Pese a sus críticas a los gobernadores que ceden ante la "billetera" de Olivos, cuando estuvo al frente de la provincia el ex piloto suscribió todos los pactos sin cuestionamientos aunque le sumaban obligaciones y retaceaban fondos.

Las declaraciones del senador Carlos Alberto Reutemann, en relación a que los Kirchner someten a los gobernadores con la billetera y que ningún gobernador se ha plantado frente a la falta de federalismo convulsionó el ambiente político. Rosario/12 tuvo acceso a un informe cronológico elaborado por la Fundación para la Integración Federal (Funif Rosario) que muestra el derrotero del Lole en las negociaciones con los presidentes Menem y De la Rúa. Allí, el dos veces gobernador de Santa Fe, lejos de plantarse ante el avance de la Nación contra las provincias, firmó todos los compromisos sin reparos.

La Ley 24.130 promulgada el 17 de septiembre de 1992, ratificó el "Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992. La principal consecuencia de ese acuerdo fue que la Nación quedaba autorizada a retener de la masa de impuestos coparticipables un 15 para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos; y también 43 millones 800 mil pesos para repartir entre las provincias firmantes con desequilibrios fiscales. El Pacto comprometía a las provincias a terminar con cualquier acción judicial existente o potencial.

En ese acuerdo, Menem y los gobernadores le pedían al Congreso que traten una serie de leyes que incluían la reforma del Régimen Nacional de Previsión Social (que luego devino en la creación de las AFJP); la privatización de YPF, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, Casa de la Moneda y Banco Nacional de Desarrollo; y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que introdujo los criterios de "autonomía" que hoy en están en debate.

Los ingresos tributarios nacionales recibidos por Santa Fe sufrieron un estancamiento entre 1991 y 1997. Así, resulta paradójico que en 1992 la Nación le transfiriera a la provincia la responsabilidad sobre la provisión de servicios de educación y salud. El impacto de esta transferencia se observa en el salto de 500 millones que experimentaron los salarios provinciales en aquel año, mientras que la Nación no proveyó los fondos suficientes.

Con la sanción de la Ley 24.049, promulgada el 7 de enero de 1992, se puso en marcha un proceso de transferencia a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de los servicios educativos que aún administraba y gestionaba el Estado nacional. A través del Presupuesto 1992 -Ley 24.061- se produjo la transferencia de los servicios de salud.

Mediante el Decreto 1807/93 se instruyó al Ministerio de Economía y al Banco Nación para que apliquen lo establecido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento que había sido firmado el 12 de agosto de 1993. Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en ese Acuerdo (Impuesto a los Sellos; Impuestos Provinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica y Servicios Sanitarios; Impuestos que graven los Intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios; y la modificación el Impuesto a los Ingresos Brutos, desgravando ciertas actividades) el Gobierno Nacional suspendió la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por arriba del mínimo de 725 millones establecidos como garantía del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley 24.130. La garantía de 725 millones se elevó a 740 millones a partir del 1º de enero de 1994.

A través de la Ley 25.235, promulgada el 30 de diciembre de 1999, (Gobierno de la Alianza) se ratificó el acta del Compromiso Federal firmado por el gobierno nacional y las provincias. De la Rúa y los gobernadores se comprometieron a que "durante el ejercicio fiscal 2000 las transferencias por todo concepto (Coparticipación de impuestos y Fondos Específicos) a provincias "se fija en una suma única y global anual equivalente a 1350 millones de pesos, con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a crearse". A esto se llamó el "piso de coparticipación" que luego fue vulnerado sistemáticamente por las conducciones económicas de Machinea y Cavallo. Mediante la ley 25.400, promulgada el 8 de enero de 2001, se ratificó el acuerdo denominado Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, suscripto por los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la CABA y el gobierno nacional. Allí se aseguró el compromiso de las provincias de congelar el gasto primario y eliminar el déficit para el año 2005 y se fijó el "piso coparticipable" en 1364 millones de pesos. Las provincias se comprometían a ser "disciplinadas" fiscalmente a cambio de mayores recursos para programas sociales y una prórroga de las posibilidades de ingresar al canje de deuda.

