A un año de las elecciones y con un partido xenófobo al alza, Alemania quiere ponérselo más difícil a los ciudadanos europeos que aspiren a beneficiarse de su sistema social. El proyecto de ley aprobado el miércoles afecta a los parados de la UE que no hayan cotizado nunca. El Gobierno establece una estancia mínima en el país de cinco años para los solicitantes de unas ayudas a las que los desempleados autóctonos sí tienen derecho. Se quiere evitar a los escasos ciudadanos comunitarios que viajan a Alemania solo por su Estado del bienestar. 16.700 españoles cobran ayudas sociales en el país, pero no todos las perderán.

La reforma, aprobada en plena ofensiva del Gobierno británico contra los trabajadores extranjeros, ha sido criticada por la oposición de izquierdas y ecologistas y por los sindicatos, que la consideran inconstitucional por negar los medios mínimos que aseguran una existencia digna.

La ministra socialdemócrata Andrea Nahles, ella misma antigua sindicalista y ahora máxima impulsora de la reforma, responde así al veredicto del Tribunal Federal de la Seguridad Social que fijaba en seis meses la estancia mínima necesaria para acceder a las ayudas sociales alemanas. El Gobierno amplía ahora este plazo a cinco años. El Tribunal de Justicia de la UE había abierto la puerta en 2014 a un endurecimiento de la norma al dictaminar que Alemania podía excluir de las ayudas a los parados que no buscaran empleo.

“Quien vive, trabaja y paga sus cotizaciones aquí, tiene derecho a las prestaciones sociales. Pero quien nunca ha trabajado y depende de las ayudas públicas, debe solicitar estas prestaciones en su país de origen”, se justifica Nahles. Con esta medida, la ministra quiere tranquilizar a los municipios, responsables de pagar estas ayudas y temerosos de que la factura de los parados europeos creciera en el futuro.

Pese a las justificaciones técnicas del Gobierno, es innegable la lectura política de esta reforma. Nahles, una política antes situada en el ala izquierda de su partido, recibe ahora las alabanzas de los socialcristianos bávaros de la CSU, siempre dispuestos a proponer medidas que hagan la vida más difícil a los inmigrantes. Y, pese a que ella misma reconozca que el endurecimiento de la norma afectará a muy pocas personas, apunta en la misma dirección que el partido derechista antiinmigración AfD, que siempre repite que Alemania no puede pagar el bienestar del resto del mundo. Nahles, una política con grandes aspiraciones de futuro, conjugó la jugada con la publicación ayer mismo de un artículo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung donde abogaba por unos mínimos estándares sociales comunes para todos los ciudadanos de la UE.

El Gobierno no aporta cifras concretas, pero asegura que esta reforma afectará a pocas personas. 450.000 europeos —un 12% de todos los que viven en Alemania— cobran ahora prestaciones sociales por desempleo, pero esta cifra incluye también a trabajadores cuyos bajos ingresos les permiten solicitar la ayuda, que no se verán afectados. Encabezan la lista polacos, búlgaros, italianos, rumanos y griegos. Los españoles, con 16.700 beneficiarios, ocupan el sexto puesto. Cuando el Parlamento dé el visto bueno a la reforma, que cuenta con el apoyo de socialdemócratas y democristianos, a lo máximo a lo que podrán aspirar los parados europeos es a una mensualidad de ayuda de urgencia y a un préstamo para volver a su país.

Las voces críticas a esta reforma advierten de su inconstitucionalidad por negar el acceso a la existencia digna que garantiza la Ley Fundamental del país. La Federación Alemana de Sindicatos ya ha anunciado su intención de acudir al Tribunal Constitucional para echar abajo la norma.

“Este proyecto de ley no se justifica por motivos de ahorro económico, sino por un intento de jugar en el campo de la derecha para recuperar a votantes conservadores. La señora Nahles está actuando como si fuera Horst Seehofer (el líder de los socialcristianos bávaros de la CSU)”, asegura a EL PAÍS Sabine Zimmermann, diputada de Die Linke (La Izquierda). “Si nos tomamos en serio la idea europea, no podemos esperar que haya movilidad total de los trabajadores, pero que esta no vaya acompañada de iguales derechos”, concluye.

FUENTE: El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri