Tras un largo debate, que llevo casi doce horas, el Senado nacional aprobó a medianoche el proyecto de ley de Hidrocarburos que envió el Ejecutivo al Parlamento, con 38 votos a favor y 28 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa contó con los votos del Frente para la Victoria y sus aliados y el rechazo de la oposición. Ahora pasó a Diputados, que lo trataría en las próximas semanas. En el final del debate, el presidente del bloque oficialista Miguel Pichetto dijo que “esta es una ley posible para crear un proceso de inversiones. Estamos en andarivel que se acerca a la realidad en términos reales. Es un nacionalismo de fines”.

A partir de esta norma, cuya redacción final contó con el acuerdo de las provincias petroleras, se adaptará la legislación a las nuevas formas de exploración y explotación unificando criterios entre los diferentes distritos. Además, le permitiría a YPF, la petrolera de mayoría estatal, mejorar las condiciones para atraer inversiones de eventuales empresas asociadas.

El senador Fuentes destacó que la reforma de la Ley “se da en el marco de una política de abastecimiento de hidrocarburos. Se trata de establecer una eficaz coordinación entre las provincias productoras y el estado para establecer una política unidireccional. El tratamiento igualitario, la transparencia y la inversión son la llave de acción para la explotación de los yacimientos".

En sesión especial, desde las 13, en la Cámara de Senadores se trató el proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos. El vicepresidente Amado Boudou estuvo presente en la apertura y en el cierre Las primeras palabras las pronunció el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes (FpV), quien destacó que “no hay conflicto en el mundo que no se pueda explicar con el intento de apropiación de fuentes energéticas”, y advirtió sobre “las potencias hegemónicas, que imponen condicionantes y limitaciones” sobre otros países. “De qué sirve tener recursos no convencionales en un desierto donde no hay acceso al agua”, se preguntó.

En la letra del proyecto, se contemplan concesiones por espacio de 35 años para los yacimientos no convencionales y de 30 años para los desarrollos offshore en la plataforma marítima argentina, entre otros detalles. Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Para las nuevas licitaciones, en tanto, se determina que "se suprimen las reservas de áreas", mientras que las empresas provinciales "podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión".

El senador Fuentes destacó que la reforma de la Ley “se da en el marco de una política de abastecimiento de hidrocarburos. Se trata de establecer una eficaz coordinación entre las provincias productoras y el estado para establecer una política unidireccional. El tratamiento igualitario, la transparencia y la inversión son la llave de acción para la explotación de los yacimientos. Esos tres requisitos están en el centro de este eje”. Y agregó: “Quiero destacar, entre los 14 puntos de la reforma, la uniformidad en materia tributaria, la modificación en los plazos de explotación y la creación de una autoridad de aplicación para establecer las prórrogas de las concesiones. Esos tres requisitos son fundamentales”.

Luego fue el turno de Ernesto Sanz (UCR), quien ponderó que “por primera vez en la historia, el Congreso discutirá una ley de hidrocarburos, aunque falta un plan estratégico”, destacando que lo que hubo antes siempre fueron resoluciones o normas aisladas. Allí se dio un contrapunto con Miguel Ángel Pichetto (FpV), para quien la nueva ley es crucial para atraer inversiones. “No es cierto que no hay un plan, porque estos últimos años existió un incentivo de industrias y se mantiene una tarifa de combustibles al ciudadano que es una de las más baratas de Latinoamérica. Asumamos esta discusión con profundidad y rigor, las provincias tenemos que fortalecernos en la negociación con las empresas petroleras. Y el Estado debe protegernos. Ese es el espíritu de esta reforma”, dijo y enfatizó: "La Ley de Hidrocarburos es el corazón de la política energética".

