En pleno centro rosarino, en la esquina de Corrientes y San Luis, se yergue un hermoso edificio (la Casa Fracassi), construido en 1925 por Ángel Guido, sobre la base del estilo del renacimiento colonial. En su interior, se desarrolla un emprendimiento comercial (“El palacio de la oportunidad) el cual funciona, desde hace algunos lustros, como un polirubro en el que pueden encontrarse desde las típicas baratijas chinas de ocasión, a productos de calidad qué, a unas pocas cuadras, sobre el coqueto Paseo del Siglo, se consiguen al doble de precio.

De alguna manera, la no tan imprevista salida de Martín Guzmán al frente de otro palacio, el de hacienda, y la llegada de su sucesor (o sucesora), supone convertir a ese hecho en una oportunidad para un oficialismo que no encuentra un rumbo político claro desde, por lo menos, setiembre de 2021. Si redundará en un cúmulo de baratijas o en una referencia de mayor calidad económica lo definirá la agudeza política de esa designación, que, de alguna manera cierra una semana que resultó cargada de gestualidades que muestran los límites de la construcción política del Frente de Todos. Repasemos.

Promediando la semana Alberto Fernández se ganó la aprobación del oficialismo todo al levantar su agenda del día miércoles para viajar a Jujuy con el objetivo de visitar el sanatorio donde permanece internada Milagro Sala. De tono indudablemente humanitario, la jugada presidencial no pasó desapercibida en el mundillo de la política y despertó el berrinche de su carcelero de la militante detenida, el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales.

La detención de Sala en lo particular, con los consiguientes reclamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la situación del Poder Judicial de esa provincia en general, con el ocultado escándalo que supone un máximo tribunal provincial manejado a gusto y “piaccere” por el ex funcionario de Fernando De la Rúa; demuestran, de manera ejemplar, dos hechos que podrían definirse como sintomáticos: el poco margen de acción con el que cuenta el oficialismo para la resolución de problemas que podrían definirse como elementales y las diferencias de criterios que existen para abordar su solución.

Indulto si, indulto no, intervención del Poder Judicial jujeño, herramientas que otorga (o no) la mismísima Constitución Nacional ponen en discusión (y en tensión) sobre cómo dar una respuesta a un ejemplo claro de arbitrariedad y avasallamiento institucional sobre una dirigente política que supo hacer de su lucha, una bandera que se proyecta al plano nacional.

https://twitter.com/alferdez/status/1542190261580845059

El resto de la semana también se completó con un cúmulo de actividades cargadas de gestualidades. Entre discusiones públicas y no tanto, sobre el uso de la lapicera como un instrumento de poder (de hecho, el artículo de este fin de semana estaba titulado “Sobre lapiceras y gestos”), la figura de Juan Domingo Perón, en un nuevo aniversario de su fallecimiento, también quedó incluida en los vaivenes de las tensiones oficialistas.

A la desprolijidad por la presencia presidencial en la sede de la CGT, se sumó la expectativa por la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, 24 horas después, en la ciudad de Ensenada. Honestamente, nada nuevo surgió de ambos actos, más allá de algunas confirmaciones que demuestran que el presidente tiene algunos problemas de articulación política, mientras su vice se muestra ante un público propio cada vez más entusiasta que pide por su candidatura en 2023.

Si los discursos de viernes y sábado nos habían obligado a prestar especial atención a la agenda política de lo que podía ocurrir durante el fin de semana, la renuncia de Martín Guzmán a la conducción del ministerio de Economía, pagó (y con creces) cualquier actividad que pudiéramos haber suspendido.

En un formato de ajedrecista político que hasta ahora había demostrado en pocas circunstancias, el discípulo de Joseph Stiglitz anunció su salida vía Twitter, mientras la vicepresidenta participaba del acto en la provincia de Buenos Aires, restándole buena parte del protagonismo político que las tapas de los diarios domingueros seguramente le asignarían.

La renuncia ha generado un inocultable ruido. Su fundamentación, a través de un texto de siete carillas, que recuerda al anterior renunciante Matías Kulfas, expone palmariamente la falta de acuerdo político hacia el interior del Frente de Todos sobre algunos ejes que deberían considerarse centrales, (tarifas y su segmentación, déficit fiscal, modos de reparto de la ayuda social) pero también la propia incapacidad del saliente funcionario, en poder logarlos.

https://twitter.com/Martin_M_Guzman/status/1543335683133095937

Con todo, también hay una gestión que puede ser revisada. En el debe, la gestión del platense deja una inflación que, según sus propias previsiones, el mes de junio debía profundizar una tendencia a la baja que, finalmente y de acuerdo a los datos de los últimos días, no estaría sucediendo. Si la semana anterior, en esta misma columna, afirmábamos que los plazos de Guzmán podían empezar a acortarse, eso obedecía a que la expectativa gubernamental para el próximo trimestre, se fundaba en una baja sustancial del alza de precios.

Por otro lado, la brecha cambiaria, tampoco resulta una buena noticia en sí misma, y trae consigo nuevas tenciones que refuerzan el círculo vicioso de una inflación que se proyecta, con suerte, en el 60% anual.

En el haber, aparecen el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, en un hecho inédito en la política nacional, alcanzó los consensos legislativos necesarios para que se convirtiera en ley; una tasa de desempleo con tendencia a la baja y las primeras señales que indican que la actividad económica ya se encuentra en niveles pre pandemia.

Con la salida de Guzmán el oficialismo ha profundizado su crisis, aunque, bien articulada, la misma también puede ser pensada como una oportunidad. Si “la necesidad tiene cara de hereje”, resultaría saludable que el horizonte que suponen las elecciones presidenciales del año próximo, sirva como dique de contención de ciertos hechos que nos hacían repensar y revisar si las actitudes de algunos protagonistas daban por verdadero que “nadie se salva solo”.

El presente contexto debería superarse sobre la base de tres acciones que se suponen centrales:

1) Recomponer el diálogo al interior del Frente de Todos. Si algo dejó en claro la experiencia Guzmán, es que no se puede administrar los grandes temas del país sin que el conjunto de la coalición se sienta contenida en la discusión que vaya más allá de las segunda o terceras líneas del funcionariado. Si el espacio se construyó con una mesa de tres patas, la designación de un protagonista central del futuro mediato de la vida de los argentinos, no puede ser impuesta por una de las partes y no del todo.

2) Dar un mensaje claro a la ciudadanía antes que a los mercados. En un espacio que se autopromociona desde el “primero la gente”, debería resultar básico transmitir un mensaje de calma política más allá de las justas, legítimas o excesivas desavenencias políticas, a los ciudadanos y ciudadanas de carne y hueso, antes que a la entelequia del mercado.

3) Designar al frente del área económica, a un hombre o a una mujer que, de alguna manera, represente una síntesis del conjunto frentetodista. Seguramente no son tantos los nombres que encuadren en esta categorización, pero mucho más acuciante resultaría la designación de alguien que no sea ponderado por alguna de las partes.

Si, como nos parece interpelar Julieta Venegas, este era el momento de la renuncia del ministro de economía, sólo lo puede poner en valor la ponderación de cada ciudadano primero, y el desarrollo de los acontecimientos de los próximos meses después. Tal vez la designación del nuevo inquilino del Palacio de Hacienda, se transforme en la oportunidad de reencausar aquello que ha dejado de prevalecer en buena parte de la conducción del oficialismo: un verdadero sentido de unidad. La necesidad de la hora impone acuerdos reales y sinceros. Y como diríamos en mi Tablada natal: “teléfono para todos y todas”.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

Como señala el Papa Francisco el trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de las personas, donde el ser humano encuentra en el salario justo las posibilidades de su desarrollo y el acceso a los bienes en su destino común y la Ley de Contrato de Trabajo promulgada el 20 de setiembre de 1974 constituye un paradigma que significó una conquista social enorme de los trabajadores quienes pasaban a contar con una ley protectoria de sus derechos.

