En pleno contexto de campaña, la discusión sobre la Ley de Reforma de Salud en EEUU sigue siendo un tema candente. Mientras la Cámara Baja del Congreso, que se encuentra bajo control republicano, realizó su 33º intento de derogar la ley, una editorial del New York Times saca a la luz algunos datos sobre quiénes son y cómo se desempeñan algunos de los gobernadores más opositores a esta legislación
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Los estados con peor desempeño en materia de cobertura de salud son aquellos cuyos gobernadores han tenido una voz más fuerte en contra de los esfuerzos nacionales por mejorarla.
Una cuarta parte de los ciudadanos de Texas –6.3 millones de personas– se encuentran sin seguro de cobertura, por lejos el mayor porcentaje en todo el país (una cifra que incluye más de un millón de niños). Texas se ubica en último lugar en el área de cuidados pre natales y se posiciona también en el lugar más bajo en el escalafón nacional más reciente para medir la calidad de la cobertura global de salud, el cual examina factores tales como prevención de enfermedades, muerte por enfermedad y tratamiento contra el cáncer.
Aun así, el gobernador Rick Perry –extrañamente tan arrogante como solía mostrarse en los días de su intento de obtener la candidatura presidencial republicana– recientemente le dijo al gobierno de Obama que él orgullosamente rechazaría una gran infusión de dinero proveniente del programa Medicaid, el cual serviría para reducir significativamente esas vergonzosas estadísticas y brindar cobertura a 1.7 millones de personas más. La misma indiferencia ante el sufrimiento que en su momento empujó a Texas al fondo, ahora está amenazando con mantenerla allí.
Por lo menos cinco gobernadores más han tomado una decisión similar anunciando que no aceptarán expandir la cobertura del programa Medicaid a los pobres, aun cuando es el gobierno federal el que lo pagará casi en su totalidad durante varios años, de acuerdo a lo estipulado en la ley de Reforma de Salud de Obama.
Este rechazo hecha luz sobre la creciente división respecto de la naturaleza del rol de los gobiernos estatales. De acuerdo a un nuevo estudio, los estados a todo lo largo del país enfrentan crisis fiscales que se deben a los costos crecientes y a los recortes establecidos por los republicanos en el Congreso sobre la asistencia federal.
Mientras varios gobernadores y legisladores están a la búsqueda de nuevas fuentes de recursos, otros están utilizando la excusa de la recesión para ponerle fin a una larga tradición en la que los estados son la parada final para los más necesitados de la sociedad.
Durante el pasado año, por ejemplo, ocho estados han recortado o eliminado el pago de subsidios a los ciudadanos más pobres. Ocurrió la semana pasada en Pennsylvania, donde 61.000 ciudadanos –de los cuales casi la mitad de ellos además de pobres son discapacitados– fueron informados de que perderían, de un día para el otro, los 200 dólares mensuales en asistencia que el estado les pagaba, todo para ahorrar 150 millones de dólares al año. Tenemos las manos atadas por un presupuesto muy ajustado, les dijeron los funcionarios del área social a los asombrados (ahora ex) beneficiarios. No obstante, las manos del gobernador Tom Corbett no parecían muy atadas cuando otorgó 300 millones de dólares en recortes al impuesto sobre la renta a inicios de este mes.
El gobernador de Ohio, John Kasich, recortó millones del presupuesto de educación, pero cuando el estado se encontró con un superávit de 235 millones hace algunas semanas, anunció que sería destinado a la conformación de un fondo para periodos de emergencia, haciendo nada para afrontar la situación de salones de clase cada vez más numerosos. En Maine, el gobernador Paul LePage –que llegó a comparar a la Reforma de Salud con el Holocausto– firmó en el mes de Mayo un presupuesto que reduce o elimina las actuales coberturas de Medicaid, las cuales llegan a 21.000 personas.
El gobernador Perry también se opone al actual programa Medicaid y, en una reciente carta que envió a Washington, afirmó que esa expansión del programa representa "una descarada intromisión en la soberanía de nuestro estado" y que "amenazaba con llevar a Texas a la ruina financiera". La verdad es que Washington es el que paga los costos de la expansión del programa durante los próximos tres años (pasado ese tiempo, la carga para el gobierno federal se reduce un 10%). La osada resistencia de Perry puede sumarle puntos en su propio estado, pero es un verdadero golpe en el estómago para los millones que aún carecen de cobertura de salud en Texas, los cuales seguirán en esa situación.
Muchos gobernadores republicanos moderados están optando por un camino diferente. En una carta enviada al presidente el pasado jueves, el gobernador de Virginia, Bob McDonnell, director de la Asociación de Gobernadores Republicanos, afirmó que los estados deberían pensar detenidamente antes de rechazar el dinero de Washington. No obstante, se mantuvo en una posición crítica respecto de la reforma de salud y Medicaid y señaló, además, que rechazar la ampliación del programa creará una "significativa brecha de cobertura" entre los sectores de menores ingresos.
Pero por lo menos, hasta el momento, Virginia reconoce una obligación hacia sus ciudadanos más necesitados. Sería tiempo que Texas, Florida, South Carolina, Wisconsin, Iowa y Louisiana hiciesen lo mismo.
FUENTE: The New York Times
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