Durante horas, la oposición tomó la palabra y criticó la "inconstitucionalidad" del proyecto. Como respuesta, el senador chubutense Marcelo Guinle (Fpv) expresó que "es un acuerdo federal", que además de crear una ley de hidrocarburos que se adecúa a las necesidades de estos tiempos, abre el debate hacia una dinámica propia entre las provincias y la Nación porque "es un tema complejo", y agregó que a partir de esta reforma “está todo por hacer porque debe ir a las legislaturas provinciales para que manifiesten o no su acuerdo”.

Según su opinión, el país necesita de "acuerdos entre las provincias y el Ejecutivo para establecer una dinámica propia que oblige a las provincias a continuar con el debate en materia energética”. Por último, consideró que al escuchar a los gobernadores miembros de las provincias nucleadas en la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), aseguró que "no escuché a ninguno reconocer que no estaban convencidos de lo que estaban haciendo", y dijo que " hay una clara convicción de regular la concesión en materia de hidrocarburos".

Luego habló la senadora Laura Montero, del bloque radical, que expresó su desacuerdo en el avance de esta reforma en materia de hidrocarburos. Dijo que “estamos en un momento muy importante para discutir un régimen único de hidrocarburos, donde debemos amalagamar la situación de los intereses de las provincias con los de la Nación". Y agregó: "Debemos establecer reglas y herramientas que genere equilibrio y mecanismos de inclusión", respecto a la diferencia que el Ejecutivo mantiene con las provincias que sí adhirieron al OFEPHI.

Como una forma de respuesta, Aníbal Fernández (FpV) señaló que "no estoy de acuerdo con las versiones periodísticas sobre que los gobernadores miembros de la OFEPHI fueron amenazados por el Ejecutivo".También dijo que "no hay concesiones a perpetuidad" ya que " la autoridad de aplicación tiene la posibilidad de rescindir contratos". Y más tarde enfatizó: "Vamos a aprobar una nueva ley de hidrocarburos que comprenda las necesidades de todas las provincias". Ademàs, agregó que “estamos en un debate trascendente y defendemos las políticas públicas hacia el autoabastecimiento".

“UNA LEY BÁSICA Y FUNDAMENTAL”

El proyecto fue explicado y defendido la semana pasada en dos audiencias por varios funcionarios nacionales, como el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga; y por el director de YPF, Miguel Galuccio.

De Vido aseguró que la Argentina “necesita alcanzar el autoabastecimiento energético" y que de cara a ese objetivo, la nueva ley de Hidrocarburos va a ser "básica y fundamental". Zannini, en tanto, destacó que la iniciativa se haya logrado "mediante el acuerdo" con los gobernadores de las provincias petroleras ya que se logró un "régimen lo más uniforme posible en materia de medio ambiente y en materia fiscal".

Galuccio, en tanto, pronosticó que “esta nueva ley servirá para atraer inversores” porque “le brinda a la autoridad de aplicación herramientas para que sea más incisiva a la hora de buscar inversionistas” y advirtió que, en ese aspecto, Argentina debe competir con países como Colombia, México y Brasil.

Por su parte, la secretaria de Energía agregó que "todos los beneficios que se otorgan a la exploración costa afuera van a permitir entender que todos los argentinos tienen derecho a saber con cuántos recursos cuentan de cara al futuro".

LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LA REFORMA

El proyecto elaborado por el Ejecutivo fija nuevos plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina.

Además, durante el debate se introdujo un cambio al artículo 19 de la norma que establecen los porcentajes de hidrocarburos respecto de los cuales se aplicarán beneficios impositivos. Será del 20 por ciento en el caso de la explotación convencional y no convencional, y del 60 por ciento en el caso de la explotación costa afuera.

En ese sentido, aclara que la explotación off shore es aquella en la cual la perforación de pozos sea realizada en “locaciones donde la distancia entre el lecho marino y la superficie, medida en la ubicación del pozo, en promedio entre la alta y la baja marea supere los 90 metros”.

Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones, que además deberán pagar mensualmente regalías por un 12 por ciento, monto que los gobiernos provinciales podrán incrementar un 3 por ciento como máximo. La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.
 

FUENTE: Infojus