La tiranía del tiempo suele jugar algunas trapisondas que vinculan de manera notable la historia con el presente. En la misma semana donde se cumplía un nuevo aniversario de la recuperación de nuestro derecho a votar, abriendo una etapa que se deseaba pletórica de derechos, en la ciudad de Rosario se hacía público el escándalo de la policía santafesina pidiendo documentos a pre adolescentes y jóvenes a la salida de una escuela, con la posterior afrenta de funcionarios que lo justificaban. Para completar el cuadro, el presidente de la Nación Javier Milei no se privaba de acusar de golpista a Raúl Alfonsín a partir de su interpretación (forzada y antojadiza) de los hechos del diciembre trágico de 2001. Recorrido por días de olvidos y de una particular manera de fingir demencia. Pasen y vean. Quedan todos y todas formalmente invitados.
El triunfo de Maximiliano Pullaro se sustanció en esa ya vieja promesa de “Paz y Orden” que Omar Perotti no supo cumplir. En la situación de Santa Fe en general y en la de Rosario en particular (con sus alarmantes cifras de crímenes en los barrios de la ciudad), anidaba un deseo de orden que parecía haberse perdido y que el ex ministro de Seguridad, supo decodificar electoralmente.
La rápida baja de crímenes en la ciudad más importante de la provincia, con apoyo de las fuerzas nacionales y algo de logística de la provincia de Buenos Aires, pareció darle la razón a las flamantes autoridades que, no exentas de ciertas dosis de soberbia, tiraron de la soga más de la cuenta y jugaron a mostrar una bukelización que rápidamente encontró sus límites con el asesinato de cuatro ciudadanos inocentes.
Todo el entramado político comunicacional del gobierno de Unidos se estructuró bajo la premisa de un nuevo / viejo relato: el de una policía que debía ser reivindicada en su accionar cotidiano. En una misma línea con los postulados libertarios y lejos de reconocer la complejidad de la comunidad que administran, ambos gobiernos apuntaron al simplista esquema de que en la policía conviven los buenos y que en la calle, delincuentes y militantes políticos califican en el mismo rango ya que anidan los malos.
Empoderado por el éxito de la “política de seguridad” esgrimida, habiendo disciplinado ciertas luchas gremiales, con la buena sintonía (en parte) con el gobierno nacional y por una imagen positiva que se sostiene y se proyecta sobre el conjunto de sus colegas, el gobernador santafesino hace uso y abuso de una vinculación si se quiere perversa: esa de vincular derechos con privilegios.
La estrategia no es nueva ni es inocente. En una sociedad con altos niveles de empleo informal y con un creciente desempleo sobre el cual las voces oficialistas miran para el costado o simplemente comentan (cuantos funcionarios / analistas que pueblan la gestión), que un trabajador del Estado acceda a estabilidad laboral, vacaciones pagas, derecho a huelga y en algunos casos a salarios dignos, se parece y mucho, a una situación de excepcionalidad, la cual se refuerza con la sobre utilización de un discurso donde los privilegios siempre estarían de la mano de los trabajadores pero no, por ejemplo, de la evasión de las grandes empresas o de la inexistente progresiva carga tributaria que deberían tener (alguna vez) los ganadores de siempre.
El dispositivo se complementa con una forzada interpretación política de lo que representa el 58,4% de los votos que obtuvo Pullaro en la jornada del domingo 10 de setiembre de 2023. Dice el gobernador que los santafesinos lo votaron para ir contra los privilegios, sin temor al escalamiento de un conflicto con el Poder Judicial, el cual aparece como el mayor limitante y el más irritable para los intereses oficialistas, ya que no se desarrolla solamente en la pelea con jueces de la Corte Suprema que no gozan precisamente del respeto público, sino que se trajina en una disputa de pequeños conflictos cotidianos con los trabajadores del sector. Con el agregado original de una pauta publicitaria incluida que reivindica la independencia judicial.
Decimos lo de interpretación forzada, que en los hechos el hughense parece imaginar como un cheque en blanco, porque los ejes del proceso electoral que lo transformaron en gobernador, nunca se solidificaron sobre la base de limitar derechos a trabajadores o de armar un poder judicial a su antojo.
En el empoderamiento a la policía santafesina (esa misma que no es capaz de garantizar el orden público en un partido de futbol en el espacio reducido de un estadio con hinchadas de distintos clubes), los funcionarios de turno olvidaron de entender que las fuerzas de seguridad de estos confines del mundo podrán saber del control de la calle (ponele), pero siguen sin entender, cuarenta años después de haberse reiniciado la vida democrática argenta, los derechos civiles que nos alcanzan a los ciudadanos y ciudadanas en éste, nuestro país.
