El mapa civil y social de Medio Oriente sufre un nuevo y alarmante sismo teocrático que enciende las alertas de los organismos internacionales. Presente en Todas Las Voces por AM 1330, Matías Paniccia comenta que, en los últimos días, el gobierno talibán de Afganistán —que retomó el poder en 2021 bajo promesas de moderación que no se cumplieron— aprobó el denominado "Decreto Número 18", una normativa que legaliza de forma oficial el matrimonio infantil. La medida representa un severo golpe a los Derechos Humanos y consolida una estructura de dominación absoluta sobre la población femenina, alejando al país de cualquier estándar de convivencia básica y profundizando el aislamiento civil.
La nueva legislación elimina el criterio de edad mínima legal que previamente estaba estipulado en los 16 años para las mujeres. A partir de la vigencia de este decreto, la elegibilidad para contraer nupcias queda ligada exclusivamente a la llegada de la pubertad, lo que en términos prácticos reduce la edad de las menores a un rango alarmante de entre los 9 y los 13 años. Además, la normativa convalida que cualquier pariente varón de la menor pueda concertar legalmente el matrimonio mediante un contrato, clausurando de forma definitiva los marcos de protección jurídica de la infancia vigentes antes de la restauración del emirato islámico.
Como explica Paniccia, uno de los puntos más controvertidos y denunciados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) radica en lo que el régimen denomina la "doctrina del silencio como consentimiento". Según la lógica jurídica talibán, el silencio de una niña al alcanzar la pubertad equivale automáticamente a la aceptación formal de la unión matrimonial. Desde la ONU, salieron a cruzar con dureza este postulado, sosteniendo que el silencio en un contexto de opresión sistemática nunca puede ser considerado consentimiento válido, sino que es el reflejo de una asimetría de poder estructural.
Este retroceso legislativo es parte de un entramado mucho más amplio de exclusión y violencia cognitiva que el extremismo islámico despliega en Afganistán. En la actualidad, el sistema educativo prohíbe de manera estricta que las mujeres estudien más allá del sexto grado de la escuela primaria, impidiéndoles el acceso a la formación académica y política. Esta barrera educativa, sumada a la severa restricción de circulación —que hoy les prohíbe salir a la vía pública sin la compañía obligatoria de un tutor varón— y la imposición rigurosa de vestimentas como el burka, configura un escenario de confinamiento social y doméstico sin precedentes en este siglo.
Frente al desinterés de la agenda internacional, concentrada en los conflictos bélicos y geopolíticos de la región, las redes sociales se han convertido en la única ventana de resistencia y visibilización para las mujeres. La persistente crisis en Medio Oriente demuestra que, detrás de las disputas territoriales y las guerras subsidiarias, las principales víctimas de los extremismos teocráticos siguen siendo las mujeres y las niñas, cuyos derechos más elementales continúan siendo borrados por la ley.
