Unos 150.000 chilenos marcharon ayer pidiendo educación pública gratuita, en una semana marcada por huelgas portuarias, mineras y de trabajadores de la cultura en la antesala de los comicios presidenciales y legislativos de noviembre.
"De todos los chilenos que hoy nos movilizamos depende realmente hacer los cambios que el país necesita", dijo el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Diego Vela.
Menores de 12 años, estudiantes de postgrado, profesores de liceos y dirigentes sindicales del cobre coincidieron en la Alameda, la principal arteria de Santiago, con lienzos, pancartas y tambores.
Entre batucadas y diabladas nortinas, las calles de la capital vieron desfilar los carteles pidiendo "fin al lucro en la educación", es decir, el hecho de que la mayoría de la matrícula escolar y universitaria es suministrada por empresas privadas.
La movilización, que los estudiantes replicaron en las regiones de Valparaíso y Concepción, derivó también en enfrentamientos entre cientos de policías antimotines y manifestantes encapuchados.
En el gobierno de derecha, con un apoyo de 30 por ciento en encuestas, el ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, lamentó la protesta, cuya afluencia evocó las 6.000 movilizaciones de 2011.
"Voceros del movimiento estudiantil hablan bajo el mismo formato de 2011. No son capaces de reconocer nada de lo hecho en dos años", escribió el funcionario en Twitter.
El presidente Sebastián Piñera, quien anunció un fondo especial para la educación escolar por 150 millones de dólares este miércoles, sacó de hecho en 2011 a los bancos del negocio de la educación tras siete meses de protestas.
Las familias chilenas, que deben pagar hasta 900 dólares mensuales en las universidades públicas para que sus hijos estudien, debían endeudarse con la banca y pagar intereses más altos que los del mercado.
Los jóvenes, algunos de los cuales hoy tienen becas, deben ahora endeudarse con el Estado en cifras de decenas de miles de dólares, con una tasa de interés de tres por ciento.
En la oposición de centro izquierda, cuya principal abanderada presidencial es la socialista Michelle Bachelet, persisten las diferencias entre quienes apoyan las demandas de los estudiantes y los que no.
Mientras algunos asesores técnicos y la propia Bachelet descartaron otorgar educación pública gratuita universal, otros miembros de su comando acudieron a la marcha.
Los líderes estudiantiles, que estimaron en 200.000 los movilizados en todo el país, criticaron tras la marcha la distancia de la clase política con sus demandas, apoyadas en encuestas por un 80 por ciento de la población.
"Si el Parlamento y el Ejecutivo no se colocan los pantalones, este movimiento social les dará muchos dolores de cabeza", afirmó la vocera de los estudiantes de universidades privadas, Valeska Concha.
La crisis, que desde 2011 dejó miles de estudiantes detenidos y dos muertos en protestas, amenaza con copar la carrera presidencial, debido a la voluntad de los jóvenes de recrudecer sus movilizaciones.
Las demandas estudiantiles, que en 2011 fueron apoyadas incluso por una treintena de estudiantes de liceos en huelga de hambre, está ligada a la desigual distribución del desarrollo en el país.
Por ejemplo, en los hogares más pobres sólo un 65 por ciento de los jóvenes logra terminar el colegio antes de los 24 años, según cifras oficiales.
En oposición, en los hogares más ricos, los jóvenes de ese grupo de edad han tenido uno a dos años de estudios superiores a esa misma edad.
Chile, país miembro de la OCDE y con un ingreso per capita por paridad de compra que bordea los 20.000 dólares, presenta además una desigual distribución de los ingresos.
Por ejemplo, las 300 familias más ricas acaparan el 11 por ciento de los ingresos del país, donde existe prácticamente pleno empleo.
Además, el 20 por ciento más rico de los hogares obtiene más ingresos mensuales que todo el otro 80 por ciento de sus compatriotas.
Hasta ahora los movimientos sociales desconfían de la elite política, en medio de discusiones incluso sobre la necesidad o no de cambiar incluso la Constitución, heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Priscila Pretzel

FUENTE: EL SOL