Colombia no logró anoche que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara la convocatoria de una sesión extraordinaria de cancilleres para discutir el conflicto limítrofe con Venezuela, que cerró la frontera común y deportó a miles de colombianos asentados en la zona. Con 17 votos a favor de la convocatoria, uno menos del necesario, cinco en contra, once abstenciones y la ausencia de uno de los delegados, Bogotá no obtuvo la mayoría requerida para citar a la reunión.
Venezuela se oponía a la posibilidad de que se habilitara la sesión extraordinaria de cancilleres, al argumentar que la OEA no era el espacio para dirimir el conflicto diplomático, el que tendría mejor cabida en el seno de la Unasur, donde esta semana también habrá reunión de los países miembros para tratar el tema.
Tras once días de tensión en la frontera colombo-venezolana, la diplomacia empezó ayer, al fin, a ocupar su lugar, con la reunión en Washington de los embajadores permanentes ante la OEA. El encuentro surgió tras un pedido del gobierno de Bogotá, con la expresa intención de "informar a la región y analizar la situación de nuestros compatriotas deportados desde Venezuela".
Paralelamente, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, aseguraba en Montevideo que, tras una gestión de Caracas, el organismo abordará el jueves un temario similar al de la OEA.
En el encuentro de Washington los embajadores Andrés González (Colombia) y Roy Chaderton (Venezuela) hablaron con un lenguaje cuidosamente diplomático, mientras desde Vietnam, donde ayer concluyó una visita de dos días, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguraba que en Colombia hay una "campaña de odio" para asesinarlo y acusaba a su par, Juan Manuel Santos, de "hacer la vista gorda". Maduro aprovechó para pedirle a Colombia que "asuma su responsabilidad por la crisis en la frontera", iniciada el 19 de agosto, después de que tres soldados venezolanos fueran heridos por contrabandistas colombianos.
Tras la apertura de la sesión, González se extendió en explicar la posición de Bogotá y dijo que lamentaba la situación que viven los colombianos que residen en la frontera, "pese a que estos han sido amparados allí, como si fueran venezolanos, por las misiones sociales dispuestas por el gobierno de Caracas" en materia de vivienda, salud y trabajo. El reconocimiento de esta realidad no le impidió señalar que, a su criterio, "el gobierno venezolano comete un grave error contra familias enteras que son víctimas de la deportación".
Santos reiteró que Colombia sigue "apostando por la concertación y no por la confrontación".
Además del cierre de la frontera, Venezuela dispuso el estado de excepción en diez municipios de la región fronteriza del estado de Táchira y desplazó más de 2000 soldados para el combate al contrabando y el desarrollo de un plan de seguridad contra los grupos armados irregulares. Las operaciones dejaron hasta ayer un total de 1097 colombianos deportados y desplazados hacia su país, generando denuncias aún no probadas sobre violaciones de los Derechos humanos. Al respecto, Samper dijo que la Unasur propondrá algunas opciones que serán consideradas el jueves en la reunión de cancilleres del organismo.
Las más recientes cifras oficiales indican que, además, unos 6000 colombianos habrían decidido cruzar la frontera para retornar al país y anticiparse a la deportación. Ante esta realidad, el presidente Santos reiteró ayer que Colombia sigue "apostando por la concertación y no por la confrontación".
FUENTE: Tiempo Argentino