Publicado en el Diario Página 12, Suplemento Rosario 12 - Ver artículo Original

El Fondo Federal Solidario es una buena herramienta para reducir las desigualdades regionales. Así surge del análisis de transferencias a provincias en relación con la localización de la producción de soja.

Se sabe que el Fondo Federal Solidario (FFS) se conforma con el 30 por ciento de lo recaudado por retenciones al complejo sojero y se distribuye entre las provincias de acuerdo a los coeficientes de coparticipación federal. Desde la creación del FFS, y hasta el 31 de diciembre pasado, se transfirieron a las provincias 2941 millones de pesos que, a su vez, deben ser transferidos en idénticos porcentajes a los municipios, con la finalidad de financiar obras de infraestructura económica y social.

Los meses de abril (393 millones de pesos), octubre (389,7 millones) y mayo (389,3 millones) fueron los de mayores transferencias. Esto se debió a las variaciones en los volúmenes comercializados y los precios FOB a los que cotizó la soja en los diversos momentos del año. Al ser distribuido por el coeficiente respectivo de Coparticipación Federal, las provincias de Buenos Aires (21,22 por ciento), Santa Fe (8,63) y Córdoba (8,58) fueron las que más recursos recibieron del FFS. Pero más allá de las transferencias realizadas a las provincias, vale la pena hacer un análisis de los efectos redistributivos del FFS.

Desde el mismo momento en que se eligió transferir los recursos de acuerdo al índice de coparticipación, el gobierno nacional optó por privilegiar un criterio distributivo en lugar de un criterio retributivo, lo que hubiera implicado que las regiones y provincias que más soja producen, más recursos recibirán. Este criterio subyace en los análisis económicos de diversas organizaciones y centros de estudios localizados en la Región Pampeana que plantean que “el gobierno nacional no devuelve a las provincias lo que ellas producen y exportan de soja”.

Esta opción del gobierno nacional fue, claramente, una decisión de política económica y social. Trasunta la idea de que la recaudación por retenciones a las exportaciones de commodities que tienen origen en la zona económicamente más favorecida de la Argentina por condiciones naturales (suelos y clima) ayude al desarrollo relativo de las regiones que no cuentan con condiciones tan favorables. Si uno confronta el porcentaje de recursos del FFS recibidos por cada provincia con el porcentaje de participación de cada provincia en la producción total de soja, podemos corroborar el efecto redistributivo del Fondo Federal Solidario: el 88,4 por ciento de la soja se produce en la Región Pampeana, que coincidentemente concentra casi el 89,0 por ciento del Producto Bruto Interno. Pero a esta región sólo se transfiere el 47,3 por ciento de los recursos del FFS. En sentido inverso, el 52,7 por ciento del FFS se transfiere a las regiones y provincias extra pampeanas, que sólo producen el 11,6 por ciento de la soja y aportan algo más del 10,0 por ciento al PBI nacional.

La Región Pampeana (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires) recibió en 2009 un total de 1392 millones de pesos por distribución del FFS, representando un 47,3 por ciento del total de recursos enviados a las provincias. Siendo la Región Pampeana la productora del 88,4 por ciento de la soja, queda claro que es la riqueza producida en esta zona la que permite la redistribución de los recursos generados en regiones menos favorecidas por la calidad de suelos y el clima.

La Región Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis) recibió en 2009 el 9,5 por ciento de los recursos del FFS, totalizando unos 279 millones de pesos. Su participación en la producción de soja es mínima: sólo un 0,96 por ciento, cerca de 295 mil toneladas que sólo se producen en San Luis.