Sólo a un analfabeto político se le puede ocurrir que el pedido de documentos a preadolescentes y jóvenes que salen o entran a una escuela puede ser parte de la solución a los problemas de seguridad que existen en la provincia, en la ciudad o en un barrio en particular. Si, como se dejó trascender por allí, en la plaza frente al Complejo Gurruchaga conviven “transas” con vecinos y vecinas que moran en el barrio, bastaría con un sutil trabajo de inteligencia para detener a los responsables y no la requisitoria a alumnos.
Pero peor que la estupidez en sí, es la justificación de la misma. Y esto le cabe de manera inequívoca (entre otros) a Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien justificó la medida porque el control en la calle es un factor central en la prevención del delito. Dando por descontado que esto fuera así (no son pocos los especialistas que lo ponen en duda si es que se necesita andar pidiendo documentos a adolescentes), el hecho se parece más a un hostigamiento con un mensaje por elevación a vastos sectores de la comunidad, la cual, al parecer, activó a tiempo ciertos inhibidores para que nadie crea que la seguridad pueda lograrse a cualquier costo, violando derechos de niños y niñas.
En esta conjugación antojadiza de hechos del pasado que se resignifican con la cotidianidad del calendario, el presidente Milei no quiso perderse la oportunidad de mostrar la magnitud de su desdén por el conocimiento de la historia argentina. En un discurso brindado con motivo del aniversario de la Fundación Mediterránea en Córdoba, acusó a Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde de golpistas por haber perpetrado, según él, la caída de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.
A partir de allí, la respuesta del radicalismo en sus distintas versiones no se hizo esperar. Incluida la de aquellos que, sobreactuación mediante, negocian todo con el libertarismo olvidando aquella máxima alfonsinista que establecía que si una sociedad se derechizaba, el radicalismo debía prepararse para perder elecciones, pero nunca para limitar derechos.
En el discurso del primer mandatario parecen haberse omitido las razones que llevaron a la salida de su referente Domingo Cavallo y del propio De la Rúa. El fracaso de la Convertibilidad para finales de aquel año era evidente. Ni la declaración de la intangibilidad de los depósitos, ni el famoso megacanje que debía actuar como un sostén del modelo, fueron herramientas suficientes para calmar a una sociedad que en el reclamo combinó dos factores que no siempre son coincidentes (bah, casi nunca): el hambre y los ahorros.
De la Rúa a nivel nacional y Carlos Reutemann a nivel provincial fueron los responsables políticos de una treintena de muertes ocurridas en aquellos días trágicos. La impunidad de ambos marca los límites de la institucionalidad argentina, pero también los vaivenes de un electorado que luego legitimó con el voto popular al ex corredor de carreras, para convertirlo en senador en un par de oportunidades.
En este escenario una pregunta subyace en el aire. ¿Por qué traer al recuerdo el 2001? Aquí surgen tres factores que ni por asomo son excluyentes entre sí:
· Ignorancia. El libertarismo se estructura sobre el abuso de ciertas falsedades. Ya no hablamos de tener una visión distinta de los hechos, sino de negarlos o de cambiar su explicación causal de raíz.
· Justificación. No pocos funcionarios actuales integraron el gobierno de la Alianza. Patricia Bullrich conducía el ministerio de Trabajo responsable del inédito hecho de bajar sueldos y jubilaciones. Federico Sturzenegger propició el famoso Megacanje que endeudó a la Argentina en algo más de U$s 2.000 millones. En ambos casos, como en tantos casos, nunca se escuchó una autocrítica al respecto.
· ¿Lo que viene? En este ideario donde las fuerzas de seguridad son los buenos y los malos son los ciudadanos y las ciudadanas que luchan por valores contrapuestos a los que proponen los Pullaro y los Milei de la vida, se corre el riesgo de articular una acción represiva que se fundamentarían en los éxitos electorales. Al parecer, como si las comunidades no fueran afectadas por ciertas medidas y en coyunturas posteriores a las elecciones, siempre cambiantes y desafiantes, deberíamos acostumbrarnos a las fotos sepia de ciertos triunfos que jamás, ni en el éxtasis de los mismos, limitan el derecho a reclamar.
Años atrás, el respetadísimo Eduardo Rinesi, filósofo y politólogo que fue rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, supo interpelar a los sectores populares para que no aceptáramos mansamente que se nos arrebatara el sentido de la palabra República, de la cual se apropiaba una derecha que sólo creía en la misma desde ciertas formalidades como la del voto cada cierto espacio de tiempo.
Parafraseando al reconocido intelectual, tal vez el desafío de estos días pase por no aceptar que la idea de libertad se conjuga con hacer lo que a cada uno le piacce, sin tener en cuenta que, antes que nada, somos comunidad. Mamar la libertad y llevarla dentro del corazón exige entender, una vez más, que nadie se salva solo.
(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez
