Una mayoría de jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostraron escépticos este miércoles ante la constitucionalidad de la definición actual de matrimonio, como la unión entre un hombre y una mujer, y presionaron a sus defensores para que justificaran que no incurre en una discriminación contra los homosexuales. La máxima instancia judicial del país ha comenzado en esta fría mañana de Washington su segundo día de audiencias relacionadas con el matrimonio homosexual, en el que estudiará si la definición vigente, establecida por una norma federal de 1996, viola el derecho a la igualdad de los ciudadanos.

Durante más de dos horas, los nueve jueces del Supremo Tribunal escucharon argumentos a favor y en contra de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés), que ha sido declarada inconstitucional por cuatro tribunales federales y dos cortes de apelaciones. Fue el entonces presidente Bill Clinton quien firmó aquella ley y su posición ha cambiado con el tiempo, tanto que ahora la repudia. No es nada común que un antiguo presidente declare que una medida tomada durante su tiempo en el gobierno viola la Constitución. Pero sin duda, el viaje que ha realizado el ex presidente es similar al que ha hecho la sociedad en su aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El caso que hoy ve la máxima Corte de EEUU fue presentado por Edith Windsor, una mujer de 83 años que se vio obligada a pagar más de 350.000 dólares en impuestos federales por el patrimonio heredado de su esposa, Thea Spyer, fallecida en 2009, debido a que su matrimonio era reconocido en Nueva York pero no a nivel federal.

Barack Obama ordenó a principios de 2011 a su Gobierno que no defendiera la DOMA en los tribunales federales, lo que ha llevado a que el Departamento de Justicia no argumente a favor de la ley a pesar que la demanda de Windsor es contra el Gobierno federal.

Pese a que la mayoría de los estadounidenses apoya el matrimonio entre homosexuales, solo nueves estados y el Distrito de Columbia (Washington, la capital de la nación), lo han aprobado. Pero las parejas legalmente unidas no gozan de los mismos derechos federales que los heterosexuales casados.

El martes, por primera vez en la historia de Estados Unidos, el Tribunal Supremo celebraba una primera audiencia relacionada con el matrimonio homosexual. Los nueve jueces estudiaron si las leyes que prohíben contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo incumplen la Constitución al no respetar su derecho a la igualdad. Sin embargo, varios de ellos pusieron en duda este martes si una decisión de la Corte es el método más adecuado para regular el matrimonio gay en el país.

Decenas de manifestantes celebraban esta cita histórica en el exterior del Tribunal, envuelto en un ambiente emotivo que se coló hasta la sala de audiencias. Allí, los nueve jueces también escucharon los argumentos en contra de la Proposición 8, una enmienda a la Constitución de California que prohibió el matrimonio gay, tras la demanda planteada por dos parejas que consideran que, al no poder casarse, California está violando su derecho a la igualdad.

Varios jueces mostraron abiertamente su escepticismo ante el caso que ha llegado hasta ellos, preguntándose si una sentencia a favor o en contra del matrimonio homosexual en California, iría más lejos de lo que les corresponde. “Si el asunto consiste en dejar que los estados respondan a los avances que hace la sociedad, ¿por qué debemos estudiar esta demanda ahora?” preguntó la juez Sonia Sotomayor. “Yo simplemente me pregunto si este caso ha sido debidamente planteado”, añadió el juez Anthony Kennedy, quien probablemente tenga el voto decisivo el próximo mes de junio.

Los jueces podrían estimar que la Proposición 8, la prohibición del matrimonio homosexual, es anticonstitucional, por lo que volvería a quedar legalizado en California. La sentencia también podría determinar que los estados deben garantizar el derecho al matrimonio a parejas homosexuales, por lo que esa decisión afectaría a todo el país, legalizando las bodas gay a nivel federal.

Los magistrados se mostraron escépticos este martes ante esta última posibilidad. “¿Hay alguna manera de responder a este caso y que nuestra decisión afecte únicamente a California?” insistió Sotomayor. A lo largo de la historia, el Tribunal ha sido reacio a sentencias que vayan más allá de lo que han ido cada uno de los estados, o el Congreso, en sus legislaciones, para no imponer legislación desde el Poder Judicial.

Una mayoría de los magistrados podría decantarse por rechazar el caso, de modo que prevalecería la decisión del último juez federal en pronunciarse al respecto, y que estableció que la prohibición en California era inconstitucional. De esta manera, como parecen preferir los jueces, su decisión sólo afectaría a aquel Estado. Consciente de su precaución, Charles Cooper, defensor de la Proposición 8, argumentó que el debate nacional en torno al matrimonio gay “debe continuar”, y solicitó al Tribunal que “no interrumpa ese proceso democrático” hasta que cada estado decida “un asunto tan agónicamente difícil”.

La primera parte de la audiencia, que se extendió hora y media, estuvo así dedicada a esclarecer por qué el Supremo Tribunal debe pronunciarse en este momento sobre el matrimonio homosexual. La segunda mitad, coincidiendo con la intervención del abogado de los demandantes, sí giró en torno a las consecuencias de ampliar la definición de matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo.

El presidente del Tribunal, John Roberts, planteó hasta qué punto la prohibición de casarse impuesta a gays y lesbianas constituye una discriminación única y exclusiva contra ellos. “La institución del matrimonio simplemente ha evolucionado históricamente sin incluirles”, aseguró. En respuesta, Ted Olson, abogado de las dos parejas demandantes, defendió que la Proposición 8 “excluye a gays y lesbianas” de “la relación más importante en la vida” y aseguró que les estigmatiza “en base únicamente a su status y clasificando sus relaciones como de segunda clase, diferentes, desiguales y equivocadas”.

Sotomayor, nombrada por Obama en 2009, también cuestionó en qué medida interesa a un estado dejar fuera del matrimonio a los homosexuales. Según Cooper, la definición intenta garantizar pervivencia de la sociedad a través de la procreación, de ahí que no incluya a parejas que no pueden tener hijos. En el caso de hacerlo, dijo Cooper, “dañaría” a la sociedad. Elena Kagan, una de las jueces liberales de la Corte, interrumpió al abogado: “¿Deberíamos denegar a partir de ahora el matrimonio a los mayores de 55 años?”

El juez Kennedy mencionó entonces que sólo en California se estima que hay cerca de 40.000 niños de padres homosexuales, y que quieren que se les reconozca como ciudadanos de pleno derecho. “Es importante que incluyamos en este debate las voces de esos niños”, aseguró el juez. En una muestra de la división de opiniones en torno a este asunto, Kennedy concedió sin embargo que desconoce las consecuencias de legalizar el matrimonio gay. “Tenemos cinco años de información frente a 200 años de historia”, aseguró, en referencia a la fecha en que se legalizaron estas uniones en Massachusetts, el primer Estado de la Unión en dar ese paso.

El magistrado más conservador de la corte, Antonin Scalia, rechazó que se deba permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y, consecuentemente, la adopción por parte de parejas gay. “Hay una gran división entre los sociólogos con respecto a los beneficios o el daño que se pueda causar a los menores”, afirmó, provocando un murmullo en la sala. “No podemos aprobar algo si no tenemos información sobre sus posibles efectos”.

Las dos parejas denunciantes alegan que la prohibición del matrimonio gay supone la creación de una segunda clase de ciudadanos, con menos derechos que el resto. Varios estados norteamericanos reconocen “uniones civiles” en las que parejas homosexuales disfrutan de los mismos derechos y beneficios que las heterosexuales, excepto algunos como el de casarse. Su abogado recordó la decisión de 1967 en la que el Supremo Trubunal eliminó las leyes que prohibían los matrimonios interraciales, alegando que entonces “nadie se planteó permitir que esas parejas tuvieran uniones, pero no matrimonios”.

El debate del matrimonio homosexual en el máximo tribunal de EE UU coincide con un giro en la opinión de los ciudadanos, cada vez más a favor de los derechos de los homosexuales. Nueve estados, además del Distrito de Columbia, han legalizado las bodas gay. Numerosos políticos, demócratas y republicanos, incluido el presidente, Barack Obama, han manifestado recientemente un cambio de perspectiva a favor de los derechos de las parejas del mismo sexo. Ese apoyo se respiraba en el exterior del Tribunal, donde centenares de personas esperaban al comienzo de la audiencia con banderas y pancartas como “Quiero que mis madres puedan casarse” o “Igualdad, Ya”.

Este miércoles, la corte escuchará los argumentos a favor y en contra de la Ley de Defensa del Matrimonio, DOMA, que desde 1996 prohíbe reconocer estas uniones a nivel federal. El caso ha sido planteado por Edith Windsor, una neoyorquina de 83 años. Windsor se casó con su pareja, Thea Spier, después de convivir con ella cuatro décadas y considera que el Gobierno la ha discriminado por ser lesbiana. Al enviudar en 2007, Hacienda le reclamó impuestos sobre la herencia de Spier por un valor de 300.000 dólares. Si una de ellas hubiera sido un hombre, su matrimonio hubiera sido válido y Windsor no tendría que pagar ni un sólo dólar.

FUENTE: El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú