El presidente de la región de Cataluña, Artur Mas, se reunió con los líderes de otros tres partidos que apoyan la consulta - que el Gobierno central considera ilegal - y decidieron mantener esa convocatoria, que en principio está suspendida temporalmente por el Constitucional.
Por su parte, el Ejecutivo español anunció hoy que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de creación de una junta electoral catalana encargada de velar por esa convocatoria, que fue firmado ayer por Artur Mas, ya que considera que es un incumplimiento de la suspensión de la consulta.
Según informó a la prensa el portavoz del Gobierno regional de Cataluña (noreste), Francesc Homs, los cuatro partidos nacionalistas optaron hoy por mantener la convocatoria del 9 de noviembre, destinada a que los catalanes se puedan pronunciar sobre la soberanía del territorio y, eventualmente, de su independencia.
El pasado lunes el TC admitió a trámite un recurso contra esa consulta, lo que significa su suspensión cautelar mientras se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, para lo cual tiene de plazo cinco meses.
Los nacionalistas quieren que el Constitucional se pronuncie cuando antes, según Homs.
Quedan pendientes de resolución algunos puntos sobre los que ejercen más presión formaciones como ERC y CUP, que pretenden un calendario con la puesta en marcha del registro de participantes de inmigrantes residentes en Cataluña y de catalanes en el extranjero, el sorteo de miembros de las mesas de votación, el voto anticipado y la reanudación de la campaña institucional.
Según informó el portavoz del Gobierno regional de Cataluña, los cuatro partidos nacionalistas optaron por mantener la convocatoria del 9 de noviembre, destinada a que los catalanes se puedan pronunciar sobre la soberanía del territorio y, eventualmente, de su independencia
Esta última fue temporalmente suspendida por el Gobierno catalán tras la primera medida del TC de suspender la consulta.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó hoy a la prensa que la Abogacía del Estado pedirá al TC que incluya en la suspensión que dictó sobre la ley de consultas catalana el decreto firmado ayer por Mas sobre la junta electoral.
La Abogacía del Estado tiene potestad para ampliar ese recurso sin necesidad de que se reúna el Consejo de Ministros ni de pedir un nuevo informe al Consejo de Estado.
La vicepresidenta emplazó al presidente de la Generalitat a manifestar si va a acatar la decisión del Tribunal Constitucional o si va a continuar en la línea del incumplimiento, como hizo ayer con la firma "novedosa, sin precedentes" de ese decreto.
"Los ciudadanos tienen derecho a saber que las resoluciones de los tribunales se cumplen y se respetan", aseguró Sáenz de Santamaría, quien agregó que la Fiscalía también estará muy pendiente ante la posible comisión de algún delito.
En esta línea, afirmó que "nadie puede diseñar la democracia a su medida, porque está diseñada a la medida de los derechos de los españoles" y se dirigió a Mas al preguntarse qué autoridad tiene un gobernante para pedir el cumplimiento de las leyes si él mismo no las cumple.
