En los últimos 30 años se presentaron más de 50 proyectos que proponen modificar "el modelo punitivo" del aborto, sostuvo la organización en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemora mañana.
"Pese a esto, el tema se ha tratado tan sólo una vez en una comisión en (la Cámara de) Diputados, y nunca ha llegado al recinto", advirtió Amnistía Internacional en un informe en el que reclamó la despenalización de la interrupción del embarazo en América Latina.
Amnistía Internacional hizo un "enérgico llamado" a los jefes de los países de la región para que "demuestren su compromiso" con los derechos humanos con cuatro estrategias, entre las que mencionó garantizar educación sexual, acceso sin discriminación a métodos anticonceptivos, provisión de servicios de aborto y despenalizar la interrupción del embarazo.
En ese sentido, recordó que desde 2011 realiza una acción de recolección de firmas para "exigir" al Congreso de la Nación que incluya en la agenda parlamentaria "un debate serio y comprometido sobre despenalización del aborto en Argentina". "Despenalizar el aborto en la Argentina y el resto de América Latina es un compromiso con el derecho a la vida, a la igualdad y un imperativo de Derechos Humanos", expresó la entidad, y recordó que los gobiernos de la región firmaron hace un mes y medio el Consenso de Montevideo.
En ese sentido, afirmó que se acordó "prevenir y evitar el aborto inseguro" y los gobernantes instaron a considerar "modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes".
Los gobiernos de la región, sostuvo Amnistía Internacional, reconocieron que la penalización del aborto "provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos", porque "amenazar con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las disuade, pero sí las empuja a practicarse abortos clandestinos".
Amnistía Internacional hizo un "enérgico llamado" a los jefes de los países de la región para que "demuestren su compromiso" con los derechos humanos con cuatro estrategias, entre las que mencionó garantizar educación sexual, acceso sin discriminación a métodos anticonceptivos, provisión de servicios de aborto y despenalizar la interrupción del embarazo.
En Argentina, el aborto está penalizado por artículos del Código Penal pero establece, en incisos del artículo 86, que no es punible cuando el embarazo es producto de una violación.
En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires que implementen protocolos para la atención de abortos no punibles en el sistema de salud, en el marco de un fallo en el que consideró que la interrupción del embarazo no está supeditado a un trámite judicial en los casos contemplados en el Código Penal.
El presidente del bloque de senadores oficialistas, Miguel Angel Pichetto, confirmó en octubre de 2012 que trabaja en un proyecto de ley para reglamentar el aborto no punible, porque considera que "es necesaria una ley esclarecedora", pero advirtió que consultará al Poder Ejecutivo sobre el texto.
En la misma oportunidad el senador kirchnerista Aníbal Fernández sostuvo que la discusión sobre el aborto "se dará en algún momento".
En noviembre de 2011, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados analizó una iniciativa presentada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que impulsó la interrupción voluntaria del embarazo dentro las primeras 12 semanas de gestación, pero el tema no llegó al recinto de la cámara.
RELEVAMIENTO Y EDICION: Rafael Pansa
FUENTE: ElSol
