A poco de cumplirse el segundo año del rechazo a la resolución 125 se hace necesario abordar un análisis respecto de cómo terminó presentándose posteriormente el panorama para el sector agrícola y cómo hubiese sido la historia si el resultado de la votación en el Senado hubiese sido diferente.

Falta poco menos de un mes para que se cumplan dos años del voto no positivo de Julio Cobos, que enterró en el Senado el proyecto de implementación de retenciones móviles a la producción agrícola. Parece como si hubiese pasado mucho más tiempo desde aquellos momentos de extrema agitación política y social. Mucha agua corrió bajo el puente en estos meses. Y en una coyuntura mundial, donde Europa y los Estados Unidos se encuentran sumergidos en la peor crisis económica desde 1929, se hace imprescindible preguntarse, ¿qué habría pasado en la Argentina si se hubiese aprobado la tan cuestionada resolución 125?

Hagamos un poco de memoria. El proyecto de aplicación de retenciones móviles establecía que, a diferencia del sistema de derechos de exportación que rige actualmente –las denominadas retenciones fijas, en las cuales se aplica una única alícuota al valor exportado sin diferenciar entre productores e independientemente de la cotización– la resolución 125 establecía que las alícuotas variasen según la evolución internacional de los precios de estos productos; es decir a mayor precio mayor alícuota.

El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados establecía, además, algunos elementos claves para la defensa de los intereses de un arco determinado de productores: se realizaba una segmentación de acuerdo al volumen de toneladas cosechadas, diferenciando entre pequeños y grandes. Un primer segmento lo conformaban quienes producían hasta 300 toneladas. Un segundo grupo lo constituían aquellos que producían entre 301 y 750 toneladas. Un tercero los que iban desde 751 a 1500; y por último, los grandes, que producían a partir de las 1501 en adelante.

La alícuota aplicable variaba de acuerdo a la pertenencia a cada uno de estos grupos. Los pequeños afrontaban un menor rango, el cual iba creciendo según aumentaba el volumen de producción. La medida fue complementada con un régimen de compensación de costos de transporte para los productores de zona extrapampeana, es decir, aquellos que se encontraban a más de 500 km del puerto de embarque más cercano.

Hoy, dos años después del voto no positivo, ¿en qué situación se encontrarían los productores si el proyecto se hubiese transformado en ley? El análisis de la evolución de los precios internacionales de los productos agrícolas a lo largo de estos dos años arroja una respuesta contundente: en casi todos los casos, y especialmente en el de los pequeños productores, habrían obtenido una mayor ganancia bajo el régimen de retenciones móviles. En un informe elaborado por el economista Bruno Abriata de la Fundación para la Integración Federal, se da cuenta a las claras de esta situación. Allí se puede observar que debido a que los precios internacionales cayeron, con ellos habrían bajado también las alícuotas aplicables en cada caso. Si el proyecto de la 125 se hubiese aprobado, un productor de soja pampeano (entre el 1º y el 3º segmento) habría ganado un promedio de 20 dólares adicionales por tonelada. En el caso de aquellos productores extrapampeanos (también de los mismos segmentos), ajustado por compensaciones al transporte, habrían incrementado su ingreso en 50 dólares por tonelada.

No son pocas las voces que hoy se están haciendo la misma pregunta que nosotros. Políticos, periodistas e incluso muchos productores agropecuarios se plantean en qué situación se encontrarían actualmente si el desenlace de la historia hubiese sido otro. El principal error que cometió la masa de productores, pero principalmente sus dirigentes, fue creer que la espiral ascendente de los precios internacionales continuaría de manera indefinida. Que la tracción al alza que China generaba con su demanda de productos primarios no tendría fin. Y ese fue su principal error de cálculo.

En el escenario actual de crecimiento económico, reconocido aún por los críticos más enconados del gobierno, puso a los pequeños y medianos productores ante la inevitable pregunta de si sus intereses fueron bien defendidos por aquellas personas que afirmaban buscar lo mejor para ellos. Muchos llegaron incluso a la conclusión de que a lo largo del 2009, en medio del peor año para el crecimiento de la economía argentina, perdieron más dinero del que habrían ganado con la vigencia de la 125.

El vicepresidente Julio Cobos, tras manifestar su voto no positivo, afirmó, “que la historia me juzgue”. Muchos ya, lo están haciendo.

(*) Lic. en Economía - Economista de la Fundación para la Integración Federal

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