Desde los 90’ hacia aquí, la provincia de Santa Fe se ha caracterizado por ser una especie de laboratorio electoral donde se han implementado distintas reformas a las que los santafesinos debimos acostumbrarnos con el devenir de los años. A mitad de camino de las necesidades que el tiempo social impone y de todo aquello que el sistema político no logra resolver, nuestra provincia se ha caracterizado por aportar novedades que en algunos casos se han proyectado al régimen nacional. Ley de lemas, PASO, Boleta Única y los flamantes cambios que anuncia la media sanción alcanzada el día jueves en la legislatura santafesina, confirman una serie de modificaciones que tienen mucho de problemas estructurales y que se repiten en modo loop. Breve recorrido histórico por alquimias jurídicas del pasado y un intento de aproximación a una forma de aventura que pega mal y anuncia poco. Pasen y vean. Quedan todos y todas formalmente invitados.
Va de suyo que los modos de un régimen, devienen de la expresión de las mayorías que en cierta coyuntura le dieron sustento. En esta democracia cuarentona que supimos conseguir, Santa Fe parece buscar de manera constante esa renovación que le otorgue una solidez que a estas alturas debería tener de manera sobrada. Cuatro son las reformas aplicadas. Repasemos.
La Ley de Lemas nació al calor de una interna que el peronismo no sabía ni podía resolver, su sanción puso en valor algo que pasadas las décadas sigue resultando una especie de rasgo constitutivo: la necesidad de que sea la sociedad en general la que resuelva la interna de los partidos.
La génesis de esa forma de ordenamiento de la oferta electoral, tomada del ejemplo uruguayo, tenía como razón de ser la de pensar a los partidos políticos como organizaciones con una determinada cosmovisión del mundo y que tenían, hacia su interior, distintos métodos de cómo poner en práctica esos valores. Con el “doble voto simultáneo” se definía a quien prevalecía en cada fuerza, pero también se privilegiaba al partido que era preferido en determinado momento.
Para los usos y costumbres locales el modelo tenía dos grandes defectos. Uno era conceptual y el otro instrumental. Para el primero digamos que no siempre se respetaba el principio constitucional que establece que gana la elección quien más votos obtiene (en las grandes democracias occidentales eso no siempre se cumple, a modo de ejemplo véase el voto indirecto estadounidense) y para el segundo corresponde señalar que hacia el interior de cada lema convivían mamarrachos electorales que abusaban de recursos pueriles como el de uso de homónimos o de personajes de toda laya que veían en un proceso electoral la posibilidad de conseguir un conchabo.
El deterioro tuvo tal densidad que, al calor de no menos de tres elecciones a gobernador, el peronismo prevalecía sobre sus adversarios sin que los sub lemas triunfadores resultasen los más votados. Fue Jorge Obeid quien prometió (y luego cumplió) el fin de un régimen electoral surgido cuatro elecciones atrás.
Junto con su ministro de Gobierno Roberto Rosúa, le propusieron a la sociedad las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que tomaban como referencia algunos elementos del modelo estadounidense. Otra vez, el norte de la reforma devino en transferirle a la sociedad la resolución de las internas de cada partido, estrategia central para resolver la baja afiliación y evitar que ganaran los que contaban con más aparato. El posterior triunfo de Hermes Binner en 2007 sirvió para, de alguna forma, darle la razón a quienes militaban por la eliminación de la Ley de Lemas desde el año 1991 (cuando Carlos Reutemann resultó gobernador pese a sacar menos votos que Horacio Usandizaga) y para que desde el Justicialismo (injustamente), se le pasara la factura de la derrota al dúo Obeid – Rosúa.
En aquel momento la reforma representó una especie de bocanada de aire que acomodaba la realidad de un régimen electoral que se había perfeccionado en la trampa, hacia uno donde los partidos políticos podían comenzar a mostrar otra racionalidad. En cuatro años desde su exitosa implementación, la misma se extendió a nivel nacional y, pese a que el método ha sido poco utilizado en internas de candidaturas presidenciales (únicamente en 2023), vino a ordenar aquello que la partidocracia parece no poder resolver.
A nivel nacional, en los últimos tiempos las PASO han estado a tiro de su eliminación (en 2025 fueron suspendidas). Plantean sus objetores que, al desarrollarse dos meses antes, se han transformado en una especie de gran encuesta que preanuncia resultados y que, fundamentalmente, debilita a una economía argentina que, desde hace unos ocho años al menos, siempre está al borde del precipicio y es por ello (entre otras razones) que el mileismo gobernante propone su derogación.
Prueba de la falsedad del argumento anterior se refleja en la práctica santafesina donde el sistema ha prevalecido sin generar ningún tipo de caos, con elecciones ejecutivas que se han desarrollado hasta seis meses antes de la asunción de las autoridades electas.
Pero no conformes con el recorrido de las PASO, sobre finales de 2010, entre gallos y medianoche, la legislatura santafesina aprobó el formato de la Boleta Única de papel que llegó para cambiar el instrumento de votación y que devino en una considerable ponderación del sistema político local y nacional.
