Todo indica que Grecia no podrá dilatar mucho tiempo más las determinaciones cruciales para hacer frente a la crisis. Aunque tanto la derecha como la izquierda quieren que el país permanezca dentro de la unión monetaria europea, la dinámica de la situación política lo empuja hacia la salida.
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La crisis griega se aproxima a un punto de no retorno. Las decisiones que Atenas se apresta a tomar influirán sobre la evolución del proyecto europeo en el transcurso de los próximos años. Los comentaristas no han visto, probablemente, el alcance de la debacle actual por considerar que Grecia es un “país pequeño” –que sólo representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) europeo– y que el impacto de una deflagración helena será fácilmente controlado.
La tormenta que asola a Grecia es el resultado, en primer lugar, de su decisión de unirse a la eurozona, elección que la conduciría a la disolución de su economía. En efecto, el país está pagando el precio de un mito según el cual la adopción de una “moneda fuerte” coloca a las economías débiles en pie de igualdad con las más robustas. Ahora se percibe que esta política termina por debilitar a los actores más vulnerables. Es probable que Portugal, Irlanda y España ofrezcan pronto una nueva demostración de esta lógica.
En estas condiciones, Atenas se dirige hacia una salida del euro, y todos los países de la periferia europea podrían seguir sus pasos –una procesión cuyas consecuencias sobre la unión monetaria no serán anodinas, puesto que conducirán a la introducción de mecanismos de conducción económica que el neoliberalismo llevó a los Estados a abandonar–.
Sus acérrimos defensores presentan con entusiasmo a la Unión Económica y Monetaria (UEM) como un paso decisivo hacia la integración europea, paso que representa la realización institucional de la solidaridad que une a las poblaciones de la región. ¿Es este el caso, realmente? El euro es una moneda de reserva internacional, capaz de competir con el dólar. Por esta razón sirve, sobre todo, al interés de los bancos y de las grandes empresas. Se trata también de una construcción muy particular, creada ex nihilo sobre las bases de una alianza jerárquica entre Estados independientes. Esta situación no dejó de suscitar algunos problemas que, desde el origen del proyecto, anunciaban el fracaso.
La primera dificultad es la contradicción que opone políticas monetarias y presupuestarias. El espacio monetario de la UEM fue fundado como homogéneo, permitiendo al Banco Central Europeo (BCE) ofrecer la misma tasa de interés a todos los bancos. El espacio presupuestario, en cambio, se caracteriza por una gran heterogeneidad, puesto que cada Estado continúa ejerciendo su soberanía en términos de recaudación (impuestos) y de gastos. La disciplina presupuestaria –impuesta por el Pacto de Crecimiento y Estabilidad (1), reforzada por el Pacto Presupuestario (véase Jennar, pág. 24), y que se supone regula el problema–, no logró (hasta ahora) abolir la soberanía presupuestaria de los Estados.
La segunda dificultad pasó casi desapercibida; sus consecuencias podrían sin embargo tener mucha repercusión. Contrariamente al espacio monetario de la UEM, su entorno bancario es también heteróclito: no existen “bancos europeos”, sino bancos franceses, alemanes, españoles… Si bien todos los establecimientos bancarios obtienen liquidez en el BCE –a velocidad de crucero–, cuando su solvencia está en duda, se dirigen hacia sus Estados respectivos. Los bancos utilizan una divisa transnacional pero siguen adosados a las naciones.
La gran contradicción
En medio de estos dos problemas es manifiesta la ausencia de un Estado Federal europeo, que habla de la inexistencia, a esta escala, de un “pueblo” constituido. La construcción europea ha imbricado naciones diferentes y les ha aplicado un barniz uniforme de estructuras económicas comunes. Quizás no fuera suficiente esta operación para superar las especificidades nacionales. Esta realidad constituye por otra parte una de las causas fundamentales de la crisis de la zona euro, y uno de los principales obstáculos para su resolución.
Contrariamente a la cantinela según la cual los Estados indisciplinados habrían tolerado la expansión de su gasto público, la crisis actual proviene sobre todo de una pérdida de competitividad de los países periféricos.
Los países de la zona euro se sometieron ellos mismos a un severo corsé: tasas de cambio fijas, política monetaria única y disciplina fiscal impuesta desde el exterior. En estas condiciones, los beneficios de competitividad sólo podían provenir del mercado del trabajo; de allí la actual “carrera por el abaratamiento salarial” (2), con un gran vencedor: Alemania, dotada de un Estado suficientemente fuerte y de un movimiento social suficientemente débil como para imponer tal rigor.
Para los demás, la pérdida de competitividad se salda con déficits en sus balances de las cuentas corrientes (3) (simétricos a los excedentes anunciados por Alemania). Para financiar estos desequilibrios, los países periféricos tuvieron que pedir prestado al extranjero. Mecanismo aceitado por el BCE, que puso liquidez barata a disposición de los mercados. En consecuencia, la deuda –tanto interna como externa, pública como privada– se infló desmesuradamente.
Para decirlo de otra manera, la deuda de los países de la periferia europea se desprende directamente del congelamiento de los salarios en Alemania… Pero recortar el pago a los griegos, españoles, irlandeses de tal modo que permita alcanzar las “proezas” de Berlín implicaría una violencia social tal que provocaría sublevaciones y, probablemente, la implosión de la zona euro.
La pregunta política candente es la siguiente: ¿quién soportará el costo de un default dentro de la periferia? Y, en particular, ¿quién protegerá a los bancos europeos contra esta deflagración? Como era de esperar –dado el peso de las estructuras nacionales dentro de la unión monetaria–, los países centrales han rechazado hacerse cargo de la deuda de la periferia. No hace falta decir que los Estados están poco dispuestos a correr al rescate de establecimientos bancarios extranjeros.
La Unión Europea optó pues por el otorgamiento de préstamos de Estado a Estado, condicionados a la aplicación de medidas de austeridad y de ajuste estructural que apunten a comprimir el “costo del trabajo”. Otras alternativas –como la emisión de euro-obligaciones o la emisión por el BCE de liquidez correspondiente al monto de la deuda–confiaban una parte importante del salvataje a las espaldas de los países centrales. Pero fueron descartadas: estas medidas que se introdujeron sin resolver el problema fundamental –la ausencia de Estado Federal, o la primacía de las preocupaciones nacionales–, provocarían importantes crisis políticas.
Al principio, la estrategia de la Unión Europea se enfrenta con la cuestión de las diferencias de competitividad. Después, el aumento de la deuda de los países de la periferia contribuye a debilitarlos y pone en peligro su capacidad de pagarla. De manera bastante paradojal, esta estrategia tropieza con el carácter fundamentalmente nacional de los bancos de la zona. Cuanto más dura es la crisis, más se vuelcan estos hacia los Estados-nación para obtener fondos, beneficiarse del mecanismo de apoyo excepcional a la liquidez bancaria y continuar prestando. A medida que los bancos buscan el refugio de instituciones no europeas, la unión monetaria se fisura internamente.
Esta desintegración sólo puede ser detenida a condición de introducir cambios importantes dentro de la UEM. Sería necesario, como mínimo, un Plan Marshall que apuntara a aumentar de manera sistemática la productividad de la periferia, y por lo tanto su competitividad. Un proyecto semejante implica poner en marcha una política redistributiva en Alemania, por medio de un alza de salarios; anular (una parte) de la deuda de los países periféricos, e instalar un sistema de transferencias presupuestarias dentro de la región. En fin, no puede obviarse una descripción minuciosa del sistema financiero y la creación de una autoridad capaz de asegurar su solvencia. Nada sencillo, dado que cada una de estas medidas requiere cambios sociales y políticos importantes.
Para la periferia, probablemente ya es demasiado tarde. La desintegración de la UEM provocó una explosión de movimientos sociales, agudizada por una austeridad implacable que ninguna perspectiva de crecimiento mitiga. Comenzando por Grecia, donde las medidas de “salvataje” provocaron una depresión sin precedente en tiempo de paz. La caída acumulada del PIB en el período 2010-2012 alcanzará probablemente al 20%, mientras que el desempleo se aproxima al 25%. El impacto sobre los salarios y las jubilaciones es devastador. Los centros urbanos padecen verdaderos desastres humanitarios.
Los componentes de la demanda agregada siguen estando deprimidos. La inversión sufrió una baja continua en el transcurso de los cinco últimos años y el consumo se hunde también. Las exportaciones tuvieron un repunte en 2010-2011, hasta alcanzar una meseta en 2012. La reestructuración de su deuda, en marzo de 2012, ofreció a Grecia un respiro de corta duración, y el endeudamiento público sigue siendo insostenible a largo plazo. Pero en medio de la tormenta, la troika –la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BCE– exige nuevos recortes presupuestarios: entre 11 y 12 mil millones de euros para el período 2013-2014, con la esperanza de llevar a Atenas a anunciar un excedente primario (4) consecuente. Los dioses comienzan por volver locos a los que desean destruir.
Una fuerza que expulsa
Pero los estragos de la moneda “fuerte” no se comparten de manera uniforme entre la población griega. La elite sufre un poco; la reducción de los salarios golpea a los más pobres. Los agricultores pagaron también un pesado tributo a la ortodoxia monetaria, aunque están protegidos por el alza de la cotización de los productos agrícolas. La principal amenaza política y social en el país sigue siendo, sin embargo, el derrumbe de la clase media: pequeños y medianos empresarios, profesionales liberales y funcionarios. Sin sorpresas, la protesta se intensifica y la lucha contra la austeridad ha desatado huelgas muy frecuentes, manifestaciones y llamados a la desobediencia civil.
