias, si existen, están en los matices: en aquello que puede definirse como políticamente correcto o no. Eso pudo verse en aquellos que se “animaron” a solidarizarse con Cristina Fernández, en los que hicieron silencio de radio, pero también en las discusiones internas que sintetizaron el almuerzo de mitad de semana, donde lo más granado de la dirigencia cambiemista quedó subsumida en el reproche sobre los hechos acaecidos el fin de semana anterior, cuando el gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta tuvo la perspicaz idea de vallar la esquina de Uruguay y Juncal. Las acusaciones cruzadas, la falta de acuerdo real y el silencio de protagonistas de peso en el marco de la propia reunión, nos recordaron a esos encuentros navideños donde no puede evitarse la disputa entre familiares que no se ven más que una vez al año.

Al calor de la contundente movilización que se presagiaba ya en las primeras horas del viernes, desde la derecha argentina y sus voceros mediáticos, salió a esgrimirse una suerte de renovada teoría de los dos demonios, (la cual continuó en la sesión especial de Diputados) donde la violencia ejercida al intentar disparar a una lideresa, es parte de un entramado superior del cual somos todos responsables. Falso de falsedad absoluta. La violencia asomada en los últimos tiempos sucede de un lado del mostrador, la cual no ha sido condenada por los dirigentes del espacio (uno se animó a tuitear a mitad de semana “son ellos o nosotros) y por lo tanto, debe decirse que ha sido, de alguna forma, legitimada.

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1563656760111509511

En un oficialismo que desde el alegato del fiscal Diego Luciani ha sabido mostrarse unido, en ninguna de las masivas convocatorias de los últimos días, a lo largo y ancho del país, ha existido en sus dirigentes, ni en los ciudadanos y ciudadanas que se movilizaron (esto tal vez sea lo más importante) un sólo pedido de revanchismo.

La fenomenal marea humana que el día viernes desbordó plazas de varias ciudades del país, no contó solamente con el apoyo de los propios, sino que parte de los sectores de izquierda integraron ese músculo político que se sintetiza en la lealtad hacia la figura de la ex presidenta, pero que se proyecta en el tiempo más allá de sí misma. Sin odios, sin el pedido de sangre, con el (lamentablemente) eterno pedido de Justicia, millones de argentinos y argentinas actuaron como anticuerpos de una democracia que tiene mucho para hacer por una sociedad más justa. En ese punto esta coyuntura nos pone frente a la encrucijada de qué camino tomar de forma comunitaria.

Queda por saber también, qué hará Cristina. Cómo reconfigurará su día a día pero, fundamentalmente, como decodificará semejante trance de violencia en su contra. A una dirigente que no pocos la empezaban a imaginar candidata en 2023, habrá que comenzar a prestarle atención qué señales da para lo que viene. Su agudeza ha sido demostrada una y otra vez. A contrario de lo que afirman muchos de sus enemigos, el pragmatismo ha sido un eje de su construcción política y por lo tanto siempre queda lugar para la sorpresa.

Amenazada pero acompañada. Declarada muerta política en innumerables ocasiones, y ahora, víctima de un intento de homicidio. No solo ella puede aliviarse de la mano con puñal que la mató tan mal. Son millones. Y lo vimos en las calles.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

La última conferencia de prensa oficial, encabezada por Claude Joseph -autodesignado presidente interino de Haití- y por Léon Charles, director de la Policía Nacional, precisó por fin el número total de implicados en el asesinato del presidente de facto Jovenel Moïse. Se trata de 28 sujetos, dos norteamericanos -James Solages y Joseph Vincent- y 26 colombianos, militares retirados de las fuerzas armadas de Colombia, según confirmó ayer el Ministerio de Defensa de ese país.

7 de los paramilitares fueron abatidos durante enfrentamientos sucedidos con las fuerzas de seguridad. Por otro lado,15 de ellos han sido capturados: la mayoría por la policía, pero otras por el propio accionar de la propia población civil, que tras capturar a al menos dos de ellos en Jalouzi, en una zona próxima a la de la residencia de Moïse en Pelerin, decidieron entregarlos a las autoridades. Del resto se desconoce aún su paradero.

Mercenarios y paramilitares

La infiltración de mercenarios y paramilitares, en particular de nacionalidad norteamericana, no es nueva en el país. En febrero de 2019, ocho personas fueron capturadas en el centro de Puerto Príncipe, en las inmediaciones del Banco Nacional de Crédito. A bordo de dos camionetas sin matrícula, llevaban consigo rifles automáticos, pistolas, drones, teléfonos satelitales, un telescopio y chalecos antibalas, según lo informó entonces el propio Miami Herald. Al ser detenidos, adujeron estar en “misión gubernamental”. De qué gobierno, nunca lo aclararon. De los ocho, dos eran de las fuerzas de operaciones especiales de la Armada de Estados Unidos, y uno un ex Marine. Había también otros dos ciudadanos norteamericanos, dos serbios -uno residente en EE.UU.- y un haitiano.

Con la salvedad de este último, ninguno fue citado a declarar ni compareció ante juez o autoridad policial alguna. Ante el desconocimiento del propio Primer Ministro de Haití, fueron llevados rápidamente a los Estados Unidos, siendo escoltados, sin esposas, por el propio personal de su embajada. Incluso tuvieron acceso a la sala diplomática VIP del aeropuerto. Negado a Haití el ejercicio de sus propios procedimientos judiciales, hasta la fecha no se les ha imputado cargo alguno en su propio país.

Pocos meses después, el 12 de noviembre del 2019, Jacques Yves Sébastien Duroseau, de 33 años, otro ex Marine, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture cargando tres estuches con pistolas, rifles de asalto, municiones y pertrechos militares. Su viaje había sido legal y estaba autorizado por American Airlines. Pese a haber sido trasladado a la Dirección Central de la Policía Judicial, tampoco fue interrogado, y fue retirado expeditivamente del país con dirección a los Estados Unidos.

Estos dos casos, aparentemente aislados, constituyen situaciones quizás no tan excepcionales, si consideramos, en primer lugar, que se trató de infiltraciones descubiertas de manera prácticamente accidental, por agentes rasos de las fuerzas de seguridad que cumplían sus tareas de manera rutinaria. En segundo lugar, que ambas se produjeron en medio un ciclo de movilización social y protestas masivas antigubernamentales que buscaban forzar la dimisión de Jovenel Moïse, estrecho aliado de los Estados Unidos, lo que llevó a que organismos locales de derechos humanos consideraran que se trataba de mercenarios que venían a apuntalar la represión selectiva de opositores y manifestantes. En tercer lugar, que quizás la infiltración de mercenarios y ex marines no detectadas, puedan explicar por qué el tráfico de armas de manufactura norteamericana se duplicó en apenas 5 años hasta alcanzar un número cercano a las 500 mil, según datos de la propia Policía Nacional y la Comisión Nacional de Desarme.

https://www.youtube.com/watch?v=Pu56heK-5F8

¿Una conexión norteamericana?

El otro dato de impacto del día de ayer, provino de las declaraciones de Clément Noël al periódico haitiano Le Nouvelliste. Noël, juez de paz de Pétionville, fue el encargado de la indagatoria a los dos mercenarios norteamericanos de origen haitiano. Según ellos, la “misión” era arrestar al presidente y no asesinarlo. Se negaron, sin embargo, a declarar quién habría preparado y patrocinado el operativo,aunque su presentación en la residencia de Moïse como “agentes de la DEA” otorga más pistas que conducen a la participación de los propios Estados Unidos, o al menos a alguna fracción del establishment.

Como fuera, no sería la primera vez en la historia haitiana que un presidente -desde los aliados hasta los díscolos- fuera capturado y evacuado por los Estados Unidos. Así sucedió con el cura salesiano Jean Bertrand Aristide, quien, consumado el golpe del año 2004, fue secuestrado en un avión y forzado al exilio en la República Centroafricana.  

Por otro lado, crecen las sospechas en torno a la eventual complicidad del propio entorno de Moïse en su asesinato. Bajo la lupa de la investigación están ahora Dimitri Hérad y Jean Laguel Civil, responsables de la seguridad en la residencia presidencial. Además, crecen las sospechas sobre Magalie Habitant, integrante del PHTK, el mismo partido de Moïse, y ex directora del Servicio Metropolitano de Recolección de Residuos Sólidos. Una casa de su propiedad en la localidad de Thomassin habría sido utilizada por los paramilitares para preparar la operación, aunque Habitant afirmó a Radio Mega que había entregado la custodia de la casa a su abogado tres meses atrás.

El círculo del drama

El caso de Habitant podría reflejar rupturas más amplias que las del propio partido en el poder, considerando las disensiones internas entre distintos sectores de la oligarquía y la burguesía importadora local. Es sabido que algunos de sus más conspicuos representantes como el Director Ejecutivo de la empresa eléctrica SOGENER, Dimitri Vorbe, y el empresario Pierre Reginald Boulos, no solo revistaban en el vasto campo de la oposición a Moïse, sino que disputaban con él privilegio de ser ungidos como favoritos por el establishment norteamericano.

Lo que es claro es que el círculo del drama comienza a cerrarse en torno a esos tres grandes actores: los paramilitares y grupos delincuenciales infiltrados y estimulados desde hace años en el país; los Estados Unidos y su omnipresencia en la escena política haitiana -y también en sus más oscuros entretelones-; y las fracciones rivales de las clases dominantes del país, algunas de las cuales consideraban ya hace tiempo que Moïse era un fusible quemado, y que era tiempo de reemplazarlo por otro que pudiera asegurar sus intereses de una forma más estable y duradera.

(*) Sociólogo, doctorando en Historia por la UNLP y becario e investigador en IdIHCS/CONICET. Docente y periodista. 

FUENTE: TeleSUR

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Elizabeth Hernández

El joven identificado como Luis Manuel Díaz, secretario de AD en esa localidad, fue asesinado alrededor de las 19.30 hora local (21 de Argentina) "por disparo (de) arma de fuego", informó el secretario general de dicho partido opositor, Henry Ramos Allup, a través de la red social Twitter, consignó la agencia EFE.

Ramos aseguró que los disparos fueron hechos desde un vehículo "por bandas armadas" que, afirmó, forman parte del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aunque aún no hay información de las autoridades al respecto, según pudo comprobar Télam.

El dirigente opositor aseveró en otro mensaje en la red social que la violencia por parte de "bandas armadas y pandillas" del PSUV en contra de militantes, candidatos y actos opositores está "aumentando".

El hecho ocurrió durante un acto de campaña de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición que integra AD, en Altagracia de Orituco, en el estado Guarico, en la que participaban los candidatos de la alianza opositora.

La oposición ha denunciado durante los últimos días al menos tres ataques durante los actos de campaña

La oposición ha denunciado durante los últimos días al menos tres ataques durante los actos de campaña de los candidatos a las legislativas y dirigentes de la coalición opositora, varios de ellos con armas de fuego.

El pasado domingo el candidato opositor Miguel Pizarro denunció que encapuchados que, dijo, vestían una indumentaria alusiva al chavismo, dispararon al aire con armas largas de fuego para impedir el paso de la caravana opositora que hacía campaña electoral en un sector popular en el este de Caracas.

También Henrique Capriles, excandidato presidencial y gobernador del céntrico estado Miranda, denunció hace dos semanas un ataque en la localidad de Yare en su contra cometido por un grupo de personas encabezadas por el alcalde de esa localidad, el chavista Saúl Yánez.

El oficialista PSUV ha desestimado las denuncias y ha negado la responsabilidad de estos ataques.

FUENTE: Telam

En esa trágica jornada las Fuerzas Armadas descargaron sus bombas y ametralladoras contra la población civil como forma de implantar el terror y el escarmiento, generando las condiciones para lograr la toma del poder, que se materializó el 16 de septiembre, comandada por el General Lonardi.

El 16 de junio también recuerda en nuestra historia reciente otro hecho de ataque contra el pueblo argentino: en 2014 la Corte Suprema de EE.UU no aceptó tomar el caso en el cual Argentina apelaba el fallo del Juez Griesa, quedando firme la decisión del Magistrado.

El actual hostigamiento que está sufriendo nuestro país no sólo busca amedrentarnos sino ponernos de rodillas para obligarnos a aceptar el fallo de un juez de un distrito de Nueva York, que favorece al 1% de los tenedores de bonos que entraron en default en 2001, sin tener en cuenta al 92,4% de los bonistas que ya aceptaron una reestructuración.

Recordemos qué decía el desopilante fallo del Juez distrital de Nueva York. Griesa, realizando una interpretación muy polémica de la cláusula Pari Passu (en igualdad de condiciones), dictaminó que Argentina debía pagarle el 100% del valor nominal más intereses punitorios a un conjunto de fondos buitre y 15 bonistas individuales. Por una deuda con valor nominal de u$s 428 millones, debíamos pagar u$s 1.330 millones. Hoy, por los intereses corridos, ese pago asciende a más de u$s 1.600 millones. El más favorecido con el fallo fue Paul Singer (dueño del fondo buitre NML), que posee el 53% de los bonos que abarcan la sentencia de Griesa. Singer compró los bonos en 2008 a u$s 48 millones, y la sentencia del octogenario juez le dio un derecho a cobrar u$s 832 millones, una despreciable ganancia de más de 1.600%.

