La decisión del alto tribunal cierra la puerta a un referéndum legal pero no cambia los planes separatistas de Mas, quien en enero anunció elecciones anticipadas en clave plebiscitarias para el próximo 27 de septiembre, en las que de ganar una mayoría soberanista tendría legitimidad para avanzar hacia la independencia.

"Sólo nos dejan una opción, y es consultar al pueblo catalán en unas elecciones", aseguró Mas tras conocer la decisión del TC.

El presidente catalán lamentó, una vez más, que la actitud del Estado español sea decir que "no hay nada que hablar" para que Cataluña "claudique en sus aspiraciones", algo que garantizó que no sucederá.

La sentencia, adoptada por unanimidad, considera que ambos textos son inconstitucionales porque encubren un referéndum sobre un asunto de orden constitucional, como es la integridad territorial del Estado, según fuentes judiciales citadas por la prensa española.

Los magistrados del alto tribunal coinciden en que un gobierno regional no tiene competencias para convocar a este tipo de consultas, puesto que la Carta Magna exige la autorización del Estado central.

Si bien los jueces del TC consideran que los ciudadanos pueden ser convocados a ejercer su derecho de participación política en consultas, señalan que las "consultas generales" son inconstitucionales porque se identifican con los referéndum.

El presidente catalán lamentó, una vez más, que la actitud del Estado español sea decir que "no hay nada que hablar" para que Cataluña "claudique en sus aspiraciones", algo que garantizó que no sucederá.

Concretamente, la sentencia anula sólo dos artículos de la ley de consultas -no todo la norma-, los referidos a los referéndums generales en los que interviene todo el censo electoral general. En cambio, permite la convocatoria de consulta sectoriales, que afectan a un grupo de personas como maestros o médicos.

El parlamento catalán había aprobado la ley con la intención de dar cobertura legal a la consulta convocada por el Ejecutivo regional para que los ciudadanos se pronunciaran sobre la independencia o no de la norteña región.

La mayoría de los diputados catalanes apoyaron la norma, aunque con ciertas reservas, ya que los socialistas advirtieron que no podía utilizarse para convocar el referéndum separatista, como pretendía e hizo Mas.

La ley de consultas catalana y el decreto firmado por Artur Mas para convocar la consulta el 9 de noviembre quedaron suspendidos el pasado 29 de septiembre cuando el TC admitió a trámite los recursos presentados por el gobierno del presidente español Mariano Rajoy contra ambas resoluciones.

A pesar de la suspensión, Mas siguió adelante con sus planes de celebrar una consulta separatista y convocó a los ciudadanos a expresar su opinión en las urnas de forma simbólica.

El TC suspendió también la segunda convocatoria a requerimiento del Ejecutivo español.

Sin embargo, el 9 de noviembre de 2014 más de 2 millones de catalanes (38% del censo estimado) votaron y se expresaron de forma abrumadora (81%) a favor de la independencia de la norteña región respecto a España.

El gobierno catalán consideró que la consulta había sido un "éxito", mientras el gobierno español la calificó de "ilegal" y "farsa", ya que "dos de cada tres catalanes ni se molestaron el votar", subrayó Rajoy.

En tanto, la Fiscalía denunció a Mas y dos de sus consejeros por desobediencia al TC por haber celebrado la consulta pese a que estaba suspendida.

Luego de la denuncia, lejos de desistir de sus planes Mas anunció una "hoja de ruta" hacia la independencia en la que proponía a todas las fuerzas soberanistas acordar una fórmula para acudir juntas a elecciones plebiscitarias que abrieran el camino de la secesión.

Finalmente, a mediados de enero Mas llegó a un acuerdo con Oriol Junqueras, el líder del principal partido independentistas, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), para concurrir a las urnas por separado pero con un programa común de secesión y puso la fecha de los comicios anticipados.

A pesar de que la fecha está marcada ya en rojo en el calendario, la resolución del TC fue recibida con satisfacción por el presidente Rajoy, quien no se ha movido ni un centímetro de su posición de rechazo a un referéndum legal para Cataluña pactado con el Estado.

"Hay que entender que hay mucha gente en Cataluña que se sienten catalanes y españoles. Y yo estoy aquí para que se respeten los derechos de todos", dijo hoy Rajoy en su primera reacción a la decisión del TC que tuvo lugar durante el debate sobre el estado de la nación.

Tras haber sido criticado incluso dentro de su partido por haber permitido que se celebrara el 9N, Rajoy argumentó que su gobierno actuó con "prudencia, determinación, firmeza y proporcionalidad", en todo lo que tiene que ver con el conflicto con Cataluña."

Cuando las decisiones de los tribunales se toman por unanimidad es porque algo pasa", añadió el Jefe del Ejecutivo, al tiempo que recordó que la obligación de todos los dirigentes políticos es "respetar las decisiones de los tribunales".

Rajoy respondía así al portavoz de ERC, Alfred Bosch, quien le advirtió que tras la sentencia del TC, debe reconocer que los catalanes votarán el 27 de septiembre y será "un referéndum de independencia".

"Si ganamos los del sí vamos a aplicar una hoja de ruta para avanzar hacia la República Catalana, y ustedes no podrán hacer nada", remarcó.

Ayer, en su discurso de apertura del debate sobre el estado de la Nación, el Jefe del Ejecutivo insistió en que Cataluña no puede celebrar un referéndum secesionista porque es ilegal, pero se mostró dispuesto a buscar "puntos de encuentro" con el gobierno regional dentro de la legalidad.

Tras haber sido criticado incluso dentro de su partido por haber permitido que se celebrara el 9N, Rajoy argumentó que su gobierno actuó con "prudencia, determinación, firmeza y proporcionalidad", en todo lo que tiene que ver con el conflicto con Cataluña.

Tanto el opositor Partido Socialista (PSOE) como la Izquierda Plural instaron hoy a Rajoy a "darle una repuesta política al problema político de Cataluña".

Fuente: Télam