Son cinco los manifestantes muertos en el norte de Perú. Parlamentarios disidentes del oficialismo exigieron las renuncias del primer ministro y del titular del Interior por lo que calificaron de “manifiesta incapacidad para resolver la conflictividad social que existe en Cajamarca”.
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A cinco subió el número de muertos por la represión a las protestas en la norteña región de Cajamarca contra un millonario proyecto minero para explotar oro y cobre. Las muertes se produjeron por disparos de bala. A los tres muertos del lunes en la provincia cajamarquina de Celendín, cuando la policía y el ejército dispararon contra los manifestantes que atacaron el local de la municipalidad, se añadió el martes una cuarta persona durante choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en la provincia de Bambamarca. Y ayer se informó que falleció uno de los manifestantes que había quedado gravemente herido en las protestas del lunes. Los heridos superan el medio centenar.
Poco después de conocidas las nuevas cifras de víctimas fatales en las protestas contra el proyecto minero Conga, cuestionado por su alto costo ambiental, ayer cinco congresistas que hace poco renunciaron a la bancada oficialista exigieron las renuncias del primer ministro, Oscar Valdés, y del ministro del Interior, Wilver Calle, ambos militares en retiro. Por otro lado, ayer fue liberado el sacerdote y dirigente ambientalista Marco Arana, detenido el miércoles en Cajamarca. Arana denunció haber sido golpeado por la policía durante su arresto.
Los cinco parlamentarios disidentes del oficialismo exigieron en un comunicado las “renuncias inmediatas” del primer ministro y del titular del Interior por lo que calificaron de “manifiesta incapacidad para resolver la conflictividad social que existe en Cajamarca”. “Exigimos el fin de la política de represión y criminalización de la protesta social, condenamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas”, señala el comunicado firmado por los congresistas Verónika Mendoza, Rosa Mávila, Javier Diez Canseco, Jorge Rimarachín y Rubén Coa, que hace unas semanas renunciaron al oficialismo acusando al gobierno de Humala de haber tomado un rumbo represivo frente a las protestas sociales. En su comunicado, los cinco congresistas también invocaron a la población de Cajamarca a “no caer en provocaciones” y a “ejercer sus derechos en el marco de la serenidad y la calma” para evitar más muertes.
La bancada oficialista respondió defendiendo al gobierno y culpando a los dirigentes de la protesta en Cajamarca de promover la violencia. Las acusaciones del oficialismo, respaldadas por la derecha, apuntaron contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, una de las cabezas de la protesta. “El único responsable de esta violencia es Gregorio Santos y la fiscalía debería iniciar un proceso penal para detenerlo”, declaró el congresista oficialista Teófilo Gamarra. Santos, por su parte, ha acusado al gobierno por las muertes y exigido la renuncia de los ministros del Interior y de Defensa. El gobierno y los dirigentes de la protesta se acusan mutuamente de intransigencia y de frustrar un diálogo para buscar una salida a la crisis.
En Cajamarca se mantiene un estado permanente de protestas desde el 31 de mayo, cuando el gobierno le dio luz verde al proyecto minero y se convocó a un paro regional indefinido exigiendo su suspensión. El gobierno ha impuesto el estado de emergencia allí.
Luego de ser liberado ayer, el sacerdote Marco Arana, uno de los líderes de la protesta, acusó a la policía de haberlo golpeado “con puñetes y patadas en la nuca, la espalda, los riñones y el pecho” mientras estuvo detenido y exigió la suspensión del proyecto Conga. Dirigiéndose al presidente Humala dijo que la protesta de Cajamarca no será silenciada “con palos, balas y torturas”.
Frente a las exigencias para suspender el proyecto Conga, el presidente respondió que la aprobación de éste viene del gobierno anterior y que él está obligado a “respetar los compromisos asumidos por el Estado”, porque si no lo hace “se afectarían las inversiones en el país”. Humala asegura que el gobierno ha decidido la continuación de este proyecto luego de que la empresa Yanacocha, propietaria de la cuestionada mina Conga, se comprometiera a asegurar el abastecimiento de agua a la población de la zona con la construcción de reservorios artificiales que reemplacen a las lagunas que serán destruidas por la mina a cielo abierto.
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Rafael Pansa
FUENTE: Pagina/12