El nuevo elemento aportó algunas virtudes: evitó el robo de boletas en el cuarto oscuro (un mito con el cual algunos justifican derrotas) y ordenó el sistema de impresión dado que el Estado las emite respetando la cantidad de electores. Pero no mucho más que ello.
En el diseño elegido, al separar la votación en cinco boletas (una por cada cargo), y ubicando la cara del primero de cada lista o del cargo ejecutivo, a la vez que no muestra la totalidad de los candidatos de los cargos legislativos en listas plurinominales, se potenció el fenómeno de votar caras conocidas y se terminó desenganchando al candidato de un cargo legislativo de quien lo hacía para el ejecutivo.
Desde estas páginas lo hemos afirmado desde siempre: en nombre de una supuesta mayor transparencia, allí donde el problema no era medular, se habilitó un proceso de profundización de una atomización que ya existía: si con Ley de Lemas los homónimos hicieron su agosto, la boleta única santafesina propició la candidatura de outsiders con muchas horas de fama vía radio y televisión y con escasa (o nula) identidad partidaria. De allí a la existencia de la patria periodística conviviendo en el Concejo Municipal de Rosario y de los enormes problemas para la construcción de ciertas mayorías, hubo un solo paso.
Hacia finales de 2025 y comienzos de 2026, Santa Fe, por fin, pudo sancionar una demorada reforma constitucional que impuso la necesidad de adecuar su sistema electoral. Entre la reelección a gobernador, la autonomía de algunas ciudades y el voto joven, la nueva carta magna también modificó la forma de representación de la Cámara de Diputados ya que, hasta las elecciones de 2023, aquella fuerza que obtenía el triunfo con mayoría simple (aunque más no fuera por un voto) se quedaba con una sobre representación de 28 diputados sobre 50, mientras que los 22 restantes se repartían de manera proporcional. Esta circunstancia no era antojadiza: fue impuesta en la reforma de la década del '60 y prevista como un método para asegurar una estabilidad política a los gobernadores que eran elegidos en el contexto de un peronismo que estaba proscripto y donde el voto en blanco podía operar como un principio ordenador de esa fuerza.
La noticia de la reforma sancionada hace unos pocos meses nos cuenta que el régimen electoral santafesino debía ser modificado y que la representación de diputados, ahora en el total, quedará alcanzada por el sistema D´hont, ese que establece un reparto proporcional de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos.
En la presente coyuntura Unidos se encuentra ante un nuevo desafío: en el medio de un relato comunicacional donde nos cuentan a todos que Maximiliano Pullaro está a tiro de su reelección, vale preguntarse cómo garantizar mayorías legislativas para el período que viene. Se da por sentado que 2027 no es 2023 y es por ello que el oficialismo, con el aval del justicialismo (seis legisladores), propuso el achicamiento de cinco a tres boletas para la próxima elección: a) gobernador y diputados, b) senador, y c) intendente y concejales. El objetivo es claro y reconocido públicamente a través de sus voceros mediáticos: se propicia el arrastre perdido con la boleta única aplicada por estos lares.
El otro dato trascendente que trae la reforma santafesina aprobada con media sanción (además de elevar el piso electoral a 4%), refiere a una especie de esperpento jurídico que no reconoce antecedente en las democracias occidentales, propuesta por el socialismo vernáculo y que habilita la posibilidad de que un mismo pre candidato a gobernador cuente con hasta tres precandidatos a vice gobernador/a.
La novedad nos habilita a preguntarnos desde cuándo la figura de un vice gobernador resulta tan relevante. En un sistema político donde los “vices” fungen de figuras decorativas (allí están los casos de los opositores a su propio gobierno como Julio Cobos y Victoria Villarruel), ¿por qué deberíamos elegir entre candidatos que, bajo el paraguas de una candidatura a gobernador con cierta potencia, expresen a la par ideas potencialmente disímiles?; ¿Resulta lo mismo, a la hora de proyectar una gestión de gobierno que un/a vice sea socialista, libertario, peronista, de izquierda o conservador? ¿No se supone que una fórmula con candidatos a cargos ejecutivos, expresan una determinada cosmogonía de cómo resolver los problemas de ese tiempo?
Las anteriores dudas se explican desde el problema de la coyuntura política que enfrenta Unidos y que el peronismo legislativo en diputados parece haber convalidado: ordenar la interna oficialista. Lo que hasta ahora parecía una virtud pullarista, esa de contar con un gobierno sin grandes estridencias ni disidencias donde conviven, por ejemplo, defensores de la educación y de la salud pública con sus detractores; ahora parece no poder sistematizar la interna que viene, no sólo en los cargos provinciales sino también en la ciudad de Rosario, donde existen varios candidatos por el espacio. De allí el silencio de Pablo Javkin, autor del proyecto de Boleta Única en su rol de otrora diputado provincial.
El constitucionalista Oscar Blando, hombre que trabajó en la reforma del Estado santafesino en los tiempos del gobierno de Binner lo supo afirmar claramente: “lo peor que le puede pasar a una reforma electoral es que pretenda resolver los problemas internos de partidos o frentes y no reglas para mejorar el sistema, ampliar derechos y contar con equidad en la competencia electoral”. En el oficialismo piensan otra cosa. Por eso reabrieron el laboratorio.
(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez
