El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado este miércoles en segunda instancia a cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación por un delito de fraude fiscal en la compraventa de derechos de películas en el llamado caso Mediaset. Con esta decisión el Tribunal de Apelación de Milán confirmó la sentencia emitida por este mismo caso el 26 de octubre de 2012.
Il Cavaliere está acusado de apropiación indebida, fraude fiscal y falsificación de cuentas. La condena conlleva que Berlusconi también sea apartado durante cinco años de cualquier cargo público y durante tres en puestos de empresas. La sentencia aún no es firme ya que la legislación italiana permite tres instancias y se espera que la defensa presente una última apelación de forma inmediata.
De ese modo, el ex primer ministro seguramente se libre de tener que pisar la cárcel gracias a una ley de indultos de 2006 que rebaja la pena de prisión de cuatro años a uno. Pasa lo mismo con la suspensión, que no se aplicaría hasta que se emita la sentencia en tercera instancia, pero, llegado el caso de que se confirme la condena, Berlusconi, de 76 años, diría adiós a su vida política.
"Se trata de una sentencia absolutamente prevista considerando el tono y los modos utilizados por los jueces en el desarrollo del proceso", han considerado los abogados defensores de Berlusconi, Niccolò Ghedini y Piero Longo, según recoge el diario La Stampa. Los magistrados de la Corte de Apelaciones también han confirmado la absolución del presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri, y de otras dos personas. Asimismo, han ratificado la condena a tres años de cárcel para el productor Frank Agrama, el considerado "socio oculto" de Berslusconi, por su papel de intermediario en la trama.
UN JUICIO DOS VECES INTERRUMPIDO
El juicio por el caso Mediaset comenzó en 2006. Los fiscales imputaban a Berlusconi tras la compra de los derechos televisivos y cinematográficos de un paquete de películas estadounidenses para el periodo 1994-1999. Según la acusación, Fininvest, una de las filiales del grupo mediático del exprimer ministro, adquirió esos derechos a un precio desorbitado con el propósito de engañar a la Hacienda italiana.
Según la Fiscalía, antes de que Fininvest se convirtiera en la propietaria definitiva de los derechos, varias empresas en el extranjero, cuya propiedad es atribuida al propio Berlusconi, fueron protagonistas de una cadena de compraventa ficticia en la que el precio por el traspaso del paquete televisivo era cada vez más alto. La diferencia entre el precio inicial de las películas y el que finalmente abonó Fininvest es de 470 millones de euros, que, según los fiscales, no fueron declarados y acabaron en cuentas bancarias en paraísos fiscales.
El juicio ha sido interrumpido en dos ocasiones gracias a las artes jurídicas de Il Cavaliere. La primera vez fue en 2008, tras la aprobación del llamado Lodo Alfano, una ley diseñada por el entonces ministro de Justicia, Angelino Alfano, que impedía juzgar a los cuatro cargos más importantes del Estado italiano. La medida fue declarada inconstitucional en octubre del mismo año por el Tribunal Constitucional, y entonces se reanudó el proceso.
En 2010, el ministro Alfano ideó la ley del Legítimo Impedimento, una norma por la que el primer ministro se podía ausentar de los juicios por problemas de compatibilidad con su agenda institucional, lo cual provocó de nuevo la interrupción del proceso. El Constitucional también anuló esta medida de blindaje a principios de enero de 2011.
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú
FUENTE: Público