Además, el origen de esa deuda es ya ilegítimo desde su comienzo. Dos tercios de los bonos que componen el fallo de Griesa surgieron en el Megacanje, la mega estafa de 2001. En dicha operatoria financiera tuvo gran participación el amigo del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, David Mulford. Este lobbista del mercado financiero internacional se alzó con una jugosa comisión -más de u$s 120 millones- por hacer las gestiones para realizar un cambio de títulos de deuda por otros con tasas usurarias, teniendo como resultado un aumento de la deuda externa argentina del 63%. Fue tal la estafa que la justicia local abrió una causa judicial.

Los fondos buitre, gracias a la sentencia, tuvieron una renta exorbitante y, gracias a su fuerte poder de lobby, ejercen una constante presión para cerrarle los caminos a la Argentina y no tener otra salida que aceptar las condiciones impuestas por Singer y sus amigos. Sin dudas sería mucho más fácil para la Presidenta arreglar con ellos y allanar el camino para acceder al financiamiento externo ya que su mandato termina el 10 de diciembre y no tiene posibilidad de ser re-reelecta. Ese camino es el que sería correcto tomar, según las propias declaraciones de muchos líderes de la oposición y economistas del establishment, como Mauricio Macri y Carlos Melconian. Pero el Gobierno Nacional desde 2003 ha considerado a la política de endeudamiento como una política de Estado donde prima la soberanía a la hora de determinar la política económica interna, no recibiendo condicionantes sobre cómo y en qué usar los fondos conseguidos. ¿O acaso podemos imaginar al FMI o inversores internacionales otorgando préstamos para financiar programas como el PROCREAR, REPROS, Asignación por Hijo o PROGRESAR?

El 16 de junio de 1955 las Fuerzas Armadas bombardearon la plaza de mayo como forma de implantar el terror para logar tomar el poder. Hoy los fondos buitre quieren implantar el terror financiero, cerrándole todos los caminos a nuestro país para conseguir financiamiento internacional. Esto significa también un castigo hacia la Argentina por haber tomado un camino contrario a los intereses del sistema financiero internacional, no priorizando el rendimiento de los bonos ni acuerdos que favorecieran a determinadas entidades sino poniendo el eje en el crecimiento, la inclusión y la equidad.

El actual hostigamiento que está sufriendo nuestro país no sólo busca amedrentarnos sino ponernos de rodillas para obligarnos a aceptar el fallo de un juez de un distrito de Nueva York, que favorece al 1% de los tenedores de bonos que entraron en default en 2001, sin tener en cuenta al 92,4% de los bonistas que ya aceptaron una reestructuración. Aceptar el fallo de Griesa no sólo nos obligaría a pagar una cifra usuraria, sino que además nos debilitaría en el frente externo y nos obligaría a salir a tomar deuda en condiciones totalmente desfavorable, aceptando condicionamiento de políticas, hasta pudiéndonos obligar a poner a disposición activos estratégicos, como por ejemplo la recuperada YPF y Vaca Muerta (segunda reserva mundial de gas de shale y cuarta de shale oil a nivel mundial). Por eso hay que tener presente lo que está de fondo en la disputa con los buitres. Aceptar el fallo sería un error porque, como se ha demostrado con los Me Too, quedan un grupo de buitres que no entraron en el fallo de Griesa y que podrán reclamar por el pago en igualdad de condiciones. El monto no es de u$s 1.600 millones del dictamen inicial. Con los Me Too ya estamos hablando de entre u$s 17.000 y u$s 20.000 millones, abarcando sólo el 40% de los bonistas que no entraron en los 2 canjes.

Es preciso resistir a los bombardeos financieros para defender nuestra dignidad como Nación, no dejar que nos amedrenten y nos hagan acatar un fallo que esconde, nada más ni nada menos, la pérdida de soberanía económica que tanto nos ha costado recuperar luego de 37 años de políticas neoliberales. Defender nuestra libertad en la definición de política económica interna que nos ha posibilitado alcanzar conquistas sociales impensadas hace una década atrás. 

 

(*) Licenciado en economía de la Fundación para la Integración Federal