La reforma del sistema de salud que Obama logró aprobar a duras penas en el 2010 corre serio peligro de ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema de los EEUU. Metidos en pleno clima de campaña, una derrota para el presidente supondría un golpe durísimo a sus aspiraciones de permanecer otros cuatro años en la Casa Blanca

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Por los alcances y el impacto que tendrá sobre el conjunto de la sociedad, se trata sin lugar a dudas del caso más importante que llega a la Corte Suprema desde el fallo Roe vs. Wade en el que se reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en 1973. No obstante, las circunstancias no podrían ser más diferentes.

Un colectivo de 26 estados de la Unión decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Supremo Tribunal en contra de la reforma del sistema de salud impulsado por Barack Obama y aprobado por el Congreso en el año 2010. Esta semana y durante tres días, la Corte escuchó los argumentos de los representantes del Estado y de los demandantes. Tres días que han abierto la posibilidad de que se produzca un terremoto político impensado hace un par de semanas atrás.

Los nueve jueces del Supremo escucharon argumentos sobre el aspecto más controvertido de la ley: la obligación a disponer de un seguro –con ayudas públicas a quien lo precise– o pagar una multa si no se hace. El principal abogado del Estado, Donald Verrilli, sostuvo que esa imposición es imprescindible para la sostenibilidad del sistema y está basada en el apartado de la Constitución que la da al Gobierno federal la potestad de regular el comercio. El abogado de los 26 estados que han denunciado a la Administración central, Paul Clement, defendió que obligar a los ciudadanos a comprar cualquier cosa, aunque sea un seguro de salud, es anticonstitucional porque viola los derechos individuales más básicos.

Cinco de los nueve jueces que integran el más alto tribunal –los cinco de tendencia conservadora– formularon o hicieron comentarios a lo largo de las sesiones que muestran con bastante claridad sus simpatías con la posición de los denunciantes. Los otros cuatro magistrados, de tendencia progresista, sostuvieron, por el contrario, una línea de argumentación muy similar a la del Gobierno. Si se mantiene esa división, la reforma sanitaria sería paralizada por el Supremo, al menos su apartado principal, precisamente el que garantiza la cobertura universal.

En principio, las matemáticas no lucen bien para el gobierno. Las principales esperanzas de la Casa Blanca se cifraban en el juez Anthony Kennedy, el más moderado entre el grupo conservador. Sin embargo, Kennedy fue muy crítico respecto de los intentos de intromisión del gobierno en la actividad privada. Agregó que la implementación de un seguro médico obligatorio equivale a a exigirle a los ciudadanos a hacer algo que no quieren hacer. "Esto cambia la relación entre el Gobierno y los individuos de una forma fundamental", dijo. "El Gobierno tiene muy difícil la justificación" de esta medida, advirtió.

Los otros jueces conservadores fueron aún más rotundos en sus críticas al seguro obligatorio. Antonin Scalia lo comparó con la posibilidad de forzar a los ciudadanos a comprar brócoli o a hacerse socios de un gimnasio, y precisó que "se supone que el Gobierno federal no es un Gobierno con todos los poderes sino con poderes limitados".

Samuel Alito manifestó que "este mandato es obligar a la gente a entregar un importante subsidio a las compañías de seguros". John Roberts, presidente del tribunal, quien procuró ser más contemplativo, se preguntó, igualmente, si el Gobierno podría llegar a exigir a la gente poseer un teléfono celular con el argumento de eso facilitaría la actuación de los servicios de socorro en caso de una emergencia. Todos ellos coincidieron en que si se le permite al Gobierno imponer un seguro de salud, no hay razón para no permitirle después cualquier otra cosa.

Durante la tercera y última sesión de audiencias en el Tribunal Supremo se reforzó la impresión de que existe una mayoría contraria a la ratificación de la ley. Los jueces que podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido preguntaron sobre las posibilidades que tiene esa legislación de sobrevivir si se elimina la obligatoriedad de poseer un seguro médico.

Algunos de los magistrados que integran el grupo conservador se mostraron abiertamente a favor de revocar la ley en su integridad ante la dificultad de dividirla en apartados constitucionales y otros que no lo son. "Mi punto de vista es que si extraemos el corazón de esta ley, la ley entera se cae", dijo el juez Antonin Scalia, defendiendo que, si se suprime el mandato a tener un seguro, se debería declarar inconstitucional toda la legislación.

Por su parte, los cuatro jueces progresistas hicieron un gran esfuerzo por defender el valor de la reforma y su plena constitucionalidad. La jueza Sonia Sotomayor incluso reprochó a sus colegas por estar inmiscuyéndose en un trabajo que le corresponde al poder legislativo.

Pero mientras toda esta danza de argumentaciones tiene lugar, el escenario político comienza a contener el aliento. Para fines de junio se espera que el Tribunal se expida sobre el asunto. Sin embargo, el mes de junio no es cualquier momento del año. En ese momento comenzará a tomar verdadera temperatura la campaña presidencial. Si aún no le está, ya se estaría a poco de conocer quién será el rival republicano de Obama. Ambos partidos estarán enfrascados en las negociaciones de cara a sus Convenciones Nacionales dos meses más tarde.

Un fallo contrario a la Casa Blanca supondría un golpe durísimo a las aspiraciones de Obama de alcanzar su relección. Casi se podría decir que lo que no está consiguiendo el partido Republicano, enfrascado en sus dilemas internos, lo podría lograr uno de los poderes de Estado: asestarle a la fortaleza política del presidente un golpe fulminante.

Todo lo cual lleva a la siguiente pregunta: dejando por un momento de lado el hecho de que la ley intenta garantizar una mayor cobertura de salud al conjunto de la población ¿es pertinente el tratamiento de un tema tan sensible en una coyuntura electoral? Y sumado a esto ¿el supuesto contrapeso o equilibrio que ejerce el poder judicial por medio de la Corte Suprema respecto del Ejecutivo, no se ve sobrepasado por parte de un grupo de magistrados cuyo posicionamiento político (no jurídico) es ampliamente conocido? ¿Es posible pensar que estos jueces dejen de lado estos posicionamientos en aras de una pretendida neutralidad jurídica? Dicho de otro modo ¿es creíble un argumento que sostenga que los jueces no hacen política por medio de sus fallos?

En definitiva, si la Corte Suprema decide apoyar la demanda de inconstitucionalidad sobre la reforma del sistema de salud, bien podría dar un paso fundamental que incline la balanza electoral en noviembre. Y atendiendo a esto, la pretendida neutralidad de la justicia es una mera falacia.

De ser así, estaríamos asistiendo a la segunda ocasión en la que la Corte Suprema juega un rol determinante en la suerte de una elección presidencial en apenas una década. En el año 2000 su intervención detuvo el recuento de votos en el estado de Florida y le otorgó la victoria a George W. Bush. Aquí su intervención no sería tan directa, aunque igualmente determinante.

¿Quién sabe? Quizás la Corte Suprema conservadora que Bush supo conformar resuelva el problema que los republicanos hoy se muestran impotentes de poder resolver: sacarse de encima a Barack Obama.

(*) Licenciado en Relaciones Internacionales. Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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