Las elecciones del 6 de mayo demostraron que la mayoría se opone a la modalidad del “salvataje” de Grecia al mismo tiempo que desea permanecer dentro de la zona euro. El país se encuentra dividido en dos campos políticos: uno se cristaliza alrededor del partido de derecha Nueva Democracia; el otro, a izquierda, en torno de Syriza. El primero atrae a los que, por ahora, salen adelante de mejor manera, en particular las elites. El segundo se transformó rápidamente en un partido de masas que reúne a obreros, empleados y clase media empobrecida.
Aunque los dos campos insisten en el hecho de que desean el mantenimiento de Atenas dentro de la UEM, la inestabilidad política empuja al país de manera ineluctable hacia la salida. Esto podría suceder, lamentablemente, de manera caótica, desatada, por ejemplo, por el pánico bancario de los ahorristas preocupados, tratando de recuperar sus depósitos. Aun en el marco de un escenario “caótico”, todos conocen las etapas de una salida como ésta, por lo menos en los debates internacionales.
En un primer momento, Grecia rechaza los términos de su salvataje y suspende sus pagos: cae en default. El país vuelve a tomar en sus manos las riendas de las decisiones que le permiten atacar la crisis y transformar su economía. Se compromete en un proceso de auditoría de su deuda (5), sobre la base del trabajo de una comisión que examinó la naturaleza –odiosa o legítima– así como la viabilidad social del endeudamiento heleno. Al default sucede la reintroducción del dracma, quizás en el transcurso de un fin de semana. Atenas impone un control de los flujos de capitales. El cambio de moneda desata (probablemente) una triple tormenta –monetaria, bancaria y comercial–, cuyas características conviene tratar por separado.
En el plano monetario, los acontecimientos conducen a la circulación paralela del dracma, del euro y quizás de otras formas de moneda fiduciaria emitida por el Estado, lo que modifica las prácticas bancarias y conlleva una ola de litigios.
En el plano bancario, la crisis resulta de la incapacidad de los establecimientos de respetar sus compromisos en un contexto en el que algunos activos y pasivos emitidos bajo ley extranjera permanecen formulados en euros. Los bancos ya no tienen acceso a la liquidez emitida por el BCE y se ven debilitados por el default griego sobre su deuda pública. Por eso son nacionalizados, mientras que el gobierno anuncia una garantía para los depósitos en dracmas. Disposiciones similares protegen a las empresas expuestas a deudas extranjeras. Por último, el Banco de Grecia recupera su capacidad de acuñar su propia moneda.
El derrumbe de la tasa de cambio del nuevo dracma anuncia el costado comercial de la crisis. A corto y mediano plazo, este fenómeno galvaniza la competitividad griega, y autoriza a la industria a acrecentar su parte en el mercado doméstico así como sus exportaciones. Se trata de una etapa decisiva para relanzar la economía y el empleo. A muy corto plazo, sin embargo, algunos bienes empiezan a faltar (petróleo, medicamentos, algunos productos). Es necesario, pues, manipular la tasa de cambio e implementar medidas administrativas para solucionar estas dificultades hasta el reequilibrio del balance de las cuentas corrientes.
A corto plazo el impacto de una salida es el precio que hay que pagar para escapar a la trampa de la UEM. Más tarde, Grecia debe continuar el trabajo hecho, instalando un amplio programa de redistribución de los ingresos y de la riqueza, y una política industrial capaz de dinamizar el crecimiento. Por no hablar de la reestructuración del Estado y de la erradicación de la corrupción, dos medidas clave.
Una salida de Grecia podría precipitar decisiones similares de parte de otros países de la eurozona –una reacción en cadena que pondría en apuros a las instituciones y a la ideología sobre las que descansa la moneda única–. Es imposible decir si las instituciones monetarias están en condiciones de resistir un impacto semejante, pero es seguro que Europa entraría en una etapa de convulsión importante. El derrumbe del experimento a escala real de una “moneda fuerte” podría ser portador de cambios políticos y sociales a través de todo el continente.
2. Véase Anne Dufresne, “¿La solución? Bajar los salarios”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, febrero de 2012.
3. Resumen de los balances comerciales, servicios, transferencias comunes (donaciones, ayuda, etc.) y de los ingresos (salarios, dividendos, intereses).
4. Situación presupuestaria positiva de un Estado, antes del pago del servicio de la deuda.
5. Véase Jean Gadrey, “La dette, quelle dette?”, Le Monde diplomatique, París, junio de 2012.