Las costuras sectarias vuelven a tensarse en Irak. Desde el pasado diciembre, los sunníes vienen organizando manifestaciones semanales para pedir el fin de las detenciones arbitrarias, la anulación de las leyes antiterroristas y la puesta en libertad de sus compañeros, víctimas de esas normas que –aseguran– les afectan de forma desproporcionada. Hasta ahora, el primer ministro Nuri al Maliki (chiíta) ha logrado evitarlas, pero cada vez hay más voces que alertan de que sin compromisos sustanciales esas protestas constituyen una bomba de tiempo que puede devolver al país a la guerra entre facciones religiosas que lo desangró entre 2006 y 2008.
“La comunidad sunnita se siente excluida. Algunos sectores la han equiparado con el partido Baaz de Saddam Hussein para apartarla de la dirección del país”, explica el presidente del Parlamento, Osama al Nujayfi, en la actualidad el sunnita en la más alta posición en el Estado. “El primer ministro es responsable de esa política”, denuncia con firmeza. “Los manifestantes piden que se los deje participar en la Administración del país”, añade.
Las quejas no son nuevas. Desde el derrocamiento del dictador, los sunníes se consideran discriminados. Pero el estilo de gobierno de Al Maliki ha añadido más leña al fuego. Fuentes diplomáticas europeas reconocen que “ha marginado a los ministros sunníes, dando un carácter claramente chiíta a las fuerzas armadas y asumido el control directo del aparato de seguridad que es responsable de detenciones en masa, tortura y uso de cárceles secretas”. De ahí que esa comunidad, que se considera la principal víctima de esas políticas, insista en pedir cambios.
Las protestas están siendo las más importantes y numerosas desde las que siguieron a la invasión estadounidense de 2003. Cada viernes, a la salida de las plegarias, miles de descontentos en Fallujah, Ramadi, Mosul y otras ciudades salen a la calle al grito de “Erhal” (Vete) dirigido a Al Maliki. Aunque el descontento con el primer ministro no se limita a los sunníes, las manifestaciones no han hecho pie ni en el sur chiíta ni en el norte kurdo. Sólo los sadristas (un movimiento político chiíta crítico con Al Maliki) han expresado algunas simpatías. El problema es que también lo han hecho Al Qaeda y nostálgicos del régimen de Saddam. Eslóganes como “demos una patada en el culo a los safávidas”, como la propaganda del dictador equiparaba a los chiítas con Irán, y “vamos a tomar Bagdad”, han alarmado a esa comunidad. También atentados como el del pasado domingo en Basora, en respuesta a los cuales surgen rumores de nuevas milicias chiítas a las que Teherán estaría armando para un futuro conflicto sectario.
Al Maliki, tras acusar a los manifestantes de ser un “instrumento de las potencias extranjeras”, también ha reconocido que algunas de sus reivindicaciones tienen fundamento y formado un comité para solucionarlas. Este ha dado algunos pasos como poner en libertad a varios miles de presos, readmitir a 14.000 empleados públicos purgados por ser baazistas y volver a pagar las pensiones a 74.000 ex funcionarios de la época de Saddam. Pero, sobre todo, el jefe del Gobierno ha pedido contención a las fuerzas de seguridad. No obstante, la muerte por disparos de la policía de ocho manifestantes en Fallujah a finales de febrero y de uno más en Mosul hace diez días, han llevado a dimitir a los ministros de Hacienda y Agricultura, ambos sunníes.
“Incluso si el Gobierno liberase a todos los presos y les devolviera a todos sus empleos, los manifestantes seguirían diciendo que no se han satisfecho sus demandas porque no lo ha hecho de forma legal, a través del Parlamento, que es el representante del pueblo”, apunta Hakim al Zamili, un diputado sadrista que es miembro del Comité de Seguridad del Parlamento.
Al Zamili ha confirmado que el gran ayatollah Ali Sistaní, el líder espiritual de los chiítas, intervino a través de sus representantes para se atendieran “las demandas legales” de los sunníes. Pero precisa que “el Gobierno no ha puesto en práctica todas las recomendaciones y pautas” del respetado religioso.
“El Gobierno podría hacer más”, declaró recientemente el enviado de la ONU para Irak, Martin Kobler, en una entrevista con Associated Press. Fuentes a esa organización en Bagdad estiman que al margen de las reclamaciones políticas en las que la ONU no se mete, hay problemas de derechos humanos y de mera aplicación de la ley, que exigen una respuesta inmediata. Otra cosa sólo agrandará la desafección sunnita y alejará la posibilidad de reconciliación que necesita el país.
“Las manifestaciones van a terminar beneficiando a los extremistas sunníes porque en las próximas elecciones [a gobiernos provinciales en abril] lo más probable es que [en las zonas sunníes] los votantes castiguen a los políticos que han cooperado con Al Maliki, los considerados moderados, y en consecuencia los votos se vayan hacia otros más radicales”, asegura un observador occidental.
El peligro radica en que el enfrentamiento regional entre Arabia Saudita e Irán pueda explotar ese conflicto sectario, una posibilidad que muchos analistas dan por hecha con la caída de Bashar al Assad en Siria (donde los sunníes son la mayoría y mantienen vínculos familiares y tribales en Irak).
“Las bases sociales de la vieja insurgencia iraquí siguen intactas y son susceptibles a las intrigas saudíes. Todavía hay cientos de miles de soldados sunníes desmovilizados, incluido el cuerpo de oficiales, a los que irrita el poder chiíta en Bagdad”, advierte el analista político y militar Brian M. Downing.
FUENTE: El País