El Gobierno que reemplazó al de Lugo se enfrenta con Argentina, Brasil y los campesinos. El nuevo presidente amenaza con exportar menos electricidad a los dos países vecinos.
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Se cumplen dos meses desde que el Congreso paraguayo destituyó en un proceso fulminante al entonces presidente Fernando Lugo. La tensión política en Paraguay continúa con manifestaciones modestas pero constantes contra lo que califican como golpe de Estado contra el exobispo de centroizquierda, mientras las demandas de campesinos sin tierra persisten. Hace dos semanas se enfrentaron a un desalojo que acabó con ocho heridos y este miércoles volvieron a sufrir otro más. El nuevo jefe de Estado, el liberal Federico Franco, que era vicepresidente de Lugo, ha prometido que acelerará la reforma agraria que había emprendido con timidez su antecesor y ha creado el impuesto a la renta. Paraguay sigue suspendido en Mercosur (integrado también por Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela) y Unasur (formado por los 12 de países de Sudamérica) hasta que en abril próximo se celebren elecciones presidenciales.
Franco ha respondido hace dos semanas al aislamiento internacional, situación que su país ya vivió en el siglo XIX, con la amenaza de que exportará menos electricidad a Brasil y Argentina. El presidente prometió que antes de finales de año enviará al Congreso un proyecto de ley para regular la “cesión” de energía de las presas binacionales de Itaipú (con Brasil) y Yacyretá (con Argentina). Franco dijo que su país, el tercer mayor exportador de electricidad del mundo, regala la energía para iluminar a Buenos Aires y São Paulo. A Paraguay le pertenece la mitad de lo generado por ambas presas, pero solo consume el 5% de Itaipú y el 3% de Yacyretá y el resto lo vende para satisfacer un décimo de las necesidades de Brasil y Argentina. Funcionarios de los Gobiernos de Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner señalan que no es fácil acondicionar técnicamente las centrales para restringir el suministro y que Brasil paga 292 millones de euros anuales por la energía, mientras que Argentina desembolsa 203 millones. En cambio, México decidió normalizar sus relaciones con Paraguay con el argumento de que la Organización de Estados Americanos (OEA), donde EE UU pesa fuerte, había desaconsejado sancionarlo. España, que ha reconocido al Gobierno de Lugo, prefiere que Paraguay no asista a la próxima Cumbre Iberoamericana de Cádiz, en noviembre próximo, según ha reconocido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
El presidente paraguayo quiere que su país destine energía a un proyecto de fábrica de aluminio de la canadiense Rio Tinto Alcan. El dirigente del Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA), que acompañó la coalición de Lugo que en las elecciones de 2008 acabó con 61 años de hegemonía del Partido Colorado, aduce que busca industrializar el país. En las filas del destituido presidente, el secretario general del Frente Guazú (Grande), Ricardo Canese, advierte de que Franco acepta venderle a la empresa canadiense la electricidad a un precio al que Lugo se había resistido acordar durante tres años por considerarlo bajo. “No al golpe de Rio Tinto Alcan”, es el lema de resistencia que lanzó el expresidente a finales de julio. Lugo ha recurrido a la Corte Suprema para cuestionar su destitución y ha prometido ir a tribunales internacionales si es necesario.
Todos los jueves alrededor de un millar de manifestantes se movilizan en Asunción para condenar el juicio político contra Lugo. Periodistas de los medios públicos han denunciado despidos contra aquellos a los que el Gobierno tacha de favorables al expresidente. El Congreso, dominado por el Partido Colorado y el PRLA, había condenado al entonces mandatario después del desalojo de los carperos (los sin tierra que montan carpas, o tiendas, en solares que reclaman para sí) de junio pasado en Curuguaty (noreste de Paraguay) en el que murieron 11 campesinos y seis policías. Los partidos tradicionales acusaban a Lugo de permitir permanentes ocupaciones de tierras. Franco prometió a finales de julio que los ricos terrenos de Curuguaty, que la dictadura del colorado Alfredo Stroessner había donado al empresario Blas Riquelme, regresarían a manos del Estado y que configuraría un listado de campesinos que necesitan parcelas para después entregárselas. Las organizaciones de pequeños agricultores recibieron bien el anuncio, pero exigieron que no quedase solo en palabras.
Pero la tensión resurgió el pasado 5 de agosto cuando 300 policías desalojaron a un millar de carperos que se habían instalado en Saltos de Guairá (este de Paraguay) en una propiedad de un brasiguayo, como se los conoce al medio millón de agricultores brasileños que se han instalado del otro lado de la frontera. La mayoría de los heridos recibió impactos de balas de goma y uno, de escopeta. Este miércoles, unos 700 policías echaron a 173 labriegos de una hacienda de Cordilllera (centro del país). Más del 85% de la tierra en Paraguay está en manos del 2,6% de los habitantes del país.
Los partidos, mientras tanto, se preparan las elecciones presidenciales primarias de finales de año. Lugo mantiene una mejor imagen (58% positiva) que Franco (46%), según una encuesta publicada por Última Hora, un periódico opositor al expresidente. Lugo ha consultado a juristas para que determinasen si puede presentarse a los comicios, dado que la Constitución paraguaya prohíbe la reelección, pero él fue destituido. Su declaración no solo le valió críticas entre liberales y colorados sino también entre los seguidores del precandidato del Frente Guazú que el propio Lugo había elogiado a principios de julio, como es el caso del periodista de televisión Mario Ferreiro.
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Rafael Pansa
FUENTE: El País
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