Un grupo de ciudadanos paraguayos presentó un pedido de investigación de la represión ejercida durante la dictadura de Alfredo Stroessner ante el juez argentino Norberto Oyarbide, bajo la invocación del principio de Justicia Universal.
Así lo informó el propio Almada, veterano abogado penalista que fue torturado por la dictadura de Stroessner -con participación de un represor argentino- y que a partir de 1989 se dedicó a recolectar datos de los delitos cometidos por el fallecido militar y por todas las dictaduras latinoamericanas en el marco del Plan Cóndor.
Esa investigación le permite estimar que en tres décadas y media la dictadura logró un botín de 5.000 millones de dólares en concepto de confiscaciones y robos a sus víctimas, y asegurar que puede identificar a 448 torturadores actualmente vivos. La presentación, admitida por el juez, promueve una "querella criminal por la comisión de los delitos de genocidio y/o lesa humanidad que tuvieron lugar en Paraguay en el período comprendido entre el 15 de agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989".
El instrumento judicial, que calcula en 20.090 el número de "víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos", fue presentado por el abogado argentino Juan Maida y su colega español Aitor Martínez Giménez en nombre de 14 ciudadanos querellantes -entre ellos Almada y el veterano dirigente político Domingo Laino-, y dos organismos defensores de derechos humanos.
Consultado acerca del mecanismo y desarrollo que tendrá la causa, Almada explicó que fue un "gran paso" el hecho de que Oyarbide haya admitido el reclamo, y que de ahora en más queda en manos del magistrado llamar a declarar a los testigos, entre otras diligencias que podrían conducirlo luego a ordenar o no los procesamientos y detención internacional de los responsables.
"El reclamo de justicia está dirigido no sólo a la dictadura de Stroesnner, que aparte ya no puede ser demandado, sino a sus cómplices y encubridores y a todos los responsables del Plan Cóndor"
"El reclamo de justicia está dirigido no sólo a la dictadura de Stroesnner, que aparte ya no puede ser demandado, sino a sus cómplices y encubridores y a todos los responsables del Plan Cóndor", resumió Almada en referencia al plan criminal acordado en la década del 70 por las dictaduras latinoamericanas. Apuntó que este plan "fue organizado por Estados Unidos", por lo que "nosotros acusamos directamente a (el ex secretario de Estado, Henry) Kissinger".
El Plan Cóndor "fue una bomba atómica que Washington envió a Sudamérica, ya que causó 100.000 víctimas en todo el continente", afirmó, y señaló como otras principales figuras del esquema criminal a los dictadores Augusto Pinochet, de Chile, y Hugo Banzer, de Bolivia.
"En noviembre y diciembre de 1975 Pinochet se reunió con los dictadores del continente y planificó lo que iba a ser el Cóndor, y Banzer fue el autor de un instructivo para eliminar del interior de la iglesia católica a los curas, monjas, obispos y seminaristas tercermundistas. Eso que yo llamo `receta Banzer` se aplicó en todos los países del continente", detalló. "El Plan Cóndor tuvo dos velocidades -ilustró Almada-. Una, más lenta, se aplicó en Paraguay, Bolivia y Brasil, donde la izquierda ya estaba derrotada, y una de máxima en Chile, Argentina y Uruguay, países en los que en los años 70 había una gran movilización social y política".
El reclamo judicial, de 116 fojas, se explaya en las vejaciones y atrocidades sufridas por cada uno de los querellantes, y explica que "todos los hechos relatados fueron documentados por la Comisión Verdad y Justicia y trasladados en su Informe Final a la Fiscalía para que abriera investigaciones, sin que a día de hoy se haya comenzado una investigación de oficio". "A diferencia de lo que ocurrió en el resto del continente, en Paraguay las acciones represivas fueron llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad oficiales, digamos, con lo cual hay documentación de la mayoría de esos casos", completó Maida, abogado platense de Amnistía Internacional (AI), aunque en esta oportunidad colabora en forma personal.
Al respecto, Almada, cuya esposa Celestina Pérez fue asesinada por la dictadura, concluyó comentando a esta agencia que durante los 70 días que fue torturado en forma ininterrumpida recibió tormentos de parte de varios represores de distinta nacionalidad, incluído "Héctor García Rey, un policía de la provincia de Córdoba".
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Rafael Pansa
FUENTE: InfoRegión
