El experto, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, analiza los mecanismos institucionales para restaurar el orden democrático
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La comunidad inter-americana de democracias ha mostrado, desde la década de los ochenta, un firme compromiso con la defensa colectiva de la democracia a través de instrumentos como la Carta Democrática Inter-Americana (CDIA) de la OEA, o las cláusulas democráticas de Mercosur y Unasur. Se trata así de prevenir la ruptura del orden democrático o restaurarlo cuando se quiebre en uno de sus miembros, ya sea por golpe de estado militar, auto-golpe, o alteración del “orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” (Art. 19, CDIA). Ahora se pretende aplicarlos al Paraguay, luego de la destitución del presidente Lugo el pasado 22 de junio.
Estos instrumentos se activan después de un golpe o intento de, y por eso son de tipo reactivo y restaurativo. Han sido aplicados desde 1991 en Guatemala, Haití, Honduras, Perú y Venezuela, con condenas del golpe, misiones de buenos oficios, sanciones diplomáticas (no reconocimiento, ruptura de relaciones), interrupción del comercio y la cooperación, congelamiento financiero y suspensión del organismo. También son preventivos, cuando se usan para evitar la interrupción del orden democrático como en Paraguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Sin embargo, los mismos se han diseñado por y para proteger exclusivamente a los ocupantes del poder ejecutivo. Reflejan los intereses de esa rama del poder y por ello ésta es la única que puede pedir ayuda para la preservación del orden democrático. Conforman así en los organismos intergubernamentales un club de mutua protección presidencial. Pero si el ejecutivo viola el orden constitucional democrático o sus principios, los otros poderes no tienen recurso a esos instrumentos, a pesar de que en democracia rige la independencia e igualdad de poderes.
En el Paraguay se ha destituido a un miembro del club, y varias cancillerías han calificado la destitución constitucional parlamentaria del presidente Lugo como golpe de estado, y la han calificado como ilegítima y violatoria del debido proceso y de los derechos humanos del ex presidente (Qué dirían los ex presidentes Bucaram y Gutierrez de Ecuador o Color de Melo de Brasil, Sánchez Lozada de Bolivia, o de la Rúa de Argentina?). También se suspenderá al nuevo gobierno de las actividades de los organismos mencionados.
Pero el problema es que la destitución no fue ni un golpe de estado ni una alteración del orden constitucional democrático. Fue un juicio político, no penal, resuelto por abrumadora mayoría, que respetó los preceptos de la constitución paraguaya. Al perder su legitimidad cuando el PLRA le retiró su apoyo, Lugo aceptó el juicio y sus reglas, envió su abogado (que hizo un descargo dramático e inteligente por más de dos horas), reconoció su derrota política y dejó la presidencia sin resistirse. No fue detenido ni exiliado, y usa ahora espacios públicos para criticar libremente al nuevo gobierno. Lo substituyó su vicepresidente, Francisco Franco. Si le hubiesen dado más tiempo, el resultado habría sido el mismo, y probablemente se hubiese desencadenado un período de inestabilidad política y violencia social.
Lo insólito es que los gobiernos que no reconocen a las nuevas autoridades, han venido mirando con complacencia las alteraciones que algunos gobiernos de la región perpetran contra el orden democrático. Estos llegan al poder vía elecciones democráticas, pero una vez en control del Estado, lo ejercen para erosionar las instituciones, valores y prácticas democráticas consagradas en sus propias constituciones y la CDIA.
La erosión del orden democrático (“golpe en cámara lenta”) la consuman solapadamente. Se manipulan elecciones o referendos y mayorías transitorias en el poder legislativo o en el poder judicial y electoral, para modificar las reglas de juego y obtener superpoderes. Se destituyen o presionan a jueces no aliados y se ignoran decisiones de las cortes o legislación contraria a sus fines. Se socavan así la independencia de poderes, la libertad de prensa, el estado de derecho, las elecciones libres y justas y el respeto a las minorías, entre otros. La oposición es perseguida y tildada de conspirativa. El proceso culmina invariablemente en hiper-presidencias que acumulan y monopolizan el poder. Todo en nombre de la democracia “participativa,” la “inclusión social,” el socialismo y el anti-imperialismo.
La indiferencia a tales desarrollos y los ataques desmedidos de Venezuela y Nicaragua, en particular (véase sesión de OEA), más el intento de aislar al Paraguay parecen más una vendetta ideológica que una defensa de la democracia, o una venganza del chavismo para castigar al Congreso paraguayo por no ratificar su entrada al Mercosur. Hasta Cuba retiró su embajador porque se violó la democracia. Vaya desfachatez!
Surge entonces la urgencia y necesidad de que la comunidad democrática interamericana, a través de sus organismos regionales, se aboque a perfeccionar los mecanismos colectivos de defensa de la democracia. En ese sentido, parece impostergable una definición más afinada de lo que significa la “alteración del orden democrático,” con especial atención al fenómeno de la erosión de la democracia; y es imprescindible, para evitar su colapso en casos de crisis institucional, incluir en los mecanismos colectivos de análisis y prevención la voz de todos los poderes del estado involucrados en la pugna institucional, y no sólo el poder ejecutivo, como ocurre hasta ahora. Sólo así tales organismos podrán impulsar el diálogo necesario para la construcción de consensos que prevengan la ruptura del orden democrático. Si no, pasarán irremediablemente a la irrelevancia en la defensa de la democracia.
RECOPILACIÓN Y EDICIÓN: Agustina Lovera
FUENTE: El País