La primera semana de diciembre parece haberse consumido entre hechos que, lejos de resultar novedosos, vienen a ser reinterpretados a partir de la muy particular dinámica política argentina. Como un recorrido que exige mirar atrás de manera permanente, algunas situaciones demuestran, una vez más, que algunos poderes fácticos, no saben de elecciones, transformaciones y cambios.

La vigencia del lawfare

El sistema fue denunciado hasta el hartazgo. Su mecanismo de funcionamiento ha recorrido el continente. Ha sucedido en Brasil, en Bolivia, en Ecuador y cómo no, también en la Argentina. 

Como una nueva versión del tristemente célebre Plan Cóndor, aquel esquema pactado entre las dictaduras latinoamericanas de las décadas de los ‘70 y los ‘80 y que servía para detener perseguidos políticos de cada uno de los distintos países que lo componían, el lawfare se estructuró con la sincrónica diferencia de que no incluía asesinatos ni desapariciones, sino que se imponía con las siempre enamoradizas formalidades de las democracias. 

Medios de comunicación masivos, dirigentes políticos y sectores no minoritarios de la Justicia, se prestaron a un juego que incluía un procedimiento cuasi mafioso: el medio corporativo “informaba” sobre un supuesto hecho de corrupción, el dirigente político pedía su investigación ante el Poder Judicial (que siempre recaía en los mismos jueces y fiscales), y estos funcionarios iniciaban investigaciones a veces insólitas, a veces descabelladas que incluso llegaban a juicio y que funcionaban como arietes del supuesto libre juego de la política. 

En la particularidad argentina, durante el cuatrienio de Mauricio Macri en el poder, se llegó al extremo de que los servicios de inteligencia actuaran como mano de obra útil que servía de espía a personajes públicos (y no tanto), a opositores y a oficialistas que pudieran afectar los intereses del ex presidente de Boca Juniors. Incluso, ese control se efectuó en las cárceles donde se alojaban los detenidos. Habría que revisar en las historias de las mafias más consolidadas de occidente, si en alguna oportunidad se llegó tan lejos.  

Más allá de los detalles de cada situación en particular, el caso de Amado Boudou, siempre fue un ejemplo de lawfare. Desde cómo se inició el proceso de investigación, hasta el momento de su detención donde fue transmitido y difundido hasta el hartazgo por esos mismos medios que ocultan y callan sobre sus negocios espurios de las últimas décadas. 

Pero esta semana tuvimos una vuelta de tuerca del asunto. Otra vez, los grandes medios obtuvieron “la primicia” que supieron utilizarla como forma de presión a través de la mentira y ardides varios. Ahora, el sector de la Justicia involucrada es, ni más ni menos, que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación que filtró, 24 horas antes, el fallo que finalmente se conocería el mismo día jueves: rechazaba el pedido de los abogados del ex vicepresidente, de que la causa fuera revisada a partir de una serie de irregularidades que se habían dado a lo largo de todo el proceso.

Pero hay un segundo factor que atenta contra el prestigio que el propio máximo tribunal debería conservar como instancia última de pedido de justicia, y refiere a la manera en que terminó fallando. Con la invocación monárquica del ya famoso artículo 280 del Código Civil y Comercial, que le permite no fundamentar las razones por las cuales se rechaza la revisión de una causa, mantiene el status quo de una situación que ameritaba ser analizada profundamente por una doble razón: por los estropicios del propio proceso y porque el demandante era nada más y nada menos que un ex vicepresidente de la Nación, que en su condena, se le ha prohibido la posibilidad de ejercer cargo público alguno en el futuro. 

La Corte, en su encierro de cristal, supone que esa distancia que intenta mostrar la cubre del barro de la cotidianeidad. Pero al filtrarse el dato de lo que fallaría, no hace más que confirmar un desprestigio que no es nuevo. Los mass media hicieron el resto. A la vez que tiraban el dato en exclusiva, presionaban con una mentira más: que la vuelta de Boudou a prisión estaba más cerca. Nada de eso decidió el quinteto de supremos. Pero eso es otra historia.

Aislamiento y candidatura

Algunos meses atrás, en estas páginas describimos que Horacio Rodríguez Larreta quería SER pero que aún no le daba la talla. Sigue intentando desmarcarse del lastre que supone la figura de Mauricio Macri, aunque éste no lo deje demasiado. A cada intento del ex interventor de PAMI para mostrarse como presidenciable, le sigue una aparición de su ex (?) jefe político para apoyarlo o para diferenciarse. Como dice el poeta paranaense, acunado por Eva Perón y devenido en rockero que moviliza a cientos de miles de almas en cada una de sus presentaciones, “lo viejo no muere y lo nuevo no termina de nacer”. 

Rodríguez Larreta cree haber encontrado una oportunidad para su proyección política con el caso del recorte de la coparticipación en seguridad. La tiene difícil. No porque sepamos previamente que su apelación de última instancia a la Corte le será rechazada (ooootra vez los supremos jugando en la arena de la política), sino porque sus argumentos, en términos políticos, resultan algo lábiles: si los recursos le fueron asignados mediante un decreto presidencial (la voluntad de uno), que aumentaba sus partidas en contraposición al resto de las jurisdicciones subnacionales, cuesta explicar que la corrección que se propone en estos tiempos, a través de una ley (voluntad de la mayoría proporcional que representa al pueblo argentino), resulte más arbitrario que el esquema impuesto (y que lo benefició) casi cinco años atrás. 

Tratando de hacer virtud de la necesidad, el pre candidato (ya se muestra como tal, aunque falte mucho tiempo para el 2023) intentó aparecer como una referencia que lucha contra la voracidad del Estado nacional. Pero ha tenido un problema: su soledad política. La foto que supone la presencia del resto de las provincias (sin excepción) firmando el llamado Consenso Fiscal 2020, incluídas Mendoza, Corrientes y Jujuy, que cuentan con gobernadores que se referencian en Juntos por el Cambio, refleja que la política es mucho más que el apoyo inestimable de buena parte del griterío mediático porteño.

La explicación de la falta de federalismo de parte del Poder Ejecutivo Nacional al restituir fondos que les fueron sacados a las provincias de manera inconsulta, dichos desde la poderosa Buenos Aires, y con la foto del presidente rodeado del resto de los gobernadores, no parece resultar el mejor argumento para una proyección nacional del Jefe de Gobierno. Tal aislamiento lo ubica, antes que nada, en la discusión de problemas meramente comunales antes que en la visualización de un dirigente con verdaderas posibilidades en el plano nacional. 

Como nos relata el genial Pichuco Troilo, quién puede decir que me fui del barrio si siempre estoy volviendo. Algunos temas en esta Argentina que cree (equivocadamente) haber dejado atrás la pandemia del Covid, nunca se van del todo. Se reformulan, reinterpretan y se adaptan a los tiempos. 

El lawfare sigue vivito y coleando. La discusión por los fondos coparticipables subyace como parte de una problemática de tal magnitud que, en más de un cuarto de siglo, los distintos niveles del Estado no pudieron acordar una ley que cumpla con el casi imposible precepto constitucional que establece que todas las jurisdicciones provinciales y la nación deben suscribir de manera unánime un acuerdo del que nadie cree del todo. De alguna manera, las revisiones seguirán estando presente. En algún momento la política deberá dar respuesta.

PD: Otro que anduvo de revisiones fue el propio juez Fabián Lorenzini, quien dispuso la intervención de la quebrada Vicentín. Tarde piaste, como diría mi abuela. La sensación es que la decisión, que supuestamente se impone para proteger a los acreedores, llega tarde y mal. Se lo habían advertido el Estado nacional y el provincial. ¿Habrá tiempo? Qui lo sá. El barro de las estrategias judiciales excede a la capacidad de análisis de este articulista. Y a veces, parece que también a muchos de sus protagonistas. 

(*) Analista político de Fundamentar