Miércoles, 12 Marzo 2014 23:01

Chile: entre Asuntos Heredados y la Alternancia Política

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Con el triunfo de la Nueva Mayoría luego de las elecciones presidenciales del año 2013, se abre una nueva etapa en la vida política chilena. Entre los aciertos y los errores de la administración Piñera, el nuevo gobierno deberá afrontar las demandas de una sociedad con ansias de cambio y los desafíos internos que la coalición liderada por Michelle Bachelet podría afrontar.

1990: UN AÑO DE INFLEXIÓN POLÍTICA

El panorama político chileno de los últimos cinco años no puede ser del todo comprendido sin retrotraernos al 11 de marzo de 1990, cuando asume como presidente Patricio Aylwin. Este hecho, que podría parecer a simple vista como una instancia más en la vida política de cualquier país que se rige a partir de principios republicanos, representó en Chile un punto de inflexión. Dichas elecciones no significaron tan solo el fin de la dictadura de Augusto José Pinochet - hecho ya de por sí sumamente trascendental - , sino también la llegada al Palacio de la Moneda de la denominada Concertación de Partidos por la Democracia (Partido Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia, Partido Socialista y el Partido Radical Socialdemócrata).

Múltiples fueron los acontecimientos acaecidos bajo los distintos presidentes que se sucedieron, enarbolando la bandera de sus correspondientes partidos, pero siempre respondiendo a la lógica partidaria de la coalición que gobernaría Chile desde 1990 hasta 2010. Si bien la misma ha pasado a la historia como el eje estabilizador y transformante del ritmo y la temporalidad política que primó en Chile, fue también la que asumió la tarea de aclimatar el sistema neoliberal a una sociedad con competencia política democrática. Asimismo, se consolidaría a lo largo de esta década el denominado modelo chileno, una suerte de continuidad con respecto al modelo que se impuso durante la dictadura tanto en materia económica como social.

2006: LLEGADA DE BACHELET AL PALACIO DE LA MONEDA

En el año 2006 asumiría Michelle Bachelet, del Partido Socialista, y quien le posibilitaría a la Concertación un cuarto período en el poder. Triunfando en segunda vuelta con un 53% de votos, y venciendo así a Sebastián Piñera, debió afrontar las demandas encauzadas por la sociedad chilena y una agenda de intereses diversos, muchos de los cuales obtuvieron una respuesta concreta con correspondientes planes y proyectos impulsados desde el gobierno, mientras que otros permanecieron latentes y con soluciones transitorias. Cuestiones tales como una reforma integral de la estructura educacional; transformaciones tendientes a modificar el sistema binominal y la formación de una Asamblea Constituyente para el estudio de una Reforma Constitucional; la conformación de un programa para apalear las consecuencias del terremoto y el tsunami del año 2010 con las controversias suscitadas en torno al mismo, han sido asuntos heredados por la administración que triunfaría en las elecciones del 2010.

 El candidato concertacionista, Eduardo Frei, era derrotado y la derecha llegaba al poder de manera democrática por primavera vez desde la década del '50.

2010: LA CENTRODERECHA LLEGA AL PODER

A pesar de que Bachelet abandonaría el gobierno con un 84% de aprobación y respaldo ciudadano, la Coalición por el Cambio - resultante del pacto electoral entre Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) - se configuraría como el espacio político partidario de la centroderecha que vencería en las elecciones a partir del triunfo de Sebastián Piñera (RN) en segunda vuelta con un total del 51,61 % de votos. El candidato concertacionista, Eduardo Frei, era derrotado y la derecha llegaba al poder de manera democrática por primavera vez desde la década del '50. Dicho suceso, esperado por algunos y sorpresivo para otros, re-significó la consolidación democrática chilena e introdujo ciertos cambios en las formas, no tanto así en el contenido.

Una vez iniciado su mandato, no pasó mucho tiempo hasta que la euforia comenzó a esfumarse y las fragmentaciones comenzaron a visualizarse hacia el interior de la coalición. Luego del exitoso rescate de los 33 mineros atrapados en Atacama, la popularidad del presidente electo se derrumbó (alcanzando niveles mínimos de aprobación, entre un 26 % y 27%) no sólo por su cuestionada gestión política - a razón de la presencia mayoritaria en su gabinete de personas provenientes del sector privado - sino también por las agudas tensiones al interior provocadas por los cuestionamientos de la UDI. Asimismo, la administración Piñera no logró despojarse de la herencia de demandas que la administración anterior no había logrado resolver. La irrupción de las protestas sociales en 2011, encabezadas por el movimiento estudiantil, se convirtieron en uno de los principales desafíos para el gobierno, quien no logró generar una solución adecuada y correspondiente a las demandas, que terminarían por transformarse en un asunto de fondo y que se extendería hasta la actualidad.

