La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) acusan a Pérez Molina de dirigir una poderosa mafia aduanera que estafaba al fisco junto con su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien ya fue imputada y está prisión preventiva por el caso.
El presidente dijo que las supuestas pruebas que lo implican han sido sacadas de contexto.
Una comisión legislativa recomendó el sábado retirar la inmunidad al presidente para que pueda ser procesado, pero la decisión aún tiene que ser avalada por 105 de los 158 diputados del fragmentado Congreso, que comenzará la discusión sobre el proceso el martes.
"No recibí un centavo de esa estructura fraudulenta que estuvo robándose el dinero de los guatemaltecos", dijo el presidente tras varios días de silencio, en los que los guatemaltecos marcharon para exigir su salida del poder.
El equipo legal del presidente interpuso un recurso contra el antejuicio para demorar la votación en el Congreso, prevista esta semana y que de ser aprobada por dos tercios de la cámara podría acabar con su arresto y enjuiciamiento.
Pérez Molina insistió en que su permanencia en el poder, pese a la renuncia de buena parte de su gabinete, dará más estabilidad al proceso electoral del domingo, para el que ninguno de los principales candidatos lograría ganar con la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta en octubre.
"Es una situación humillante la que me ha tocado vivir. Jamás pensé en vivir una situación como esta (...) En las circunstancias que se están viviendo en el país creí que era lo más conveniente afrontar el debido proceso", aseguró.
El presidente dijo que las supuestas pruebas que lo implican han sido sacadas de contexto, incluyendo llamadas y encuentros con algunos de los implicados en el grupo criminal que cobraba sobornos a los empresarios para importar mercancía sin pagar los impuestos correspondientes.
"La presunción de inocencia es algo que debe de prevalecer", dijo, asegurando que no obstaculizará las investigaciones desde su cargo, al que ciudadanos, empresarios, universidades, iglesias y organizaciones sociales le exigen que renuncie.
RELEVAMIENTO Y EDICION: Maria Belen Serra
FUENTE: Reuters
