Los adherentes a los planes habitacionales de la desarrolladora inmobiliaria Bauen Pilay continúan visibilizando la problemática que atraviesan cientos de familias ante los reiterados retrasos en la entrega de inmuebles y la falta de transparencia informativa. Con el objetivo de determinar con precisión la magnitud del universo de afectados, el Concejo Municipal de Rosario habilitó un registro voluntario a través de la Oficina del Consumidor, iniciativa a la que recientemente se sumó un pedido de la Cámara de Diputados de Santa Fe para que Defensa del Consumidor implemente un relevamiento en toda la provincia.

En diálogo con Todas Las Voces por AM 1330, Alicia Bernal, una de las damnificadas, relata su situación personal: se incorporó al sistema hace casi 17 años con la meta de garantizar el acceso a una primera vivienda para su hija. Hoy, ya jubilada junto a su esposo, continúa afrontando las cuotas mensuales sin contar con certezas sobre la entrega de la unidad contratada, un escenario que se replica en numerosas familias de clase media trabajadora que deben sobrellevar en paralelo el pago del plan y un alquiler habitual.

De acuerdo con su testimonio, las irregularidades comenzaron hace al menos ocho años, cuando la compañía interrumpió la realización de sorteos y licitaciones periódicas estipuladas en los contratos. Esta parálisis en las vías de adjudicación originales derivó con el tiempo en propuestas unilaterales de relocalización forzosa hacia desarrollos periféricos, ubicados a unos 15 kilómetros de Rosario y con plazos de entrega extendidos hasta ocho años.

El panorama en el ámbito judicial tampoco ha resultado favorable para los ahorristas. Las acciones colectivas impulsadas por organizaciones de consumidores en demanda de la revisión de los contratos y el cese de las modificaciones contractuales fueron desestimadas por la Justicia, obligando a cada afectado a litigar de manera individual. A los elevados costos y tiempos que implican estos litigios se suman demoras procesales adicionales, como la excusación imprevista de magistrados a días de dictar sentencia de primera instancia.

Finalmente, los damnificados advirtieron que la situación ya no se limita al sur provincial, sino que afecta también a familias de la ciudad de Santa Fe e incipientes grupos organizados en Córdoba. Ante este panorama, remarcan la necesidad urgente de que los organismos del Poder Ejecutivo provincial efectúen el relevamiento para brindar un marco institucional y de protección a los consumidores frente a los reiterados incumplimientos del sector privado.