El gobierno estadounidense le pidió el viernes pasado a la Corte Suprema de ese país que acepte escuchar los argumentos argentinos en una causa secundaria dentro de los procesos en los que el país se enfrenta a los fondos buitre.

De esta forma, la administración Obama exhibió un gesto político importante de cara a la resolución del caso central por la cláusula pari passu, que actualmente tiene negociaciones extrajudiciales y una última apelación pendiente por parte del gobierno nacional.

El Solicitor General (fiscal que representa a la Casa Blanca ante la Corte Suprema), Donald Verrilli, afirmó que un fallo de la justicia neoyorquina se equivoca al considerar posible avanzar en la búsqueda de información de cuentas argentinas en el Bank of America y el Banco Nación.

Por esto hizo suya la posición argentina para que se descarte de pleno la posibilidad de avanzar con lo dispuesto en primera instancia, lo que significaría "indagaciones amplias e intrusivas en las participaciones financieras extranjeras soberanas".

La razón del pronunciamiento es clara, el gobierno de Obama no quiere aparecer violando la preocupación internacional sobre la inmunidad soberana de los Estados.

Según se desprende del documento, la Casa Blanca opina que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York "permitió erróneamente el 'discovery' completo de los activos de un Estado extranjero ubicados fuera de los Estados Unidos". La razón del pronunciamiento es clara, el gobierno de Obama no quiere aparecer violando la preocupación internacional sobre la inmunidad soberana de los Estados.

Un paso en falso podría llevar a que los gobiernos extranjeros lo reciban como una evasión a la protección y limitación brindada por la Ley de de Inmunidad Soberana y, como consecuencia, una "falta de respeto" y la generación de "graves obstáculos para las relaciones bilaterales" estadounidenses.

"Los esfuerzos de la demanda al obligar la divulgación en los Estados Unidos de información sobre los activos en todo el mundo de un Estado extranjero, podrían por consiguiente eludir la limitación impuesta y protección otorgada no sólo por la Ley FSIA sino también por la ley extranjera", sostiene el escrito remitido a la Corte Suprema por el fiscal Verrilli y firmado también por la asesora legal de la Cancillería, Mary E. McLeod.

En ese sentido, el fiscal alertó a los supremos que la búsqueda de activos que pretenden los buitres "plantea preocupaciones significativas de política exterior para los Estados Unidos", y apuntó que la petición de recurso extraordinario (writ of certiorari) realizado por el gobierno argentino para rechazar el fallo, "debería ser concedido". De esa manera, la Argentina podría profundizar los argumentos para demostrar por qué no es viable avanzar con el "discovery".

Frente a esto, el abogado Eugenio Bruno –que encabeza una de las negociaciones extrajudiciales paralelas al caso central– opinó en diálogo con este diario que "hay que estar atentos para ver si esto implica que la Corte va a invitar al gobierno a dar su visión en el caso por la cláusula pari passu, con lo que se estiraría todo unos meses y aumentaría las posibilidades de que el máximo tribunal tome el pedido de revisión".

Sin embargo, advirtió que se debe ser paciente para interpretar el movimiento porque junto al rechazo al 'discovery' para revisar los datos argentinos en el Banco Nación y en el Bank of America la administración Obama sostiene que Argentina debe normalizar las relaciones con sus acreedores internacionales".

La presentación de la Casa Blanca surgió a partir del pedido que realizó la misma Corte Suprema para que emitiera su opinión en el caso luego de que Argentina se presentara ante el máximo tribunal en enero. En esa ocasión, el gobierno argentino planteó –en línea con lo que dijo ayer Estados Unidos– que la resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que ratificaba un pronunciamiento previo del juez Thomas Griesa vulneraba la inmunidad soberana que otorga la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (FSIA por sus siglas en inglés).

La gran pregunta en el gobierno nacional es ahora si una vez presentada la última apelación en el caso por la cláusula pari passu la Corte volverá a mostrar la misma actitud y pedirá la opinión de la Casa Blanca.
Aunque la cabeza del Ministerio de Economía cambió en las últimas semanas, la idea de apostar a lo judicial sigue primando, y tener al abogado Paul Clement como representante estrella entusiasma al gobierno.

Un paso en falso podría llevar a que los gobiernos extranjeros lo reciban como una evasión a la protección y limitación brindada por la Ley de de Inmunidad Soberana y, como consecuencia, una "falta de respeto" y la generación de "graves obstáculos para las relaciones bilaterales" estadounidenses.

No hay que olvidar que se creó especialmente una Unidad de seguimiento de la deuda que tiene al frente al ex ministro Hernán Lorenzino, quien llevó adelante todo el caso planteado por los buitres desde su explosión en 2012.

Por su parte, los inversores están conformes con cómo están reaccionando sus tenencias a los últimos movimientos legales. Por ejemplo, el fondo Hayman Capital Management LP sostuvo que compró titulos argentinos a 55 centavos de dólar cuando los precios cayeron ante el supuesto riesgo de default (muy vociferado por los buitres) y ante la estabilización del caso y los apoyos que recibió el país sus papeles subieron hasta 73 centavos cada uno, lo que implica una ganancia del 33 por ciento. 

EL CASO PARI PASSU Y LAS NEGOCIACIONES PARALELAS

Luego de que el 18 de noviembre la Cámara de Apelaciones del Según Circuito en Nueva York rechazara la apelación en banc (del pleno del tribual), a la Argentina se le abrió una puerta de 90 días de corrido para presentar una última apelación ante la Corte Suprema. Luego, el máximo tribunal pedirá la opinión de los buitres y verá cómo avanzar. Con el gesto de ayer se agregan esperanzas de que quiera escuchar la opinión de la Casa Blanca, y esta última se pronuncie a favor de que los supremos estadounidenses tomen el caso.

Mientras que el gobierno sigue apostando a la vía judicial como la principal línea de acción, paralelamente hay dos negocaciones entre privados, de las que el Estado Nacional no participa pero tampoco rechaza.

Por un lado el fondo de inversión Gramercy busca convencer a todos los que entraron a los canjes de ceder parte de sus intereses para crear un fideicomiso y que los buitres acepten cerrar el caso judicial (luego, dicen, todos serían beneficiados por la suba de los bonos).

Por el otro se ubica el Estudio Garrido, que habla directamente con los holdouts y busca que sean estos los que le hagan una oferta que incluya, entre otras cosas, emisión de bonos energéticos.

MEJOR CALIFICACIÓN

El economista Héctor Valle consideró hoy que el pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos podría elevar la calificación crediticia de Argentina.

"En cualquier caso, esto supondría una mejor calificación de riesgo para la Argentina y esa es una señal importante en un momento como el actual en que debemos ir a buscar financiamiento de largo plazo para superar la restricción externa y realizar inversiones básicas", dijo Valle ayer tras conocerse el escrito que presentó la administración Obama en la Corte Suprema.

El economista agregó que "hay que ver la real capacidad (de la presentación) para frenar la sentencia del juez Griesa, toda vez que podría desactivar las actuales negociaciones entre privados para llegar a un acuerdo informal con los buitres".
A su juicio, "la señal a dar es esperar y ver, prometiendo siempre buscar un acuerdo de mutua conveniencia."

KICILLOF EN CHINA

El ministro de Economía, Axel Kicillof, partió ayer a la noche hacia la República Popular China, donde se sumará a la misión que lleva adelante el titular de la cartera de Planificación Federal, Julio De Vido, en la búsqueda de inversores para la construcción de obras de infraestructura en el país por un monto estimado en alrededor de 19.000 millones de dólares (ver página 22). Kicillof, cuya actividad empezará formalmente el lunes y se externderá hasta el martes, además llevará adelante su propia agenda en Beijing.

El equipo económico realizará negociaciones con las autoridades del país asiático para la concreción de un acuerdo de canje (swap) para mejorar la posición de las reservas del Banco Central. La cifra del acuerdo que se busca rondaría los 10 mil millones de dólares. 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Rafael Pansa

FUENTE: Infonews