El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, condenó el supuesto ataque que realizó la víspera un helicóptero contra la sede del máximo tribunal y el Ministerio de Relaciones Interiores y llamó a los venezolanos a través de Twitter a mantener la calma y estar alerta ante la “escalada”.

A los cuestionamientos se sumó el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quien responsabilizó al inspector agregado de la policía judicial Óscar Pérez, de 36 años, de pilotear la aeronave desde donde se realizó el “acto terrorista” contra dos organismos públicos, y dijo a la televisora estatal que las fuerzas de seguridad están en búsqueda del funcionario y otros sujetos armados.

Reverol indicó que se comprobó una “relación directa” del autor material del evento y las “agencias de inteligencia” de Estados Unidos, y agregó que en los próximos días darán más información del caso.

El vicepresidente Tareck El Aissami anunció la tarde del miércoles que las autoridades localizaron en la población costera de Osma, del estado de Vargas, el helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que fue utilizado por Pérez en el ataque a los organismos público. En la operación no se detuvo a ninguna persona, precisó el funcionario.

Pérez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, se identifica en su cuenta de Instagram como investigador, piloto de aeronaves y filántropo. Hace dos años, el policía protagonizó y produjo la película “Muerte suspendida” que relata la historia del secuestro un empresario ocurrido en Caracas y su posterior liberación por parte de CICPC.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, se abstuvo de hacer comentarios sobre el supuesto complot y dijo a la cadena local Unión Radio que la coalición opositora se reuniría para analizar el caso. “Hay gente que dice es un peine (una trampa). Hay gente que dice que es una cuestión real...Todo lo que sea es gravísimo. Todo lo que sea apunta hacia el mismo lugar que es que esta situación es insostenible en Venezuela”, agregó Borges.

Los habitantes de Caracas fueron sorprendidos la tarde del martes cuando un helicóptero azul con las siglas del CICPC sobrevoló a muy baja altura algunas zonas del este y centro de la ciudad e hizo varios disparos al aire que generaron angustia entre algunos transeúntes.

Poco después Maduro denunció, durante un acto en el palacio presidencial, un complot contra su gobierno e indicó que desde el helicóptero se habían hechos disparos contra la sede del Tribunal Supremo y se había lanzado una granada que no explotó.

Horas después del incidente, el máximo tribunal, acusado de ser afín al gobierno, difundió una sentencia en la que amplió las competencias de la Defensoría del Pueblo y le dio atribuciones para investigar los casos de violaciones de los derechos humanos, asumir la representación de las víctimas en los procesos penales y acceso a las investigaciones del Ministerio Público.

Algunos juristas y académicos afirmaron que el dictamen del máximo tribunal representa un “fraude” a la constitución y abre el camino a la anulación y destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien se enfrentó al gobierno de Maduro al rechazar este mes su iniciativa para reformar la constitución.

“Continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional”, dijo el miércoles en una conferencia de prensa Ortega Díaz al objetar las sentencias de la Corte contra el Ministerio Público, y sostuvo que las “desconocemos”. La alta funcionaria llamó a los venezolanos a acogerse al texto de la constitución que obliga a colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la carta magna.

“El Tribunal Supremo de Justicia se ha constituido, son los principales actores que están derogando la constitución, y esto yo no lo voy a permitir”, indicó la fiscal al fustigar a los magistrados de la Corte a los que llamó “ilegítimos”, y agregó que “no toleran una auditoría”.

Ortega Díaz también criticó la actuación del gobierno y las fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales y expresó que “el derecho a participar, el derecho a elegir, todos esos caminos están cerrados. Eso es terrorismo de estado”.

La exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León dijo a The Associated Press que con su fallo la Sala Constitucional del máximo tribunal convirtió al defensor del pueblo en un “fiscal alterno” que actuará según los “designios del régimen”.

“Esta sentencia es un golpe de Estado... Lo que se busca es destituir a la fiscal”, añadió.

La denuncia del complot y las acciones contra la fiscal general se dan en un contexto de creciente tensión generada por las protestas antigubernamentales que se han extendido por casi tres meses y que han dejado 75 muertos, 1.400 heridos y más de 500 detenidos.

FUENTE: AP