La Región NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) recibió por el FFS un total de 444 millones de pesos, un 15,1 por ciento del total de transferencias. Sólo produce el 2,2 por ciento de la soja, lo que transforma a la región en la más favorecida en términos de redistribución.

La Región NOA (Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca) recibió el 19,7 por ciento de los recursos del FFS, unos 579 millones de pesos. Produce el 7,9 por ciento de la soja (2,6 millones de toneladas), lo que la transforma en la segunda región más favorecida en términos de la redistribución conseguida por el FFS.

La Región Patagonia (Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Chubut), sin ser productora de soja, recibió el 8,4 por ciento de los recursos del FFS, unos 245 millones de pesos. Es la tercera región más favorecida por la redistribución de los recursos obtenidos por las retenciones al complejo sojero.

Esto permite concluir que una parte importante de la renta producida en la región económica más próspera de la Argentina se distribuye en un elevado porcentaje (52,7 por ciento) entre las regiones (y provincias) menos favorecidas por las condiciones naturales, incluso en aquellos territorios donde no se produce nada de soja.

¿Qué hubiera pasado si la Presidenta hubiera seguido el consejo de consultoras económicas financiadas por gobiernos y empresas localizadas en la Pampa Húmeda? Sencillamente, se hubieran potenciado las desigualdades regionales existentes. Consideramos que en un año clave –por el impacto de la crisis financiera– la decisión del Gobierno de conformar el FFS transfiriendo recursos a regiones y provincias desde un claro criterio de justicia distributiva ayudó a sostener la inversión pública en infraestructura en las zonas más necesitadas de un esfuerzo colectivo como Nación para reducir las importantes brechas de desarrollo relativo existentes al interior de nuestro querido país.

(*) Director ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal (Funif), Rosario

Publicado en el Diario Página 12, Suplemento CASH - Ver artículo Original

¿Qué papel le cabe al Estado en América Latina en este contexto de crisis financiera internacional? Esta pregunta se hace una investigadora de CLACSO en un trabajo que aquí ponemos a disposición.

La crisis de fines del año 2001 en la Argentina y la aparición de Lula da Silva en la presidencia de Brasil en el 2002 fueron el puntapié inicial del fin de la era neoliberal en América Latina. Desde ese momento, en la mayoría de los países del cono sur de América se comenzó a recorrer un camino de recuperación del rol del Estado como articulador y regulador de la actividad económica. Ello permitió en una buena medida, recuperar el papel de la política como espacio de transformación con el objetivo de mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, en lugar de estar al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía.

Esto, sumado a un contexto internacional favorable para el comercio de los principales productos de exportación y a una administración responsable de los recursos públicos, permitió trazar estrategias destinadas a romper algunas de las trabas estructurales para el progreso económico tales como el endeudamiento descontrolado y los déficits crónicos de las cuentas del Estado. En definitiva, como bien lo dice el trabajo elaborado por Mabel Thwaites Rey (**) Después de la Globalización Neoliberal ¿Qué Estado en América Latina?, “pasada la ola del ajuste estructural y las políticas de reformas pro-mercado que estigmatizaron al sector público, en los albores del nuevo siglo en la región se inició un ciclo en el que el papel estatal empezó a adquirir una nueva entidad, tanto en el plano valorativo-ideológico como en las prácticas concretas.”