El derecho laboral, en nuestro país y en el plano de las relaciones individuales de trabajo, se había desarrollado de un modo totalmente fragmentario e inorgánico. La regulación fundamental del contrato de trabajo estaba constituida por la ley 11.729 de 1934 complementada por algunas otras normas dispersas que venían de los primeros decenios del siglo XX, como la ley 4.661 del año 1905 de descanso dominical de autoría de Joaquín V. González, la ley 5.291 de 1907 regulatoria del trabajo de mujeres  y niños, la ley de accidentes de trabajo 9.688 del año 1915, la ley 11.544 de jornada de trabajo de año 1929, entre otras. La dispersión normativa se aceleró en la década del 40, concretamente tras la creación de la Secretaria de Trabajo y Previsión en 1943, reconociéndose la suprema dignidad del trabajo y de los trabajadores, y desde la cual se crearon los tribunales del trabajo, numerosos estatutos profesionales –como el estatuto del peón rural mediante decreto-ley 28.169/44, el aguinaldo instituido por el decreto-ley 33.302/45, las vacaciones pagas, se mejoraron las indemnizaciones laborales duplicándose las previstas en la ley 11.729, entre otras conquistas situadas en defensa de los trabajadores, los derechos humanos y la justicia social, alcanzando la mas alta cumbre del derecho del trabajo al consagrarse constitucionalmente los derechos del trabajador en la Constitución de 1949.

En la génesis del peronismo, Perón se encargó de plantear una doctrina contraria al demoliberalismo, y que tiene su centro en el hombre que trabaja.  En tal sentido sostuvo: “se llenaban la boca con la palabra libertad, cuando la única libertad del pobre, era de morirse de hambre” y en relación al trabajo, dejó grabada en la más alta cumbre de nuestra cultura que “en la Argentina existe una sola clase de hombres, los que trabajan”.

Aunque hasta entonces lejos se encontraba la posibilidad de alcanzarse un cuerpo único y ordenado de normas del trabajo y el anhelo de Bialet Massé y su proyecto de una Ley Nacional del Trabajo.

En 1974, La Ley de Contrato de Trabajo nº 20744 significó una enorme conquista de los sectores trabajadores siendo concebida con una marcada concepción humanista del trabajo. Fue obra del Dr. Norberto Centeno, abogado laboralista desparecido en Mar del Plata en la llamada “Noche de las corbatas” en julio de 1977 y constituyó un punto de inflexión fundamental en el desarrollo del derecho del trabajo en nuestro país. Según Roberto Pompa el hecho de que la primera ley general sobre el contrato de trabajo se haya sancionado recién en 1974 demuestra “lo difícil que fue esa lucha” durante muchos años anteriores. Asimismo el ex juez laboral Moisés Meik, repasando los hitos y luchas previas a la sanción de la LCT en 1974 dijo: “uno de los mayores logros de la LCT fue que, como una biblia laica, estaba en el bolsillo de todos los trabajadores, que la sacaban cada vez que había que negociar los convenios o reclamar por sus derechos”.

En efecto la Ley de Contrato de Trabajo fue la resultante de un largo proceso histórico, social y político para el reconocimiento de derechos de los trabajadores.

No se trató de una mera compilación de jurisprudencia y doctrinas de la época sino fue una obra de una enorme calidad técnica incorporando un novedoso sistema tutelar y protección a los trabajadores. 

Decía Centeno: “Ley de Contrato de Trabajo es obra de sistematización, sin resignar por ello cuanto de original contiene. Con ser derecho nuevo no se ha legislado prescindiendo de los aportes de una calificada doctrina nacional, verdadera escuela de derecho, los precedentes de la jurisprudencia y los antecedentes de la legislación y doctrina extranjeras, convenios y recomendaciones de organismos internacionales, congresos científicos e incluso por apelación a normas de eficacia probada, provenientes de aquellas que se dieran los grupos sociales a través de convenciones colectivas de trabajo. Razón de más, conforme a lo dicho, para afirmar que la Ley de Contrato de Trabajo no es un producto de gabinete ni el resultado de una combinación, más o menos feliz, de fórmulas abstractas. Los datos vienen tomados de la realidad concreta adoptados en función de ideales sociales de justicia; de allí el estricto criterio de factibilidad que la informa, al combinar lo ideal con lo posible, si como estamos dispuestos a afirmar el derecho del trabajo, con cuánta mayor razón, es derecho de la realidad…“Tampoco es una obra final…Es en cambio derecho en evolución”. 

La Ley de Contrato de Trabajo no fue una ley ajena a su tiempo, fue promulgada luego de la recuperación democrática de 1973 y la asunción del peronismo al gobierno luego de dieciocho años de proscripciones. El profundo sentimiento por lo social estaba presente.

En palabras de Centeno: “El trabajo como valor esencial y original de las cosas y una sociedad fundada en él, es la idea que se transmite a todo el dispositivo, pero además el trabajo, como hacer, se confunde con el trabajador y es por ello el destino de perfección (…) La idea de justicia social es la que domina toda su estructura".

En ella se fijaron los principios fundamentales del derecho del trabajo y de todo el sistema legal de protección inspirados en la idea de la justicia social. Cabe recordar que el Derecho del Trabajo nació del cuestionamiento del paradigma liberal de la igualdad para contratar y en efecto parte de la asimetría de las partes contratantes. Ese desequilibrio de poderes se ha traducido en el concepto de “hiposuficiencia”: tradicionalmente dicho concepto estaba asociado a la denominada “hiposuficiencia negocial” que se da al inicio de una relación laboral y durante la vigencia de ésta, pero también aplica a la “hiposuficiencia reclamacional” donde resulta innegable que durante la duración de la relación laboral deviene casi inexistente cualquier reclamo que pudiera esbozar el trabajador dependiente donde por temor a perder su fuente de trabajo calla y consiente situaciones que le resultan plenamente desfavorables. El contrato de trabajo se da en un marco de subordinación, es una relación de poder y el Derecho del Trabajo nació justamente para poner un “límite a ese poder” patronal.

En efecto vale mencionar el texto original de la ley 20.744 que en art. 19 expresamente disponía lo que era toda una declaración de principios: “las desigualdades que crea esta ley a favor de una de las partes, solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación”.

Posteriormente la ley 26.592 (BO 21/05/2010) recuperó el viejo art. 19 en el actual art. 17 bis volviendo a dejar en claro el marcado matiz protectorio que la legislación laboral otorga al trabajador.

La Ley de Contrato de Trabajo de 1974 vino a modificar la concepción del derecho del trabajo: fue efectivamente otro modo de concebir al derecho laboral: en efecto, el bien jurídico tutelado pasó a ser indiscutiblemente el trabajo humano y la protección de la dignidad humana en el vínculo laboral subordinado.

Se consagra una auténtica protección a la mujer a lo largo del Titulo VII (arts. 189 al 203 en la numeración original y que son los actuales 172 a 186), donde se prohíbe el trato discriminatorio, el trabajo a domicilio, las tareas penosas, peligrosas o insalubres, la protección de la maternidad, descansos por lactancia, prohibición de despido por causa de matrimonio, el estado de excedencia, configurando un verdadero hito a la lucha de las mujeres, garantizando la presencia y el protagonismo de las mujeres también en el ámbito laboral.

La Ley de Contrato de Trabajo no tenía un año y medio de vigencia cuando, a menos de un mes del golpe cívico-militar, el gobierno de facto sanciona la regla estatal 21.297 que derogó 27 artículos y modificó otros 99, supresiones y modificaciones perjudiciales para los trabajadores, que vieron conculcadas decenas de conquistas contenidas en el texto original. De más está de aclarar que la dictadura suprimió el artículo 19 precitado, que plasmaba el espíritu de la legislación laboral, también entre las principales modificaciones se terminó con la regulación sobre la tercerización laboral, se suspendió el derecho de huelga, y se prohibieron las actividades sindicales y la negociación colectiva. El bien jurídico tutelado que dejó de ser el trabajo humano subordinado para ser el mercado, lo que caracterizó a la política económica y social llevada adelante desde el Ministerio de Economía que encabezaba Martínez de Hoz.

