¿Es posible construir una Argentina libre de los lobbies de las corporaciones? ¿Se puede conducir un país sin someterse a los designios de los grupos de poder? Nos hacíamos esta pregunta cuando repasábamos los títulos periodísticos de la última semana.
La oposición le dio media sanción a un proyecto de ley por el cual se modifica la composición del Consejo de la Magistratura, el organismo que nombra, evalúa y sanciona a los jueces. No sólo aumentaron el número de miembros del Consejo sino que en su composición les dieron más poder a los abogados, a los jueces y a las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la corporación judicial.
Esta semana la soja cotizó en Rosario a 950 pesos por tonelada. Recordemos: cuando se desató el conflicto por la 125 la soja se pagaba cerca de 1.000 pesos la tonelada. Hubo una cosecha récord de 55 millones de toneladas de soja. No hubo sequía y en Santa Fe hubo rendimientos casi inéditos. Basta con ir a los pueblos del interior de Santa Fe para darnos cuenta de la nueva bonanza del campo, a la que se agregan buenos precios en la leche y en la carne. Sin embargo, la Mesa de Enlace y los diputados opositores quieren que se bajen las retenciones. Lo plantean al mismo tiempo que quieren aumentar las jubilaciones mínimas. Esto es, las corporaciones del campo empujan a la oposición a bajar impuestos cuando ellos quieren aumentar los gastos.
Los empresarios del campo no son mucho peores que las corporaciones de la industria. La Unión Industrial Argentina salió a criticar el intento opositor de financiar un aumento de las jubilaciones vía la restitución de los valores históricos de las contribuciones patronales y alertaron sobre el potencial riesgo sobre el empleo. En otras palabras, dijeron: “si aumentan las contribuciones patronales vamos a despedir gente”. ¿Suena amenazante, no?Pero no sólo se expresaron en esta semana las corporaciones judiciales, industriales y agropecuarias. También se expresó la corporación eclesial, que es muy distinta a la Iglesia–Pueblo de Dios en la que muchos creemos. La Iglesia–Corporación es la que apoyó todos los golpes de Estado. Es la que encubrió el terrorismo de estado. Es la que se opuso al divorcio. Es la que impidió las reformas educativas en los tiempos de Alfonsín. Es la que censura a los pedagogos que piensan distinto.
La Iglesia–Corporación, la institución a la que le preocupa más el poder que la fe, habló a través de su vocero, Jorge Bergoglio, quién comparó al matrimonio homosexual con una guerra contra Dios. Según Bergoglio, no se trata de una modificación al código civil de un país supuestamente laico, donde existe separación entre Iglesia y Estado. Comparar al matrimonio gay con una lucha contra Dios convierte al tema en una especie de guerra santa. ¿No es demasiado?
Si a estas presiones corporativas, que se expresan a través de políticos elegidos por el voto popular, le sumamos la continua presión de las corporaciones mediáticas que tratan de impedir la democratización de la comunicación que propone la Ley de Medios, el combo alcanza un volumen para nada despreciable.
Hay políticos que dicen que no se puede gobernar la Argentina sin un acuerdo con las corporaciones. Y para fundamentar su posición se remiten a la historia. Sin acuerdo con ellas, Perón fue destituido en 1955. Sin su apoyo, Illia no llegó al final de su mandato. Enfrentado con la Iglesia, con la Sociedad Rural y los barones de la Industria, Alfonsín no pudo manejar la Argentina. ¿Podrá Cristina lograr lo que otros no lograron?
Lamentablemente, muchos dirigentes políticos de la oposición no se dan cuenta y su afán por debilitar a la Presidenta los lleva a decirle sí a todo lo que plantean los grupos de poder. Se hacen sus voceros, sus empleados y, a veces, sus esclavos.
Cuando la política, que tiene que velar por el bienestar general, se transforma en felpudo de las corporaciones, la democracia tiembla. Cuando en nombre del voto popular se trabaja para el beneficio de unos pocos que siempre se salieron con la suya, se traiciona el pacto que une al representante con el representado.
Si ganan las corporaciones, llámese Clarín, Sociedad Rural, UIA o como se llame, no sólo Cristina, sino perderemos todos los que necesitamos que el estado nos proteja, nos cuide, equipare nuestros derechos y nos garantice el marco institucional adecuado para que la justicia social sea mucho más que una frase recurrente en los discursos políticos.
(*) Lic. en Ciencia Política - Director Ejecutivo de la Fundación para la Integración Federal, Rosario
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