La fiscalía general de México dijo el martes que un grupo de 43 estudiantes desaparecidos en septiembre fueron masacrados por un grupo de narcotraficantes que los confundió con una banda rival, en un crimen que conmovió a los mexicanos y sacudió al Gobierno.
Felipe "el Cepillo" Rodríguez, miembro del grupo narco Guerreros Unidos detenido días atrás, organizó la ejecución de los 43 jóvenes por instrucciones de un líder de la organización, concluyó la fiscalía tras la confesión del criminal.
"Evidencias permiten determinar que los normalistas fueron privados de la libertad, de la vida, incinerados y arrojados al río, en ese orden", dijo el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en conferencia de prensa.
Rodríguez será acusado formalmente por el homicidio de los estudiantes. La fiscalía pedirá una condena 140 años de prisión.
"Los estudiantes fueron señalados por los delincuentes como integrantes del grupo antagónico de la región", dijo por su parte el director de la agencia de investigación criminal de la fiscalía, Tomás Zerón, explicando que la masacre tuvo que ver con la defensa del territorio por parte de Guerreros Unidos.
Los familiares de los estudiantes han liderado protestas masivas y acusado al Gobierno por no haber hallado a los jóvenes. Incluso algunos de ellos creen que los estudiantes aún están vivos y que el Ejército podría tenerlos secuestrados.
Los familiares han dicho que solamente reconocerán que están muertos si les entregan sus cuerpos, algo que según la fiscalía no es posible por el grado de calcinación de los restos y porque gran parte de ellos fue arrojada al río.
Algunos restos recuperados fueron enviados en diciembre a la Universidad de Innsbruck, en Austria, pero sólo se logró identificar al estudiante Alexander Mora. Actualmente siguen trabajando con nuevas técnicas.
Los estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos pobres, pertenecían a una escuela rural de magisterio del estado sureño de Guerrero. Habían salido la tarde del 26 de septiembre hacia la ciudad de Iguala a recolectar fondos para participar en una protesta en la Ciudad de México, distante más de 300 kilómetros de la escuela, según la fiscalía.
Al llegar a Iguala y tras haber tomado autobuses, fueron detenidos por policías que los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos por órdenes del alcalde, José Luis Abarca, quien se encuentra detenido desde octubre junto con su esposa acusado del delito de desaparición forzada.
El caso marcó el peor momento del Gobierno de Enrique Peña Nieto y dejó en evidencia el grado de corrupción existente entre autoridades locales vinculadas a la delincuencia organizada.
Fuente: La Tercera