Operada la recuperación de la democracia en el periodo 1983-1989 no se dictaron normas relevantes tendientes a la recuperación de los derechos laborales vulnerados por el régimen de facto.

Luego, la década del 90, fiel a la ideología liberal vigente por aquellos años, que respondía a otra lógica y que buscaba tutelar valores más asociados al mercado que a la defensa de los derechos sociales, arrojó como resultado que se elevaran los índices de precarización laboral y desprotección. El derecho laboral como derecho social terminaba desnaturalizándose, extinguiéndose; eran tiempos donde se experimentaba la transformación del “derecho del trabajo” en un “derecho del mercado de trabajo”. No se apuntaba a tutelar los derechos de los trabajadores sino a reafirmar al mercado como regulador supremo de la sociedad

En año 2003 marca un hito en ésta materia mediante la recuperación de millones de puestos de trabajo y el inicio de un proceso de recuperación de derechos laborales que habían sido erradicados de nuestro ordenamiento normativo. Se destaca en primer lugar la ley 25.877 del 19/03/2004 de ordenamiento del régimen laboral, la ley 26.088 del 24/04/2003 que restableció el antiguo artículo 71 de la ley 20.744 y agregó al art. 66 una acción judicial sumarísima para la obtención del cese de un ius variandi abusivo, la ley 26.341 del 24/12/2007 derogando inc b y c del art 103 bis de la ley 20.744 y el art 4 de la ley 24.700, la ley 26.390 del 25/06/2008 que estableció la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente en consonancia con los convenios aprobados por la OIT, la ley 26.248 del 16/12/2008 que recuperó la redacción original del viejo art.9 de la ley 20.744,  la ley 26.474 del 23/01/2009 en materia de jornada de trabajo modificando el art. 92ter, la ley 26.574 del 29/12/2009 que fortaleció el principio de irrenunciabilidad del art 12 de la ley 20.744, la ley 26.696 del 29/08/2012 que modificó el art 275 de la ley 20.744 agregando una sanción adicional frente al supuesto de incumplimiento patronal de un acuerdo conciliatorio homologado judicial o administrativamente, la ley 26.592 del 21/05/2010 que como dijimos anteriormente recuperó el viejo art. 19 en el actual art. 17 bis volviendo a dejar en claro el marcado matiz protectorio que la legislación laboral otorga al trabajador. Durante todo este periodo se evidencia una modificación en la concepción del derecho del trabajo: en efecto, se cambió el bien jurídico tutelado que dejó de ser el mercado para volver a ser el trabajo humano y la protección de la dignidad humana en el vínculo laboral como lo había sido con el legislador de 1974.

El mundo del trabajo, en ésta encrucijada que propone la 4º Revolución Industrial debe avanzar hacia la Justicia Social. El Papa Francisco se ha pronunciado sobre la necesidad de desenmascarar la cultura de la muerte mostrando una cultura de la vida. La cultura del descarte proponiendo una cultura del encuentro.

Pareciera que en nuestro país, donde recientemente se conocieron propuestas, impulsadas por algunos sectores empresarios y que rápidamente contaron con el aval de determinados políticos, que plantean modificar el sistema legal de indemnizaciones laborales por despido, algunos sectores, han optado por la cultura de la muerte. Hablan de la contratación de un seguro de desempleo denominado “Seguro de Garantía de Indemnización” (SGI), abonado por las empresas sobre su nómina salarial y tendiente a garantizar el pago de una indemnización a todo trabajador que pierda su trabajo mediante el cobro de cuotas mensuales.

