Es la primera vez que las autoridades españolas detienen a funcionarios catalanes desde que la campaña en favor de la consulta de secesión empezó a ganar fuerza en 2011.
Conocida la noticia, cientos de catalanes furiosos se concentraron para protestar frente a las oficinas del gobierno en Barcelona.
Algunos manifestantes se sentaron en la calle para cerrar el paso a los vehículos policiales, mientras otros chocaban directamente con los agentes.
El presidente regional Carles Puigdemont calificó las operaciones policiales de “ilegales” y fustigó la “actitud totalitaria” del gobierno nacional.
Los allanamientos se centraron en los departamentos de economía y exteriores de la Generalitat, según la agencia de noticias Europa Press y otros medios, dentro de los esfuerzos del gobierno de detener todos los preparativos para la votación, convocada para el 1 de octubre.
La Generalitat confirmó que Josep María Jove, secretario general de asuntos económicos, estaba entre los detenidos.
Autoridades judiciales y policía declinaron dar detalles sobre la operación, indicando que un juez había decretado el secreto de sumario.
El presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que sigue resuelto a impedir que se lleve a cabo la votación. Dijo que ésta es contraria a la constitución y que “el estado tiene que reaccionar”.
“No hay ningún estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando”, dijo Rajoy, una posición compartida por la mayoría de los partidos de oposición.
En un comunicado, el Ministerio del Interior dijo que la Guardia Civil trabajaba para recabar pruebas dentro de las pesquisas sobre los preparativos del referendo.
El gobierno del conservador Mariano Rajoy ha emprendido varias batallas legales para impedir el referendo del 1 de octubre, convocado por la coalición independentista que gobierna Cataluña, en el nordeste de España.
Respaldado por la mayoría de los partidos de oposición, el gobierno afirma que el referéndum incumple la constitución y que si Cataluña quiere votar, primero debe trabajar para cambiar la Carta Magna.
El Tribunal Constitucional ha ordenado que se suspenda la votación mientras estudia su legalidad, pero las autoridades catalanas afirmaron que seguirán adelante de todos modos.
Cataluña supone una quinta parte de la economía española, de un billón de euros.
Sus 7,5 millones de habitantes apoyan de forma abrumadora la celebración de un referendo, aunque están divididos casi a partes iguales en la cuestión de la independencia.
FUENTE: AP