Igualmente, durante los cuatro años de la gestión de centroderecha hubo importantes aciertos y logros. Entre los más importantes se destacan, por un lado, el plan de reconstrucción post-terremoto/tsunami realizado por medio de un aumento de impuestos de primer categoría y la venta de la participación del Estado en diferentes compañías de servicio; un crecimiento económico que alcanzó un 5,6% en el año 2012 con caídas en los niveles de desempleo y un índice inflacionario del 1,5% para el mismo año. Por otro lado, la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el impulso de políticas para madres trabajadoras y para los sectores más vulnerables; y el cierre del Penal Cordillera acatando así un reclamo que la sociedad presentaba hace ya algunos años.

 Los recientes comicios pusieron, una vez más, en el centro del debate una pregunta tan simple como difícil de responder: Entre el Líder y el Partido ¿quién es verdaderamente elegido?

2013: LA NUEVA MAYORÍA Y LA (RE) ELECCIÓN DE MICHELLE BACHELET

El escenario político de las presidenciales 2013 encontró a la coalición gobernante desorganizada y dividida al punto tal que la nominación de un candidato de común acuerdo fue una instancia difícil de negociación, dado los intereses contrapuestos de las partes. Finalmente, Evelyn Matthei (UDI) se convertiría en su abandera presidencial, representando así a la coalición que volvería a adoptar su nombre original, Alianza. Por su parte, la Concertación se re-configuró luego del proceso de fragmentación sufrido con la derrota del 2009 y se erigió bajo la denominada Nueva Mayoría.

Bajo la bandera del progresismo y el liberalismo de izquierda, los socialdemócratas (PSRD) y los demócratas cristianos (PDC) se unieron al Partido Comunista, a la Izquierda Ciudadana y al Movimiento Amplio Social, en pos de lograr una nueva mayoría social para forjar un nuevo referente político amplio y representativo de las más diversas voces de la sociedad. Su candidata sería Michelle Bachelet, personaje ya emblemático de la vida política chilena, y quien ha logrado amplios márgenes de popularidad a pesar del no tan elevado porcentaje de aceptación del espacio político que la apoya. Los recientes comicios pusieron, una vez más, en el centro del debate una pregunta tan simple como difícil de responder: Entre el Líder y el Partido ¿quién es verdaderamente elegido?

A pesar de esta aún irresuelta discusión, el 15 de diciembre y tras la segunda vuelta, la Nueva Mayoría triunfaría con un total de 62,16% de los votos, tras una emblemática primera vuelta, en la cual más de 8 candidatos se presentaron, pero en la cual se registró tan solo un 40% de participación electoral (en lo que constituyó la primera elección bajo el esquema de voto voluntario). La victoria también se tradujo en los otros poderes: 21 escaños en el Senado, 68 en el Congreso, 88 consejeros, divididos entre los distintos partidos y con una importante presencia de quienes han encabezado el movimiento estudiantil. Este escenario, aparentemente favorable, no necesariamente significa un viaje sin turbulencias ya que, en un contexto de clara insatisfacción, la necesidad de articular respuestas concretas a demandas de distinta naturaleza resulta inminente.

En este sentido, existe un acuerdo casi generalizado entre los analistas en considerar que tres son los pilares sobre los cuales se debería diseñar la agenda del nuevo gobierno: la Reforma Educacional, la Reforma Impositiva y la Reforma Política. Respecto a la primera, el principal reclamo se dirige a la promulgación de una reglamentación que modifique de manera contundente la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (originada durante el Pinochetismo) y el intento en vano que representó la Ley General de Educación sancionada en el año 2009. En lo que se refiere a la Reforma Impositiva, se pretende generar un sistema dirigido al aumento de los impuestos a las grandes empresas y la eliminación del fondo impositivo, en pos de lograr mayores fondos para inversión pública en educación. Por último, la Reforma Política hace visible una deuda que la clase gobernante tiene para con la sociedad chilena desde la década del ´90: la adopción de una nueva Constitución y la introducción de cambios en el sistema electoral binominal que rige los comicios parlamentarios.

En última instancia, estos tres ejes corresponden a una verdadera transformación del modelo chileno actual a razón de la necesidad de responder a ciertas cuestiones fundamentales: ¿Consenso o Encrucijada? ¿Es posible alcanzar un equilibrio entre el continuar con ciertos aspectos del modelo y el introducir modificaciones sustanciales y transformantes para acompañar a una sociedad que ha cambiado? ¿Cómo se podrá posicionar desde un enfoque común una coalición tan heterogénea pero hasta ahora unificada? ¿Podrá la Líder guiar a la Nueva Mayoría en pos de lograr en cuatro años ese giro copernicano que muchos observan que se está avecinando?

Tal como expresó la presidenta electa y quien estará asumiendo su cargo hoy, 11 de marzo,: “Chile cambió y se va a hacer más difícil gobernar para cualquier presidente (...) Si no somos capaces de hacer los cambios y la gente empieza a tomar las calles no va a ser responsabilidad de una presidenta, sino de un sistema político incapaz de responder a los desafíos de Chile”. Sólo será cuestión de estar a la espera de que el nuevo gobierno demuestre tener el ímpetu necesario para impulsar un cambio verdaderamente transformante. 

 

(*) Investigadora de la Fundación para la Integración Federal

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