De éste modo la protección del trabajador despedido dejaría de ser una cuestión del ámbito del Derecho del Trabajo y pasaría a serlo de la órbita del Derecho de la Seguridad Social. La idea del SGI no resulta original, en el año 2017 en un proyecto de 145 artículos el entonces gobierno nacional (el ministro Triaca) intentó modificar aspectos sustanciales de la Ley de Contrato de Trabajo con la implementación de un modelo similar con un Fondo de Garantía comparable al que reciben los trabajadores de la construcción, el que implicaba modificar el sistema de reparación tarifado del despido. Lo cual arrasaría una larga tradición jurídica nacional tanto jurisprudencia, doctrinaria y normativa de casi 90 años, dado que frente al despido sin causa, desde la ley 11.729, el sistema tarifado indemnizatorio (aunque con variantes) siempre respondió al mismo al esquema “antigüedad por salario”. Por otro lado el sistema propuesto no protege a quienes trabajan sino que por el contrario los coloca en una situación de absoluto desamparo librado a los caprichos del empleador. Entendemos que la implementación de un sistema de seguro de indemnización mediante un fondo de capitalización se aparataría del texto constitucional, específicamente del art. 14 bis y del mandato de la ley suprema de protección contra el despido arbitrario, resultando violatorio de los principios protectorio, estabilidad, indemnidad y progresividad, desnaturalizándose todo el sistema de protección. 

Hoy, a 47 años de la promulgación de la Ley de Contrato de Trabajo, debemos estar atentos a todo tipo de propuestas regresivas que pretenden resurgir debates que deberían estar superado y que ignoran que cuando se trata de derechos laborales la progresividad debe ser el criterio.

Recordamos la labor de Norberto Centeno y la Ley de Contrato de Trabajo como instrumento para que los trabajadores cuenten con la protección legal que manda nuestra Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos que la integran.

No olvidamos que el derecho no se agota en la pura dimensión normativa. Es, esencialmente, compromiso e instrumento de cambio y transformaciones colectivas. Los aniversarios tienen que ser épocas para promover la memoria activa, reafirmar aquellos valores y continuar marchando hacia una Argentina más justa, más libre y más soberana, que debe avanzar progresivamente, con inclusión, perspectiva de género y siguiendo las directrices que integran los derechos humanos- hacia adelante en la defensa de los derechos de los más desprotegidos.

(*) Abogado laboralista. Docente de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la UNR.
(**) Abogado laboralista. Secretario de Adoctrinamiento Partido Justicialista Departamental Rosario.

Grimson es Doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia, investigador del CONICET, docente del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM y forma parte del consejo de asesores del presidente Alberto Fernández. Hoy por la mañana dialogó con Todas Las Voces, por AM 1330 Rosario, acerca de su libro.

“El libro abarca ocho momentos clave de la historia del peronismo: El surgimiento en 1945, el derrocamiento de Perón en el ‘55, el ‘73, los noventa… hasta la actualidad, y que va encontrando algunas cuestiones centrales de esa historia como el hecho de que en todas esas fotografías el peronismo fue fuertemente heterogéneo, siempre tuvo diversidad ideológica”, comenzó explicando Grimson. A continuación agregó que “en 1945 estaba el partido laborista, estaba la junta coordinadora radical, estaban los conservadurismos populares de provincia y Perón fue en ese momento la síntesis de esa diversidad. Y esa misma situación entre diversidad y síntesis se planteó de distintas maneras a lo largo de la historia del peronismo y se está planteando hoy en la Argentina también. En algunos momentos, por ejemplo en el año ‘74, el peronismo no logró construir una síntesis de su heterogeneidad y eso derivó en una tragedia, primero para el peronismo y después ya para todo el país”. 

Consultado sobre cómo se le explicaría a un extranjero que preguntase qué es el peronismo, Grimson comenzó aclarando que “depende si es un extranjero que lo que tiene en la cabeza, como también tienen algunos argentinos, es un esquema mental que dice que en los países ‘normales’ debería haber un partido de centro-izquierda y un partido de centro-derecha, o cuatro partidos (de izquierda, centro-izquierda, centro-derecha y derecha). Si tiene ese esquema mental, es imposible que entienda el peronismo y yo creo que no puede entender ningún fenómeno político porque desde el principio del libro trato de explicar que los fenómenos políticos no existen sólo sobre una línea que va de izquierda a derecha, sino que tienen tres dimensiones. Hay que mirar la dimensión que va de arriba a abajo en lo social y la dimensión que va del dogmatismo al pragmatismo, en el sentido de que hay dogmatismos de derecha, hay dogmatismos de izquierda y hay pragmatismos también desde distintos puntos de vista ideológicos. Entonces, por ejemplo, el peronismo, como casi todos los partidos de gobierno que yo conozco, es un partido que tiene sus principios y que, al mismo tiempo, es altamente pragmático. En ese sentido, entender el peronismo requiere pensar en esas tres dimensiones, 3D, o 4D diría yo, porque hay una cuarta dimensión que es el tiempo, que atraviesa todos los fenómenos políticos. Ningún fenómeno político es indemne al paso del tiempo, ni está exento de irse transformando. Por eso, el libro lo que hace es profundizar en ocho momentos, mostrando la complejidad de estas distintas dimensiones de la política”, se explayó el académico.

Luego explicó que “en el libro trabajo el surgimiento del peronismo y su relación con el antiperonismo porque en las ciencias sociales hay un principio elemental que dice que no existen fenómenos sociales o políticos que no sean relacionales, es decir que no estén en relación a otra cosa. Por eso le dedicamos en el libro un análisis detallado, un capítulo completo a esa relación”.

Por último, Alejandro Grimson analizó que “después de Menem, después de la crisis del 2001, parecía que el peronismo estaba altamente debilitado. Fue dividido a una elección, en 2003, en donde hubo tres candidatos. Néstor Kirchner asume con muy pocos votos, con el 22% de los votos y justamente volvemos a lo que decíamos al inicio: el peronismo es altamente heterogéneo, y lo que logra Kirchner en ese proceso histórico es construir una nueva síntesis de esa diversidad, que como en otros casos incluye tanto a distintas corrientes del peronismo como a corrientes que no son peronistas. Posteriormente, hay un resurgir de la intensidad, de la fuerza de las identidades peronistas. Estaban mucho más debilitadas en 2001 que en 2010, digamos. Estaban mucho más debilitadas en una generación anterior que en generaciones posteriores, entonces hay una suerte de resurgimiento. Y lo que estamos viviendo en la actualidad es cómo, otra vez, a partir de situaciones de división del peronismo, a partir de situaciones donde esa heterogeneidad no encontraba puntos de acumulación y de síntesis, se fue produciendo el año pasado, a partir de mayo, un proceso de una nueva síntesis que es la que está gobernando actualmente”.

En esa trágica jornada las Fuerzas Armadas descargaron sus bombas y ametralladoras contra la población civil como forma de implantar el terror y el escarmiento, generando las condiciones para lograr la toma del poder, que se materializó el 16 de septiembre, comandada por el General Lonardi.

El 16 de junio también recuerda en nuestra historia reciente otro hecho de ataque contra el pueblo argentino: en 2014 la Corte Suprema de EE.UU no aceptó tomar el caso en el cual Argentina apelaba el fallo del Juez Griesa, quedando firme la decisión del Magistrado.

El actual hostigamiento que está sufriendo nuestro país no sólo busca amedrentarnos sino ponernos de rodillas para obligarnos a aceptar el fallo de un juez de un distrito de Nueva York, que favorece al 1% de los tenedores de bonos que entraron en default en 2001, sin tener en cuenta al 92,4% de los bonistas que ya aceptaron una reestructuración.

Recordemos qué decía el desopilante fallo del Juez distrital de Nueva York. Griesa, realizando una interpretación muy polémica de la cláusula Pari Passu (en igualdad de condiciones), dictaminó que Argentina debía pagarle el 100% del valor nominal más intereses punitorios a un conjunto de fondos buitre y 15 bonistas individuales. Por una deuda con valor nominal de u$s 428 millones, debíamos pagar u$s 1.330 millones. Hoy, por los intereses corridos, ese pago asciende a más de u$s 1.600 millones. El más favorecido con el fallo fue Paul Singer (dueño del fondo buitre NML), que posee el 53% de los bonos que abarcan la sentencia de Griesa. Singer compró los bonos en 2008 a u$s 48 millones, y la sentencia del octogenario juez le dio un derecho a cobrar u$s 832 millones, una despreciable ganancia de más de 1.600%.

