La campaña electoral va tomando temperatura en EEUU. La crisis económica y la generación de empleo serán los temas más polémicos y candentes a medida que la fecha de las elecciones se aproxime. Aquí una perspectiva de lo que está por venir
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Los Estados Unidos acaban de concluir su tercer año de recuperación económica, pero la tasa de desempleo sigue siendo superior al ocho por ciento y hay señales preocupantes de desaceleración. Así, pues, no es de extrañar que el empleo haya pasado a ser un asunto fundamental en la campaña presidencial o que los candidatos tengan ideas muy diferentes sobre cómo aumentarlo.
El pasado otoño, el Presidente Barack Obama propuso la llamada "Ley de Empleo", un plan de medidas fiscales que ascendía a 450.000 millones de dólares que iba encaminado a la creación de puestos de trabajo. La suma correspondiente a dicha ley representaba aproximadamente el tres por ciento del PIB y debía entrar en vigor en 2012 y aportar un oportuno impulso al empleo y una garantía para la recuperación de los EEUU a contrario de los vientos mundiales que soplan en otro sentido. La mayoría de sus medidas habían contado con el apoyo de ambos partidos en el pasado; las reducciones tributarias representaban el 56 por ciento del costo total y se pagaban con cargo al plan de Obama de reducción del déficit a largo plazo.
Varios economistas independientes concluyeron que el plan de Obama daría un impulso importante al mercado laboral en el período 2012-2013. De hecho, dos de los más respetados analistas de la nación predijeron que, gracias a esta ley, se crearían entre 1,3 millones y 1,9 millones de puestos de trabajo en 2012 y más de dos millones al final de 2013. La Oficina Presupuestaria del Congreso consideró también que la mayoría de las políticas que entrañaba la ley tenían una gran eficacia presupuestaria, calculada mediante el número de puestos de trabajo creados en el período 2012-2013 por dólar de costo presupuestario.
La ley fue víctima del filibusterismo parlamentario de los republicanos del Senado y la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, impidió igualmente que se llegara a votar el proyecto de ley. Mitt Romney, ahora candidato presidencial republicano, atacó ese plan por considerarlo un "simple estímulo" que sólo "arrojará gasolina a las brasas" impidiendo la recuperación. Al final, Obama, fortalecido por las encuestas que aprobaban su plan, consiguió la aprobación parcial de dos políticas correspondientes a esa ley: una reducción de un tercio de los impuestos de la nómina salarial de los empleados (había propuesto la mitad) y una prórroga de las prestaciones de desempleo que ascendía al 60 por ciento de lo que había recomendado.
Pero el Congreso no aprobó la reducción del 50 por ciento de los impuestos de la nómina salarial correspondientes a los empleadores, reducción tributaria para las empresas de la que muchos republicanos habían sido partidarios en el pasado y que representa una gran eficiencia presupuestaria. Tampoco el Congreso aprobó 30.000 millones de dólares de donaciones federales a los Estados para permitirles emplear a unos 135.000 maestros, policías y bomberos, pese al gran apoyo de los votantes. Semejantes donaciones entre 2009 y 2011, que ascendieron a 130.000 millones en total, ayudaron a los Estados a mantener servicios de vital importancia y mantener a empleados públicos para que los prestaran.
Romney se opone a conceder más dinero federal a los estados, con el argumento de que "es hora de reducir los gastos gubernamentales y ayudar a los ciudadanos estadounidenses". Pero los maestros, bomberos y policías son ciudadanos estadounidenses que ayudan a otros ciudadanos estadounidenses. El empleo gubernamental está reduciéndose al ritmo más rápido desde el decenio de 1940 y ahora equivale a su nivel de 2006. Si el empleo público hubiera aumentado durante los tres últimos años a la misma tasa, aproximadamente, que la población –como ocurrió durante la presidencia de George W. Bush– la tasa de desempleo sería del siete por ciento, aproximadamente, y no del 8,2 por ciento, gracias a la creación de 800.000 puestos de trabajo.
Asimismo, el Congreso dejó de aprobar la petición por parte de Obama de 90.000 millones de dólares en gastos suplementarios en materia de infraestructuras, que habrían equivalido a unos 400.000 empleos, pese a que los EEUU tienen necesidades no financiadas al respecto que ascienden a 1,1 billones de dólares. Además, la inversión en infraestructuras no sólo crea puestos de trabajo a corto plazo, sino que, además, fomenta la competitividad a largo plazo.
En total, el Congreso dejó al menos un millón de puestos de trabajo en la mesa de negociación, con lo que mantuvo a los trabajadores desempleados como rehenes de los resultados de las elecciones de noviembre.
Entretanto, como reacción ante la persistente presión de los medios de comunicación, Romney ha revelado sus políticas para impulsar la creación de empleo a corto plazo. No son convincentes. Romney dice que velará por que los EEUU pongan a trabajar a más personas en el sector de la energía, pero, si bien la industria del petróleo y del gas ha aumentado en gran medida desde 2007, da empleo a menos de 200.000 personas, lo que significa que, aun cuando el empleo en ese sector se duplicara a corto plazo, su efecto sería insignificante.
Y, mientras que Romney dice que abriría nuevos mercados extranjeros, Obama ha estado haciendo eso exactamente, al conseguir la aprobación de tres importantes acuerdos comerciales y aumentar el apoyo federal a las exportaciones de los EEUU, que han estado aumentando casi el doble de rápido si se lo compara con la recuperación de la recesión de 2001. Además, la promesa de Romney de acusar a China, el tercer mercado en importancia al que exportan los EEUU, de manipulación de su moneda e imponer grandes aranceles a las importaciones de productos chinos, provocaría casi con toda seguridad represalias, con la consiguiente reducción de las exportaciones y los puestos de trabajo de los EEUU.
Romney derogaría también la legislación que reformó la atención de salud en 2010, porque "asusta a las empresas pequeñas a la hora de contratar a empleados", pero las pruebas en que se basa esa afirmación son escasas y anecdóticas. Una encuesta reciente reveló que la mayoría de las empresas pequeñas apoyan la reforma. La mayoría de las empresas, grandes y pequeñas, citan la demanda insuficiente como razón primordial por la que no están contratando a empleados.
Tampoco es probable que la promesa de Romney de aplicar inmediatamente un recorte de un cinco por ciento más al gasto discrecional federal impulse el aumento del empleo, como afirma. Cuando una economía padece un elevado desempleo y una débil demanda agregada, los recortes del gasto contribuyen a la contracción económica. Romney lo confirmó recientemente, al reconocer que el "despeñadero fiscal" –la expiración al final de este año de los recortes de impuestos de la época de Bush, junto con grandes recortes de gasto ya previstos– volvería a sumir a la economía en la recesión.
Por último, además de prorrogar los recortes de impuestos de Bush, Romney promete una reducción general del 20 por ciento en los tipos marginales del impuesto sobre la renta de las personas físicas y una reducción importante del tipo impositivo del impuesto de sociedades para animar a las empresas a contratar a más trabajadores. Pese a las grandes reducciones de los tipos marginales del impuesto sobre la renta de las personas físicas al comienzo del gobierno de Bush, la creación de empleo entre 2000 y 2007 fue, sin embargo, la mitad de la de los tres decenios anteriores.
Aun cuando las nuevas reducciones de impuestos de Romney fortalecieran la inversión y el crecimiento a largo plazo (propuesta discutible, que depende de cómo se financien), su efecto a corto plazo en la creación de empleo sería mínimo y entrañarían una importante pérdida de ingresos. De hecho, esas reducciones tienen resultados escasos en la evaluación de la eficacia presupuestaria de la Oficina Presupuestaria del Congreso.
Las propuestas de Obama para impulsar la creación de empleo son convincentes, mientras que las de Romney tendrían pocos efectos o ninguno... y algunas de ellas podrían incluso empeorar la situación. Los votantes deben conocer la diferencia.
(*) Ex Directora del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de los EEUU. Es profesora en la Haas School of Business de la Universidad de Berkeley.
FUENTE: The Project Syndicate