Acorralado por el agujero en las cuentas públicas y las dificultades políticas para avanzar en su plan de reformas liberales, el Gobierno brasileño de centroderecha ha dado un golpe de efecto que agrada a los mercados y enfurece a la oposición de izquierda. El equipo económico del presidente Michel Temer ha anunciado el mayor programa de privatizaciones en el país desde hace dos décadas con el propósito de hacer caja y atenuar el déficit fiscal. Más de 50 activos estatales se pondrán a la venta o su gestión será cedida al sector privado, entre ellos Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica.
Fuera del programa anunciado, que incluye una docena de aeropuertos y la Casa de la Moneda, quedan el gigante petrolero Petrobras o la poderosa banca pública. El programa, no obstante, carece de detalles, así como una estimación total de lo que pudiera obtenerse. El Ministerio de Energía ha precisado que solo la operación de Eletrobras puede suponer unos 5.400 millones de euros.
La mayor ola privatizadora de las últimas décadas en Brasil se registró durante el primero de los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, presidente entre 1995 y 2003. “El paquete de Temer es sin duda el mayor desde Cardoso. Incluye aeropuertos, sistemas de saneamiento, el sector eléctrico, cuestiones que contribuirán a cambiar la estructura de la economía en los próximos dos años”, explica Alexandre Galvão, profesor de la escuela de negocios Fundación Don Cabral. Algunos de los activos en venta tienen además una fuerte carga simbólica, como la propia Eletrobras, la joya de la corona de la propuesta, creada en 1956 en pleno auge de la política de desarrollismo estatal del presidente Getúlio Vargas.
El plan supone una escalada más en el giro a la derecha que vive Brasil después del impeachment que el año pasado acabó con la presidencia de Dilma Roussef y puso fin a la etapa del PT. Pero también es consecuencia de la debilidad política de un presidente acosado por los escándalos de corrupción. El ambicioso programa reformista de Temer —del mercado de trabajo hasta las pensiones— se ha visto atenuado por las resistencias del Congreso. Muchos diputados pusieron además un elevado precio al voto que, el pasado día 3, permitió que la Cámara frenase la denuncia del fiscal general de la República, Rodrigo Janot, contra el presidente, acusado de cobrar sobornos. Esas concesiones económicas de Temer a las regiones para salvar su puesto representaron un aumento del gasto público y obligaron al Gobierno a rebajar los objetivos de su ajuste fiscal para este año. Ahora, uno de los objetivos del programa privatizador es precisamente recaudar dinero para aliviar las cuentas del Estado, junto a reactivar, en la medida de lo posible, una economía que, aunque ha dejado de caer, presenta unas expectativas de crecimiento este año de apenas el 0,5%.
“Toda la motivación del programa es la necesidad de captar recursos para el tesoro nacional. Eletrobras ya no venía desempeñando un papel estratégico en el sector eléctrico, en buena medida a causa de sus problemas financieros”, apunta Nivalde de Castro, especialista del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
El Ejecutivo afirma que su objetivo es devolver la eficiencia a una compañía que acumula una deuda de más de 6.000 millones de euros. El Ministerio de Minas y Energía detalla que en los últimos 15 años, Eletrobras ha absorbido recursos públicos por unos 65.000 millones de euros que “podrían ser invertidos en seguridad, educación y sanidad”.
La crisis económica ha castigado las cuentas de la firma, que tampoco se ha visto libre de los múltiples escándalos de corrupción destapados en el país. A evaporar sus ganancias contribuyó además la decisión de Rousseff de rebajar por decreto un 20% las tarifas eléctricas. Rousseff, quien fue ministra de Energía del presidente Lula da Silva, criticó de inmediato el anuncio de la privatización: “Esto significa dejar el país a merced de los apagones, como ocurrió en 2001 con Cardoso. El consumidor va a pagar una cuenta de luz estratosférica”.
Deuda pública
Cardoso privatizó 80 empresas estatales solo en su primer mandato, entre ellas el gigante minero Vale do Rio Doce y Telebras, que tenía el monopolio en el sector de las telecomunicaciones. Como ahora, el Gobierno intentaba contener el aumento de la deuda pública. Hay un cierto consenso entre los especialistas en considerar que la privatización de las telecomunicaciones resultó un éxito, pero que la urgencia por recaudar llevó a vender empresas como Vale por debajo de su valor de mercado.
Con la llegada de Lula se frenaron las privatizaciones y los sucesivos Gobiernos del PT centraron sus relaciones con el sector privado en acuerdos para concesiones temporales, principalmente de autovías e hidroeléctricas. Rousseff continuó ese modelo y, poco antes del impeachment, había anunciado un programa que incluía la concesión de puertos, aeropuertos y vías férreas con la expectativa de recaudar más de 50.000 millones de euros. Pero casi nada llegó a salir del papel.
