El Gobierno británico ha sido acusado de mantener una cárcel secreta en el campamento militar de Camp Bastian, en la provincia afgana de Helmand, que ha sido equiparada a la que Estados Unidos tiene en la base de Guantánamo, en Cuba. El ministro de Defensa, Philip Hammond, confirmó este miércoles en declaraciones a la BBC que entre 80 y 90 sospechosos están detenidos allí porque no tienen garantías sobre su seguridad si fueran entregados para ser juzgados y porque su liberación podría poner en peligro a las tropas británicas que aún están en Afganistán. Pero Hammond ha calificado de “absurdo” que se trate de un campo de detención secreto porque el Parlamento fue informado de ello.
Que había afganos detenidos en Camp Bastian era conocido pero hasta ahora no se sabía que algunos llevan allí 14 meses sin haber sido acusados de nada, una situación contraria a la ley británica y a las normas que regulan la actuación de la Fuerza de Asistencia Internacional de Seguridad (ISAF, en sus siglas en inglés), que permite detenciones sin cargos por un máximo de 96 horas.
La existencia de este Guantánamo británico ha sido conocida después de que abogados de una veintena de los detenidos presentaran una denuncia ante el Tribunal Superior británico en Londres el pasado 19 de abril, en el que han presentado una solicitud de hábeas corpus para sus defendidos. En los argumentos legales preparatorios del caso, el juez le dijo a los representantes del Gobierno británico que el caso plantea serias cuestiones sobre los poderes que tiene el Ejército para mantener detenidos sin cargos a sospechosos en Afganistán, según la BBC.
En una entrevista en el programa Today de BBC Radio 4, el ministro Hammond explicó que los detenidos son sospechosos de haber matado a soldados británicos o de estar involucrados en la preparación de ataques a las tropas británicas y que sería un error permitirles volver “al campo de batalla”. “Nada nos gustaría más que entregar a esa gente a las autoridades afganas para que puedan llevarlos ante el sistema judicial afgano”, afirmó. Y añadió que el Gobierno está trabajando “de forma muy intensa” con las autoridades afganas para crear las condiciones de seguridad que hagan posible la entrega. Y pronosticó que eso puede ocurrir “en cuestión de días”.
Por la tarde, el Ministerio de Defensa confirmó que “una vez que las directrices políticas y las obligaciones legales se hayan cumplido, se darán instrucciones para empezar las transferencias” de los detenidos a las autoridades afganas.
Abogados de algunos de los detenidos consultados por el diario The Guardian han denunciado las dificultades con que se topan para acceder a sus clientes. “El Gobierno sostiene que uno de sus objetivos en Afganistán es establecer el imperio de la ley y construir un sistema judicial justo antes de que las fuerzas británicas se vayan en 2014. En ese contexto, que el propio Gobierno británico niegue a mi cliente y a otros individuos el derecho a acceder a la justicia es en sí mismo erróneo e ilegal”, opinó la abogada Rosa Curling.
El general Zahir Azimi, portavoz del Ministerio de Defensa afgano, declaró: “Los prisioneros tienen que ser entregados a las autoridades afganas. Después de que nos los entreguen, serán tratados de acuerdo con nuestras leyes judiciales y los acuerdos alcanzados con la comunidad internacional”.
El noviembre del año pasado, el ministro británico de Defensa explicó en la Cámara de los Comunes que la entrega de prisioneros a las autoridades afganas se había descartado porque había dudas sobre su seguridad. Los militares británicos eran partidarios de la entrega pero Defensa la paralizó tras acceder a informaciones reservadas que advertían sobre el peligro de que los sospechosos fueran torturados.
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú
FUENTE: El País