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El canciller argentino, Hector Timmerman, exigió al Reino Unido que se abra al diálogo sobre la cuestión Malvinas. Dijo que su propuesta busca soluciones por medios pacíficos para que las necesidades de países pequeños no sean ignorados.

El una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda, el ministro informó que la Argentina pagó más de 1.000 millones de dólares por capitales e intereses correspondientes a los bonistas que ingresaron al canje.

Un grupo de parlamentarios, economistas, periodistas, sindicalistas, activistas y catedráticos británicos se manifestaron a favor de la postura argentina contra los holdouts, al presentar una declaración de "solidaridad con Argentina contra los fondos buitre" en la Embajada de nuestro país en Londres.

El ministro de Economía expuso ante Naciones Unidas para explicar el conflicto con los fondos buitre y la deuda externa. "Argentina quiere seguir pagando pero no la dejan", afirmó y subrayó que el país pagó 192 mil millones de dólares desde 2003.

La reciente negativa de la Corte Suprema de Los Estados Unidos a aceptar el caso argentino, volvió a poner en primer plano la actuación contradictoria del Juez Thomas Griesa en la causa ¿Debería dársele tratamiento individual o colectivo a la problemática?

Entrevista al analista en geopolítica, Carlos Pereyra Mele. El especialista destacó la decisión argentina de hacer del conflicto una cuestión de Estado y de alcance regional.

El jefe de Gabinete destacó que los distintos bloques del Congreso así se manifestaron durante la reunión que encabezó junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini en en relación a los fondos buitre.

El Papa hizo referencia directa al sistema judicial al afirmar que los jueces deben evitar las "visiones personales" y sus "convicciones ideológicas" al emitir sus fallos.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar el tratamiento de la apelación presentada por Argentina habilita al juez de primera instancia Thomas Griesa a continuar con la aplicación del fallo dispuesto en febrero de 2012.

En Bolivia, los representantes de los 133 país señalaron que un fallo a favor de los holdouts implicará un "peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda".