Un avión de transporte militar de los EEUU intentó pasar un tercio de su carga sin declarar por el aeropuerto de Ezeiza. Entre ese material, una misteriosa valija desató un tire y afloje entre funcionarios de ambos gobiernos. Un análisis sobre la capacitación de las fuerzas de seguridad y de los circuitos de toma de decisiones.

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El pasado jueves, un avión de transporte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos arribó al aeropuerto de Ezeiza. Dentro de la aeronave venía un cargamento de material destinado a un curso de manejo de crisis y rescate de rehenes que personal de las fuerzas armadas de aquel país iban a dictar a los miembros del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF). El problema se desató cuando funcionarios de la Aduana detectaron que cerca de un tercio del contenido de la carga no había sido previamente declarado a las autoridades argentinas.

Esa carga no declarada (cuyo volumen aproximado llegaba a los mil pies cúbicos) comprendía fusiles de asalto, ametralladoras, repuestos para ese armamento y unos misteriosos bultos y una valija que fueron objeto de una disputa entre personal de la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por un lado; y funcionarios militares y diplomáticos estadounidenses, por la otra. La presidenta Cristina Fernández ordenó que todo el material se precintara y que a su apertura, al día siguiente porque ya había anochecido, asistiera en persona el ministro Héctor Timerman. Ante la reiterada negativa a revelar el contenido de esos bultos, Timerman ordenó abrirlos. Y allí aparecieron, además de más armas que no figuraban en la lista, sofisticados equipos de comunicaciones encriptados, hardware y software informático rotulado como secreto, y drogas narcóticas y estupefacientes.

Ahora, mientras el gobierno argentino aguarda las explicaciones de Washington y el Departamento de Estado exige la devolución del material incautado, el episodio dispara el análisis hacia dos rumbos diferentes pero no ajenos entre sí. Por una parte, se impone la pregunta central: ¿por qué un curso sobre rescate de rehenes destinado a una fuerza policial es dictado por efectivos militares norteamericanos? Porque convengamos, es positivo que una fuerza de seguridad se capacite para afrontar este tipo de situaciones. Pero los Estados Unidos tienen fuerzas entrenadas en rescate de rehenes que pertenecen a las fuerzas de seguridad. Son los conocidos equipos SWAT (siglas de Special Weapons And Tactics). ¿Por qué no son miembros de estos equipos quienes entrenen o capaciten a sus colegas de otros países en la peligrosa tarea de hacer frente a una toma de rehenes? ¿Por qué el avión que transportaba el material para el curso pertenecía a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la carga declarada estaba etiquetada como perteneciente a la 7º Brigada de Paracaidistas con sede en North Carolina?

Por otra parte, el hallazgo de drogas en la valija de "material sensible" mueve a otra clase de preguntas. Según se detalla en el acta celebrada por las autoridades argentinas las drogas existentes eran Epinefrina (un estimulante del sistema nervioso); Ketamina (droga alucinógena disociativa, que produce efecto anestésico y alucinaciones); Morfina sulfato (alcaloide que proviene del opio); Midazolam (sedante e hipnótico de efecto rápido); Naloxona (antagonista de la morfina, que se emplea en caso de intoxicación con esa droga); Oxicodona (un opiáceo sintético) y Nalbuphina (Analgésico opiáceo sintético, que produce una adicción muy fuerte). ¿Para qué se usan esta clase de drogas? Repasemos: varios opiáceos, alucinógenos disociativos, efectos alucinatorios. ¿Acaso se trata de drogas que pueden ser usadas en interrogatorios de prisioneros? Recordemos un ejemplo conocido. El famoso "suero de la verdad" que supuestamente provocaba que un prisionero respondiese las preguntas inhibiendo su capacidad de mentir, estaba compuesto por Pentotal Sódico. Una simple búsqueda por internet de los efectos de esta droga permite corroborar que produce efectos hipnóticos y anestesiológicos. Es decir, efectos similares a los de las drogas halladas en la "valija sensible".

Esto tiene que hacer que el gobierno argentino se replanteé seriamente qué clase de capacitación se está proporcionando a las fuerzas de seguridad. Como muy bien lo explica Horacio Verbitsky en la edición dominical de Página 12, una de las más arraigadas políticas de Estado de la Argentina es la taxativa separación de los roles de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad. La misma separación rige en Estados Unidos. Fue establecida en 1878, después de la guerra civil, por la ley Posse Comitatus, que a su vez reproduce una ley inglesa de 1411, y prohíbe el uso del Ejército como fuerza de seguridad, salvo en casos especiales autorizados por la Constitución o el Congreso. No obstante, el gobierno norteamericano ha enmarañado a lo largo de los años los roles de ambas fuerzas en naciones alrededor del mundo. En América Latina, especialmente, el caso colombiano y el mexicano son modelos paradigmáticos del involucramiento de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado. Involucramiento que no sólo ha sido un verdadero fracaso respecto del fin perseguido, sino que ha provocado decenas de miles de víctimas como resultado de los enfrentamientos.

Si vamos a permitir que las fuerzas especiales de la Policía Federal sean entrenadas por capacitadores militares norteamericanos, no sólo estamos violando el espíritu de la ley de seguridad interior de 1992 y de la ley de inteligencia de 2001, sino que también estamos capacitando a esas fuerzas en técnicas de interrogatorio que violan cuanta ley, convención o tratado sobre derechos humanos haya aprobado este país. Es una cuestión muy grave y alguien debe asumir la responsabilidad política del caso y terminar con estas prácticas de una vez y para siempre.

El otro costado del análisis tiene que ver con los circuitos de toma de decisión en el gobierno norteamericano. Hace varias décadas atrás, Graham Allison explicaba cómo es un error pretender explicar o comprender el accionar de un gobierno desde una óptica que implique un funcionamiento unificado y coordinado. Muy por el contrario, las competencias interburocráticas e interpersonales suelen ser los factores más habituales en la dinámica diaria de cualquier gobierno. En este caso en particular, la competencia entre el Pentágono y el Departamento de Estado a la hora de trazar las líneas de acción de la política exterior de los Estados Unidos, se hace claramente evidente.

La evidencia la proporciona el comportamiento de la embajada norteamericana en Buenos Aires en este incidente y en anteriores. Verbitsky relata nuevamente que en el mes de agosto de 2010 se iba a llevar a cabo un curso similar al que se realizaría en esta ocasión. Como ahora, un avión de la Fuerza Aérea traía el material necesario para impartirlo. Sin embargo, el curso debió postergarse debido a un incidente de las mismas características que el que se produjo ahora. En aquel momento fue la embajadora Vilma Martínez la que se negó a recibir el cargamento porque la numeración de las armas no coincidía con la del listado previo. "Esto es una vergüenza", dijo entonces Martínez, antes de devolver la carga a North Carolina.

En esta oportunidad, una vez conocidas las irregularidades, funcionarios de la embajada se hicieron presentes en Ezeiza y trataron de evitar que el "material sensible" fuese abierto por las autoridades argentinas. Sin embargo, una vez abierta la valija y constatado su contenido, los funcionarios de la embajada decidieron retirarse –pese al pedido oficial para que permanecieran allí– y no firmaron el acta. El jueves el agregado de defensa de la sede diplomática, el coronel Mark Alcott, dijo que no sabía que algo similar hubiera sucedido en ningún lugar del mundo.

Resulta difícil creer que si la embajada estuviese al tanto del contenido no declarado transportado en el avión no hubiesen opuesto una resistencia mucho mayor o el entredicho diplomático no hubiese sido más serio. Da la sensación de que ellos mismos, como se suele decir vulgarmente, "se comieron la curva". Es evidente que el Pentágono maneja su propia agenda y ni se molesta de tener al tanto a sus colegas en el Departamento de Estado de los movimientos que realizan. La impresión es que cuando vieron lo que contenía la valija deben haber pensado "que se arreglen ellos como puedan".

Desde luego, y como para no quedar como unos idiotas ante la prensa internacional, los voceros oficiales en Washington (en especial Arturo Valenzuela, el representante de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado) lamentaron el episodio y exigieron la devolución del material incautado en Ezeiza. Nuevamente, suena a una reacción tardía y tibia en virtud de la seriedad del incidente.

Por supuesto, nada de todo lo dicho exime a la máxima autoridad política en Washington, Barack Obama, de la responsabilidad que como Jefe de Estado le cabe sobre lo que hacen los funcionarios de su gobierno. Aún si lo hacen a sus espaldas.

En lo que a la Argentina se refiere, superada esta instancia dialéctica, será necesario replantearse los esquemas de capacitación de las fuerzas de seguridad. ¿Qué contenidos se les pretende impartir? ¿Quiénes los capacitadores? ¿Quiénes supervisan que los contenidos acordados sean realmente los que se terminan impartiendo? Da la sensación, por el material incautado en el avión estadounidense, que el programa de estudios incluía unidades que a la Secretaría de Derechos Humanos no le caerían demasiado simpáticas.

(*) Licenciado en Relaciones Internacionales. Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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