Últimamente se ha ido consolidando una corriente de intelectuales que, en sus intervenciones públicas, combina reclamos clásicos de la izquierda, como el rechazo a ciertos poderes económicos, con otros propios del liberalismo, como la división de poderes. El resultado es un planteo cargado de contradicciones

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En forma creciente, y en buena medida como resultado de su oposición al kirchnerismo, se ha ido consolidando en Argentina una corriente de crítica y pensamiento político que se podría denominar "progresista liberal". Esta corriente presenta algunos tópicos clásicos de la izquierda, como –por ejemplo– un cuestionamiento a determinados poderes económicos y a la represión estatal a las organizaciones populares, combinados, en grado variable, con postulados más propios de la tradición política liberal: la denuncia contra la concentración de poder institucional en la Presidencia, la marginación del Congreso en la arena de toma de decisiones políticas y el poco respeto al funcionamiento genuino del federalismo. Ejemplo de esta matriz de pensamiento que ha tomado vigor este año lo constituyen intelectuales como Beatriz Sarlo. Quizás la muestra más sucinta de esta postura se encuentre en el texto "Reflexiones sobre la desigualdad" firmado por Maristella Svampa y Roberto Gargarella (1). Estos dos investigadores, junto a Sarlo y otros, conformaron el grupo Plataforma 2012. Asimismo, el más reciente agrupamiento de intelectuales y periodistas contra el supuesto tinte nacionalista del renovado reclamo argentino sobre Malvinas, que incluye a algunos de los mismos nombres (aunque no a Svampa) parece abrevar en las mismas fuentes del progresismo liberal. En este artículo señalo, basándome en razones históricas y teóricas, algunas contradicciones importantes en esta cosmovisión política. Argumento que, más allá de la coyuntura (y del kirchnerismo), en última instancia el progresismo liberal alberga una visión muy cándida sobre la posibilidad de complementar la tradición liberal con las corrientes políticas populares y de izquierda.

MEZCLA DE TRADICIONES

En el artículo mencionado, por ejemplo, Svampa y Gargarella denuncian las desigualdades económicas imperantes en materia de salud y educación entre las provincias argentinas, o de acceso general a la vivienda, e impugnan la connivencia del gobierno actual con las grandes empresas mineras, petroleras, exportadoras de granos y otras. En ese texto se condena también la conocida violencia ilegal que ejercen muchas policías provinciales. Al mismo tiempo, sin embargo, Svampa y Gargarella señalan cuestionamientos más generales típicos del recetario político liberal, como la "inédita concentración de poderes sobre la Presidencia", a la que se califica de "monacal", y la escasa participación del Congreso en la toma de decisiones. La imputación por la falta de federalismo, por los "modos verticales" de hacer política que impone la Presidencia y el control político del Poder Judicial, suelen ser también temas típicos en la agenda del progresismo liberal –de hecho, el documento original del colectivo Plataforma 2012 habla del "centralismo unitario" en la Argentina actual–.

Uno podría hacer una objeción de orden político-coyuntural a tales planteos. Cuestionar, por ejemplo, que los grandes grupos de medios concentrados o las organizaciones patronales agrarias (que uno supone tan adversos a un orden igualitario como las grandes empresas mineras) suelen estar menos mencionados en las denuncias que se realizan desde el progresismo liberal. No obstante, no es el estilo de crítica que me interesa formular aquí. Toda elaboración real y no testimonial de un proyecto político transformador en democracia elije algunos adversarios más que a otros, incluido el kirchnerismo. Me parece más relevante reflexionar sobre las implicancias teóricas, históricas y prácticas de este discurso de cuño progresista liberal.

Podríamos empezar señalando lo obvio: la tradición de izquierda de raíz marxista, donde uno esperaría que se apoyen intelectuales que se dicen críticos, dice poco acerca de los problemas de la concentración del poder político en el Ejecutivo y la defensa del rol del Congreso o el Poder Judicial. Como es bien sabido, los marxistas originarios estaban más preocupados por las desigualdades emergentes de un orden capitalista estructurado en torno de la propiedad privada y el trabajo formalmente "libre" que por los avatares del Congreso o los poderes ejecutivos fuertes. La lucha por esos postulados dentro de un orden democrático-legal nunca fue patrimonio del marxismo originario, pero tampoco ocupó demasiado espacio en el acervo teórico de sus herederos en el marxismo occidental, ya sea en la tradición alemana o italiana. Difícilmente encontremos en textos de Rosa Luxemburgo, Kautsky o Gramsci elogios a los ejecutivos débiles o arengas sobre la necesidad de parlamentos fuertes frente a los gobiernos una vez que la izquierda acepta el orden democrático-legal burgués. Las prioridades eran otras.

