Los funcionarios italianos se fueron a dormir el jueves con la seguridad propia de quien posee un sueldo y un puesto fijo para toda la vida, y se despertaron el viernes con la zozobra de cualquier trabajador en tiempos de crisis. A las dos de la madrugada, después de siete horas de reunión, el gobierno de Mario Monti aprobó un decreto ley destinado a ahorrar 26.000 millones de euros en los próximos tres años, dando un tajo sin contemplaciones al que considera gasto excesivo de la administración pública italiana. Así, enviará a sus casas a uno de cada 10 funcionarios, eliminará el 20% de los cargos directivos y reducirá a menos de la mitad el número de provincias —de 110 a 50—. Según explicó el primer ministro técnico, gracias a ese ahorro se podrá evitar la subida de dos puntos del IVA prevista para octubre —del 21% al 23%--, se creará un fondo para salvaguardar los derechos de 55.000 prejubilados afectados por la reforma de pensiones y se destinarán 2.500 millones de euros a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Pero, sobre todo, se pondrá el Estado a dieta y se sentarán las bases para que no vuelva a engordar.

Monti quiso aclarar que no se trata de un “corte lineal”, al tuntún, sino de una serie de intervenciones muy meditadas por una comisión creada al efecto y teniendo en cuenta, además, los 135.000 mensajes de correo electrónico enviados al Gobierno por ciudadanos preocupados por el derroche y la ineficiencia. La metodología —según se deduce de la información divulgada tras el consejo de ministros— ha sido la de calcular el peso ideal de cada una de las administraciones, teniendo en cuenta el gasto y los servicios que presta, para eliminar después la grasa por el procedimiento de urgencia. El ejemplo más claro es la reducción, antes de fin de año, de 60 provincias. Se crearán 10 nuevas “ciudades metropolitanas” —Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Florencia, Bari, Nápoles y Reggio Calabria— con el fin de evitar la duplicidad de funciones. Los recortes también afectan a Sanidad y Educación, aunque el Gobierno de Monti tuvo que dar marcha atrás a su intención de cerrar 216 pequeñas clínicas y eliminar 18.000 camas hospitalarias. Según el viceministro de Economía, Vittorio Grilli, la idea en esos sectores es frenar el derroche y racionalizará el gasto.

El objetivo declarado es ahorrar 4.500 millones de aquí a fin de año, 10.500 millones en 2013 y 11.000 millones en 2014. Si se tiene en cuenta que el actual gobierno técnico acabará su mandato en primavera de 2013, el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas deberá empezar a gobernar con un corsé muy ajustado. Y para toda la vida. Porque, a fin de cuentas, el decreto ley no solo establece la revisión de cada contrato de prestación de servicios, de cada alquiler de edificios oficiales o los mecanismos para derogar, llegado el caso, aquellos convenios que considere abusivos. Lo que el paquete de medidas persigue realmente es poner al estado del revés. Se acabó para siempre el concepto de papá Estado. De hecho, para uno de cada 10 funcionarios italianos se convertirá en un tirano. Según el decreto de Monti, los empleados públicos podrán ser puestos en “movilidad obligatoria”, esto es, enviados a sus casas con el 80% del sueldo base (mucho más bajo del que perciben trabajando) e incluso ser despedidos. El objetivo, no declarado abiertamente, es situar la cifra de funcionario por debajo de los tres millones. Ahora existen 3,3 millones para un país de 60 millones de habitantes. Los que tengan la suerte de conservar sus puestos de trabajo, marcará muy de cerca a los funcionarios que consigan conservar sus puestos de trabajo. Por tasar, ha tasado a la baja los metros cuadrados de cada puesto de trabajo —entre 12 y 20 metros cuadrados por empleado—, ha dejado en siete euros la ayuda para la comida y prohíbe expresamente renunciar a los días libres a cambio de dinero.

Otro tajo importante es el que se llevarán las regiones. El decreto ley prevé la reducción de las transferencias, 700 millones de euros en 2012 y 1.000 millones en 2013. El recorte a cada una de ellas se decidirá en función “de la virtuosidad y el exceso de gasto de cada una de ellas”. En cuanto a los ayuntamientos, dejarán de percibir 500 millones en 2012 y 2.000 millones en 2013. Queda fuera de los recortes la sanidad pública, después de que la filtración del primer borrador —que preveía el cierre de un buen número de pequeños hospitales— provocará una gran polémica. Sí tiene el Gobierno especial interés en recortar de forma visible los gastos en coches oficiales, hasta en un 50%, porque de alguna forma representan los privilegios de la clase dirigente en tiempos de crisis. El decreto establece asimismo la reducción de un 10% de la plantilla de las Fuerzas Armadas y una reorganización para hacer la Justicia más eficaz y menos costosa.

En este caso, no se trata de una medida tan enfocada a la reducción del gasto sino al funcionamiento eficaz. La ministra de Justicia, Paola Severino, declaró: “Esta reforma cambia la geografía judicial del país, que se quedó parada en la época de la unidad de Italia, cuando se viajaba en carrozas y no en trenes de alta velocidad”. Se prevé la reducción o fusión de 37 tribunales y 38 fiscalías de menor entidad y se suprimen las 220 “secciones de destacamento” y las oficinas de 674 jueces de paz. El personal será reubicado con el objetivo, según la ministra, de dar mejor servicio al ciudadano. La excesiva y lenta burocracia judicial italiana es una de las quejas recurrentes de los usuarios.

El gobierno técnico someterá el texto a la discusión del Parlamento a finales de julio. Aunque, por si algún partido piensa amargarle el verano, Mario Monti ya ha advertido: “No aceptaré vetos”.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Rafael Pansa 

FUENTE: El País