El estallido de la crisis financiera internacional en septiembre de 2008 puso en evidencia dónde se encontraban los mayores niveles de vulnerabilidad en el conjunto de la economía mundial. Parece casi una ironía del destino ver cómo el rumbo que siguió particularmente la economía argentina desde 1976 hasta el 2001 se reprodujo con características prácticamente calcadas en el núcleo central de las naciones más desarrolladas. Aquí Thwaites Rey nuevamente acierta el diagnóstico cuando afirma que “la polarización en la distribución de las rentas producida desde los años ochenta está en la base de esta crisis. En la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los de la periferia capitalista, la desregulación de los mercados laborales y financieros, el aumento de la regresividad fiscal a partir de la promoción del mundo empresarial y de los sectores más ricos, la privatización de los servicios públicos y el desarrollo de políticas monetarias favorables al capital financiero a costa de la producción crearon las condiciones para la crisis actual. Tales políticas fueron promovidas a nivel mundial por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el Banco Mundial (BM), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Como resultado de tales políticas ha habido en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), por ejemplo, un aumento del desempleo (mayor en el periodo 1980-2005 que en el periodo anterior 1950-1980, cuando las políticas existentes eran de corte keynesiano) y un descenso muy marcado de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, descenso especialmente notable en los países de la eurozona, que fueron los que siguieron con mayor celo tales políticas (Navarro, 2009). La consecuencia directa de esto fue la restricción de recursos disponibles por los sectores populares para destinarlos al consumo (Monereo, 2009). Para paliar esta deficiencia en la demanda, los centros de poder financiero pergeñaron la expansión del crédito sin sustento efectivo en la economía real, lo que llevó a la conformación de una burbuja gigantesca, cuyo estallido colocó al sistema completo al borde del colapso.”

Esta situación ha vuelto a colocar en el centro de la escena al Estado como regulador de la actividad económica y ha revivido el debate en torno a la necesidad de un crecimiento económico con mayor igualdad social. Si bien Thwaites Rey adelanta cierta perspectiva alentadora respecto a la recuperación del rol del Estado en la economía, es de prever que el capital financiero trasnacionalizado dará todavía una dura batalla para no perder el poder hegemónico que ha sabido construir durante los últimos cuarenta años.

En este contexto Después de la Globalización Neoliberal ¿Qué Estado en América Latina? pone el énfasis en pensar para América Latina a un Estado que no sea un mero organizador de los intereses de la burguesía, sino hacerlo desde un punto de vista emancipador, articulando las relaciones de poder hacia el interior de su espacio territorial y reposicionándose en el marco del concierto de naciones que conforman el mercado mundial. En sus propias palabras, “aquí se sostiene que los espacios territoriales estatal-nacionales deben rearticularse a partir de procesos políticos y sociales liderados por los sectores populares, porque son ineludibles como jugadores centrales en la búsqueda emancipatoria.”

Leer "Después de la Globalización Niberal ¿Qué Estado en América Latina?"

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

(**) Profesora e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO "El Estado en América Latina. Continuidades y rupturas".

Las fotos de la semana anterior simbolizan y dicen mucho de la Argentina del pasado, del presente y de algunos hipotéticos futuros. El interés de algunos en refugiarse bajo el ala de las corporaciones parecen imponer su sobrevivencia política.

Es 26 de julio y comienza la semana. Otro aniversario de la muerte de Eva Duarte y los diarios traen la noticia de los diversos actos políticos que la recuerdan. Algunos se animan y tienen preparados informes especiales. En todos, el comentario viene acompañado de una foto que recuerda a la mujer argentina más influyente de la vida política argentina del siglo XX.

Y allí está ella, con su verba encendida, su pasión a cuestas, su alma entregada a una esperanza sin tiempo y sin dobleces. Le habla a cientos de miles de argentinos que la vitorean en una plaza, en una relación absolutamente directa del pueblo con su líder. Las fotos son en blanco y negro y reflejan otros devenires, otra sociedad y otras relaciones humanas. Cuando uno ve una foto de aquella época confirma la idea de que un país más justo, alguna vez tuvo sustento para quienes menos tenían.

Es el período de plena vigencia de aquella definición abrumadora y determinante que “donde existe una necesidad existe un derecho”. Es la consagración del reconocimiento de la dignidad humana arrebatada a los poderosos de entonces, con la fuerza que da el dolor por cada injusticia cometida. El sistema político en particular, y la sociedad en general, la recuerdan una vez más como muestra de respeto y admiración de propios y extraños.

Avanza la semana. Y promediándola, los diarios traen otra foto. Presente y digital. Refiere a un evento ya histórico y tradicional en la Argentina: la muestra de la Exposición Rural de Palermo. Y la foto no muestra la fuerza del desarrollo agrario argentino o la belleza que supone un toro semental campeón, sino que refleja la presencia del ya famoso grupo A, (que como mucha gente famosa, parece demasiado banal y sin sustento) en un lujoso auditorio con pantalla de plasma gigante y donde se charla, discute y acuerda sobre el campo argentino.

La imagen es muy poderosa desde lo simbólico y no es casual que haya sido abordada desde distintos sectores de la vida nacional. Y además viene acompañada de una noticia que se las trae. Publicada en el diario Clarín el día 27 de julio a las 13:57, decía que “los líderes de los bloques de la oposición acordaron no prorrogar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo pero no consiguieron adoptar una misma posición sobre las retenciones a los granos. La Mesa de Enlace sí alcanzó una postura común”. Pavada de información. Lo que nos dice la nota es que el lugar de los acuerdos para la oposición (pobre Solanas, sino estuvo en la foto parece que no es opositor, ¿será K?) ya no es el Congreso de la Nación sino el mismísimo territorio perteneciente a una de las corporaciones más emblemáticas de la historia argentina: la Sociedad Rural. Resumidero de golpistas de toda laya, los de antes y los de ahora, el Grupo A se decidió a resumir en el instante que supone un click fotográfico, la postura política hacia un gobierno que para muchos, nunca debería haber nacido.

La paradoja es fulminante: en un régimen de claro signo presidencialista, este grupo de opositores no negocia con el oficialismo en una mesa que se cansan de reivindicar, sino que van “al pie” de las corporaciones. El siempre vigente (vigente?) resultado del 28 de junio de 2009, hizo creer a la mayoría de los que estaban en esa foto, y a varios que estaban del otro lado mirando, que comenzaba una etapa que nunca había sucedido en la Argentina pos dictadura: la del co gobierno. Pero ya ha demostrado la historia reciente, que algunos rejuntes nunca son del todo bueno para una sociedad como la argentina.

Pero el problema, en definitiva, no es la foto. Sino lo que se construye desde allí en adelante. El análisis es sencillo. Si para ganar visibilidad política, la oposición recurre a lo peorcito de las corporaciones (hace falta recordar lo que representa la Sociedad Rural en la historia política y económica del país?), en un hipotético triunfo electoral en 2011, ¿cómo hará para ponerle freno a las ambiciones siempre insatisfechas de estos sectores?

Y la respuesta es simple: no van a poder porque no van a querer. No van a poder frenar a los latifundistas en su desmesura de “tumbar” las retenciones porque no les interesa el problema agrario en su real dimensión. No van a poder frenar al sector desaforado de la gran industria que constantemente pide devaluar, porque no le interesan los trabajadores. Y no van a poder frenar a las grandes corporaciones mediáticas porque no les interesa que se escuchen la mayor cantidad posible de voces que relatan otras historias, saberes y realidades.

Entonces, y retomando las líneas iniciales, la pregunta final es simple. ¿Qué foto atrasa más? ¿La blanco y negro que, pese a todos sus errores, refleja un país con movilidad social ascendente o la de color digitalizada que nos muestra a un grupo de señoras “bien” y políticos en exceso conservadores que en el fondo de su ser, añoran el primer centenario, como síntesis perfecta de exclusión y marginalidad? Dígame señor lector, para usted, ¿qué foto atrasa más?

(*) Lic. en Ciencia Política - Analista Político de la Fundación para la Integración Federal

Para contactarse con el autor haga clic aquí

La mediación de UNASUR terminó de zanjar el conflicto entre Colombia y Venezuela. La resolución de la disputa pone de manifiesto un profundo grado de compromiso de la región para resolver sus propios problemas, más allá de las circunstanciales diferencias ideológicas que puedan existir entre sus gobiernos.

Poco tiempo después del nombramiento de Néstor Kirchner como Secretario General de UNASUR, el ex presidente uruguayo Luis Lacalle decía que el santacruceño fue designado para ocupar un cargo en una organización que “no existe”, que no “sirve para nada”. Pasados estos últimos dos días la verdad es que se hace imperativo hacer una observación: qué lástima que no existe! Si llegase a existir se podría llegar a soñar con una organización capaz de a hermanar a israelíes y palestinos o a iraníes y estadounidenses! Si una organización que no existe logró desenmarañar un conflicto que amagaba con salirse de los carriles como el de Colombia y Venezuela, para una que tuviese entidad el cielo sería el límite!

Vamos a dejar de lado por el hartazgo que a esta altura provocan, las descalificaciones de la dirigencia opositora de la Argentina hacia el rol del propio Kirchner como representante político de UNASUR o la estúpida afirmación de que la Argentina está aislada del mundo. Dicho sea de paso ¿harán alguna vez alguno de estos encumbrados dirigentes un reconocimiento de los “horrores” de cálculo político a que el odio acérrimo los lleva? ¿Ese odio que derraman quienes afirman que la soberbia, la crispación, el autoritarismo, la confrontación y la oposición al diálogo y a la búsqueda del consenso son patrimonio exclusivo del gobierno?

Esta reflexión casi catártica viene a cuento de los resultados alcanzados por la gestión mediadora de UNASUR para evitar que el enfrentamiento entre Colombia y Venezuela aumente su escalada retórica y se ponga en riesgo la paz entre ambas naciones. Como es sabido, al frente de esa mediación estuvo su Secretario General, Néstor Kirchner quien, luego de varias horas de una discusión franca y abierta junto a los mandatarios Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, consiguió el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y poner un punto de partida para lo que ambos presidentes calificaron como una nueva era en la relación bilateral.

Este resultado auspicioso dispara una pregunta de gran importancia: ¿el éxito en la mediación es mérito exclusivo de Kirchner? Desde luego que no. Sin dejar de soslayar la importancia de su rol en el momento concreto de la discusión cara a cara, el mérito le corresponde al conjunto de los países que conforman UNASUR. Porque una gran cuota del éxito se debe a la decisión política explícita de todos ellos (incluidos Colombia y Venezuela) para que las gestiones arriben a buen puerto.

Esto es una enorme muestra de madurez política de la región. Porque hubiese sido muy fácil dejar que el conflicto estuviese cruzado o condicionado por las diferencias ideológicas entre varios de sus miembros. Les hubiese sido muy sencillo a Colombia, a Chile y a Perú (con gobierno de corte conservador, más allá de los matices particulares) decir que estaban siendo acosados por una horda de izquierda autoritaria funcional a Chávez. Sin embargo, nada de esto ocurrió. El poder negociador de Néstor Kirchner provenía del fuerte apoyo político que los miembros de UNASUR le brindaron a su gestión. Sin eso, nada de lo que el Secretario General hubiese intentado habría resultado. Venga aquí otro coscorrón para los que hablaban de que Kirchner haría de UNASUR su feudo personal en otra grosera falta de respeto por los representantes de las naciones hermanas de la región.

Y quizás lo más importante que deja como saldo la resolución del conflicto entre Colombia y Venezuela es que por primera vez, casi podría decirse en su historia, Sudamérica es la que se ocupa de resolver sus propios problemas. Podríamos hacer un catálogo de los conflictos suscitados a lo largo de la historia independiente de la región y veríamos que, con honrosas excepciones como la gestión del canciller argentino Saavedra Lamas para lograr un cese de hostilidades en la guerra entre Bolivia y Paraguay en la década del treinta, siempre hubo que recurrir a los oficios de un tercero extrarregional para mediar en ellos. En la larga disputa en temas de frontera entre la Argentina y Chile se recurrió sucesivamente a la Corona Británica y al Vaticano para alcanzar finalmente la firma del Acuerdo de Paz y Amistad de 1984, por poner un caso cercano.

Una muestra cabal de esto es la reacción que generó en Washington el éxito de la mediación. Tras la reunión entre el canciller Héctor Timerman y la secretaria de estado Hillary Clinton, la jefa de la diplomacia de los Estados Unidos destacó la importante rol de UNASUR, en general, y de la Argentina en particular. “Aprecio el rol constructivo que tuvo la Argentina en instar a la resolución pacífica del conflicto entre Colombia y Venezuela” fueron las palabras de Hillary Clinton en la rueda de prensa conjunta brindada por ambos funcionarios.

Esto sirve también, en definitiva, para mirar el futuro político de Sudamérica desde otro punto de vista. Si este impulso a la integración y a la concertación política sigue siendo abordado y entendido como una instancia superadora de coyunturales diferencias ideológicas o de modelos de país; si es comprendido como un lugar donde todos debemos salir ganando y, en el proceso, incrementar los márgenes de autonomía decisional de los que hablaba Juan Carlos Puig allá a inicios de los años setenta, quizás llegue el día en el que dejemos de preguntarnos cuál será la política de los Estados Unidos hacia América Latina y comencemos a preguntarnos cuál será la política con la que América Latina mejorará su inserción en el mundo en aras de procurar un mayor bienestar de sus pueblos.

(*) Lic. en Relaciones Internacionales - Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

Para contactarse con el autor haga clic aquí

La protesta social que se desencadenó en el departamento de Potosí abre un nuevo frente de preocupación para el presidente de Bolivia. Ya no se trata sólo de la puja de poder con los grupos económicos poderosos, sino de dar respuestas concretas a las situaciones de pobreza aguda.

Desde finales de julio y durante 19 días, el departamento de Potosí –en el sur de Bolivia– se vio inmerso en una crítica situación que lo llevó al aislamiento y al desabastecimiento de la población y de numerosos turistas que se encontraban en la región. Esta situación se produjo debido al bloqueo de sus rutas y de diversas medidas de presión implementadas en reclamo a las “promesas incumplidas” del gobierno de Evo Morales por parte de diversos grupos de militantes sociales.

Las multitudinarias protestas, huelgas de hambre y cortes en las rutas que se vinieron desarrollando en Potosí, tienen su origen en las diversas reivindicaciones regionales por parte de sus habitantes –conducidos por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo)– frente al gobierno nacional, el cual es acusado de incumplir con las promesas electorales de “acelerar el proceso de cambio”. Esta cuestión es de suma importancia si se tiene en cuenta que dicho departamento es el más pobre del país andino.

Al iniciarse las protestas y reclamos por un mayor desarrollo económico, el Comcipo solicitó que el presidente boliviano se reuniera con ellos, como condición esencial para poder encaminar las negociaciones y así alcanzar una solución. Sin embargo, la negativa del gobierno de Morales a dialogar con los dirigentes bajo la presión de las protestas, por momentos complicó la continuidad en las comunicaciones entre ambos sectores, prolongando el conflicto.

Entre las principales reivindicaciones realizadas se encuentra la demarcación definitiva de los límites entre el departamento potosino y Oruro, en particular por la jurisdicción del Cerro Pahua, la cual es disputada por ambos distritos. Esta cuestión responde a los intereses económicos que suscitó el descubrimiento de yacimientos de piedra caliza en esa zona. La explotación de estos recursos para la producción de cemento y la posibilidad de que una fábrica de este material se instale en dichos territorios ha sido el factor desencadenante del conflicto.

Otro de los temas centrales en la disputa se asienta en el pedido de medidas que promuevan un mayor desarrollo regional, considerando que es una zona con altos niveles de pobreza. En este marco, también se observan reclamos referidos a la preservación del Cerro Rico, el cual está en condiciones próximas al derrumbe. Vale la pena recordar que el Cerro Rico es la mina de plata explotada por los conquistadores españoles hace cinco siglos. Desde ese entonces, en el yacimiento nunca se interrumpió la extracción del mineral. A estas alturas, el Cerro Rico es prácticamente una cáscara hueca que corre el riesgo de colapsar, con el consiguiente peligro que este colapso representa para las poblaciones linderas. Otra de las demandas pasa por la reactivación de una planta metalúrgica local de gran relevancia para la zona, cuya principal actividad históricamente ha sido la minería.

Los reclamos abarcan, a su vez, la construcción de un aeropuerto internacional, al igual que el tendido de nuevos caminos para mejorar tanto la comunicación como el intercambio comercial del departamento para con el resto de Bolivia y países vecinos.

Luego de arduas negociaciones mantenidas entre los dirigentes potosinos y los representantes del gobierno nacional –llevadas a cabo durante los días 13 al 16 de agosto en la ciudad de Sucre– se alcanzaron a firmar una serie de acuerdos para la mayoría de las demandas presentadas por los potosinos. De esta forma, se acordó que una comisión mixta estará encargada de trabajar sobre el conflicto territorial con Oruro, se ratificó la declaración de prioridad nacional para la construcción de un aeropuerto y el Gobierno se comprometió a la reactivación de la planta de zinc y plata de Karachipampa. Sobre el pedido de estabilización del Cerro Rico, la decisión fue conformar un comité interinstitucional para estudiar su viabilidad. Quedando pendientes para su posterior tratamiento la construcción de nuevos caminos y rutas. Estos acuerdos fueron bien recibidos al interior de la población local, producto de lo cual se levantaron las huelgas y protestas, devolviendo la normalidad a las distintas localidades de Potosí.

Se debe tener en cuenta que el conflicto potosino se enmarca en un contexto más amplio de controversias al interior de Bolivia, las cuales van desde las críticas que realizan diferentes organizaciones indígenas hacia la política gubernamental de explotación de recursos naturales, hasta los reclamos sindicales que dieron inicio a una ola de reivindicaciones a nivel nacional encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) junto con otras federaciones.

Sin lugar a dudas, la política interna de Bolivia se ve por momentos convulsionada ante la escalada de protestas y reclamos para con el gobierno, provenientes de diversos sectores sociales, muchos de ellos sectores tradicionalmente aliados al proyecto político del Movimiento al Socialismo (MAS) que conduce Evo Morales. En particular, se destaca que Potosí es uno de los centros de apoyo electoral centrales de del actual primer mandatario, en el cual recogió el 78% de los votos durante las elecciones de diciembre pasado.

Justamente es este punto el que llama la atención a diversos allegados a la administración, y al propio Presidente boliviano, el cual calificó a la protesta de Potosí –previo acuerdo con los dirigentes de Comcipo– de “conspiración” contra su gobierno. Más allá de los motivos que desataron la crisis interdepartamental y la posterior movilización, no es menos cierto que otros actores, siempre latentes, han promovido la implementación de medidas de presión y el fomento de huelgas destinadas a desestabilizar al gobierno de Evo aún no desaparecen de escena y se muestran vinculadas con diversos sectores políticos y económicos opositores al proyecto del MAS.

¿Podrá el gobierno de Evo Morales contener y superar la fuerte conflictividad que por momentos se apodera de Bolivia? ¿Podrá el líder conservar su principal base social de apoyo ante el recrudecimiento de las demandas económicos–sociales insatisfechas? Son sólo algunas de las preguntas, y por lo tanto de los desafíos, que deberá afrontar la actual conducción nacional para definir el futuro y la continuidad del proyecto del MAS en el poder.

(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

Para contactarse con la autora haga clic aquí