No sin polémica, los diputados modificaron por mayoría el artículo 7 de la ley 26659, que regula las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental, aprobada en abril de 2011. Las enmiendas convierten en delito la exploración sin autorización de recursos minerales en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentina, y estipulan duras sanciones penales contra los infractores.

El Reino Unido ha sido avisado sobre esta decisión mediante un comunicado que difundió la embajada argentina en Londres. Según la nota, la ley "provee sentencias a prisión de hasta 15 años, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, la prohibición de operar en Argentina para individuos y compañías, y la confiscación de equipamiento y cualquier hidrocarburo que sea extraído ilegalmente".

La embajada ha enviado asimismo al menos 200 cartas de advertencia a empresas como Premier Oil, Rockhopper Exploration, Falklands Oil and Gas y a sus ejecutivos, así como a las bolsas en las que operan dichas compañías. En ellas insta a que actúen de conformidad con las normas que regulan las actividades que desempañan bajo la amenaza de sanciones administrativas, civiles y penales provenientes de Buenos Aires. 

La Cancillería británica respondió inmediatamente afirmando que "apoya rotundamente el derecho de los habitantes de las Falkland (Malvinas) a explotar sus recursos naturales para su propio beneficio económico" y calificó de "totalmente legítima" la exploración y explotación de crudo en el archipiélago.

FUENTE: RT