Además, el origen de esa deuda es ya ilegítimo desde su comienzo. Dos tercios de los bonos que componen el fallo de Griesa surgieron en el Megacanje, la mega estafa de 2001. En dicha operatoria financiera tuvo gran participación el amigo del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, David Mulford. Este lobbista del mercado financiero internacional se alzó con una jugosa comisión -más de u$s 120 millones- por hacer las gestiones para realizar un cambio de títulos de deuda por otros con tasas usurarias, teniendo como resultado un aumento de la deuda externa argentina del 63%. Fue tal la estafa que la justicia local abrió una causa judicial.

Los fondos buitre, gracias a la sentencia, tuvieron una renta exorbitante y, gracias a su fuerte poder de lobby, ejercen una constante presión para cerrarle los caminos a la Argentina y no tener otra salida que aceptar las condiciones impuestas por Singer y sus amigos. Sin dudas sería mucho más fácil para la Presidenta arreglar con ellos y allanar el camino para acceder al financiamiento externo ya que su mandato termina el 10 de diciembre y no tiene posibilidad de ser re-reelecta. Ese camino es el que sería correcto tomar, según las propias declaraciones de muchos líderes de la oposición y economistas del establishment, como Mauricio Macri y Carlos Melconian. Pero el Gobierno Nacional desde 2003 ha considerado a la política de endeudamiento como una política de Estado donde prima la soberanía a la hora de determinar la política económica interna, no recibiendo condicionantes sobre cómo y en qué usar los fondos conseguidos. ¿O acaso podemos imaginar al FMI o inversores internacionales otorgando préstamos para financiar programas como el PROCREAR, REPROS, Asignación por Hijo o PROGRESAR?

El 16 de junio de 1955 las Fuerzas Armadas bombardearon la plaza de mayo como forma de implantar el terror para logar tomar el poder. Hoy los fondos buitre quieren implantar el terror financiero, cerrándole todos los caminos a nuestro país para conseguir financiamiento internacional. Esto significa también un castigo hacia la Argentina por haber tomado un camino contrario a los intereses del sistema financiero internacional, no priorizando el rendimiento de los bonos ni acuerdos que favorecieran a determinadas entidades sino poniendo el eje en el crecimiento, la inclusión y la equidad.

El actual hostigamiento que está sufriendo nuestro país no sólo busca amedrentarnos sino ponernos de rodillas para obligarnos a aceptar el fallo de un juez de un distrito de Nueva York, que favorece al 1% de los tenedores de bonos que entraron en default en 2001, sin tener en cuenta al 92,4% de los bonistas que ya aceptaron una reestructuración. Aceptar el fallo de Griesa no sólo nos obligaría a pagar una cifra usuraria, sino que además nos debilitaría en el frente externo y nos obligaría a salir a tomar deuda en condiciones totalmente desfavorable, aceptando condicionamiento de políticas, hasta pudiéndonos obligar a poner a disposición activos estratégicos, como por ejemplo la recuperada YPF y Vaca Muerta (segunda reserva mundial de gas de shale y cuarta de shale oil a nivel mundial). Por eso hay que tener presente lo que está de fondo en la disputa con los buitres. Aceptar el fallo sería un error porque, como se ha demostrado con los Me Too, quedan un grupo de buitres que no entraron en el fallo de Griesa y que podrán reclamar por el pago en igualdad de condiciones. El monto no es de u$s 1.600 millones del dictamen inicial. Con los Me Too ya estamos hablando de entre u$s 17.000 y u$s 20.000 millones, abarcando sólo el 40% de los bonistas que no entraron en los 2 canjes.

Es preciso resistir a los bombardeos financieros para defender nuestra dignidad como Nación, no dejar que nos amedrenten y nos hagan acatar un fallo que esconde, nada más ni nada menos, la pérdida de soberanía económica que tanto nos ha costado recuperar luego de 37 años de políticas neoliberales. Defender nuestra libertad en la definición de política económica interna que nos ha posibilitado alcanzar conquistas sociales impensadas hace una década atrás. 

 

(*) Licenciado en economía de la Fundación para la Integración Federal