El Gobierno de Estados Unidos obtuvo los historiales de llamadas desde las oficinas de la agencia Associated Press, en lo que puede considerarse una interferencia de la Administración Obama con la libertad de prensa. AP informó este lunes que la decisión podría estar relacionada con una investigación para conocer quién reveló a la agencia datos sobre una operación de la CIA en Yemen que frustró un atentado en mayo de 2012.

La agencia ha calificado el incidente como “una intromisión masiva y sin precedentes” en el trabajo de los periodistas. “No hay justificación posible para una una recolección tan amplia de las comunicaciones de AP y sus reporteros”, afirma el presidente de la agencia, Gary Pruitt, en una carta enviada este lunes al Fiscal General, Eric Holder.

Pruitt explica que los historiales de llamadas tienen el potencial de “revelar comunicaciones con fuentes confidenciales involucradas en todas las actividades de AP durante un período de dos meses, dar a conocer el protocolo de funcionamiento de la agencia, así como información sobre actividades y operaciones que el Gobierno no tiene ningún derecho a conocer”.

El Gobierno ha tenido acceso al historial de llamadas durante los meses de abril y mayo de 2012 de hasta 20 líneas telefónicas en tres de sus oficinas, entre ellas las de Nueva York y Washington, donde trabajan más de 100 personas, según informa AP, que recibió el pasado viernes una notificación del Departamento de Justicia sobre estas actividades.

La agencia asegura que no han recibido respuesta gubernamental en cuanto a la razón para obtener esta información, pero lo relacionan con la investigación que lleva a cabo el Fiscal General en torno a la fuente que reveló a AP información sobre una operación de la CIA que frustró un atentado en el primer aniversario de la muerte de Bin Laden. En la lista de llamadas estarían las realizadas por los cinco reporteros y el editor que trabajaron en aquella noticia.

La Casa Blanca aseguró este lunes, a través de su portavoz, Jay Carney, que desconoce cualquier intento del Departamento de Justicia para obtener tal información de AP. “No tenemos ninguna implicación en las decisiones que se puedan tomar en relación con investigaciones criminales, ya que esos asuntos son gestionados independientemente por el Departamento”, dijo Carney.

La Administración Obama ha recibido duras críticas a lo largo de estos años por lo que muchos consideran un enfrentamiento abierto con la libertad de los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de proteger a una fuente anónima. El Departamento de Justicia ha abierto seis casos contra miembros del Gobierno que revelaron información a periodistas –muy por encima del historial de sus predecesores– y ha logrado enviar a prisión, por primera vez en la historia, a un exagente de la CIA, John Kiriakou, por desvelar la identidad de dos compañeros.

En el caso de AP, la agencia reconoce que negoció el retraso de la publicación de la noticia en mayo de 2012, ya que varios miembros del Gobierno alegaron que podía poner en peligro la seguridad nacional. Sin embargo, el día 7 del mismo mes, la información salió a la luz, revelando que la CIA había impedido un atentado en un avión procedente de Yemen, a pesar de que la Casa Blanca había afirmado previamente de que carecía de “información creíble acerca de planes de organizaciones terroristas como Al-Qaeda para atacar en EEUU”.

Políticos de ambos partidos han criticado el procedimiento de la Administración Obama. El senador demócrata Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial de la Cámara Alta, declaró a AP, que las acusaciones “son preocupantes” y que espera las explicaciones del Gobierno. El republicano Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, afirmó en CNN que el Gobierno “estaba obligado a buscar información en cualquier sitio antes de interferir con la libertad de prensa”.

La legislación federal estadounidense establece que el Fiscal General solo puede recabar esta información una vez que ha obtenido una orden judicial para ello y, en el caso de los medios de comunicación, debe ser aprobada personalmente por el Fiscal General. A pesar de que AP fue notificada el pasado viernes de que la información había sido obtenida a través de órdenes judiciales, desconocen si se siguió este procedimiento ya que la fiscalía de Washington rechaza “comentar acerca de ninguna investigación criminal abierta”, según declaraciones de su portavoz a AP.

La agencia asegura además que, al contrario de lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, nunca fueron avisados de la orden judicial antes de que el Gobierno accediera a la información, por lo que nunca pudieron negociar su entrega ni proteger a sus fuentes.
 

Relevamiento y Edición: Victoria Cerrano

FUENTE: El País