Durante cuatro décadas, la doctrina predominante en Estados Unidos fue que las corporaciones deben maximizar el shareholder value: el valor para los accionistas (es decir, las utilidades y los precios de las acciones) aquí y ahora, a como dé lugar, sin importar las consecuencias para los trabajadores, los clientes, los proveedores y las comunidades. Así que la declaración de apoyo a un capitalismo de “partes interesadas” (stakeholders), firmada a principios de este mes por casi todos los miembros de la organización empresarial estadounidense Business Roundtable, causó bastante revuelo. Al fin y al cabo, son los directores ejecutivos de las corporaciones más poderosas de Estados Unidos, y están diciendo a los estadounidenses y al mundo que una empresa no se reduce a sus resultados financieros. Es un giro bastante radical. ¿Será verdad?
El ideólogo del libre mercado y premio Nobel de Economía Milton Friedman tuvo un papel influyente no sólo en la difusión de la doctrina de la primacía de los accionistas, sino también en conseguir que se incorporara a la legislación en los Estados Unidos. Llegó a decir que hay una “única responsabilidad social de las empresas: usar sus recursos para participar en actividades diseñadas para incrementar sus beneficios”.
Lo irónico es que poco después de que Friedman promulgó estas ideas, y allá por el tiempo en que se popularizaron e incorporaron a las leyes sobre gobernanza corporativa (como si se basaran en una teoría económica sólida), Sandy Grossman y yo, en una serie de artículos de fines de los setenta, mostramos que el capitalismo de los accionistas no maximiza el bienestar social.
Esto es evidentemente cierto cuando hay externalidades importantes como el cambio climático o cuando las corporaciones envenenan el aire que respiramos o el agua que bebemos. Y es evidentemente cierto cuando promueven el consumo de productos nocivos para la salud, por ejemplo bebidas azucaradas que contribuyen a la obesidad infantil o analgésicos que desatan una crisis de opioides, o cuando explotan a personas incautas y vulnerables, como la Universidad Trump y muchas otras instituciones estadounidenses de educación superior con fines de lucro. Y es cierto cuando se aprovechan del poder de mercado, como hacen muchos bancos y empresas tecnológicas.
Pero es cierto también en un sentido más general: el mercado puede impulsar a las empresas a ser imprevisoras y no invertir lo suficiente en los trabajadores y en las comunidades. Así que es un alivio que dirigentes corporativos, presuntamente dotados de una comprensión profunda del funcionamiento de la economía, finalmente hayan visto la luz y se hayan puesto al día con la economía moderna, aunque les haya llevado unos cuarenta años.
Ahora bien: ¿creen realmente estos dirigentes corporativos en lo que dicen, o es su declaración un mero gesto retórico frente a la reacción popular contra numerosos abusos? Hay motivos para pensar que no están siendo muy sinceros.
La primera responsabilidad de las corporaciones es pagar sus impuestos; pero entre las que suscribieron la nueva visión corporativa hay algunas de las empresas estadounidenses que más eluden impuestos, por ejemplo Apple, que a todas luces sigue usando paraísos fiscales como la isla de Jersey. Otras apoyaron el paquete impositivo promulgado en 2017 por el presidente estadounidense Donald Trump, que mientras reduce impuestos a corporaciones y milmillonarios, los aumentará para la mayoría de los hogares de clase media y dejará a varios millones de personas más sin seguro médico cuando se complete su implementación. (Esto, en un país con el mayor nivel de desigualdad, los peores indicadores sanitarios y la menor expectativa de vida entre las grandes economías desarrolladas.) Y aunque estos dirigentes empresariales defendieron la tesis de que la rebaja de impuestos generaría inversiones y aumentos salariales, los trabajadores recibieron migajas. La mayor parte del dinero no se usó para la inversión, sino para la recompra de acciones, que sólo sirvió para forrarles los bolsillos a accionistas y ejecutivos con planes de incentivos basados en acciones.
Un auténtico sentido de responsabilidad más amplia llevaría a la dirigencia corporativa a apoyar una normativa más rigurosa que proteja el medioambiente y la salud y seguridad de sus empleados. Unas pocas empresas automotrices (Honda, Ford, BMW y Volkswagen) lo hicieron, y apoyan normas que son incluso más estrictas que las que quiere el gobierno del presidente Trump (que está ocupado en deshacer el legado medioambiental del expresidente Barack Obama). Hasta hay ejecutivos de empresas de gaseosas que al parecer se sienten mal por su contribución a la obesidad infantil, que como saben, suele provocar diabetes.
Pero aunque muchos ejecutivos quieran hacer lo correcto (o tienen familiares o amigos que quieren hacerlo), saben que no todos sus competidores harán lo mismo. Hay que emparejar el terreno de juego para que las empresas con conciencia no queden en desventaja frente a las irresponsables. Por eso muchas corporaciones quieren normas contra el soborno y reglas que protejan el medioambiente y la salud y seguridad de los trabajadores.
Por desgracia, esto no incluye a muchos de los grandes bancos, cuya conducta irresponsable produjo la crisis financiera global de 2008. Apenas aprobada la Ley Dodd‑Frank (2010) de reforma financiera, que fijó normas más estrictas para reducir la probabilidad de repetición de la crisis, los bancos ya estaban trabajando para lograr la derogación de sus disposiciones clave. Uno de esos bancos fue el JPMorgan Chase, cuyo director ejecutivo es Jamie Dimon, presidente actual de Business Roundtable. Previsiblemente, dada la influencia del dinero en la política estadounidense, los bancos tuvieron bastante éxito. Y un decenio después de la crisis, algunos todavía pelean en los tribunales contra las demandas planteadas por víctimas de su conducta irresponsable y fraudulenta: esperan que su capacidad económica les permita aguantar más que los demandantes.
Por supuesto que la nueva postura de los directores ejecutivos más poderosos de Estados Unidos es bienvenida. Pero habrá que esperar hasta saber si es otro truco publicitario o si realmente creen en lo que dicen. Mientras tanto, necesitamos una reforma legislativa. Las ideas de Friedman no sólo dieron a ejecutivos codiciosos una excusa perfecta para hacer lo que siempre habían querido hacer, sino que también produjeron leyes de gobernanza corporativa que incorporaron el capitalismo de accionistas al marco legal de Estados Unidos y de muchos otros países. Eso debe cambiar, para que las corporaciones no tengan sólo la opción, sino también la obligación real, de pensar en los efectos de su conducta sobre otras partes interesadas.
(*) Joseph Stiglitz es Premio Nobel de Economía, Profesor en la Universidad de Columbia y Economista Jefe del Instituto Roosevelt.
FUENTE: Project Syndicate
