EL JUICIO
La cuestión de fondo es el pago de títulos de deuda que cayeron en default en 2001. En otras palabras, la justicia debe dictaminar cuánto, cómo y cuándo debe pagar Argentina por dicha deuda. Con el objetivo de incrementar la confianza y reducir las tasas, un importante volumen de deuda se había emitido bajo ley estadounidense. Esto significaba que, en caso de entrar en cesación de pagos, sería el sistema judicial de EE.UU. y no el argentino el que trataría el caso. El default de 2001 activó entonces dicho proceso, llevado adelante por el juez Thomas Griesa, y se fue complementando por una gran cantidad de intentos de embargo de activos del Estado argentino en el exterior por parte de los tenedores de deuda en default, siendo el más resonante de ellos el episodio que involucró a la Fragata Libertad en Ghana.
Las dos partes en litigio son el Estado argentino por un lado y los tenedores de deuda en default por el otro. La recesión de fines de los ’90 y las crisis de deuda en los mercados emergentes habían hecho derrumbar el valor de los papeles argentinos, y con el default quedaron a tan sólo un 20% de su valor nominal. Bajo la expectativa de perder el poco valor que les quedaba, muchos pequeños ahorristas que habían invertido en bonos argentinos malvendieron sus tenencias, que fueron adquiridas por fondos de inversión. Así, habiendo adquirido los papeles a un quinto de su valor facial, se podría obtener una tasa de ganancia del 100% negociando el cobro de sólo el 40% del mismo, y del 400% en caso de ir a juicio y cobrar la totalidad. Es por este comportamiento carroñero (aprovechar los despojos mórbidos dejados por la crisis en términos de títulos subvaluados) que dichos fondos fueron apodados “buitres”.
Sólo el 7% de la deuda original se encuentra en litigio. Tras los exitosos canjes de deuda de 2005 y 2010, el 93% de la deuda en default fue canjeada por nuevos títulos con una importante quita de capital. En estos canjes ingresaron tanto los tenedores de buena fe (a la expectativa de asegurar un cobro y evitar un juicio) como algunos fondos buitres (obteniendo ganancias del 100%). Buena parte de los bonos nuevos emitidos con los canjes se rigen por la ley norteamericana.
Sólo el 7% de la deuda original se encuentra en litigio. Tras los exitosos canjes de deuda de 2005 y 2010, el 93% de la deuda en default fue canjeada por nuevos títulos con una importante quita de capital.
¿En qué estado se encuentra el juicio hoy? Tras fallos de primera y segunda instancia en contra de la Argentina, nuestro país apeló le medida para que el caso sea tratado por la Suprema Corte de Justicia de EE.UU. Ahora las partes deben esperar a que dicho tribunal decida, primero, si toma el caso, y luego que se expida sobre la cuestión de fondo. Se espera que la Corte no tome una decisión sobre la primera cuestión antes del próximo año.
ESCENARIOS
El primer escenario que debe barajarse es el de la negociación directa. Algunos fondos buitres, como Gramercy y Fintech, ingresaron a los canjes de deuda, por lo cual no debe descartarse que los que aún mantienen en pie el juicio contra nuestro país (principalmente los fondos Elliot y Dart) acepten sentarse a negociar para finalmente habilitarles un nuevo canje. El escenario se bifurca en dos según las condiciones de repago negociadas. Si éstas son iguales o más leves que las de los canjes anteriores, Argentina se verá muy beneficiada: el monto a pagar es pequeño en relación a la capacidad de pago del país, y además, al salir del default, este pago podrá financiarse en el exterior sin mayores problemas. Distinto es el panorama si los términos de pago son más duros: en ese caso Argentina no sólo deberá pagar más a quienes litigaron sino que también deberá pagar a quienes ingresaron al canje la diferencia entre lo que ya recibieron y lo pactado en las nuevas condiciones. O sea, por cada dólar negociados por encima de las condiciones de los canjes anteriores, el gobierno deberá además abonar otros 13 para compensar a quienes ya habían ingresado, generando un fuerte salto en el gasto y la deuda del Estado.
Si la Corte rechaza el caso o ratifica los fallos de primera y segunda instancia, Argentina entraría en “default técnico”. El país se verá obligado a abonar el 100% del valor de nominal de los títulos defaulteados, más los intereses, y a su vez se gatillarán pagos a quienes entraron a los canjes por un valor aproximado a las quitas. Obviamente, ninguna economía estaría en condiciones de afrontar semejante erogación, por lo cual el gobierno argentino ya anunció que no acatará el fallo. Sin embargo, esto haría que EE.UU. embargue el dinero depositado para pagarles a quienes tienen títulos bajo ley de EE.UU., incurriendo Argentina en un “default técnico” con estos acreedores ya que, a pesar de depositarles el dinero para que cobren, se verían impedidos de hacerlo ya que la justicia norteamericana repartiría dicho dinero con los ganadores del juicio.
Sin embargo, esto no resultaría tan catastrófico como parece. Argentina puede ofrecer un canje por bonos idénticos a los que tienen sede judicial en EE.UU. pero con la sola diferencia de que sean pagaderos en otro lugar, como Argentina o un tercer país. Normalmente, todos los tenedores deberían entrar ya que la alternativa sería simplemente no cobrar su dinero, y Argentina quedaría a salvo del default técnico en dichos títulos. Por otro lado, el costo de desobedecer la decisión judicial se vería en el acceso al financiamiento externo, pero el mercado ya lo ha descontado en su mayoría y por otro lado Argentina ha mostrado voluntad y capacidad de pago de todas las deudas contraídas desde el 2003.
INTERESES Y APOYOS
Los posibles escenarios generan intereses en terceras partes para intentar ejercer influencia en el resultado final del juicio apoyando a uno u otro lado. Como el resultado final del juicio afectará a actores ajenos al litigio propiamente dicho, han surgido diversos incentivos para que aquellos busquen influir en el proceso judicial.
Los intereses en juego son de diversos tipos y se materializan en presentaciones “amicus curiae”. Desde el punto de vista económico y geopolítico, se destacan los apoyos de los gobiernos de Francia, México y Brasil a favor de Argentina, ya que Argentina les sirve más como un socio político y comercial y destino de inversiones que como un país agobiado por la deuda. Desde el punto de vista académico, Argentina cuenta con los apoyos del Nobel de Economía Joseph Stiglitz y la ex-directora del FMI Anne Krueger, debido al peligro que un fallo negativo tendría sobre el sistema financiero internacional y las economías emergentes: éstas quedarían atrapadas en una trampa de endeudamiento, ya que, de hacer caso a las demandas de los buitres, estas economías deberían endeudarse en demasía para salir de su anterior crisis de deuda. Y desde el punto de vista financiero, existe el apoyo de quienes poseen bonos bajo ley norteamericana y de toda la industria financiera de Nueva York: ocurre que un fallo a favor de los buitres haría caer los bonos de los primeros en default y perjudicaría a los segundos al hacer que Nueva York deje de ser la plaza utilizada para reestructuraciones de deuda. Y esto en particular afectaría al Bank of New York, encargado de efectuar los pagos a quienes hoy poseen bonos argentinos, ya que pesarían sobre sí, de manera simultánea, la obligación de pagar a los tenedores de deuda reestructurada y la sentencia judicial sobre la deuda en default.
Desde el punto de vista económico y geopolítico, se destacan los apoyos de los gobiernos de Francia, México y Brasil a favor de Argentina.
ESTRATEGIAS
Aventurar sobre posibles estrategias requiere contemplar qué tienen para ganar y perder cada uno de los actores con sus acciones. La probabilidad de una salida negociada aumentará en la medida que la probabilidad de una solución favorable a los buitres en el corto plazo disminuya. Es decir, si la expectativa es que la Corte fallará a favor de Argentina, que dilatará los tiempos del caso o simplemente que Argentina conseguirá la manera de no acatar un fallo en su contra, entonces los buitres se verán forzados a negociar para obtener alguna ganancia.
Así, la posibilidad de que Argentina termine pagando la totalidad de lo que los buitres reclaman parece remota. Al país no le conviene y tampoco estará jamás en condiciones de hacerlo ya que ello gatillaría pagos adicionales por varias decenas de miles de millones de dólares, en tanto que a los buitres tampoco les conviene insistir eternamente con el pago del 100% del valor de los títulos ya que estos fondos son, en definitiva, instituciones con fines de lucro, y su éxito dependerá de su capacidad de maximizar el valor presente de sus activos. Si la probabilidad de cobrar disminuye o parece muy lejana en el tiempo, a los buitres les terminará siendo conveniente sentarse a negociar algún esquema de pago con quita factible para Argentina.
En definitiva, todo parece indicar que Argentina se jugará a todo o nada y los buitres se verán forzados a negociar. Un canje voluntario de títulos parece en principio permitirle al país desoír el fallo de la Suprema Corte, con lo cual tarde o temprano los buitres tendrán que elegir entre la oferta argentina o nada.
(*) Master en Economía de la Universidad de Ginebra - Investigador de la Fundación para la Integración Federal