Pero si salimos de las preocupaciones teóricas marxistas y nos vamos a la práctica política de los partidos socialistas herederos de la Segunda Internacional, veremos que la consolidación de los avances de derechos sociales se dio en marcos de concentración de poder en el Ejecutivo y de hegemonía parlamentaria, más que en escenarios de presidencias débiles y pluralismo en las legislaturas. El famoso Pacto de Saltsjobaden en Suecia en 1938, donde esencialmente el sector empresario acepta las bases del futuro Estado de Bienestar, fue consecuencia de la amenaza revolucionaria por parte del SAP (el partido socialdemócrata europeo más fuerte en la primera parte del siglo XX después del alemán) a la propiedad privada y su control casi mayoritario del Parlamento. Los grandes momentos en la ampliación del Estado de Bienestar en el norte y el centro de la Europa de posguerra tienen que ver más con el avance hegemónico de la socialdemocracia o el laborismo (a veces en alianza con los partidos democristianos) que con la independencia judicial o el rol de parlamentos autónomos del Ejecutivo.

Si cruzamos el Atlántico la cuestión es aun más evidente. El New Deal, el movimiento más importante de ampliación de derechos sociales como la jubilación y el empleo en Estados Unidos, fue impulsado por un Poder Ejecutivo liderado por Franklin Roosevelt, que se enfrentó duramente (¡y por partida triple!) a los reclamos de muchos estados (provincias en EE.UU.), a una Corte Suprema favorable a los intereses empresarios y al Congreso, todos los cuales defendían de algún modo el statu quo de derechos sociales restringidos. Las batallas de Roosevelt en su proceso de ampliación de derechos contra cada una de estas instituciones que encarnan el dogma liberal, incluyendo sus presiones para la remoción de la vieja Corte Suprema, fueron memorables. Con los argumentos del progresismo liberal argentino, Roosevelt hubiera sido tachado sin dudas de hegemónico, verticalista y discrecional (2).

Finalmente, la experiencia histórica en América Latina en lo que concierne a la ampliación de derechos no es muy diferente. Cuando uno mira la política real, los dos movimientos nacional-populares que encarnaron la expansión de derechos electorales y sociales en Argentina, el yrigoyenismo y el peronismo, tuvieron una impronta centralizadora muy fuerte en la Presidencia, tanto frente a las provincias como frente a la Corte Suprema o el Congreso. Lo mismo podría decirse de otras experiencias latinoamericanas, como el cardenismo en México o el varguismo en Brasil, que a su manera significaron el primer gran estadio de inclusión social en estos países: fueron, antes que nada, experiencias de fuerte consolidación del poder estatal centralizado.

En resumen, la experiencia histórica muestra no solo el más obvio y tradicional divorcio entre la raíz teórica del pensamiento marxista y los postulados políticos liberales, sino también que los grandes momentos de ampliación de derechos en Europa y América estuvieron caracterizados por ejecutivos concentrados y hegemónicos frente a las legislaturas, y por la centralización del poder político frente a las periferias regionales, especialmente en países federales como Estados Unidos, Argentina, México o Brasil, y no por la preservación dogmática de principios liberales como la autonomía del Congreso o del Poder Judicial, o los derechos políticos de las unidades territoriales.

Lo anterior no implica justificar, desde luego, todos los atropellos que las experiencias de izquierda o nacional-populares hicieron contra los sistemas liberales de control político y, mucho menos, un desprecio absoluto por los mecanismos de la democracia política inherentes a la tradición liberal. Los movimientos emancipatorios de este lado del mundo han aprendido, y trágicamente, de la experiencia de los años 70 y de los riesgos de menoscabar los mecanismos formales de la democracia electoral y el Estado de Derecho. Se trata más bien de asumir con madurez las obvias tensiones entre las demandas de mayor pluralismo político por un lado, y el combate contra los poderes económicos y la desigualdad por el otro. Como sabe cualquier estudiante de ciencia política que haya leído El Federalista de Madison, Hamilton y Jay—verdadera Biblia del liberalismo político moderno—, los mecanismos de "frenos y contrapesos" (como el control político a la Presidencia desde el Congreso, el Poder Judicial o las autonomías federales) fueron pensados en su origen histórico para conservar el statu quo y el poder de los propietarios ante la posibilidad de un Ejecutivo democrático-mayoritario, más que como instrumentos para prevenir la desigualdad.

PROCESOS REALES

El logro de la democracia política, la vigencia del Congreso y el Estado de Derecho tienen que ser parte, por supuesto, del menú de demandas de los movimientos populares. Pero una vez que el Estado de Derecho está vigente, como es el caso de la Argentina actual, seguir insistiendo en la autonomía del Congreso y la concentración de poder institucional en el Ejecutivo, o en la crítica al "centralismo unitario" como demandas prioritarias implica, en primer lugar, adosarles a los movimientos populares o de izquierda banderas que no les son propias, como lo muestran las visiones teóricas y las experiencias históricas recién revisadas. Segundo, y quizás más importante, hacen que cualquier movimiento reivindicativo termine pareciendo superfluo o testimonial. ¿Cómo combatir los poderes económicos establecidos sin un Poder Ejecutivo institucionalmente fuerte y concentrado para dar esa batalla?¿Cómo intervenir en las policías provinciales asesinas y a la vez denunciar el centralismo unitario, si la autonomía provincial es precisamente la piedra basal de esos mecanismos perversos?¿Se puede atacar la minería contaminante o la desigualdad del acceso a derechos entre provincias y al mismo tiempo potenciar el rol de un Congreso donde las provincias mineras están sobrerrepresentadas en la Cámara de Diputados, y tienen cada una tres bancas en la Cámara de Senadores a pesar de su escasa población?

No es casual que, en la política real, los procesos políticos populares y pos-neoliberales en América Latina hayan originado tensiones entre los presidentes que encarnan la nueva ampliación de derechos sociales, y los congresos, las constituciones escritas, las cortes y las autonomías federales –todas instituciones caras a la tradición liberal–, especialmente por tratarse de sistemas presidencialistas, donde esos elementos ponen muchos más obstáculos a las mayorías populares gobernantes que en el parlamentarismo europeo. Allí donde más radicales fueron los intentos de transformación social y los desafíos al establishment económico (más allá de lo acertado de su contenido puntual), como en los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina, más conflictos hubo con las instituciones liberales tradicionales.

Por ejemplo, todos los gobiernos que impulsaron leyes contra la gran prensa entraron en tensión con sectores del Poder Judicial establecido. En los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, solo mediante reformas totales o parciales de las constituciones escritas pudieron los nuevos presidentes relegitimarse en el Congreso y consolidar su (muchas veces precario) poder frente al establishment político y económico vigente. Los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina se enfrentaron con los reclamos de "autonomía federal" de regiones económicamente privilegiadas, ya se trate de Guayaquil, Zulia, el oriente boliviano o las provincias sojeras. En cambio, allí donde el progresismo se limitó a ampliar algunas políticas sociales, como en Brasil o en Chile, pero no hubo ni políticas para desconcentrar los grandes medios audiovisuales, ni activación sindical o de movimientos sociales, ni apropiación gubernamental de la renta de recursos naturales vía retenciones u otros mecanismos, los conflictos con los poderes institucionales que encarnan la tradición liberal fueron mucho menores.

CONTRADICCIONES

El progresismo liberal argentino junta inocentemente tradiciones políticas en suma tensión en pos de la crítica a un gobierno puntual. Así, aun aquellos con las mejores intenciones contaminan innecesariamente la tradición inclusiva y popular con elementos que no le son prioritarios, y en algunos casos ajenos. Dicho de otro modo, una vez asegurado el piso imprescindible de democracia política y Estado de Derecho, la política de los movimientos populares y la izquierda deben apuntar a consolidar un poder político central y transformador. La teoría y la experiencia histórica en los procesos democráticos demuestran que la ampliación de derechos sociales generalmente va desde Ejecutivos fuertes hacia el Congreso y el Poder Judicial, y desde el poder estatal central a las periferias federales, y no al revés. Postular acciones decisivas contra el poder económico y la desigualdad material, y a la vez invocar principios liberales clásicos acerca del poder concentrado de la Presidencia, el rol del Congreso y la autonomía federal, es hacer de la izquierda y la crítica un simple enunciado de buenas intenciones.

1. Página/12, 15-1-12.

2. Por supuesto, en ocasiones una "institución liberal clásica" como el Poder Judicial ha sido impulsor relevante de ciertos derechos: es el caso del aborto o la educación igualitaria contra el racismo en EE.UU. en el siglo XX. Sin embargo, cuando se trata de derechos sociales más ligados al control de la política económica, la experiencia histórica indica que el rol del Poder Judicial ha sido mucho menor, cuando no un obstáculo.

(*) Profesor del Departamento de Ciencia Política, Universidad Torcuato Di Tella.

Fuente: Le Monde Diplomatique