El presidente regional catalán, Carles Puigdemont, quien ha manifestado que la declaración de independencia se producirá en próximas fechas, estaba por ofrecer el miércoles más tarde un discurso televisado. También se dirigirá al Parlamento regional el lunes para revisar el referéndum, pero según sus partidarios parlamentarios en el partido radical CUP, la sesión servirá para analizar una declaración de independencia.
España, que considera la consulta del domingo ilegal y sin validez, se opone radicalmente a cualquier iniciativa secesionista. El presidente del gobierno Mariano Rajoy advirtió que responderá con “todas las medidas necesarias” para contrarrestar el desafío catalán y mantiene reuniones con los líderes de la oposición para alcanzar un consenso en la respuesta a la crisis.
La crisis nacional se agravó el domingo, cuando unas 900 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales tras ser reprimidas por la policía, que tenía orden de evitar el referendo. El martes, grandes multitudes protestaron en las calles y los sindicatos protagonizaron una huelga en la región para protestar contra la supuesta brutalidad policial. No se reportaron incidentes durante la jornada.
Rajoy ha dicho que todo diálogo solo se efectuará dentro de los límites de la Constitución española, que no permite que una región se separe. Los catalanes, sin embargo, dicen que se han ganado el derecho a ser considerados como una entidad nacional y rechazan cualquier diálogo que no incluya el tema de su independencia.
Los líderes europeos, aunque llamaron al diálogo, se han alineado con Madrid.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, pidió el miércoles que se ponga un fin negociado al estancamiento político, pero aseguró que hay un “consenso general de que la Generalitat de Catalunya ha optado por ignorar la ley a la hora de organizar el referéndum”.
Cualquiera puede imaginar lo que podría suceder si la próspera región del noreste tratara de separarse. España podría intervenir para hacerse cargo del gobierno regional o incluso podría declarar un estado de excepción e imponer la ley marcial.
El martes, el rey Felipe VI se mostró claramente en contra de las acciones tomadas por las autoridades catalanes, alegando que incumplieron la ley de forma deliberada con una “conducta irresponsable”. Declaró que España debe garantizar el orden constitucional y el estado de derecho en Cataluña, que es la región más rica del país.
Unas 2,3 millones de personas _menos de la mitad del electorado de la región_ votaron en el referendo. Se cree que muchos de los contrarios a la secesión se quedaron en casa después de que la consulta fue declarada ilegal por tribunales federales. De los que votaron, alrededor del 90% se mostró a favor de separarse de España.
El de la independencia no será un camino fácil para Cataluña. La región no tiene competencias en defensa, asuntos exteriores, impuestos, puertos o aeropuertos, que están controlados por el ejecutivo en Madrid.
